ESTA ES LA JUSTICIA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS QUE ALEGA TENER EL GOBIERNO DE FACTO , SE PASAN LA CONSTITUCIÒN POR EL ARCO DEL TRIUNFO .

Testimonios del horror

Después de ocho años en el penal de máxima seguridad de El Altiplano –antes “La Palma” y “Almoloya” –, el exguerrillero Jacobo Silva Nogales comienza a sufrir las más graves consecuencias de las torturas que le infligieron militares y policías tras ser detenido el 19 de octubre de 1999, en medio de una trampa que le armó una supuesta estudiante infiltrada por el gobierno en la guerrilla, expone la edici´pn 1632 de Proceso.

En su celda del Módulo Número 1, el “Comandante Antonio”, exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), tiene hoy serias dificultades para caminar y mover los brazos; a veces las rodillas no le responden, debido a los golpes y las descargas eléctricas que le aplicaron; el dolor en las coyunturas es insoportable porque durante sus tormentos lo esposaban con las manos a la espalda, lo alzaban en vilo de sus brazos y luego alguien se colgaba de su cintura para provocarle un efecto similar al causado por “el Potro” que, siglos atrás, inventó la Inquisición.

El 7 de marzo del 2003, Jacobo Silva, quien actualmente tiene 51 años de edad, fue sentenciado a 46 años y tres meses de prisión por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y daños a propiedad, así como a otros cinco años por asociación delictuosa.

Pero desde el 24 de octubre de 1999 se encuentra en las zonas más vigiladas del penal junto con jefes del narcotráfico y bandas de secuestradores. Primero estuvo en la zona de máxima seguridad y ahora se halla en el Módulo Número 1, en una celda de cuatro metros cuadrados, donde es vigilado día y noche por un custodio, con un foco encendido las 24 horas. Allí se le obliga a dormir boca arriba, bajo la amenaza de que será castigado si se voltea hacia la pared.

Esa “es otra forma de tortura”, dicen al respecto su hermana Elizabeth y su sobrino David Sánchez Silva, en entrevista con Proceso, y aseguran que, para obstaculizar la defensa legal de Jacobo, las autoridades del penal impidieron el ingreso de un ejemplar de la Constitución, publica Proceso en su edición 1632.