El arte del embuste

Antonio Jáquez

Proceso

Durante su sexenio, Vicente Fox entregó puntualmente sus declaraciones patrimoniales, pero desde el principio hizo trampas. Si en enero de 2001 rompió con la vieja costumbre de la secrecía y dio a conocer el supuesto monto de su patrimonio, los años siguientes recurrió a un sinfín de trucos para evitar que se conociera cuál era realmente su fortuna. Su juego era doble, múltiple: entregaba su declaración a la Secodam, transformada luego en Secretaría de la Función Pública, pero en la versión que hacía pública nunca proporcionaba los detalles de sus nuevas adquisiciones ni las de su cónyuge. Descubiertas ahora sus mañas, Fox sigue mintiendo…

Las declaraciones patrimoniales de Vicente Fox, que él pregona como prueba de honestidad y transparencia, son un revoltijo de datos confusos, incompletos, contradictorios y no ajustados a la normatividad. En otras palabras: muy en su papel, Fox manifestó lo que quiso y como le dio la gana.

Aun así, esas declaraciones contienen información que revela el talante del hombre que ocupó la Presidencia de la República por seis años: empresario, más que funcionario público. Los datos –“capturados directamente por el servidor público”, dicen las formas entregadas por él a la Secretaría de la Función Pública– hablan más de un inversionista “exitoso” que de un funcionario probo.

En el mejor estilo Fox, hay por lo menos dos versiones de las declaraciones: las que él hizo públicas y las que entregó a la SPF en mayo de cada año y que contienen los datos hasta el 31 de diciembre de 2006. La diferencia está en los detalles –donde suele estar el diablo, según la sabiduría popular–, que en algunos casos sólo se anotaron en las formas entregadas a la dependencia. En otros, sucede al revés: se divulgaron datos que no constan en las formas oficiales y que, al parecer, sólo existían en la mente de Fox.

Por ejemplo, en las declaraciones patrimoniales que divulgó, Fox anotó entre sus posesiones varios vehículos, uno de los cuales llegó a registrar como “robado”, pero estos autos no fueron reportados a la SPF: “el servidor público no proporcionó información de vehículos a su nombre”. El enredo es mayor: Fox usó y usa vehículos de los que no informó a nadie, entre ellos un Jeep (rojo) y una Hummer (plateada).

Más que despejar dudas, esas declaraciones provocan interrogantes y sospechas. Confirman, eso sí, la proclividad de Fox a los enredos, confusiones, omisiones y mentiras. Mintió, por ejemplo, en el caso de la remodelación de su casa en La Granja y en la construcción de sus cabañas en La Estancia, al reportarlos a costos inverosímiles.

Declaraciones modestas

El 30 de enero de 2001, dos meses después de asumir el mando, Fox dio a conocer su declaración patrimonial. Rompió así la costumbre de la secrecía que siguieron los presidentes de la era del PRI –aprovechando que la ley sólo establece la obligación absurda de “presentar” la declaración ante la instancia oficial: para que los ojos del poder vigilen a sus propias criaturas.

En esa misma ocasión, el presidente instruyó a los secretarios de Estado a que siguieran su ejemplo y dieran a conocer sus bienes. Así se hará “en los próximos días”, dijo su vocera, Marta Sahagún. Por supuesto, nadie acató la “instrucción” de Fox. El 5 de febrero de aquel año, el contralor Francisco Barrio se sacó de la manga un comodín: “Por razones de seguridad. Hubo dos o tres secretarios de Estado que manifestaron su rechazo… lo que ellos señalaban es que si hacemos público nuestro patrimonio ponemos en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias”.

Por esas fechas, en un encuentro con reporteros y editores de Proceso, Barrio, a quien Fox llegó a presentar como el “zar anticorrupción”, habló de la transparencia que, dijo, imperaría durante el sexenio foxista. Se le pidió entonces copia de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes. “No se puede”, exclamó, casi escandalizado.

En su declaración inicial, Fox manifestó ingresos mensuales netos relativamente modestos: 146 mil 266 pesos de sueldo y 60 mil pesos “por actividad industrial y/o comercial”. En el renglón de inversiones incluyó una cuenta de cheques con un saldo de casi 855 mil pesos y un fideicomiso de 1.7 millones de pesos.

La lista de sus bienes inmuebles era también modesta, tanto que ni siquiera le asignó valor alguno: un departamento (en León), una casa (en San Cristóbal) y dos terrenos: uno en Estancia de Vaqueros y otro en la Hacienda San Cristóbal. Bienes muebles: menaje de casa con un valor de 1.5 millones de pesos y en “otros bienes” registró semovientes (“animales varios”) con un valor de 1.6 millones de pesos. Dijo también ser dueño de una camioneta Dodge Ram y de una motocicleta Honda, pero no informó cuánto valían.

El patrimonio de Fox se incrementó en 2002. Además de su sueldo, obtuvo ingresos de 1.25 millones de pesos por “participación social” de la empresa El Cerrito, 564 mil pesos por “semovientes nacientes”, 572 mil pesos por “seguro de ahorro” y poco menos de 100 mil pesos por regalías del libro A Los Pinos, el primer tomo de su autobiografía…

Se hizo también de una casa en el Distrito Federal, “adquirida” en 2001 en la delegación Cuajimalpa, e incorporó los inmuebles de su cónyuge, Marta Sahagún: una casa, dos terrenos y un local, de los que no se informa su valor y simplemente se anota que se ubican en Celaya. Aparece además otro vehículo: un Jetta modelo 2000, “adquirido” ese año.

El Fox inversionista informó en 2002: dos cuentas de cheques que suman un saldo de 891 mil pesos, un fondo de inversión del fideicomiso declarado por 1.9 millones de pesos, “participación social” en la sociedad agropecuaria La Estancia, “creada en el año 2001”, de 907 mil pesos, y dos depósitos a plazos por un total de 2 millones de pesos.

La declaración de mayo de 2002 entregada a la SFP (que aún se llamaba Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo) tiene otros datos. Así, dice que la casa de Cuajimalpa se pagó “de contado”, en 2 millones de pesos, en agosto de 2001. Ello significa que Fox destinó la mitad de sus ingresos netos (4 millones de pesos) de ese año a la compra de la casa. O que lo hizo con ingresos no manifestados o difíciles de rastrear, como los depositados en el fideicomiso abierto en Banamex en 2001. O que la casa no la compró, según la investigación de Proceso (1515, 13 de noviembre de 2005):

Se la regaló Roberto González Barrera, dueño del Grupo Maseca que multiplicó su fortuna impulsado por Carlos Hank González y Carlos Salinas de Gortari. En la operación figura como comprador el fideicomiso 201, abierto en Banamex por Fox a mediados de enero de 2001, según datos del Registro Público de la Propiedad. El avalúo se hizo en julio de ese año por Banorte, del que González Barrera es uno de los accionistas principales. El perito estimó que la residencia, con más de 300 metros de superficie construida, y ubicada en una zona de clase media-alta y alta, tenía un valor de apenas 2 millones de pesos. La casa fue facilitada por Fox a su primera esposa, Lillian de la Concha, quien hasta la fecha la ocupa.

Omisiones

En cuanto a las inversiones que declaró oficialmente, Fox reporta tres cuentas de las que no dan más detalles que saldos escasos. Enlistó además tres fondos de inversión, con saldos por 19 mil pesos, 322 mil pesos y 1 millón de pesos, pero no precisó en qué institución estaban.

La declaración patrimonial de 2003 divulgada registró algunos cambios. Su sueldo se elevó más de 500 mil pesos. La casa de Marta en Celaya fue vendida en 1.6 millones de pesos, Fox se deshizo de su departamento en León por 1 millón de pesos. El Jetta se lo robaron y la motocicleta la vendió en 10 mil pesos.

Además, Fox se “desincorporó” como accionista de la sociedad agropecuaria La Estancia, pero se incorporó en otra sociedad no especificada, con acciones por casi 2 millones de pesos. Sus inversiones crecieron notablemente:

En el fideicomiso 201 en Banamex reportó un saldo de 2.7 millones de pesos, en “otros fondos de inversión” 250 mil pesos, en dos depósitos a plazos más de 3 millones de pesos y en una cuenta de cheques poco más de 1 millón de pesos. Aclara además que los bienes que reportó como “semovientes” en 2002, por 1.6 millones de pesos, son en realidad acciones, pero no dice de dónde. Otra “corrección”: “en el resumen entregado a la prensa en 2002 no se relacionaron cuentas bancarias por 572, 521 pesos, las cuales sí fueron declaradas ante la SECODAM”.

Esos datos no coinciden con lo que manifestó oficialmente. Declara tres fondos de inversión: con saldo “cero”, con 333 mil pesos y con 699 mil pesos. No reporta los dos depósitos a plazos que divulgó públicamente y anota en cambio, como “inversión”, el “seguro de separación individualizado”, por 1.2 millones de pesos. En el área de “gastos” anota 1 millón de pesos, presuntamente destinados a su esposa y a sus cuatro hijos.

La declaración pública de 2004 muestra también el crecimiento de los ingresos de Fox. Por “actividad financiera” obtuvo más de 300 mil pesos. Por “reembolso de capital” en El Cerrito –sociedad de producción rural– se hizo de 2.9 millones de pesos y por “otros” logró 691 mil pesos.

Esos ingresos podrían explicar que Fox adquiriera más acciones en una sociedad no identificada por 3.2 millones de pesos. Más que difíciles de explicar son los saldos crecientes de sus inversiones y sus nuevas cuentas:

Una cuenta de cheques con un saldo de 271 mil pesos, otra más con un saldo de casi 3 millones de pesos –en el California Commerce Bank, filial de Citibank–, un fondo de inversión en ese mismo banco por 768 mil pesos, un depósito de plazo en Banamex por 2.8 millones de pesos –a nombre de “cónyuge y/o dependientes”–, otros dos fondos de inversiones en Acciones y Valores de México, por un total de 166 mil pesos y un depósito a plazo en BBVA-Bancomer por 362 mil pesos. En su cuenta de cheques en Bancomer Fox reportó un saldo “0”.

Ninguno de esos saldos coincide con los que reportó oficialmente. En el rubro correspondiente, “Datos patrimoniales-inversiones”, ni siquiera cita el nombre de la institución.

En 2005, el sueldo de Fox se elevó de nuevo: 400 mil pesos más que el año anterior. Pero sus ingresos por “actividad financiera” se redujeron, lo mismo que su seguro de separación. En cambio, se hizo de 2.5 millones de pesos por “recuperación de préstamo/venta de acciones e intereses dependientes y cónyuge”.

Otros cambios: Fox vendió un terreno de 10 mil metros cuadrados en 150 mil pesos y compró uno de “60 mil metros cuadrados” en 2 millones de pesos en febrero de 2004. En la declaración oficial Fox anotó la cifra real: 600 mil metros cuadrados.

Según investigación de la corresponsal, Verónica Espinosa, se trata de un predio colindante con La Estancia, donde se ubica el ya famoso rancho secreto de Fox. El predio, conocido como La Silleta, forma parte de una extensión total de 145 hectáreas, que en 1989 los hermanos Efraín y José Luis Padilla González adquirieron por 14.7 millones de pesos. Extrañamente, ellos le vendieron a Fox casi la mitad de esas tierras, 60 hectáreas, en apenas 2 millones de pesos. Una verdadera ganga.

Otra perla

La declaración pública de 2006 muestra el progreso de Fox. Sus ingresos por “actividad financiera” crecieron en forma espectacular, a 1.2 millones de pesos, ganó un misterioso “reembolso de capital” de La Estancia y los intereses de “dependientes y cónyuge” sumaron casi 1 millón de pesos.

El éxito presidencial se evidenció en otros datos: el menaje de casa se elevó a 1.8 millones de pesos y los “implementos agrícolas y joyas” de su cónyuge, es decir Marta Sahagún. El declarante no precisó los “implementos” (¿arados? ¿palas? ¿machetes?) ni las “joyas” de su señora, sólo anotó el supuesto valor total de éstos: 827 mil pesos.

De los vestidos de Marta, nada dijo. “Pudieron sumar centenares”, apuntó Julio Scherer García en su libro La terca memoria. “El sexenio abarcó 2 190 días y a la señora le gustaba exhibirlos en su variedad y lujo”, agregó.

Otras novedades en las declaraciones de Fox: reportó un crédito hipotecario por un monto de 813 mil pesos e informó que sólo su hijo Rodrigo y Marta dependían económicamente de él, “Ana Cristina y Paulina ya no son dependientes”, presumiblemente porque la primera tenía trabajo y porque su hermana se casó.

La declaración oficial de 2006, como las previas, no es la misma que hizo pública, en particular en materia de inversiones.

El 29 de enero de 2007, Fox presentó en la SPF su “declaración de conclusión”, que abarca del 1 de enero al 30 de noviembre de 2006, es decir su último tramo de gobierno. El expresidente no publicitó de inmediato esta declaración, pero fue dada a conocer por Julio Scherer García en el libro mencionado. El documento, que se puede consultar ahora en la página electrónica de la SPF, incluye algunas novedades:

El inmueble ubicado en San Cristóbal que se reportaba como “terreno” se enlistó al final como casa en “obra”, con un valor de 1.3 millones de pesos. El terreno de Estancia de Vaqueros también se modificó, a un supuesto costo de 300 mil pesos, que no cubriría ni los techos de las cabañas que se encuentran en ese paraje. La señora Fox también hizo lo suyo: compró la “Huerta El Sol”, en el kilómetro 40 de la carretera Zamora-Los Reyes, en 58 mil pesos, que pagó “de contado”, claro; y remodeló su casa de Celaya, con un crédito por 300 mil pesos.

Una perla foxista brota en el rubro de inversiones: el declarante reportó una inversión en el “extranjero” con un saldo de “0 pesos mexicanos”. En la lista de “adeudos” dice quién le otorgó el crédito hipotecario por 850 mil pesos: Banorte. En ese mismo banco reporta una “cuenta de ahorro” con un saldo de 6 mil 348 pesos. Además, reincorporó como “dependientes económicos” a sus hijas Ana Cristina y Paulina. Su “seguro de separación” –una especie de seguro de desempleo del que goza parte de la burocracia– ascendió finalmente a poco más de 4 millones de pesos.

Revisen mis declaraciones patrimoniales, repite Fox una y otra en estos días, en medio del escándalo que desató la exhibición de uno de sus ranchos, La Granja, aledaño a su antigua casa familiar en San Cristóbal. Equivale a una invitación para entrar a un laberinto. La Secretaría de la Función Pública cuenta con los instrumentos para seguir las pistas, pero la dependencia parece más un trampolín que una instancia de investigación.



Castigo publicitario


Jorge Carrasco Araizaga

Proceso.


Como algunos de sus antecesores, inclusive Vicente Fox, Felipe Calderón decidió utilizar recursos públicos –los destinados a la publicidad oficial– para reconocer los méritos de los medios de comunicación que le son afines, y para castigar o golpear a los que asumen posturas editoriales críticas, entre otros a Proceso. En su arbitrariedad, el presidente y sus funcionarios violan derechos garantizados por normas mexicanas, así como por convenciones internacionales…

En sus primeros meses de gobierno, Felipe Calderón ha seguido la pauta de sus antecesores: castigar a través de los montos asignados de publicidad oficial a los medios que le son críticos.

Como lo hizo el de Vicente Fox, en continuidad de los gobiernos del PRI, el de Calderón ha utilizado los recursos públicos para pretender ejercer una censura disfrazada que, de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), compromete al Estado mexicano.

En su edición correspondiente a septiembre, la revista especializada Etcétera, que se publica en la Ciudad de México, informa que el gobierno de Calderón está utilizando de manera discrecional los recursos públicos de la millonaria pauta publicitaria oficial.

Con datos obtenidos por medio de la Ley Federal de Transparencia, la revista especializada en medios de comunicación informa que el gasto autorizado y ejercido por el actual Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación –en los seis meses iniciales del primer año de gobierno calderonista– fue de 470 millones de pesos, los cuales se han asignado de forma tal que han servido como premio o castigo para los medios de comunicación.

Según la publicación, el presupuesto de que dispone el gobierno de Calderón este año para repartir, según el comportamiento de los medios, será de 3 mil 700 millones de pesos.

Las cifras proporcionadas por Gobernación no dejan lugar a dudas: del gasto total ejercido en publicidad a través de esa dependencia, dos medios electrónicos fueron los más beneficiados: TV Azteca y la cadena Radiorama. La televisora de Ricardo Salinas Pliego se llevó la mayor parte: 67 millones 155 mil pesos, 14% del presupuesto publicitario.

Con sus más de 220 estaciones en todo el país, Radiorama, propiedad de Javier Pérez de Anda y Adrián Pereda López, facturó 23 millones 264 mil pesos.

En el extremo está el caso de Proceso, que se ubica en el lugar 37 entre 41 medios impresos y electrónicos enlistados por Etcétera y que recibieron publicidad oficial. De acuerdo con los datos de Gobernación, este semanario obtuvo una pauta publicitaria de 110 mil 980 pesos, superada incluso por periódicos deportivos como Esto, que recibió cerca de 143 mil pesos.

La preferencia del gobierno de Calderón por los medios electrónicos es avasallante. De acuerdo con el concentrado de datos que publica Etcétera, ni todos los medios impresos editados en el Distrito Federal alcanzaron, juntos, lo que facturó TV Azteca.

Según ese resumen, la radio y la televisión, que fracasaron en su intento de bloquear la reforma electoral por la pérdida de recursos que les representaría el control de la propaganda durante las campañas, acaparan más de 90% de la publicidad oficial.

La prensa escrita sumó apenas 40 millones de pesos, pero también esta suma se asignó con discrecionalidad, pues un solo medio, el periódico Reforma, del grupo regiomontano El Norte, obtuvo poco más de 20% de los recursos: 9 millones 140 mil pesos.

El periódico de la familia Junco casi duplicó los ingresos del periódico El Universal, de Juan Francisco Ealy Ortiz, que obtuvo una pauta publicitaria por 5 millones 443 mil pesos. Un monto similar fue el del diario La Jornada, de 5 millones 352 mil pesos. Los siguieron El Financiero (3 millones 948 mil pesos), Milenio (3 millones 591 mil pesos), El Economista (2 millones 791 mil pesos) y el Excélsior de Olegario Vázquez Raña, (1 millón 372 mil pesos).

Presupuesto politizado

En cuanto se refiere a los semanarios, dice Etcétera, “resalta la revista Proceso en último lugar, con 110 mil 980 pesos”. Y contrasta esta cifra con los ingresos de la revista Vértigo –también propiedad de Salinas Pliego–, que a pesar de su ínfima circulación recibió publicidad por 321 mil 600 pesos, y con el semanario Emeequis, que facturó 230 mil 440 pesos. En cambio, las publicaciones de Editorial Televisa llegaron a los 2 millones de pesos.

“Proceso nunca facturó tan poco en el sexenio pasado, ni siquiera cuando en 2005 redujo su ingreso de publicidad federal en casi 8 millones (de 11 millones en 2004 a 4 millones de pesos en 2005). La publicación que dirige Rafael Rodríguez Castañeda obtuvo 1 millón 157 mil 933 pesos en el primer semestre de 2006. La disminución es escandalosa.

”Los datos obtenidos por Etcétera son los de la partida presupuestaria controlada por Gobernación; a esas cifras deben añadirse los gastos ejercidos directamente por las dependencias federales y la Presidencia de la República.

Hecha esa suma, la disminución es aún más evidente. De acuerdo con datos de la Subdirección de Comercialización de Proceso, en el primer semestre del gobierno de Calderón sus ingresos por publicidad oficial sumaron 278 mil 600 pesos. En el mismo período del año anterior, la cifra –ya de por sí castigada por el gobierno de Fox– fue de 1 millón 424 mil 92 pesos. Es decir, la nueva administración redujo en cinco veces su pauta publicitaria en el semanario.

Los ingresos de esta revista reportados por Gobernación muestran la discrecionalidad gubernamental. De acuerdo con el Estudio General de Medios elaborado por la firma Ipsos-Bimsa a partir de 30 mil entrevistas personales aplicadas entre octubre de 2005 y septiembre de 2006, Proceso es la principal revista de su género en el país. Su alcance al momento en que se acabó la encuesta fue de 650 mil 789 lectores, tres veces superior al de su competidora más cercana, Vértigo. Además, no obstante ser una publicación semanal, está por encima de diarios como El Norte, Milenio y Excélsior (Proceso 1580).

Etcétera, que empezó a dar seguimiento al gasto publicitario federal en 2004, señala que para este año el gobierno calderonista tiene proyectado gastar 3 mil 700 millones de pesos en la compra de publicidad gubernamental. Esto significa que en su primer semestre había gastado sólo 12.7% de la partida controlada por Gobernación.

La revista de medios asegura que en el primer semestre del año y al inicio de cada administración el gasto tiende a ser menor, lo que explica la merma de ingresos por este concepto en los casos de dos cadenas radiofónicas que en sus espacios noticiosos favorecen al actual gobierno: Radio Fórmula disminuyó sus ingresos en 42% y Radio Centro en 16%, respecto del mismo período del año pasado.

En medios electrónicos, el caso que más llama la atención es el de Infored, de José Gutiérrez Vivó, que de 3 millones 527 mil pesos que recibió en el primer semestre del último año de Fox, cayó a 179 mil pesos con Calderón.

Al inicio de esta administración, el empresario y periodista –a quien Fox acusó de ser perredista– hizo públicas las advertencias del coordinador de Comunicación Social de Calderón, Maximiliano Cortázar, sobre el castigo económico al que sería sometido el noticiario Monitor en caso de no alinearse al nuevo gobierno. Por falta de recursos económicos y luego de 33 años, la emisión radiofónica cesó sus transmisiones durante 65 días, entre julio y los primeros días de septiembre.

La discrecionalidad, dice Etcétera, “es una constante en el ejercicio del presupuesto en la materia”. Cada año, la Secretaría de Gobernación emite, mediante un acuerdo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, sus propias reglas para distribuir la publicidad oficial, dejando al arbitrio del Ejecutivo Federal el reparto de los recursos y sin ningún tipo de control ni rendición de cuentas.

Cuando el actual presidente del Senado, Santiago Creel, llegó a la Secretaría de Gobernación, el acuerdo para el año 2001 establecía que la dependencia estaba obligada a informar a la Cámara de Diputados de las erogaciones del Ejecutivo Federal en publicidad, propaganda, publicaciones y en actividades de comunicación social en general.

Para 2003, esa supuesta obligación desapareció y a partir de entonces es el propio Ejecutivo el que “se reporta” a través de la Secretaría de la Función Pública. El propio Creel anunció que el reparto se haría en función de la “amplia circulación” que acreditaran los medios, aunque no desapareció la asignación de cantidades fijas por parte de la Presidencia.

Para el primer año de gobierno de Calderón, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, publicó el 8 de febrero de 2007 en el Diario Oficial el acuerdo en que se burocratiza aún más la distribución de los recursos públicos y se introducen criterios mercadotécnicos.

El decreto facilita la opacidad en el manejo de los recursos públicos, pues distribuye el gasto publicitario total del Ejecutivo en cuatro partidas del presupuesto federal sin precisar si las administra la Presidencia, Gobernación o las dependencias anunciantes.

Las partidas mencionadas en el decreto son la 3600, de servicios de impresión, publicación, difusión e información del rubro servicios generales; la 3700, de servicios de comunicación social; la 3701, de difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales; y la 3702, de difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.

Gobernación tiene ahora más formas de controlar la distribución del gasto, pues se le otorgó mayor poder de decisión a la Dirección General de Normatividad de Comunicación, que depende del subsecretario de Normatividad de Medios, Juan María Naveja de Anda.

Pero los gastos siguen sin ser escrutados y el Congreso federal se mantiene al margen del problema a pesar de que en julio pasado, a iniciativa del diputado federal por el PRD Andrés Lozano, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda informara sobre los contratos de toda la publicidad oficial, y a fin de que Ramírez Acuña explicara los criterios de la asignación del dinero público en esa área.

La respuesta fue de total rechazo. En agosto pasado el subsecretario de Enlace Legislativo, Armando Salinas Torre, envió a los legisladores un oficio en el que aseguró que los contratos están en poder de cada dependencia federal porque cada una hace su propia contratación; explicó que también definen los criterios en función de sus objetivos de campaña.

El propio Congreso ha sido omiso en el tema. Desde hace cinco años está en la congeladora una iniciativa de ley para regular y controlar la publicidad gubernamental en prensa escrita, radio y televisión.

La propuesta, presentada en la LVIII Legislatura, pretendía que la Cámara de Diputados supervisara la autorización y supervisión de ese gasto. Buscaba, además, que los criterios de entrega de recursos a los medios fueran “de acuerdo con el público y el objetivo que se quiere lograr, la cobertura, equilibrio informativo e impacto de los mismos”.

Aunque proponía que el gasto se hiciera una vez agotados los tiempos oficiales en la radio y la televisión, la iniciativa señalaba que la razón por la que una dependencia elegía a determinados medios debía sustentarse “técnica, teórica y políticamente”.

Mecanismo de censura

El reparto discrecional de los recursos se ha convertido en un eficaz mecanismo de censura gubernamental. El gobierno de Calderón utiliza los recursos públicos para castigar y presionar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación por su línea editorial.

En el informe correspondiente a 2006 de la relatoría especial de la OEA para la libertad de expresión, se menciona una “creciente tendencia a la intolerancia hacia la crítica por parte de varios gobiernos de la región. Esto se refleja en la utilización recurrente por el poder público de métodos más sutiles de coaccionar a la prensa, que si se analizan de forma aislada pueden considerarse relativamente inocuos, pero que observados en conjunto indican situaciones y tendencias preocupantes en varios países”.

Esa presión, que la relatoría describe como “uso ilegítimo y desviado del poder público”, se traduce en “políticas discriminatorias en la asignación de publicidad oficial”, relegación en el acceso a las fuentes oficiales, despidos por coacción gubernamental o inspecciones administrativas.

Se trata de “restricciones indirectas a la libertad de expresión” prohibidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos (firmada en 1969) y por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (del 2000), ambas suscritas por México.

El artículo 133 de la Convención establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”.

Así mismo, el principio 13 de la Declaración rechaza explícitamente la asignación caprichosa de la publicidad oficial: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.

El informe 2006 de la relatoría se refiere también a la demanda de Marta Sahagún en contra de Proceso y la periodista Olga Wornat, y recomendó a los gobiernos americanos abstenerse de premiar o castigar la línea editorial de los medios.

Aunque no es el caso de la demanda por daño moral, que es de carácter civil, el documento mencionado señala que “la utilización recurrente de procesos penales contra periodistas por desacato, difamación, calumnia e injuria –figuras jurídicas a las que incorrectamente se refirió Fox cuando apoyó la demanda privada de su esposa en un acto público– demuestra tanto la intolerancia a la crítica por parte de funcionarios públicos como la utilización de tales figuras para frustrar investigaciones sobre hechos de corrupción”.

En 2003, la relatoría de la OEA dedicó su informe al uso de la publicidad como restricción indirecta de la libre circulación de las ideas. Elaborada por el entonces relator Eduardo Bertoni, señala que –como ocurre en México– con frecuencia se reparte la publicidad sin ninguna restricción o supervisión legal, lo que da lugar a la discrecionalidad, y en consecuencia a la autocensura de los medios.

En un apartado titulado Asignación discriminatoria de publicidad oficial, precisa que no existe un derecho intrínseco de los medios a recibir recursos del Estado por publicidad, pero cuando se entregan esos recursos de forma discriminatoria, debido a la falta de disposiciones legislativas, “se viola el derecho fundamental a la libertad de expresión”.

Añade que el reparto de la publicidad en función de la cobertura de los medios y de las críticas que hagan o dejen de hacer a los funcionarios públicos “equivale a penalizar a los medios por ejercer el derecho” a esa libertad.

De igual forma, la relatoría especial de la ONU para la libertad de opinión y expresión, la representación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa sobre Libertad de Medios de Comunicación y la relatoría especial de la OEA emitieron en 2001 una declaración conjunta para establecer que es ilegal la asignación discriminatoria de publicidad oficial.



A ESTO SOLO SE LE PUEDE LLAMAR DE UN MODO : CENSURA