Michoacán, más abusos del Ejército
jorge carrasco araizaga

México, D.F. (apro).- De nueva cuenta, el Ejército Mexicano actuó en Michoacán no contra quién se la hizo, sino contra quién se la pudo pagar.

La noche del miércoles, horas después del asesinato –a manos de dos sicarios– del coronel de Infantería Fortino Castillo León, en el poblado de Úspero, del municipio de Parácuaro, un grupo de militares actuó en contra de la población civil en Morelia Michoacán.

De acuerdo con la denuncia de las víctimas, al menos una treintena de efectivos militares allanaron, sin ninguna orden judicial y en plenas labores de policía, 14 departamentos de un edificio de la colonia Manantiales, en la capital michoacana.

Con el argumento de que iban a capturar a una banda de secuestradores en el momento en que cobraría un rescate, el personal militar cateó los domicilios y, según reportes de prensa, detuvo a tres presuntos estudiantes bajo los cargos de posesión de droga, dinero y armas de alto poder.

Ante la movilización de los periodistas locales, los elementos del Ejército no sólo impidieron el trabajo de los comunicadores sino que golpearon, incluso, a algunos de ellos.

Los militares entregaron a los tres detenidos a las autoridades ministeriales y en su reporte aseguraron que les incautó un rifle de asalto AR-15, una pistola Mágnum 357, así como 20 kilos de marihuana, 200 gramos de cocaína, un automóvil BMW 325I y Audi A4.

Los hechos no fueron incluidos por la Secretaría de la Defensa (Sedena) en sus reportes cotidianos sobre los resultados de “la campaña permanente contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.

En cambio, los afectados por el ilegal allanamiento denunciaron ante el Ministerio Público el robo de parte de sus bienes, entre ellos dinero en efectivo y equipo electrónico, como resultado de la acción de los militares.

El hecho ocurrió la noche del miércoles, el mismo día en que el coronel Castillo León fue arrollado por dos sicarios en la zona de Tierra Caliente.

Castillo fue el segundo coronel de Infantería asesinado, en menos de un año, por narcotraficantes en el desarrollo del operativo permanente de la Sedena contra el tráfico de drogas en Michoacán.

El primer jefe militar ultimado fue el coronel de Infantería, Antioco Hernández, quien en mayo de 2007 murió en un ataque de narcotraficantes en el municipio de Carácuaro, también en la zona de Tierra Caliente.

Horas después de esa baja, un grupo de militares se desplazó al lugar y, en venganza, arremetió contra la población civil. No sólo mantuvo retenidos a los hombres del lugar, sino que algunos de los efectivos cometieron abusos y violaciones sexuales contra cuatro mujeres.

Lo ocurrido el pasado miércoles en Morelia, aunque están lejos de la represalia de Carácuaro, no deja de constituir un abuso a las garantías individuales establecidas en la Constitución.

En particular se violó el artículo 16, según el cual “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

El respeto a los derechos humanos por parte del Ejército, por más que Felipe Calderón diga lo contrario, está supeditado en la guerra contra el narco que, según el secretario técnico del Consejo de Seguridad, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ya “está debilitado”. (8 de febrero de 2008)

jcarrasco@proceso.com.mx