Peña Nieto, candidato de la corrupción

Álvaro Delgado


MÉXICO, D.F., 6 de septiembre (apro).- A los miles de conductores que a diario llegan o salen de la Ciudad de México les consta: El tramo del periférico que va del Toreo de Cuatro Caminos, donde termina el Distrito Federal y comienza el estado de México, hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán está poblado de criminales que trabajan para el gobernador Enrique Peña Nieto.

No se les puede llamar de otro modo que delincuentes a los policías que asechan a los aproximadamente 300 mil automovilistas que a diario circulan a lo largo de esos 30 kilómetros, particularmente a los que conducen vehículos con placas de los estados del centro y norte del país, víctimas cotidianas de extorsión y robo.

El pretexto para la rapacería policiaca es lo de menos. El conductor que ve aproximarse a un motociclista o patrullero que husmea en las ventanillas del vehículo sabe que, al recibir la orden de orillarse, no hay manera de eludir el abuso de poder que se convierte en despojo patrimonial.

Aun cuando el ciudadano requerido cumpla con todo lo que dispone el reglamento de tránsito y la ley, incluyendo disposiciones absurdas como la calcomanía de verificación anticontaminante de estados donde no existe, la labia de criminal uniformado impone la disyuntiva fatal: Multa y corralón o “lo dejo a su criterio”.

Estas celadas policiacas a los automovilistas se tienden en todas las carreteras que cruzan el vasto territorio del estado de México, como las procedentes de Michoacán, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Morelos, y a menudo, hasta para no perder tiempo, el ciudadano termina por caer en el viscoso océano de la corrupción.

Desde los tiempos de Carlos Hank González, cuando en los setenta creó el tenebroso Batallón de Radiopatrullas del Estado de México (Barapem) --del que surgieron delincuentes como Alfredo Ríos Galeana--, hasta lo que hoy se denomina Agencia de Seguridad Estatal, los policías son adiestrados en el robo y son la base de una pirámide de corrupción, en cuya cúspide se encuentra el gobernador en turno y que ahora se llama Enrique Peña Nieto.

Todo el que ingresa a la policía estatal, desde la propia academia, lo sabe, y la mayoría por eso se alista: Ser policía es ser ladrón impune, aunque debe comprarse el puesto y pagar cuotas permanentes al superior, que a su vez da tajada a su jefe y así hasta la cumbre, donde habita la opulenta élite mexiquense.

Por eso el gobernador en turno --ahora Peña Nieto y antes su tío Arturo Montiel Rojas y ahora lo pretende su primo Alfredo del Mazo Maza-- no se hace de la vista gorda ni solapa la extorsión a los ciudadanos, sino que es pieza clave en el mecanismo de la corrupción.

Por supuesto que la extorsión policiaca es sólo una parte de la extendida corrupción en el estado de México, porque el lucro desde el poder abarca todos los ámbitos: Desde los constructores que edifican miles de viviendas populares sin servicios, vías de comunicación, escuelas y zonas verdes hasta la autorización de prostíbulos y toda suerte de giros negros.

Los negocios desde el poder, que se traducen en comisiones a trasmano, involucran también las concesiones al sector privado de obras de mantenimiento a la red carretera del estado y del segundo piso del periférico denominado Viaducto Bicentenario, cuya cuota por recorrer los 22 kilómetros costará 29 pesos y luego de que el usuario adquiera una tarjeta con un transmisor de frecuencia, que cuesta 300 pesos.

Como la corrupción en el estado de México todo lo abarca --y por eso no es casual que desde aquí resurja la figura de Carlos Salinas--, también en la política se hacen también grandes negocios, gracias a que todos los partidos de oposición toman parte en las componendas y muchos de sus integrantes están cooptados por Peña Nieto.

Un ejemplo lo representa el senador panista Ulises Ramírez: Su esposa, Luz María Angélica Alatorre Carbajal, es magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), gracias a una negociación con Peña Nieto, en 2008, mediante la cual se integró por cuotas de partidos el Instituto Electoral del Estado de México.

El presidente de ese organismo que organizará las elecciones para gobernador en 2011, Norberto Hernández Bautista, es panista y amigo de Ulises Ramírez --a quien Felipe Calderón debe su triunfo en la interna panista de 2005--, mientras que el PRD le entró a la componenda luego del nombramiento como consejera electoral a Sayonara Flores Palacios, esposa del diputado perredista Domitilo Posadas, miembros de la corriente de Jesús Ortega.

Por eso el multimillonario despilfarro de Peña Nieto en la difusión de su imagen y sus complicidades con Televisa --y en general con el grueso de los medios de comunicación audiovisual y escrita-- para ser impuesto en la Presidencia de la República, en 2012, no extrañan.

La lógica es la corrupción, la corrupción sin límites, que explica por qué la mitad de los 15 millones de habitantes del estado de México padecen pobreza; por qué se duplicó el desempleo en los cinco años de gobierno de Peña Nieto; por qué esta entidad ocupa el primer lugar en robo de automóviles, y por qué es líder también en feminicidios que están impunes…

Por eso, aun si Peña Nieto no es candidato presidencial y, sobre todo si lo es, la corrupción es el gran tema de debate en la disputa por la nación que está en curso…



Apuntes



Las ansias de mostrar autoridad suelen llevar a los gobernantes fantoches, precisamente por carecer de ella, a la brutalidad contra los ciudadanos que, legítimamente, hacen uso de su derecho de manifestarse contra decisiones arbitrarias o erróneas. Y esto fue lo que ocurrió, el sábado, en León, Guanajuato, cuyo alcalde panista, Ricardo Scheffield, ordenó a la policía municipal reprimir una marcha de más de 100 leoneses que protestaban por el desgarriate en las rutas de autobuses en la ciudad derivadas de la ampliación del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Schefield, un expayaso de la televisión local, quiere ser gobernador y por eso emplea los métodos de la organización ultraderechista El Yunque. Tienen razón los manifestantes, cuatro de ellos apresados por los mastines de El Yunque: “¡Protestar es un derecho, reprimir es un delito!”… La guerra demencial de Felipe Calderón sigue cobrando vidas inocentes con balas del Ejército y él atosigando a la población con la sonrisita cínica…



delgado@proceso.com.mx

Chedraui vuelve a las andadas

Gustavo Esteva

De noche, a escondidas, como delincuentes Chedraui volvió al lugar del crimen a continuar la destrucción.

A escondidas, en lo oscurito, sin enterar siquiera al cabildo de Oaxaca, las autoridades municipales otorgaron a la empresa certificado de impunidad y premiaron su delito con los permisos para llevarlo a término.

El 8 de julio de 2008, violando abiertamente las ordenanzas municipales y la ley, Chedraui destruyó un magnífico bosque urbano: 185 árboles, algunos de 100 y 200 años, fueron cortados esa madrugada; ardillas y otros animales fueron liquidados a palos. Una breve imagen del desastre puede verse en Youtube: nota ecocidio.

Ante la indignación ciudadana y la presión pública, el presidente municipal canceló el permiso condicionado que se había otorgado e impuso una multa de 10 millones de pesos, así como la obligación de reparar el daño ecológico mediante la siembra de árboles. Manifestó que intentaba un castigo ejemplar, para que ninguna otra empresa se atreviese a hacer algo semejante. Se comprometió a negar el permiso durante la actual administración, que termina a finales del presente año.

Mientras los ciudadanos, confiados ingenuamente en este compromiso público, preparaban planes para que la siguiente administración crease en el predio un espacio verde de convivencia y aprendizaje, el municipio no pudo, no supo o no quiso defender los intereses sociales. Cuando la empresa ganó un amparo contra la multa, las autoridades renunciaron a sus facultades y opciones legales, la redujeron a un monto insignificante, condonaron la reparación del delito ecológico y otorgaron a la empresa permiso para seguir cortando árboles, llevarse la riquísima tierra de humus centenario e instalar su tienda... en una zona residencial saturada ya de comercios.

En Oaxaca existe una tradición siniestra: los funcionarios gozan de impunidad por sus tropelías. El principio se extiende a las empresas. Lo ejemplar no fue el castigo sino el modelo: hace unos días otra empresa privada cortó olivos negros en peligro de extinción, de más de 100 años, en el centro de Juchitán.

La morosidad burocrática de las autoridades ante el recurso de revocación de los permisos presentado por los ciudadanos contrasta con su celeridad para atender intereses privados.

Los actuales reclamos ciudadanos estimularon una página de propaganda de Chedraui, en la cual muestra inaudita desfachatez, notable ignorancia de la realidad oaxaqueña y del significado de las palabras “democracia” y “ecología” y clara alianza con las autoridades, a las que felicita por su “desempeño transparente e institucional”. A semejanza de quienes hacen obscena su fealdad al cubrirla de cosméticos, Chedraui intenta esconder el crimen tapando con “arquitectura verde” su destrozo. Presume de los empleos y subempleos que creará, sin mencionar el número mucho mayor de los que destruirá. Se dispara así a su propio pie. Quizá podrá silenciar a algunos medios que viven de esas planas pagadas, pero ¿quién podrá todavía creer en su propaganda comercial? Su comportamiento niega brutalmente sus lemas. ¿Quién le compraría un auto usado a un ladrón? ¿Quién le confiaría sus hijos a Ulises Ruiz?

En todo caso, estos hechos tienen lugar en una sociedad alerta y decidida, que no está dispuesta a seguir tolerando semejantes atropellos. De la misma manera que el 4 de julio usó las urnas para deshacerse de la mafia política con la que ahora se alía Chedraui, sabrá impedir el desaguisado actual. La tienda no se instalará en el predio. Los ciudadanos no permitirán que se profundice el daño y sea sepultada en cemento y chatarra su esperanza democrática de contar con este espacio natural privilegiado para la convivencia.

Grupos conscientes y bien organizados están utilizando todos los recursos legales e institucionales que aún están abiertos. Algunos se muestran decididos a pasar a la acción directa, si las autoridades siguen haciéndose cómplices de este atropello irresponsable e insensato y quieren esconder, tras una actitud gentil y paciente, incompetencia, ignorancia, deshonestidad…o las tres cosas juntas, lo mismo que una grave carencia de dignidad.

Antonio Chedraui tendrá que reconsiderar la decisión caprichosa de instalar otra tienda de su cadena en el predio que tiene rentado. Adriana Sarmiento, la dueña del predio, padecerá la ignominia de atestiguar cómo los ciudadanos protegerán y regenerarán, contra ella, el sueño que forjó su padre con sabiduría y cariño. Ni las autoridades de Oaxaca ni los administradores de Chedraui parecen haberse dado cuenta de la realidad oaxaqueña actual: ya no pueden seguir engañando y corrompiendo a los ciudadanos y destruyendo la ciudad, aunque puedan conseguir algunos cómplices para lo que intentan. Los funcionarios necesitan votos; acaban de perderlos. Chedraui necesita clientes: los perderá. Y no sólo en Oaxaca. El atropello resonará en el país entero.

gustavoesteva@gmail.com

Suprema Corte verde olivo

Jorge Carrasco Araizaga


MÉXICO, D.F.; 3 de septiembre (apro).- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le han dado vueltas y vueltas, pero pronto tendrán que definir si solapan a los militares violadores de derechos humanos o si sacan a México de la condición de casi paria internacional en la que se encuentra por negarse a acotar el fuero militar.

La disyuntiva es resultado del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974, durante la guerra sucia contra la guerrilla en México.

Como parte del Estado mexicano, el Poder Judicial de la Federación, cuyo máximo representante es la Suprema Corte, está obligado a cumplir con la sentencia en lo que le corresponde, pues la jurisdicción de la Corte Interamericana fue reconocida por México en 1998.

A pesar de que el fallo es muy claro respecto a la obligación de la Suprema Corte para hacer una interpretación constitucional de la jurisdicción militar, algunos ministros, encabezados por Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar, se valieron de una chicana –como se refieren los litigantes a las ardides para dilatar un asunto– para posponer la definición de la Corte.

Anguiano, quien incluso calificó a la Corte Interamericana de “prestidigitadora” por haberse metido con el fuero militar, introdujo la idea de que la Suprema Corte necesita un acuerdo que fije lo que deben hacer los ministros para tratar con los fallos de la Corte Interamericana.

En su sesión del jueves 2 de septiembre, el pleno de ministros fue una caricatura de sí mismo, pues varios de los jueces del máximo tribunal no encontraban la manera de justificar sus rodeos respecto a un tema que es central en cualquier país que se diga democrático: el control de los militares por parte del poder civil.

Los ministros saben que parte de esa responsabilidad está en sus manos, pues el caso Radilla es apenas el primero de una serie de juicios en los que muy probablemente se condene de nueva cuenta al Estado mexicano no sólo por la violación a los derechos humanos por parte del Ejército, sino porque éstas son investigadas en la jurisdicción militar y no por los tribunales ordinarios.

En octubre próximo se espera que la Corte Interamericana emita un nuevo fallo condenatorio al Estado mexicano por la detención ilegal y tortura por parte de militares y encarcelamiento por decisión de un tribunal castrense de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, también de Guerrero, en 1999.

Pero el caso Radilla es más que emblemático, pues a partir de él, –si es que la Suprema Corte lo avala–, los tribuales civiles mexicanos estarían en la condición de investigar los más de 400 desparecidos durante la guerra sucia, oficialmente reconocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las repercusiones alcanzarían también a las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército y la Marina en la “guerra” al narcotráfico de Felipe Calderón y que ahora están en la jurisdicción castrense.

Si los ministros se imponen a sí mismos reglas para decir cómo deben cumplir los fallos de la Corte Interamericana es casi seguro que se amarren las manos, como lo hicieron cuando fijaron los lineamientos para investigar los casos de graves violaciones a los derechos humanos y que no van más allá del mero señalamiento de involucrados, pero no responsables, como ha ocurrido en los casos de Atenco, Lydia Cacho, Oaxaca –aunque ahí sí mencionaron al gobernador Ulises Ruiz– y la guardería ABC.

El año pasado, la Corte tuvo ya una primera oportunidad de sentar precedente y acotar el fuero militar, pero una mayoría de ministros se impuso para negar el amparo a Reynalda Morales Rodríguez, quien mediante ese recurso pretendía que los tribunales civiles investigaran el asesinato de su esposo y otros tres hombres en la sierra de Badariguato, Sinaloa, en marzo de 2008.

Los hombres fueron ejecutados por militares sin que mediara advertencia alguna, pero gracias a la decisión de la Corte el caso se mantiene dentro de la jurisdicción militar.

México es casi una excepción en América Latina. Durante décadas, la mayoría de los países de la región estuvieron gobernados por dictaduras militares.

Bajo los nuevos gobiernos civiles, han sido los Congresos mediante reformas constitucionales o las propias Cortes a través de interpretaciones constitucionales los que han acotado el fuero militar.

El común denominador de esas reformas e interpretaciones ha sido que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares deben ser investigadas por la justicia civil, pues los instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben que los militares se investiguen a sí mismos.

No sólo en el ámbito latinoamericano México está aislado en ese tema. En las agencias y grupos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas han sido constantes las sugerencias de países de todo el mundo –incluso de Asia y África– para que México abandone esa práctica que es ya una vergüenza internacional.

jcarrasco@proceso.com.mx

Por "un problema técnico", pospone TV Azteca entrevista con AMLO

La redacción


MÉXICO, D.F., 3 de septiembre (apro).- Por "un problema técnico", TV Azteca dejó de transmitir el pasado miércoles una entrevista que había pregrabado con el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

La charla con el controvertido político debió pasar la medianoche del 1 de septiembre en el programa Shalalá que conducen Sabina Berman y Katia D'Artigues.

La televisora, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, difundió ampliamente la entrevista y, la misma D'Artigues, la promovió en las redes sociales unas horas antes del inicio de su programa.

Sin embargo, a las 12 de la noche del miércoles, cuando debió empezar la transmisión de Shalalá, sin aviso alguno a los televidentes, se pasó una película mexicana.

Fue la propia D'Artigues la que por medio de Twitter informó del "problema técnico". Inclusive, en la columna que publica en el periódico El Universal, Campos Elíseos escribió:

"El miércoles por la noche, en Shalalá, ya estaba todo listo para pasar una entrevista pregrabada con Andrés Manuel López Obrador. Por problemas técnicos de ingesta con el servidor de la televisora, no pudimos. Reitero disculpas a los televidentes. El programa pasará sin falta el próximo 8 de septiembre".

César Yáñez, vocero de López Obrador, comentó a la agencia apro que la misma D'Artigues les explicó los problemas técnicos que enfrentó la televisora y que les dio garantías de que la charla saldría al aire el miércoles.

El mismo Andrés Manuel, vía Twitter, informó que los directivos de TV Azteca lo pusieron al tanto de las dificultades técnicas que tuvieron para transmitir la entrevista y que no culpaba a nadie de la empresa de Salinas Pliego por el retraso de su difusión.

Sin embargo, para el analista de medios, Álvaro Cueva, el incumplimiento de TV Azteca tiene diversas lecturas y se hace algunas interrogantes en su columna que publica en el diario Milenio:

"Por supuesto esto es un notición. ¿A quien se le ocurre invitar al señor López obrador a un programa de televisión, entrevistarlo y no ponerlo al aire?, ¿Cuál era la intención de entrevistar al "presidente legítimo" el mismo día en que el Presidente Constitucional había presentado su Cuarto Informe de Gobierno? y ¿A quién se le ocurrió poner una entrevista con López obrador justo cuando todos los programas que pudieron tuvieron de invitado a Felipe Calderón?.

De acuerdo con César Yáñez, López Obrador inicia la entrevista obsequiando a Berman y D'Artigues ejemplares de su libro "La mafia que se adueño del país... Y el 2012", y mantiene su tono altamente crítico a las acciones gubernamentales y de la cúpula empresarial mexicana.

El “apagón”: otro decretazo electorero

Jenaro Villamil


Sin consultar a los legisladores y sin resolver los problemas más importantes en materia de medios electrónicos y telecomunicaciones, Felipe Calderón aprovechó el escaparate de su IV Informe de Gobierno para anunciar un decreto relativo a la televisión digital. La medida no sólo constituye “un golpe de timón”, sino que, de acuerdo con los expertos, tiene tintes electorales, vulnera la legalidad y terminará dando más a los que más tienen…

MÉXICO, D.F., 4 de septiembre (Proceso).- Sin comprometerse a una reforma integral en materia de medios electrónicos y telecomunicaciones, y estableciendo un calendario coincidente con los tiempos de la sucesión de 2012, el nuevo decreto de Felipe Calderón relativo a la transición hacia la televisión digital terrestre (TDT) constituye “un golpe de timón” y no resuelve ninguno de los temas pendientes y más graves en el sector.

Al presentar su cuarto informe de gobierno, Calderón causó sorpresa con el anuncio del nuevo decreto, que modifica el acuerdo sobre el Estándar Tecnológico de Televisión Digital Terrestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2004, durante el gobierno de Vicente Fox.

Sin consulta previa con legisladores o agrupaciones especializadas en el tema, el decretazo de Calderón está en sintonía con las dos recientes licitaciones en telecomunicaciones –la de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y la banda 1.7 Ghz para telefonía móvil-- que beneficiaron a Televisa y sus socios, con la creación de un Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) que le da a la Presidencia de la República el control de los medios públicos, y con la designación de Mony de Swaan, exasesor de Juan Molinar Horcasitas, como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Especialistas consultados por Proceso coincidieron en que se trata de una tendencia del gobierno calderonista para “recuperar el control presidencial” en la política de medios electrónicos y “darle la vuelta al Congreso”, donde no ha prosperado ninguna de las reformas propuestas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

El acuerdo original sobre la transición hacia la televisión digital, redactado y promovido por asesores de Televisa y TV Azteca durante el gobierno de Vicente Fox, estableció que el llamado “apagón analógico” sería en 2021 y adoptó como estándar tecnológico el modelo estadunidense conocido como Advanced Televission Systems Committee (ATSC).

Ese acuerdo fue ampliamente benéfico para los concesionarios, ya que permitió la prórroga automática hasta el 2021 de sus 462 concesiones de televisión, 94% acaparadas por Televisa y TV Azteca; les asignó un “canal adicional”, conocido también como canal espejo, y no estableció la posibilidad de que otros competidores pudieran obtener nuevas frecuencias ni de que se dieran servicios convergentes en telefonía, internet o televisión restringida (el triple play).

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1766 de la revista Proceso, ya en circulación.

El Despertar

Cómo sortear la tormenta

José Agustín Ortiz Pinchetti

Hace cuatro años, en el inicio turbulento de este sexenio, Ernesto Marcos, después de examinar los indicadores económicos, pronosticó que nos esperaba la tormenta perfecta. Ya estamos en ella. La acumulación de errores y omisiones de ocho malos gobiernos sucesivos llevan a un atrapamiento perfecto. No podemos crecer y no creceremos. Calderón es un mal timonel; no podrá sacarnos del aprieto. La decadencia se hace cada día más profunda y la violencia, el desorden y la rapacidad aumentarán. Mientras los grandes hombres públicos están preparándose para 2012, la gente común y corriente tendrá que pensar qué puede hacer por sí misma y por México.’

A escala individual, las opciones son múltiples. Si usted es lo suficientemente joven y valiente para atreverse a dejar el país (lo han hecho 600 mil al año hacia Estados Unidos), puede buscar oportunidades afuera, pero vaya con cuidado porque podría caer del sartén a la lumbre.

Podría optar por no hacer nada: quedarse, sobre todo si está bien, y olvidarse de aquello de “yo soy yo y mis circunstancias y si no salvo a mis circunstancias no me salvaré yo”. ¿Por qué no creer en la abrumadora propaganda del gobierno y festejar los aniversarios? No asumir ninguna responsabilidad. Contentarse con leer los periódicos, oír y ver los noticiarios y especular todo el día. Yo le llamaría: nadar de muertito.

Si usted tiene buen nivel e interés en la cosa pública puede participar en innumerables seminarios y foros. Nosotros organizamos en la UIA un ejercicio de prospectiva a principios de año. Llegamos a la conclusión de que las cosas estaban mal y continuarían mal. No preveíamos ataques guerrilleros. (Hoy no estoy tan optimista) o una insurrección generalizada (la sigo viendo improbable).

Participar de modo directo. Sería lo lógico porque sólo desde el poder se pueden cambiar las cosas. No conozco otra iniciativa, excepto la que encabeza AMLO, y como estoy involucrado me considero en aptitud de hablar de ella. Tiene varias ventajas: la principal es que nos saca de la neurosis contemplativa, es pacífica y legal. No exige cuotas ni obediencia ciega. Su mayor virtud está en su humildad, objetividad y pragmatismo. No se propone voltear el país al revés, quiere transformarlo transfiriendo el poder de la elite a la gente común y corriente, ¡poca cosa! Incluso los 10 puntos de su propuesta son expresión del sentido común, de aquellas cosas en que todos estamos de acuerdo. Lo más audaz es plantear una revolución de las conciencias, dotar a la política de ética y espiritualidad. Suena demasiado viejo o demasiado adelantado. Pero no hay duda de que el país está hambriento y sediento de rectitud y generosidad.

jaorpin@hotmail.com

La degradación del Informe

Arnaldo Córdova

La institución del Informe presidencial a las cámaras del Congreso es extremadamente importante en nuestro orden constitucional. Desde luego, significa el encuentro de los dos poderes de la Unión más representativos. La fórmula oficial dice que el presidente informa a la representación nacional” (el Congreso) sobre el estado que guardan los asuntos de la nación bajo su gestión. En el régimen de la Constitución de 1917, empero, ha experimentado un deterioro que raya en la degradación sin remedio. El Informe se ha convertido en el acto más intrascendente y a menudo ridículo de nuestra vida institucional. Los presidentes de la Revolución Mexicana hicieron de su fecha una vil pachanga que acabó llamándose “el día del presidente”, y los presidentes panistas lo han convertido en una pantomima.

No se trata de una mera ocurrencia ni, mucho menos, de un acto de lucimiento de nadie, ni del presidente ni del Congreso. Es una necesidad institucional que dicta que el presidente, encargado del Poder Ejecutivo, vale decir, del gobierno de la nación, debe informar al Congreso de todos sus actos que tengan que ver con la conducción de los asuntos públicos. Al titular del Ejecutivo, se supone en la letra de la Carta Magna, se le entregó el poder no como un regalo, sino para que cumpla con deberes que tienen que responder a necesidades de la sociedad y sobre lo cual debe dar cuenta cabal.

La obligación de informar de parte del presidente, se supone, debe dar lugar a la evaluación de sus actos por parte del poder que recibe su informe y determinar si actuó apegado a la Constitución y a sus leyes. Nada más, pero nada menos. El que las cosas no sucedan como se estipula en la letra de la Carta Magna y sus leyes es algo normal, es la normalidad política que convive con la normalidad jurídica. La diferencia está en que la normalidad jurídica es obligatoria y si no se la cumple se incurre en responsabilidades. Lo que hacen el presidente y el Congreso es un acto de simulación (el uno, haciendo que informa, cuando sólo se hace el tonto divagando sobre las bondades ficticias de su gobierno; el otro, haciendo como que queda informado y no más).

Lo menos que se puede esperar, además, es que el Informe presidencial sea una autoevaluación de lo que se hizo y sea una exposición dialéctica de ello, vale decir, que se diga lo que se propuso y cómo lo cumplió y, a la vez, señale aquellos rubros en los que no pudo cumplir sus propuestas de gobierno. Se trata del mayor ejemplo de eso que en la doctrina constitucional de la división de poderes se ha dado cada vez más en llamar rendición de cuentas. Debería ser el acto más honesto que se pueda concebir en la política; pero, por lo que puede verse, es imposible que sea eso, por lo menos aproximadamente. De todos lados se cae de inmediato en el engaño y todos quedan muy contentos simulando su parte.

En este punto, la Constitución siempre ha sido muy confusa. En el texto original de 1917, en su artículo 65, se establecía que el inicio de las sesiones del Congreso sería el primero de septiembre. En el 69, que el presidente asistiría y presentaría un Informe “sobre el estado general que guarde la administración pública del país”; pero deja entrever que, además, expondría las causas de la convocatoria, cosa innecesaria, pues el Congreso debe reunirse porque así lo impone la Carta Magna. La única excepción al respecto la estipulaba el artículo 67 en el caso de reuniones extraordinarias para tratar asuntos extraordinarios.

En las reformas que la Constitución experimentó después sólo la Comisión Permanente podía convocar a reuniones extraordinarias del Congreso general o de una sola de sus cámaras. En este caso el presidente deberá solicitar de ella que lo haga. La idea de que el titular del Ejecutivo debe informar sobre el estado de la administración pública del país ha permanecido. Hoy el 69 dice “que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”. Hasta muy recientemente el presidente debía asistir a la sesión del Congreso general para hacer entrega de su Informe. Nunca se dijo que debía tener escuchándolo hasta cuatro o cinco horas para rendir de viva voz su Informe.

Hasta el 15 de agosto de 2008 se mantuvo en pie el requisito de que el presidente debía asistir a la sesión del Congreso general a presentar su Informe. Tal vez vistas las desagradables experiencias de Fox con su último Informe, el artículo finalmente se reformó en esa fecha para imponer que únicamente presentará un Informe por escrito. Los panistas y los priístas (los chuchos incluidos) decidieron que el titular del Ejecutivo no debía ya “exponerse” a los desaires de legisladores rejegos y provocadores y bastaba con que entregara su Informe por escrito sin tener que asistir a la sesión del Congreso general. Con ello, una institución netamente republicana y democrática como es la de la rendición de cuentas y, además, su debate por parte del Congreso terminaron naufragando.

Ahora los priístas quieren llevar de nuevo al presidente a ese acto y, además, que escuche los pronunciamientos de los grupos parlamentarios. Debieron haberlo pensado antes y, aprovechando su amplia representación en las cámaras, hacer de nuevo las debidas reformas a la Constitución. El gobierno panista tiene razón: no tienen por qué exponer a su presidente si la Carta Magna dice que basta con que presente un Informe por escrito y ni siquiera se requiere de su presencia. El resultado de todo lo descrito es que ya a nadie interesa para nada el dichoso Informe de gobierno si es que alguna vez sucedió. En el pasado fue sólo lucimiento del titular del Ejecutivo. Ahora es sólo basura que se nos sirve a través de espots televisivos de manera desparpajada y en cápsulas insulsas.

La indigna pantomima en que se ha convertido la institución republicana del Informe presidencial, primero, con los priístas endiosando a su presidente, y luego, los panistas que nunca lograron entender de qué se trataba, nos ha hecho experimentar otro empujón hacia la más deleznable arbitrariedad y la más completa impunidad en el ejercicio del poder. La derecha jamás se ha medido en sus arranques autoritarios y en su desprecio por las instituciones. Lo que hemos podido observar con Calderón en ocasión de su cuarto Informe de gobierno rebasa todos los límites de la desvergüenza. Como han señalado varios expertos, el panista no dijo nada que no hubiera dicho antes, sea en el tema de la seguridad sea en el de la economía sea en el de la justicia social.

Si todavía les queda por lo menos una brizna de vocación republicana a nuestros legisladores (en lugar de andarse peleando por miserables puestos de dirección en las cámaras), deberían pensar con urgencia en hacer una nueva reforma a la Carta Magna para restaurar en todo su significado la institución del Informe del Ejecutivo al Congreso, haciendo obligada no sólo la presencia de su titular, sino también su participación personal en el debate del Informe con los representantes de la nación.

A Germán Dehesa, in memoriam.

Desfiladero

Indignación mundial por la matanza en Tamaulipas

Jaime Avilés

Que nadie se equivoque, yo nací un 29 de febrero; tengo 17 años”, precisa el escritor Eduardo Galeano al celebrar este 3 de septiembre siete décadas de vidaFoto Francisco Olvera



Montevideo, Uruguay, 3 de septiembre. Hoy, hace 70 años, nació aquí Eduardo Galeano. Para festejarlo, Helena Villagra, su media naranja, su otro yo, su compañera desde los tiempos de la espléndida revista Crisis, cubre la mesa con toda clase de delicias líquidas y sólidas, dulces y saladas, marinas, terrestres, aéreas y etéreas, y las reparte con alegría entre los viajeros que hemos llegado de distintos países a acompañar al autor de Las venas abiertas de América Latina en esta fecha que, sin embargo, rechaza, estocástico, por falsa. “Que nadie se equivoque, yo nací un 29 de febrero, tengo 17 años”, precisa con glacial seriedad.

La celebración eslabona increíbles episodios gastronómicos a lo largo de la semana. El desfile de afectos incluye a Mario y Julio, sus cómplices en la aventura de Época, el diario que Eduardo dirigió en 1960, cuando tenía sólo 20 años de su antigua y ahora desmentida edad. A la primera cena acuden, además, Christophe Bauzet y el cuentacuentos colombiano Nicolás Buenaventura. Christophe, originario de Dax, sur de Francia, es director de teatro; en estos días presenta un montaje que emocionó a los Galeano hasta las lágrimas: Estigma, un monólogo autobiográfico, dicho con enorme dificultad y heroico esfuerzo por Natalia Lambach, una talentosísima actriz adolescente con síndrome de Dawn.

Dos noches más tarde, el protagonista de la cena es un reportero que investiga la transformación radical que vivirá el mundo si tienen éxito los experimentos con litio que se desarrollan actualmente en Europa para satisfacer las necesidades de las nuevas generaciones de consumidores que, ojo, ya prefieren pasar más tiempo con su iPad que paseando en automóvil.

La penúltima noche de agosto, la de la despedida, porque el primero de septiembre Helena y Eduardo se fueron a Madrid a celebrar el cumpleaños a solas, acude a la cena un economista mexicano que trabajó años en organismos internacionales con sede en Montevideo, y después de ser despedido, a mediados de los 90, volvió a México, compró un molino de nixtamal, se lo trajo para acá y, en el barrio de Punta Carretas, abrió el restaurante La Lupita, donde los tacos se forjan con legítimas tortillas.

Simpatizante de Andrés Manuel López Obrador –“es la única posibilidad de cambio por la vía pacífica”, sostiene– aquella noche don Huáscar se fue con un tambache de ejemplares recientes de La Jornada, que Eduardo y Helena, debido a su viaje, ya no podrían repartir entre las personas que, como ellos, observan atónitas, con el corazón en la boca, lo que está ocurriendo en México.

“¿Por qué los mataron? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué los mataron, por qué, por qué?”, preguntó Eduardo cada noche a sus invitados, obsesionado por la urgencia de saber qué provocó el exterminio de 72 migrantes latinoamericanos en un rancho de Tamaulipas.

La respuesta a su pregunta –vinculada con una noticia que sale a diario en las portadas de la prensa local– llegó a destiempo, cuando los viajeros ya se habían ido a España. En un artículo publicado en Internet, Gennaro Carotenuto, periodista italiano, puso los puntos sobre las íes. Citando a sacerdotes que trabajan sobre la ruta del Tren de la muerte, que lleva a los ilegales extranjeros de Chiapas a Texas, denunció que cada año 600 mil latinoamericanos atraviesan México rumbo a Estados Unidos, pero, según Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de Las Casas, 400 mil (dos tercios) “sufren extorsiones y robos”, uno de cada 10 es violado, la quinta parte es devuelta a su país de origen y, de acuerdo con otras fuentes, 20 mil son secuestrados y obligados a pagar rescates de entre mil y 5 mil dólares por cabeza.

Jorge Bustamante, relator de la ONU para el tema, señala que el migrante suele ser “detenido por la policía y vendido a las organizaciones criminales”, que los conducen a lugares aislados [como el rancho San Fernando de Tamaulipas, donde se produjo la matanza]. Allí “empiezan las palizas, el acoso, las violaciones y las torturas” para arrancarles nombres y teléfonos de familiares, por lo general muy pobres, a quienes tratarán de cobrarles rescates exorbitantes y, quien no pueda pagarlos, será asesinado.

Hay que repetirlo: corresponsables de esos crímenes son el Instituto Nacional de Migración, que administra la yunquista Cecilia Romero; los policías federales de Genaro García Luna y los cárteles. Ante la indignación mundial desatada por la matanza en Tamaulipas, los cancilleres de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana pidieron ayer al “gobierno” que proteja los derechos humanos de los inmigrantes a su paso por México. ¡Qué ilusos! ¿No adivinan cuál será la respuesta? Pronto, habrá una junta en Los Pinos, en la que Cecilia Romero, García Luna y Calderón posarán para la prensa poniendo cara de ataque de agruras; luego se fijarán metas a cumplir dentro de un año y cuando caiga el telón se partirán de risa, carcajeándose hasta que les duela el estómago. Hay muchísimos millones de dólares en la danza.

Fidel Castro, a prueba

El otro tema que dominó la atención de los invitados a las cenas de precumpleaños de Galeano en estos días fue la entrevista que Fidel Castro le concedió a nuestra directora general en La Habana. Durante ese duro ping-pong de preguntas y respuestas acerca, por ejemplo, de la represión contra los homosexuales, de la que el comandante se declaró culpable, Castro insistió en que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán puede ser inminente. ¿Qué significa esto?

El martes próximo, el Consejo de Seguridad de la ONU comprobará lo que todos sabemos que no ha sucedido: Irán no suspendió su programa de energía nuclear con fines pacíficos, que apoyan Brasil y desde luego esta columna. Si Francia tiene plantas atómicas para llevar luz eléctrica a millones de hogares, ¿por qué Irán no puede hacerlo? El caso es que, ante tal desobediencia, la ONU ordenará que los buques mercantes iraníes sean detenidos e inspeccionados en el Golfo Pérsico, lo que, según le dijo Fidel a Carmen Lira, podría ocurrir el jueves. Pero si los iraníes repelen a tiros a los marines que pretendan abordar sus naves, Obama, siempre según el dirigente cubano, podría lanzar minibombas nucleares (en inglés las llaman “mininukes”) contra las instalaciones industriales de Teherán.

La intensa campaña de prensa que Fidel Castro emprendió con propósitos disuasorios, ¿obligará a Estados Unidos a cancelar o modificar el guión de lo que puede convertirse quizá en la peor de todas las catástrofes? La humanidad lo sabrá en pocos días. Por ahora, quienes exigieron la liberación de seis campesinas encarceladas por abortar en Guanajuato, triunfaron en toda la línea. El Congreso del estado aprobó una reforma al Código Penal, enviada por el gobernador yunquista, que les permitirá salir de prisión el martes. Pero como la lucha va a continuar hasta las últimas consecuencias, el blog creado en favor de ellas, http://presasporabortar.blogspot.com, ya tiene la denuncia de su caso en nueve lenguas: español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, catalán, sueco y bosnio. Ojalá sea traducida a muchas más...

jamastu@gmail.com

Yo se los pongo asi : Ahora seràn televisiones en lugar de despensas

México SA

Digitalización electorera

Sedeso: “apoyos necesarios”

Por decreto, Cofetel a la cola

Carlos Fernández-Vega

¿Tienen algo que ver las telecomunicaciones con la (autodenominada) política social del gobierno calderonista? ¿La recién anunciada transición de la televisión analógica a la digital tiene como objetivo combatir la pobreza en el país? ¿Al digitalizar la televisión y depositar la analógica en el basurero de la historia, se reducirá el número de depauperados en esta heroica República? La respuesta lógica sería un rotundo no, pero como Felipe Calderón de lógica no entiende nada, entonces la contestación oficial es un terminante sí, porque dicha transición arranca justamente en año electoral (el primer objetivo es el estado de México; el segundo Los Pinos) y, por lo mismo, la Secretaría de Desarrollo Social, la misma que califica de esquezofrénicos” a los jóvenes, formará parte activa del cambio tecnológico: con el padrón de Oportunidades en la mano, entregará “apoyos” entre los beneficiarios de ese programa clientelar para que aprovechen el cambio de una tele a otra.

Lo anterior, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el “decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado jueves y firmado por el inquilino de Los Pinos y seis secretarios de despacho, de los que tres nada tienen que ver con dicha transición (los de Gobernación, Educación Pública y Desarrollo Social) por tratarse de un asunto meramente tecnológico, pero que son vitales en eso de los manejos clientelares y extra legales de los procesos electorales (de 2011 y 2012, concretamente).

Como si fuera relevante en el combate de la pobreza, el citado decreto subraya, en su artículo décimo primero, que “la Secretaría de Desarrollo Social difundirá entre la población con acceso a sus programas sociales, la terminación de las transmisiones de televisión analógica en los Estados Unidos Mexicanos, así como información sobre los apoyos (económicos) que se destinen para impulsar la recepción de señales de la televisión digital terrestre, y coadyuvará con la Secretaría de Economía a efecto de asegurar que los mismos sean entregados”.

En casi cuatro años de estadía en Los Pinos, el gobierno calderonista y su cabeza visible han sido muy efectivos en eso de la pobreza: en el primer bienio (en el que oficialmente no hubo crisis) incrementaron en casi 6 millones el número de depauperados en el país; en el segundo, según estimaciones preliminares, otro tanto similar de mexicanos habrían caído en tan lamentable situación. Miles y miles de millones de pesos se han ejercido (de acuerdo con el machacón discurso de ya saben quién) en el programa Oportunidades y otros afines para disminuir, según dicen, la pobreza, aunque en los hechos el efecto ha sido exactamente el contrario. Es terrible el balance de cuatro años de “política social”, pero ahora idearon que “repartir apoyos” para “impulsar la recepción de señales de la televisión digital terrestre” es una forma eficaz y contundente para disminuir la pobreza.

Para los fines señalados, el decreto dispone la creación de la “comisión intersecretarial para la transición digital, cuyo objeto será coordinar las acciones necesarias para concretar (sic) la transición a la televisión digital terrestre”, integrada por los secretarios de Comunicaciones y Transportes (el inefable Juan Molinar Horcasitas, quien la preside), Gobernación (Francisco Blake), Hacienda y Crédito Público (Ernesto Cordero, el delfín del inquilino de Los Pinos), Economía (el capellán Bruno Ferrari), Educación Pública (Alonso Lujambio de Gordillo) y, metido con calzador, Desarrollo Social (el creativo Heriberto Félix Guerra). Por allá perdido, a lo último, aparece el impuesto presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Mony de Swaan), organismo éste al que debería corresponder, íntegramente, la responsabilidad de concretar la citada transición.

¿Qué hace el titular de la Sedeso metido en este merengue tecnológico? No tiene la menor idea de cómo reducir el número de pobres ni de qué forma evitar que millones de mexicanos caigan en tal condición, pero está en primera línea para digitalizar la tv en el país y dar los “apoyos necesarios”. Lo mismo Blake y Lujambio, aunque para evitar murmuraciones el decreto calderonista explica científicamente por qué forman parte de todo esto: A) “la Secretaría de Gobernación coordinará que, a través de las campañas de comunicación social, el público tenga conocimiento del proceso de terminación de las transmisiones de televisión analógica” y B) “la Secretaría de Educación Pública instrumentará la difusión en las escuelas del proceso de terminación de las transmisiones de televisión analógica en nuestro país, así como de información sobre los apoyos que se destinen para impulsar la recepción de señales de la televisión digital terrestre”. Más claro, el engrudo.

La Secretaría de Hacienda (léase el delfín Ernesto Cordero) proporcionará el dinero para “cumplir con los objetivos” y otorgar los “apoyos necesarios”, mientras que la de Economía (con el presbítero Bruno Ferrari al frente, por el momento) “deberá expedir o modificar las disposiciones correspondientes, a fin de asegurar que todos los receptores de televisión a ser distribuidos o comercializados en territorio nacional cuenten con la capacidad de sintonizar canales de televisión digital transmitidos, cuando menos, conforme al estándar A/53 de ATSC. Con el objeto de asegurar que la población acceda a los beneficios de la televisión digital terrestre, instrumentará las acciones necesarias a efecto de facilitar la adquisición de receptores o decodificadores para recibir el contenido de las señales digitales. Cuidará que en la expedición de las disposiciones y ejecución de las demás acciones a que se refiere este artículo, no existan ni se propicien prácticas monopólicas, exclusividades o restricciones en la importación, producción, fabricación, distribución, venta y, en general, en la comercialización de los receptores o decodificadores digitales, de tal suerte que se disminuya, dañe o impida el proceso de competencia y libre concurrencia. De ser necesario, dará vista a la Comisión Federal de Competencia para los efectos de la Ley Federal de Competencia”.

Las rebanadas del pastel

Entonces, más allá de lo electorero, ¿dónde cabe la Sedeso en todo esto?

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Las sinrazones del poder

Miguel Concha

El fin de semana pasado tuvo lugar en San José, Costa Rica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la audiencia por el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Su arbitraria detención y las torturas de las que fueron víctimas, aun cuando sucedieron durante la presidencia priísta de Ernesto Zedillo, constituyeron uno de los primeros hechos que pusieron en evidencia el escaso compromiso del gobierno panista de Vicente Fox en materia de derechos humanos, a pesar de que constituyeron un eje de su retórica inicial. Mediante la Procuraduría General de la República, el Ejecutivo federal los liberó en 2001, arguyendo razones humanitarias”. Pero como sucedió en otros casos, nunca reconoció su inocencia. Y tampoco revirtió las condiciones que hicieron posibles los hechos: no se investigó ni se sancionó a los militares responsables de la tortura.

Durante el periodo en que Rodolfo y Teodoro permanecieron en prisión, se inició una larga lucha que no ha culminado, uno de cuyos hitos lo constituye precisamente la audiencia recién celebrada. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) se ha mantenido en el caso junto a ellos; nuevos actores se han sumado también a la exigencia de justicia, y al mismo tiempo se constata cómo persisten tanto la explotación ilegal y descontrolada de recursos naturales en la zona, que obligaron a Teodoro y Rodolfo a defender su territorio, así como las condiciones que obstaculizan la actividad realizada por defensoras y defensores de derechos humanos. Y cómo la militarización del país avanza a la par de los abusos cometidos por las fuerzas castrenses que realizan labores de seguridad pública, sin que hasta la fecha haya recursos eficientes para poner un alto a tales atentados contra la dignidad humana, entre otras cosas por la negativa gubernamental a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

El caso de los ecologistas Montiel y Cabrera fue sometido el año pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo conocimiento de él desde 2001, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que el Estado mexicano ha rehusado ejecutar las medidas necesarias dictadas por ella para reparar el daño y hacerles justicia.

En la audiencia celebrada en Costa Rica, donde se ubica la sede de la Corte, estuvo presente Rodolfo Montiel, quien narró su participación en el movimiento campesino de defensa de los bosques, así como la detención y la tortura que sufrieron a manos del Ejército. Planteó también de manera contundente sus exigencias al Estado mexicano: que los militares no tengan injerencia en la seguridad pública; que no se obstaculice a quienes participan en la defensa ambiental, ni la labor de los defensores de derechos humanos en general, y que se establezcan las condiciones para que nadie vuelva a ser víctima de los abusos cometidos contra ellos.

Participó igualmente en la audiencia el doctor Christian Tramsen, médico que junto con el experto en medicina forense Morris Tidball-Binz realizó en Iguala, Guerrero, una revisión médica a los ecologistas durante su encarcelación. Los exámenes practicados demostraron que ambos habían sido sometidos a torturas que los afectaron gravemente. La perita de la PGR presentada por el Estado mexicano, sin experiencia en el diagnóstico de tortura (según los datos proporcionados por ella misma ante los jueces de la Corte), intentó rebatir sin éxito lo afirmado por el doctor Tramsen. A pregunta expresa de los representantes de las víctimas, terminó por admitir que los certificados médicos de la procuraduría no constituyen un examen médico completo, ni cumplen con los estándares internacionales para la detección de tortura.

Representaron a las víctimas ante la Corte el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Contra el Estado mexicano sostuvieron que los hechos del caso constituyen violaciones a derechos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura: derecho a la libertad y la seguridad; derecho a la integridad personal; derecho a la libertad de asociación; derecho al debido proceso y garantías judiciales. Las partes se han encontrado y han expresado su postura. Queda aún por esperar la sentencia que emitirá la Corte. En ésta, que probablemente será condenatoria, se ordenará al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para revertir las condiciones que hicieron posible las violaciones a los derechos humanos de los campesinos ecologistas. Igualmente se ordenará que se repare el daño y que haya condiciones para el acceso de las víctimas a la justicia.

Debido a la falta de compromiso gubernamental con las garantías fundamentales en México, es probable que en el futuro el Estado sea llamado nuevamente a rendir cuentas por otros casos. Debemos considerar también que en estos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute la manera de abordar la sentencia del caso Rosendo Radilla, en el que la Interamericana sentenció a México a ajustar el Código de Justicia Militar. Tema del que de nuevo hablaré en colaboración posterior, toda vez que sigue en discusión ese punto en la SCJN. Por ahora el caso de los ecologistas ha adquirido relevancia, y su importancia se hará notar en la medida en que los defensores de derechos humanos, especialmente quienes asumen la defensa de los bienes comunitarios, encuentren mejores condiciones para el desarrollo de su actividad.

México SA

Calderón y la cirugía plástica

Hueca convocatoria patriotera

Desempleo real: 8 millones

Carlos Fernández-Vega

A todo informe de gobierno, como le llaman, el gobernante en turno le aplica una gruesa capa de maquillaje para aparentar que el estado que guarda la nación es espléndido. Es la costumbre, aunque nadie se lo crea. Sin embargo, a Felipe Calderón de plano se le pasó la mano, porque lo de su faraónica presentación de ayer (más videomensajes”) ya no fue maquillaje, sino una vulgar cirugía plástica: nunca nadie había sido tan perfecto como el actual inquilino de Los Pinos (según él mismo), y nunca como ahora el país reportó mayor bonanza, desarrollo y felicidad que bajo la batuta del mismo personaje (ídem).

Hay que ser caradura. Cómo estará la cosa que lo único que pudo presumir, y en hoja suelta, fue la aprehensión de La Barbie, y lo único concreto que anunció fue el comienzo del tránsito de la televisión analógica a la digital (aunque sólo fue eso, anuncio, porque el encargado de ello será el siempre ágil y desinteresado secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, junto con el incondicional Mony de Swaan). Lo demás, frases fatuas repetidas hasta el agotamiento (del auditorio), lugares comunes a discreción, huecas convocatorias patrioteras, justificaciones por doquier, cifras infladas o desinfladas a gusto del orador, promesas y más promesas. Qué pérdida de tiempo y de dinero (de los mexicanos, desde luego).

A la usanza foxista, el inquilino de Los Pinos sumó y sumó empleos, pero nunca restó las bajas ni mucho menos consideró el incremento sostenido en la tasa de desempleo. Dijo el susodicho: “de enero a agosto de 2010 se han creado más de 630 mil nuevos empleos netos registrados en el Seguro Social. Se trata de la tercera mayor creación de empleos para un periodo similar en la historia del país. Ya hemos recuperado, incluso, los empleos perdidos en la recesión, porque hoy las cifras del Seguro Social están por encima del punto máximo que alcanzaron en 2008”. De la manga se sacó 118 mil empleos formales en el octavo mes del año, justo cuando la de por sí aletargada economía comienza a reportar descensos en sus principales indicadores.

Pero eso de presumir lo inexistente, especialmente en lo que a empleo se refiere, es cosa de todos los días en el calderonato, como Fox comprenderá. Como se ha comentado en este espacio, a lo largo de su estancia en Los Pinos la generación de empleo formal a estas alturas debería sumar a alrededor de 4 millones 500 mil puestos de trabajo para atender la demanda real; presume 630 mil, lo que se traduce, ya con las cifras actualizadas, en que sólo 14 de cada 100 mexicanos en edad y condición de laborar pudieron colocarse en la economía formal en los 45 meses que Calderón lleva sentado en la residencia oficial.

¿Cuál es la situación real en materia de empleo en el país? Lo documenta el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, el cual adelantó a México SA su análisis Empleo y desempleo durante el desgobierno de Felipe Calderón 2006-2010, en el que subraya: “podemos afirmar que para junio de 2010 el total de la población desempleada en México sumó 8 millones 83 mil 471 personas (3.2 tantos más que las cifras oficial). Y que la tasa real de desempleo es de 15.3 por ciento y no de 5.3 por ciento que marca la tasa de desocupación oficial (el comportamiento de la tasa de desempleo durante la gestión de Felipe Calderón se muestra en la gráfica que se publica en esta página).

El CAM ha construido una tasa de desempleo para México partiendo del reconocimiento que en el país ese indicador no se mide de acuerdo con los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, lo que le permite al Inegi encubrir, para el segundo trimestre de 2010, a 5 millones 597 mil 546 personas “disponibles” que no reporta como desempleadas junto a los 2 millones 485 mil 925 que sí reconoce como desocupados, y explica que el mismo Inegi reconoce que la tasa de desocupación no mide el desempleo.

Si en mayo pasado el gobierno federal califica como el “mayor logro” en 17 años la recuperación, hasta ese momento, de 382 mil plazas de entre 701 mil perdidas, ¿cómo habría de calificarse que en lo que va del sexenio sólo en el subsector informal de los hogares el empleo se haya incrementado en un millón 444 mil 329 personas, lo que representa un aumento de 11.24 por ciento? Además, respecto de la población ocupada, el total de trabajadores informales representaba 54.1 por ciento a finales de 2006, en comparación con el 55.04 por ciento que representa en este año. Entonces, se pregunta el CAM, “¿cómo es posible que México, con una tendencia de la tasa de crecimiento del PIB que difícilmente ha rebasado el 3 por ciento en los últimos años, tenga una tasa de desempleo menor que la mayoría de los países miembros de la OCDE? (como presume Javier Lozano Alarcón). Considerando que para el crecimiento y desarrollo de una economía es fundamental la creación de nuevos y mejores empleos, el mayor crecimiento del PIB permite generar mayores empleos”.

Por lo anterior, pregunta: “¿por qué mientras en México para 2009 la tasa de desempleo, según el gobierno federal, fue de 5.4 por ciento, en Estados Unidos fue el doble, es decir 10.4%? Existe una contradicción entre la caída del PIB (-6.5 por ciento) de la economía mexicana en contraste con la de Estados Unidos que creció 0.9 por ciento del PIB. Este mismo comportamiento es prácticamente igual en casi todos los países de la OCDE; es decir, en todos los países creció el desempleo en función del crecimiento de la economía. La realidad muestra que el comportamiento del desempleo existe independientemente de la estadística y de su manipulación”,

Y para redondear el panorama, el CAM subraya que la mayor tasa de desempleo se registra en el norte de la República, donde coincidentemente el gobierno federal prefiere desplegar al ejército antes que atacar la pobreza (por ejemplo, en Chihuahua afecta a 20.3 por ciento de la PEA; en Sonora, a 19.9; en Coahuila, a 18.4, y en Baja California a 13.6, de acuerdo con los parámetros de la OIT).

Las rebanadas del pastel

AAA. Señores narcos: sean tan amables y “sensatos” de no apestar los festejos por el bicentenario de la Independencia. No tiene caso, porque ya el inquilino de Los Pinos y su gabinetazo los han apestado suficientemente. Atentamente, su seguro servidor, Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

El fracaso

Luis Javier Garrido

El fracaso de Felipe Calderón en la jefatura de facto del Estado mexicano ha sido analizado en los medios al llegar la fecha del que debió ser el cuarto Informe (que no se dio), subrayándose el desastre al que han llevado las acciones de violencia militar y policial que ha buscado presentar como “lucha contra el narcotráfico”, y que han ocupado lo central de su gestión, pero muy pocos han precisado, más allá de que no han alcanzado los objetivos anunciados de destruir a los cárteles y minar el narcotráfico, las gravísimas consecuencias reales a las que han conducido.

1. Las políticas de Calderón instauraron durante todos estos años un Estado de ilegalidad absoluta en el país, al hacer actuar al Ejército y a la Marina en violación a la Constitución, y al tolerar además sus abusos de poder. La “explicación” dada por él a Joaquín López Dóriga, el 25 de septiembre, afirmando que el 89 constitucional lo faculta para utilizar a las fuerzas armadas “para la seguridad interior” del país, la hizo por consiguiente con la intención de engañar a los mexicanos, pues no puede ignorar lo que se ha repetido hasta la saciedad y es que para ello debe previamente el Congreso votar una ley de suspensión de las garantías individuales conforme al artículo 29, ya que el 129 prohíbe expresamente en tiempos de paz toda actuación de este tipo de las fuerzas armadas, y el 21 da al Ministerio Público y a su policía la exclusividad en la investigación y persecución de los delitos.

2. Tales políticas han provocado en estos años una violación sistemática del gobierno panista a los derechos humanos, como lo han constatado dependencias de Naciones Unidas y múltiples organizaciones internacionales al señalarlo a escala internacional por innumerables actos de barbarie, desde homicidios hasta detenciones ilegales, allanamientos domiciliarios y vejaciones a la población, como nunca antes en la historia de México, en especial al utilizarse estas políticas para amedrentar al pueblo y a las organizaciones sociales y criminalizar la inconformidad. Son ya más de 3 mil los desaparecidos en el periodo calderonista, según reportaba La Jornada el 30 de agosto.

3. El gobierno que ofreció desde sus inicios atacar el problema de la inseguridad ha creado por el contrario la mayor inseguridad que se recuerde en el país en los últimos 80 años. Ello ha suscitado el encono de todos los sectores del país, incluyendo los más conservadores, muchas de cuyas organizaciones se han sumado al reclamo de que Calderón se vaya y deje con sus acciones de dañar a México.

4. La utilización ilegal y abusiva de las fuerzas armadas se ha revertido en estos años contra el propio Estado mexicano, ya que ha conducido tanto a una mayor corrupción como a una verdadera desintegración tanto del Ejército como de la Armada. La corrupción de militares y marinos que se han dedicado a trabajar para los cárteles desde sus propias corporaciones, aunada a las decenas de miles de desertores de ambos cuerpos que han pasado a engrosar las filas del narco para servirle como sicarios capacitados en el manejo de las armas, era sin embargo previsible, y aunque muchas voces advirtieron al gobierno calderonista de dicho riesgo, éste persistió en su obcecación y en su mala fe. Los grupos más conservadores estimaban hace un año en más de 100 mil el número de elementos de las fuerzas armadas que se habían pasado a las filas del narcotráfico, y ahora asumen haberse quedado cortos.

5. Las políticas “de Calderón” fortalecieron en consecuencia a los cárteles, que se hicieron más activos, y sobre todo se tornaron de grupos medianamente armados en verdaderas organizaciones paramilitares, con elementos y efectivos provenientes del Ejército, y entraron con el gobierno en la espiral de la violencia que se buscaba desde el poder.

6. Las políticas del gobierno supuestamente contra el narco, dictadas y decididas por la DEA y otras agencias del gobierno estadunidense, han conducido en cuatro años a que las fuerzas de seguridad, tanto policiacas como militares, y sobre todo las navales, estén cada vez más bajo el control del gobierno estadunidense y que, por lo mismo, las que deberían ser decisiones soberanas del gobierno de nuestro país sean ahora de Washington y en función de sus políticas, y que sean sus expertos los que decidan a quién golpear y con quién negociar, con el objetivo ya señalado por muchos expertos que es el de la pretensión que tienen de reordenar el negocio conforme a sus intereses, a cambio de lo cual el gobierno calderonista se adjudicaría el tener aparatos de inteligencia de los cuales carece y podría presentar mediáticamente algunas acciones como supuestos éxitos. El capo llamado La Barbie, presentado el 30 de agosto para generar un impacto mediático, se sonreía a todas luces porque sabe que negoció su detención para ser extraditado y protegido como testigo por la DEA.

7. Las políticas de Calderón han hecho en consecuencia de México el espacio para que se lleven a cabo operaciones violentas de todo tipo, incluso de terrorismo, con objetivos políticos. Ya desde mediados de 2009 expertos señalaban que decapitaciones, narcomantas y ejecuciones eran obra por igual de militares como de ex militares al servicio del narco y que tendían cada vez más a fortalecer la imagen de México como un narcoestado para propiciar en todos los órdenes la intervención del exterior. La ejecución de 72 migrantes centro y sudamericanos en San Fernando, Tamaulipas, el 26 de agosto, ha suscitado por eso todo tipo de interpretaciones, fortalecidas al haberse escondido a los incómodos sobrevivientes, en particular porque históricamente las fuerzas represivas de México han abusado de los indocumentados de estos países cuando atraviesan el territorio nacional, como lo sostiene Amnistía Internacional, según reporta Proceso 1765.

8. La “guerra de Calderón”, que según todos los análisis ha conducido a un fortalecimiento de los cárteles y del negocio del narcotráfico, ha perjudicado por el contrario de manera descomunal a la economía, como llevan cuatro años discutiéndolo tanto analistas como los “hombres de negocios”; de ahí el reclamo airado del pueblo, que incluye también a miles de empresarios.

9. La responsabilidad del gobierno es también muy grave en lo que acontece a los mexicanos del otro lado de la frontera y a los que buscan huir del sistema panista. No se puede desconocer que al contribuir de manera expresa Calderón con sus políticas de violencia a fortalecer la imagen de México como un “Estado fallido”, ha actuado contra los intereses de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que son ya criminalizados por serlo en diversos estados y por lo mismo a fortalecer el clima de intolerancia.

10. La opción del gobierno de dar prioridad a la supuesta guerra contra el narco buscaba desde consolidarlo en el poder hasta encubrir su abandono de las políticas sociales del Estado. En la pachanga mediática para sustituir al Informe que organizó Calderón el jueves 2 en el patio de Palacio Nacional ante sus propios subordinados, que poco por cierto le aplaudían, llamó por eso desesperado a “construir una política de Estado en materia de seguridad”, reconociendo así implícitamente que ésta no existe y que lo que hay es una serie de desenfrenadas acciones criminales de violencia estatal para satisfacer las ambiciones de él y de su grupo.

La fuerza que le darìa a peña nieto ganar la gubernatura del Estado de Mpexico el pròximo año , significa unica y exclusivamente , que asi , de esta manera estarìa en posibilidades de invertir cantidades de dinero grotescas y obsenas para apoyar y financiar su campaña en el 2012 . Pero ojo , este dinero que el utilizarìa a travès del gobernador que el imponga serìa dinero proveniente del erario , es decir , del dinero que ustedes y yo pagamos en impuestos . Esto ya lo hizo en las elecciones del año pasado y en las recientes del 4 de julio pasado , todo para seguir teniendo gente que le deba el cargo y lo apoye con recuersos , tambien del erario , para su campaña .

De verdad vamos a permitir que este sujeto nos gobierne ?

La embestida del Grupo Atlacomulco

Rosalía Vergara

El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quiere asegurarse de que su partido, el PRI, gane la gubernatura de esa entidad el próximo año porque eso lo acercaría a Los Pinos en 2012. Para ello, el oriundo de Atlacomulco mueve sus piezas y prácticamente tiene en su puño a los tres poderes, incluso recurriendo a medidas poco limpias, como la remoción –hace dos años– de los tres únicos consejeros electorales que no se plegaban a sus intereses.



MÉXICO, D.F., 1 de septiembre (Proceso).- El mandatario priista del Estado de México, Enrique Peña Nieto, está reforzando el control de las instituciones y partidos políticos de esa entidad con miras a la renovación del gobierno estatal en 2011.

Desde el año pasado –cuando aseguró que los municipios gobernados por el PRD o el PAN se pintarían de rojo priista– comenzó a tejer una red de complicidades en el Congreso local para aprobar una serie de reformas para afianzar el dominio del Grupo Atlacomulco, a decir del dirigente del PRD en la entidad, Luis Sánchez. El perredista agrega que en esos municipios comenzó a operar el cártel de La Familia michoacana con tal intensidad que ahora se le podría llamar La Familia mexiquense.

A su vez Norberto López, Gabriel Corona y Ruth Carrillo cuentan a Proceso cómo el gobernador los expulsó en agosto de 2008 del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), del cual eran consejeros gracias a una reforma a la Ley Electoral que permitió designar a sus sustitutos “a modo” en agosto de 2008.

El afán de control de Peña Nieto llegó al extremo de armar una “agenda bicentenario”: varias reformas que, según Luis Sánchez, son un retroceso político. Entre otras cosas, informa el perredista, se pretende aprobar una cláusula de gobernabilidad que automáticamente daría al partido que gane 37% de los votos 51% de la representación en el Congreso local, el mínimo necesario para aprobar cualquier reforma.

La iniciativa no avanzó pues la Comisión Estatal de Convergencia (partido que en principio había apoyado la propuesta), recientemente renovada y encabezada ahora por Gonzalo Yáñez, ha vigilado a los tres diputados locales que se habían mostrado incondicionales del PRI.

En este escenario, los partidos miembros del Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia) –PRD, PT y Convergencia– tratan de abrir camino para aliarse con el PAN e impulsar un candidato común. La propuesta de Luis Sánchez es que se elija al aspirante el próximo noviembre, pues el proceso electoral mexiquense arranca formalmente el 2 de enero de 2011.

Dice que si esperan a febrero o marzo para designar al candidato, no podrán crear una estructura capaz de derrotar al PRI y frenar a Peña Nieto. “Y si no lo paramos en 2011 él ya tendrá un pie en Los Pinos en 2012”, apunta.

No obstante, reconoce que no será fácil pues el gobernador controla el IEEM, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, además de los poderes Legislativo y Judicial locales.



Consejeros apartidistas



Norberto López, Gabriel Corona y Ruth Carrillo fueron elegidos consejeros electorales 40 días antes de los comicios locales de 2005. Peña Nieto –nacido en Atlacomulco– aspiraba a ser gobernador y se le acusaba de haber rebasado el tope de gastos de campaña.

Era un momento difícil para los partidos de la Coalición por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia), que postularon a Yeidckol Polevnsky.

El tema del dinero en la campaña del priista condujo al PRD a proponer a López, Corona y Carrillo como consejeros, quienes se ufanan de no tener compromisos con ningún político. “El problema es que se dieron cuenta de que éramos independientes”, recuerda Corona.

A su llegada al IEEM, el tema que se impuso fue el del derroche de recursos, dicen, pues “se veía por todo el estado”. Pero no pudieron comprobarlo y se declararon incompetentes para resolver el tema. Después de eso empezaron las presiones.

En agosto de 2008, Peña Nieto cobró venganza y “sacrificó” a estos tres consejeros para armar un modelo electoral que le permitió obtener una victoria aplastante sobre el PAN y el PRD en las elecciones municipales de 2009. Lo hizo a través del Congreso, que aprobó una reforma para crear en el IEEM las figuras de secretario ejecutivo general y contralor general, nombrados por los legisladores, y quitar a los tres consejeros que no se atenían a los designios del mandatario.

La reforma establecía que el consejero presidente –en ese entonces José Núñez Castañeda– podía reelegirse, así como otros tres consejeros: Bernardo Barranco, Jorge Muciño y Juan Flores. Los restantes: López, Corona y Carrillo, fueron relevados y se fijó como fecha de su salida el 30 de agosto de 2008. Ese mismo día el Congreso mexiquense nombó a sus suplentes.

Los tres consejeros pidieron la protección de la justicia contra la expedición del decreto número 176, del 28 de abril de 2008, para reestructurar el Consejo General del IEEM. Los expedientes asignados fueron 931/2008-VII, 944/2008-V y 946/2008-I para López, Carrillo y Corona, respectivamente.

El 26 de agosto de 2008, el Congreso local se quejó porque juzgados de Toluca y de Naucalpan dieron entrada a la demanda de amparo; sin embargo, ocho meses después desechó la queja.

El 1 de julio de 2009, cuatro días antes del proceso electoral, tuvo lugar una audiencia en la que se amparó a Gabriel Corona y se ordenó al Congreso mexiquense reponer en su cargo al consejero. Los casos de López y Carrillo aún no se deciden.

El abogado de los consejeros indica en entrevista con Proceso que el Congreso mexiquense no ha querido cumplir la sentencia de dejar sin efecto el decreto 176 (por lo menos en el caso de Corona), con el argumento de que “ahora están en ejercicio otros consejeros”. Sostiene que si esto no lo hace en septiembre, cuando termine el periodo ordinario, tendrá que ser el año entrante, después de la elección para gobernador.

“Es evidente que con el tortuguismo que se impuso buscaron empantanar el proceso para agotar tiempos, de tal modo que la reinstalación se hiciera imposible”, destaca Norberto López. Por eso, tanto Ruth Carrillo como Gabriel Corona ya habían solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer sus casos para su estudio y sentencia definitiva.

Los consejeros cesados destacan que todas las bancadas del Congreso local se alinearon para llevar adelante la reforma al IEEM pues defendían ciertas posturas e intereses: los panistas, con Juan Carlos Núñez al frente, buscaban la aprobación de la reforma petrolera. El diputado Higinio Martínez y el senador Héctor Bautista, del PRD, pretendían que se avalara el proceso electoral de su partido y el PRI, mediante Eruviel Ávila y Humberto Benítez, se apoderó del instituto para afianzar una estructura que le asegure la victoria a Peña Nieto.

Pese a que el PRD llevó a estos consejeros al IEEM, no los ha apoyado en su lucha. Ellos eran académicos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y ocuparon en el consejo general del instituto los espacios que correspondían al PRD, que intentaba así ponerle un freno a Peña Nieto.

Agregan que ahora el coordinador de los diputados locales perredistas, Ricardo Moreno, y el jefe de la bancada federal del PRD, Alejandro Encinas, ni siquiera les contestan el teléfono.

Corona señala que este caso es inédito porque esta decisión modificó la correlación de fuerzas y se permite al PRI imponer sus decisiones en materia electoral.

“El PRI tiene el control (…) local, tiene una amplia mayoría. Como tiene la presidencia de la Junta de Coordinación Política y es rotativa, tienen la posibilidad de condicionar todas sus decisiones”, menciona.

Los entrevistados coinciden en que a Peña Nieto le interesa “arrasar” en la elección del próximo año porque eso lo pondría en una posición privilegiada de cara a la elección presidencial de 2012. Por eso no quiere nada que estropee sus planes ni consejeros incómodos que denuncien, protesten y se opongan.

Afirman que los partidos políticos están “muy controlados” y como tienen “compromisos en común” intercambian el apoyo, por eso han preferido el desacato a una orden judicial que es inapelable. “Pretenden dilatar y dilatar y dilatar”, hasta que “no podamos reintegrarnos” porque la ley señala que las modificaciones deben hacerse antes de que se inicie el proceso electoral y el plazo para modificar la Ley Electoral vence en septiembre.

A dos años de comenzado el conflicto, el PAN muestra indiferencia, el PRD propone consejeros sustitutos porque ya no se puede aplicar la sentencia, el PT avala la reforma y Convergencia lo considera un asunto laboral. El PRI ha guardado silencio.



La izquierda y la
derecha unidas…



Con estos antecedentes el PRD tiene prevista una alianza entre el Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia) y el PAN, para impulsar a un candidato de unidad. “Si las alianzas con el Partido Acción Nacional funcionan, aplicaremos esta fórmula en el Estado de México”, advirtió Manuel Camacho Solís, coordinador del Dia, en mayo pasado. Y de las cinco alianzas entre la izquierda y la derecha para las elecciones del pasado 5 de julio, funcionaron tres: Oaxaca, Sinaloa y Puebla.

“En el Estado de México no existe realmente una oposición. Hay acuerdos. Aquí se nota claramente que hay acuerdos. Ni el PAN ni el PRD ni el PT ni Convergencia ven con simpatías nuestro caso. Ulises Ramírez (senador panista) está cercano al sistema. Si dejan en manos de partidos locales el proceso electoral… es que son partidos locales que históricamente han estado en comparsa con el sistema”, dicen los exconsejeros.

Recuerdan que durante su gestión como gobernador, Arturo Montiel “compró a 11 diputados panistas” porque el PRI estaba en desventaja en el Congreso estatal. Además, los tres diputados de Convergencia siempre avalan lo que dice el PRI y el PT no figura.

El dirigente del PRD estatal, Luis Sánchez, reconoce que existe una parte de Convergencia manipulada por el gobernador Peña Nieto, pero sostiene que la dirigencia estatal a cargo de Yáñez, “no está en eso”.

En los comicios de 2009, el PRD perdió lo que se conocía como “el cinturón amarillo”: los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Metepec, La Paz, Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Tultitlán, Tlalmanalco y Amecameca.

Una fuente perredista sostiene que se dio un acuerdo con Peña Nieto para que arrasara el PRI en esta elección y pudiera armar la estrategia para ganar la gubernatura en 2011 y la presidencia en 2012; no se sabe qué les dio a cambio, pero sí que les prometió regresarles el cinturón amarillo en 2015.

El PAN, por su parte, perdió “el corredor azul”: Toluca, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan.

No obstante, Sánchez destaca que pese haber perdido el cinturón amarillo no perdieron votos, pues entre el PRD, PT y Convergencia suman 27.43% del Congreso. Si se unen al PAN tendrían 49% de la votación, lo que les permitiría ganarle al 45% del PRI.

El candidato deberá ser de unidad. Se cita a Encinas o a la panista Josefina Vázquez Mota, pero Sánchez los descarta porque son diputados de la cuarta circunscripción del Distrito Federal y no viven en el Estado de México. Para él los viables son los perredistas Horacio Duarte, de la corriente Alternativa Democrática Nacional, o Héctor Bautista, de Nueva Izquierda.

“Si no vamos juntos Dia y PAN será difícil ganar, y si no paramos a Peña Nieto en 2011 tendrá un pie en Los Pinos en 2012”. Y no gobernará él sino el Grupo Atlacomulco, “la clase política del PRI más corrompida”, afirma.

Incluso prevé que en el proceso electoral habrá violencia. “Me imagino que habrá asesinatos, amedrentación a los dirigentes políticos. Campañas sucias. Ya me imagino cómo van a tratar de defender esto que es para el Grupo Atlacomulco como una mina de oro”.

El perredista opina que si Peña Nieto llega al poder habrá represión de movimientos sociales, como la de Atenco –“que él ordenó”– en 2006. Los militantes que defendieron a las mazahuas en su lucha por el agua están encarcelados, igual que quienes se opusieron a un relleno sanitario en el municipio de San Antonio la Isla. Otro defensor de locatarios de Toluca, Almagrande, también terminó en la cárcel.

“Estos son algunos ejemplos. Nadie puede ir a Toluca a manifestarse porque paran las protestas en La Marquesa. Esas son acciones de Peña Nieto. Y su agenda bicentenario corona su gestión. No se imagina que estos abusos provocaron que el PRI dejara de gobernar el país”, señala.

Guerrero: sin futuro

Luis Linares Zapata

Para salvar cara, la dirigencia partidaria de la izquierda elige a la que, piensa, es su única opción ganadora. Va por el puesto haiga sido como haiga sido. El proyecto transformador de esa agrupación progresista, de tener éxito la tontería armada por su burocracia central, quedará arrumbado y las posibilidades de ganar en 2012 se verán, sin duda, afectadas. La pequeñez de miras queda, así, estampada en sus maniobras, ofensivas para la sólida base militante guerrerense.

El personaje escogido para la tarea de rescatista de un conjunto de cabecillas sin destino, resultó ser un priísta irredento de conocida estofa. Todos los reflejos del señor Aguirre (Ángel Heladio se llama el susodicho), sus concepciones (si las tiene), sus modos de trabajo, el equipo que elegirá, el presente y también el pasado que lo condiciona, serán idénticos a los que empleará en su futura tarea en caso de triunfar. Aquellos que esperen posturas distintas o acciones diversas, enfocadas a tratar de solucionar algunos cuantos problemas ancestrales de los guerrerenses, se toparán con hechos decepcionantes. Tanto, o más graves, que aquellos dejados a lo largo de sus pasados años como titular interino en ese estrujante rincón del sur.

Al igual que el actual gobernante de Guerrero (Zeferino Torreblanca) el señor Aguirre, si triunfa, tendrá que plegarse a los dictados de la administración federal. No porque los obliguen a modelar sus trajes al estilo del sastre mayor, sino porque coincidirán con sus programas, modos, trafiques, valores y sus muchas urgencias, que en el caso de guerrero son cotidianas y salvajes. El señor Aguirre será, en todo caso, una redición del actual en el mejor de los deseos. Es decir, un subproducto del sistema establecido. Podrán alegar honestidad, buenas intensiones y hasta habilidades empresariales, como las que trató de lucir Torreblanca, pero sus resultados apuntarán a más de lo mismo. La postración de los guerrerenses seguirá por la ruta de las frustraciones crecientes.

Sería inútil repartir culpas. Sólo se atisba una realidad opaca y densa que se cierne sobre la izquierda local. Desde el trampeado año de 88 cardenista se manifestó el deseo masivo por romper ataduras con lo establecido. Desde ese contrariado tiempo poco se ha trabajado para crear y pulir figuras de dirigentes atractivos al pueblo. 2006 les presentó una oportunidad adicional que fue desaprovechada. Torreblanca no ha sabido –tal vez no quiso– sembrar y cuidar la factible cosecha de prospectos con arraigo. Por el contrario, abrió la puerta para la derrota y las divisiones. Sus ensayos fueron de poca monta, conflictivos o habilidosos sin la consistencia debida. Nadie que destacara por sus ímpetus de grandeza o arrestos de equidad. De esa clase de dirigentes que pudieran conducir sus anhelos de construcción, justicia y renacimiento. Se quedaron, ahora se sabe con toda certeza, en la medianía, en ensayos, en hombres o mujeres incapaces de levantar polvaredas de esperanza y cambio. Los que surgieron como posibilidades se atascaron (o fueron muertos) en la ruta a su consolidación. Al final, quedaron unos cuantos suspirantes que se plegaron a las consignas de los burócratas que los aleccionan. Ninguna rebeldía que resaltar.

A la militancia de izquierda, que en Guerrero es numerosa, fiel, consistente, el apoyo que se le impone para respaldar al señor Aguirre será un calvario. Algunos recurrirán a toda su disciplina y le darán su voto. Pero muchos optarán por caminos diversos: la abstención o el castigo. Pocos, muy pocos, se convencerán de la corta maniobra diseñada por los burócratas partidistas, ahora en su papel de habilidosos estrategas: derrotar al PRI, vencer a los caciques. Al margen quedarán entonces los afanes de encontrar, de diseñar los puntos de apoyo para nutrir un cambio prudente. Ese cambio que nace desde abajo, que se alimenta del renacer de las conciencias, organiza su trabajo político y logra el concurso masivo para acercar la efectiva transformación del estado de cosas reinante. De esos llamados no se oirán en Tierra Caliente ni en las dos costas, por más artilugios que difundan los propagandistas del señor Aguirre.

El costo de haber optado por semejante ruta que asegura un despeñadero anímico, conceptual e ideológico puede desembocar en un desbarajuste político. Ya sea en la derrota o el éxito en la conquista del puesto ansiado, tal y como se ha visto en los demás experimentos, los recientes y los pasados resultados serán negativos. ¿Qué ganará la izquierda o la población con Malova, en Sinaloa, o con Moreno Valle, en Puebla? A juzgar por recientes encuestas, una propensión de voto es bastante menor a las 10 unidades. ¿Qué se obtuvo con los señores Chavarría y Sabines, además del Torreblanca ya mencionado? Habría que volver los pasos y recalar en el caso del Distrito Federal, como señero ejemplo, o en Michoacán a pesar de los titubeos habidos y, si se quiere, en Baja California Sur, para aquilatar lo que la izquierda puede hacer por los demás o la manera en que puede prolongarse con dignidad.

Guerrero es, en verdad, un triste ensayo. Una serie de ineptitudes y descuidos que han traicionado las ambiciones del pueblo. Los desplantes de actores sin fondo legítimo, las tareas reivindicatorias pendientes de los elegidos para aliviarlas, los ensayos frustrados de dirigentes en ciernes o los intereses sin recato y el manipuleo de los mandones de ocasión son la constante. Su viejo partido, al señor Aguirre, le dio más, mucho más de lo que merecen sus cortas aptitudes. No le asiste razón alguna para decirse traicionado. La cultura que lo envuelve es la priísta y así seguirá hasta su retiro político en caso de derrota. El triunfo no le limpiará el estigma que lleva dentro. En todo caso, le ahondará remordimientos, le recrudecerán sus rencores y le quebrará las promesas que hubiera hecho. Ojalá y sea ésta sólo una predicción salida de los deseos más recónditos por ver un Guerrero pujante y no, como será, otro momento perdido entre esas centurias de oscuridad que se ensañan con un estado al borde de ser, uno más, de los territorios liberados del crimen organizado.