Portazo a la tercera cadena
Al cumplirse el 30 de marzo pasado un año de la aprobación de la “Ley Televisa”, los peores presagios de sus detractores se confirmaron: la concentración es creciente en un sector cuyas ventas son cercanas a los 50 mil millones de dólares y el crecimiento anual de 18%; Televisa se expande hacia el área de las apuestas vía Internet y avanza en el control de la televisión por cable; hay diferencias y descoordinación entre los dos organismos reguladores –la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes–, y organismos reguladores de comercio y telecomunicaciones de Estados Unidos se pronuncian en contra del régimen monopólico de la televisión mexicana, expone Proceso en su número 1588.
Así mismo, en los últimos 12 meses se ha desatado una guerra entre el dueño del conglomerado televisivo, Emilio Azcárraga Jean, y el del Grupo Carso, Carlos Slim, y se excluye a nuevos competidores mediante un régimen legal calificado como “discriminatorio”. El nombre del juego, según los conocedores de la pugna entre los dos grandes consorcios, es el cambio de título de concesión de Telmex, que le permitirá entrar de lleno a difundir contenidos vía televisiva.
Así, el espectro se ha cerrado a las opciones. El pasado 29 de marzo, el titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna, anunció que en septiembre y octubre de este año se licitarán concesiones de radio y televisión, pero sólo de cobertura local y regional.
De aplicarse esta medida, se cancelará definitivamente la conformación de una “tercera cadena” nacional de televisión, lo que beneficia a Televisa y a TV Azteca, empresas que en enero pasado lanzaron una campaña para impedir que se constituyera una competidora más.
Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue retrasando su fallo respecto de esta ley, impugnada por concesionarios, académicos y legisladores. El llamado es apremiante: la Corte debe frenarla antes de que el proceso de concentración monopólica sea irreversible, señala Proceso en su edición 1588.
Al cumplirse el 30 de marzo pasado un año de la aprobación de la “Ley Televisa”, los peores presagios de sus detractores se confirmaron: la concentración es creciente en un sector cuyas ventas son cercanas a los 50 mil millones de dólares y el crecimiento anual de 18%; Televisa se expande hacia el área de las apuestas vía Internet y avanza en el control de la televisión por cable; hay diferencias y descoordinación entre los dos organismos reguladores –la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes–, y organismos reguladores de comercio y telecomunicaciones de Estados Unidos se pronuncian en contra del régimen monopólico de la televisión mexicana, expone Proceso en su número 1588.
Así mismo, en los últimos 12 meses se ha desatado una guerra entre el dueño del conglomerado televisivo, Emilio Azcárraga Jean, y el del Grupo Carso, Carlos Slim, y se excluye a nuevos competidores mediante un régimen legal calificado como “discriminatorio”. El nombre del juego, según los conocedores de la pugna entre los dos grandes consorcios, es el cambio de título de concesión de Telmex, que le permitirá entrar de lleno a difundir contenidos vía televisiva.
Así, el espectro se ha cerrado a las opciones. El pasado 29 de marzo, el titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna, anunció que en septiembre y octubre de este año se licitarán concesiones de radio y televisión, pero sólo de cobertura local y regional.
De aplicarse esta medida, se cancelará definitivamente la conformación de una “tercera cadena” nacional de televisión, lo que beneficia a Televisa y a TV Azteca, empresas que en enero pasado lanzaron una campaña para impedir que se constituyera una competidora más.
Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue retrasando su fallo respecto de esta ley, impugnada por concesionarios, académicos y legisladores. El llamado es apremiante: la Corte debe frenarla antes de que el proceso de concentración monopólica sea irreversible, señala Proceso en su edición 1588.
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