PAN: El empleado Germán Martínez
alvaro delgado
México, D.F., 1 de octubre (apro).- Quizá para algunos hagan falta todavía más evidencias, porque se resisten a las ya acumuladas en 10 meses, pero con las ya exhibidas queda más que claro para qué quería Felipe Calderón el gobierno: para sólo ganar el Partido Acción Nacional (PAN).
Recuperar el PAN, dicen los calderonistas, esa horda contrapuesta a la que encabeza Manuel Espino, su odiado rival de pensamiento compartido.
Sólo así se entiende que las acciones desde el poder gubernamental se hayan orientado desde hace exactamente 10 meses --que hoy, 1 de octubre, se cumplen-- a imponer la hegemonía de Calderón en ese partido, que padece una crisis más honda de lo que reconocen sus propios militantes.
Aquí se ha descrito, con pruebas, el intervencionismo gubernamental --con todo el poder de la nómina-- en el proceso de integración del nuevo Consejo Nacional, electo en la Asamblea Nacional de junio, en León, Guanajuato, y en la elección de Acción Juvenil, que terminó por ser anulada por esa razón, con el consecuente enojo de la facción calderonista.
Ahora la separación, que no renuncia, de Germán Martínez Cázares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) repite otra vez el fenómeno: la utilización del poder público para dirimir querellas partidistas, a contrapelo de la responsabilidad de combatir la corrupción gubernamental y privada, que para ello se supone que existe esa dependencia.
¿Con qué credenciales Martínez se presentará ante los consejeros nacionales del PAN para solicitar su voto? ¿Qué expedientes de logros exhibirá para garantizarles que será tan eficaz como dirigente nacional del PAN tanto como lo fue como servidor público durante casi 10 meses y que implicó la primera baja en el gabinete más bien grisáceo?
Martínez Cázares se cuidó, en efecto, de no imitar las espectaculares promesas de Francisco Barrio, el zar anticorrupción de Vicente Fox que se tornó en rotundo fracaso, como en realidad lo fue todo el primer sexenio panista, pero tampoco trae en sus alforjas más capital que la voluntad de su jefe, que de suyo no garantiza nada.
Recuperar el PAN, dicen los calderonistas, esa horda contrapuesta a la que encabeza Manuel Espino, su odiado rival de pensamiento compartido.
Sólo así se entiende que las acciones desde el poder gubernamental se hayan orientado desde hace exactamente 10 meses --que hoy, 1 de octubre, se cumplen-- a imponer la hegemonía de Calderón en ese partido, que padece una crisis más honda de lo que reconocen sus propios militantes.
Aquí se ha descrito, con pruebas, el intervencionismo gubernamental --con todo el poder de la nómina-- en el proceso de integración del nuevo Consejo Nacional, electo en la Asamblea Nacional de junio, en León, Guanajuato, y en la elección de Acción Juvenil, que terminó por ser anulada por esa razón, con el consecuente enojo de la facción calderonista.
Ahora la separación, que no renuncia, de Germán Martínez Cázares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) repite otra vez el fenómeno: la utilización del poder público para dirimir querellas partidistas, a contrapelo de la responsabilidad de combatir la corrupción gubernamental y privada, que para ello se supone que existe esa dependencia.
¿Con qué credenciales Martínez se presentará ante los consejeros nacionales del PAN para solicitar su voto? ¿Qué expedientes de logros exhibirá para garantizarles que será tan eficaz como dirigente nacional del PAN tanto como lo fue como servidor público durante casi 10 meses y que implicó la primera baja en el gabinete más bien grisáceo?
Martínez Cázares se cuidó, en efecto, de no imitar las espectaculares promesas de Francisco Barrio, el zar anticorrupción de Vicente Fox que se tornó en rotundo fracaso, como en realidad lo fue todo el primer sexenio panista, pero tampoco trae en sus alforjas más capital que la voluntad de su jefe, que de suyo no garantiza nada.
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