Brindis de Año Nuevo

Arturo Alcalde Justiniani


Compartir con familiares y amigos un brindis por el año que termina y el que se inicia es ya una tradición en nuestro país. Haciéndonos partícipes de ella, queremos hoy brindar de esta manera.

Primero, por los hombres y mujeres que durante este año han luchado en México y en el mundo por lograr igualdad, justicia y dignidad; por los que no se han conformado con el despojo que pretende convertirse en forma de vida. Recordamos a todos aquellos que luchan en contra de la pobreza y la opresión, y que exhiben el fracaso de gobiernos que prometieron mucho y cumplieron poco, aun de algunos que se ostentan como democráticos.

Por los que perdieron a sus seres queridos como consecuencia de esta violenta locura que pretende justificarse como política en favor de la seguridad. Por las mujeres víctimas de los feminicidios; a quienes siendo trabajadoras, amas de casa, estudiantes, jóvenes o niñas, se les truncó la posibilidad de tener presente y futuro.

Por las otras víctimas de políticas económicas equivocadas que incrementan la desigualdad y la miseria; por los trabajadores del campo, cuya situación se agrava en estos días por las sequías que han destruido las pequeñas economías de subsistencia, generando hambruna creciente, lo cual debería ser motivo de vergüenza para las falsas conciencias, esos fariseos que desligan su derroche personal de la pobre condición de sus supuestos hermanos. Por las comunidades indígenas, que como en la tarahumara, sufren un abandono creciente, quienes temen que el próximo año será peor que el anterior.

Por los jóvenes que se están organizando y alzando la voz para defender su presente y su futuro, contrastando con todos aquellos que piensan que el éxito sólo es posible con la transa, la relación privilegiada o el negocio sucio. Por los jóvenes y estudiantes que han encontrado en Morena (Movimiento Regeneración Nacional) una oportunidad de participar activa y responsablemente en la construcción de otro mundo distinto al que se les pretende imponer; jóvenes que desmienten la tesis de que todas las ilusiones y esperanzas se han perdido para ellos.

Por los que defienden el derecho a la igualdad de género y a la diversidad sexual y se organizan para hacerlo efectivo.

Brindo por el recuerdo de quienes nos dejaron, pero siguen presentes en nuestra memoria, acciones y decisiones, como Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, Adolfo Sánchez Vázquez, Miguel Ángel Granados Chapa y Jorge Fuentes Morúa.

Por las reformas históricas que se lograron en materia de derechos humanos, que obligan a todas las autoridades a respetar las garantías previstas en los tratados internacionales firmados por México. Por los avances que se han logrado en la implementación de un sistema penal garantista y transparente en nuestro país.

Por la democratización de los medios de comunicación… No olvidemos que se trata de una propiedad social, cuya explotación se concesiona por el Estado. No existe justificación alguna por la cual las radios comunitarias y las televisiones culturales carezcan del reconocimiento legal para actuar y desarrollarse, cuando son ellas las que más servicios podrían dar a la sociedad. Lo mismo sucede con la industria minera, cuyos recursos también son de propiedad social y hoy son motivo de despojo y explotación irracional por empresas extranjeras, que sólo dejan deterioro ambiental en el país. Es loable el esfuerzo de los movimientos auténticamente ecologistas y de las comunidades que defienden el medio ambiente y la sustentabilidad como única alternativa viable para nuestra patria.

Por la unidad de la izquierda y la existencia de una candidatura única a la Presidencia de la República. Porque la población, especialmente la gente pobre que es mayoría, tome conciencia de que a pesar de las dificultades que se enfrentan, internas y externas, es la mejor opción para superar la marginación y el estado de indefensión en que se encuentran y para construir un mejor país para sus hijos.

También brindamos por la organización laboral, democrática, transparente y auténtica de los trabajadores mexicanos; para avanzar en la convicción de que todos somos trabajadores, algunos con empleo estable, otros precario y otros más sin plaza alguna y que sólo organizados lograremos la implementación de políticas que fortalezcan el mercado interno, favorezcan la creación de puestos laborales, mejoren nuestros salarios y eviten los abusos crecientes que tienden a destruir la seguridad en el empleo por conducto de una subcontratación descabellada, como lo proponen los proyectos de reforma de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. Por lograr que los gobiernos de izquierda entiendan la importancia de privilegiar políticas de respeto a los derechos laborales colectivos, especialmente los de asociación, contratación colectiva y justicia laboral imparcial.

Por los asalariados que defienden sus fuentes de trabajo, electricistas, mineros, gasolineros, universitarios, trabajadores de servicios y educación, empleados públicos, todos enfrentados a políticas antisindicales implementadas por el gobierno federal, las administraciones locales y el propio Gobierno del Distrito Federal.

Brindamos con el deseo de que los derechos universales básicos, especialmente en materia de salud, ingreso mínimo de subsistencia y formación profesional, constituyan la preocupación central de cualquier gobierno, superando la equivocada idea de que lograrlo es imposible; por el contrario, el respeto a estos derechos puede convertirse en el eje de una nueva convivencia en una sociedad altamente productiva y en un ambiente de paz y crecimiento económico.

Concluimos nuestro brindis con una reflexión: sólo con un avance en la toma de conciencia y la organización de la sociedad será posible un cambio real en México. A sabiendas del desprestigio de la política, la gravedad de la crisis por la que atraviesa nuestro país pasa por la elección de gobiernos que atiendan como prioridad la situación de las mayorías y, a la vez, de una sociedad crítica que tenga la claridad de lo que quiere y necesita la nación para salir adelante; sin duda alguna, 2012 es una oportunidad de cambio que no debemos soslayar.

Encinas y los trabajadores

Arturo Alcalde Justiniani


La desigualdad y el abuso de los recursos públicos que caracterizan la campaña electoral en el estado de México nos han hecho recordar las viejas y eternas luchas de los pobladores de esa región del país por mejorar sus condiciones laborales y de vida, y la importancia de tenerlas presentes en el momento de votar.

El dilema de los trabajadores será optar por un candidato que, más allá de las promesas, dará continuidad a las prácticas que los han mantenido en la postración: bajos salarios, sindicatos charros, impunidad e inseguridad, o intentar transitar hacia un cambio en favor de un gobierno cercano a sus intereses.

Si bien el charrismo o la represión a la organización libre e independiente de los trabajadores es un fenómeno común en todo el país, el estado de México se caracteriza por su dureza. Esta represión es común ante el más mínimo intento de organización autónoma; todos los indicadores así lo exhiben. El acceso a la información pública gubernamental en materia laboral es nula; las redes de complicidad entre las autoridades de trabajo y los líderes venales están entremezcladas. En la práctica es casi imposible dar trámite a los juicios colectivos, incluyendo los de titularidad o cambio de sindicato, a tal grado que el personal jurídico encargado de esta función dentro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha sido disminuido a su expresión mínima. El estado de México presume un control absoluto sobre los trabajadores.

A pesar de las dificultades, los asalariados de esta entidad han dado ejemplo de luchas valientes y generosas para organizarse, mejorar sus salarios y hacer respetar sus derechos. En todo el territorio mexiquense, incluyendo Xalostoc, Ecatepec, Naucalpan, Coacalco, Tlalnepantla y Cuautitlán, viven los héroes conocidos y anónimos de esas batallas, aquellos quienes desde principios de los 70 nos dieron grandes enseñanzas. Vienen a la memoria sus lugares de trabajo, entre otros: General Electric, Vidrio Plano, Empacadora Bremer, Crinamex, Kraft, Alcon, Matosa, Acermex, Herdez, Altafisa, Harper Wyman, Kelvinator, Trailmóbile, Sealed Power, Rassini Reen, Lido Texturizado, Kimex, Kindy y Piplast. Cómo olvidar a los trabajadores de Pettibone, forzados a firmar su renuncia mientras les cubrían la cabeza con bolsas de plástico que les impedían respirar; cómo olvidar las andanzas del temido Wallace de la Mancha, gángster cetemista que tenía asolados a los obreros de las fábricas en la región; o la noche previa al recuento de Itapsa, cuando el grupo de golpeadores denominado Los chiquiticos secuestraron a los trabajadores, amenazándolos para impedir su voto en favor de un sindicato independiente. Cuánto habría que contar de Spicer, Ford o Vidriera y Alumex.

En estas luchas participaron diversas organizaciones independientes, como el Frente Auténtico del Trabajo, la Tendencia Democrática de los Electricistas y el Sutin, abogados democráticos, estudiantes, sacerdotes comprometidos y diversos grupos de izquierda que hacían causa común con los trabajadores. Entre ellos destacaba la Cooperativa de Cine Marginal, integrada por jóvenes con especial creatividad y dinamismo: Paco Taibo II, Paco Ceja, Belarmino Fernández, Paloma Saiz, el Rompecoches, Guadalupe Ferrer, Servando Gaja, Francisco Abardía, el Gallo Villarreal, Nena Cortés, Horacio Gómez, el Cabezón Aurecoechea, Luis Hernández Navarro, Beatriz Novaro, Saúl Escobar, Mario Núñez, Orlando Delgado, Jorge Fernández Souza, Miguel Lanz, Gisela Landazurri, Jorge Robles y Carmen Durán, cuyo temprano fallecimiento entristeció a todos.

En todas estas batallas, los procesos de formación política y laboral fueron elementos clave para la toma de conciencia, los círculos de estudio, las lecturas, la entrega de periódicos a puerta de fábrica, como La causa del Pueblo, Trabajadores en lucha o El obrero insurgente. Múltiples fueron las formas de organización que se convirtieron en armas de batalla.

Esta es la herencia que esos luchadores dejaron a los trabajadores que hoy, con su voto, pueden cambiar su historia. Imaginemos un gobernante cuya principal preocupación sea el bienestar de la gente menos favorecida. Imaginemos autoridades laborales que impartan justicia imparcial y honesta. Imaginemos, también, una política social y económica que logre mayor equidad y protección social, servicios otorgados no como un favor, sino en cumplimiento de una obligación del gobierno.

Alejandro Encinas, hoy candidato a la gubernatura del estado, es parte de esa generación de luchadores. Desde muy joven tuvo una clara vocación social y de compromiso con los más desprotegidos. Lo recuerdan algunos a primeras horas de la mañana durmiendo en su vocho, esperando la entrada de los obreros mexiquenses en alguna fábrica, para entregarles el volante o el periódico. Como académico, diputado y en su actuar como funcionario público, se ha distinguido por su honestidad, eficiencia y capacidad de concertación. Es, en pocas palabras, un aliado de los trabajadores del campo y la ciudad; raro, un político que no tiene cola que le pisen.

Hoy más que nunca es necesario recuperar la memoria histórica y recordar lo que han sido los regímenes priístas incrustados hace mucho tiempo en el estado de México. Estos gobiernos son los que han permitido toda clase de atropellos y abusos contra los más débiles. En la actual coyuntura electoral, la apabullante propaganda de los medios pretende hacer olvidar la condición social de los trabajadores y las causas de su marginación. Que no nos confundan: las falsas promesas, la saturación propagandística y las dádivas son las de siempre; la estrategia es que se olvide el pasado. En otras palabras, que los votantes pierdan de vista quién es quién en esta contienda.

Hoy, ir a votar es un compromiso con el pasado y el futuro. La mayoría de la población en el estado de México ha sido privada de los recursos y derechos necesarios para vivir mejor, y los gobernantes de siempre confían en el olvido. La interrogante es en qué medida las mujeres y hombres que viven de su trabajo votarán conforme a sus verdaderos intereses. Un estado de México distinto será posible si los trabajadores ejercen el poder que tienen en sus manos.

Cinco conclusiones sobre propuestas laborales PRI-AN

Arturo Alcalde Justiniani

De manera creciente se ha generado un debate sobre las iniciativas de reforma laboral del PRI y del PAN, al tiempo que por razones de orden electoral se pretende imponer un acuerdo de estos partidos, a pesar del alto costo político que debieran pagar. Mientras tanto, crece la indignación y se intentan albazos, como el predictamen presentado por el blanquiazul en días recientes.

En el ámbito de esta discusión han participado especialistas, académicos, sindicalistas y trabajadores de base. Retomamos de su propia voz algunas de sus conclusiones:

1. Las propuestas del PRI y del PAN de liberar la subcontratación, favorecer los trabajos temporales, vincular los salarios a bonos de productividad, restringir el derecho de asociación y alentar el despido libre, cargando a los trabajadores el costo de la lentitud de los juicios laborales, no son favorables a la creación de empleos ni a la productividad, supuestas justificaciones de tales iniciativas. Por el contrario, generarán mayor precariedad, reducción de los niveles de estabilidad y protección del empleo y un futuro aún más difícil para las nuevas generaciones. Sus propuestas carecen de fundamentación económica y jurídica y son profundamente injustas.

2. Si bien son aparentemente distintas, las propuestas del PRI y del PAN son esencialmente iguales en sus elementos clave, y parten de un diagnóstico equivocado sobre las condiciones salariales y del mercado de trabajo, este último sumamente flexible y sujeto a una gran rotación. Ignoran que los salarios en México son sumamente bajos. Esto se acredita fácilmente por su incapacidad de cubrir necesidades básicas; además, comparado con otros países, nuestro salario mínimo es varias veces inferior al de Argentina, Brasil o Chile; dos terceras partes de la población ganan menos de tres salarios mínimos y el empleo subcontratado abarca ya 40 por ciento.

3. La reforma laboral no puede contravenir los compromisos internacionales contraídos por nuestro país, especialmente con la Organización Internacional del Trabajo. La propuesta que comparten PRI y PAN desestima las recomendaciones generadas por este organismo, que ha urgido al gobierno a suprimir los mecanismos de control sindical y a garantizar la participación de los trabajadores en la contratación colectiva, hasta hoy sujeta a una conducta viciosa por medio de los contratos colectivos de protección patronal que han sido objeto de crítica creciente. Tenía razón la exposición de motivos de la iniciativa priísta de reforma laboral del pasado 15 de diciembre “…en materia de registro sindical busca acercarse a los planteamientos y compromisos que México ha asumido a escala internacional en esta materia; para ello se simplifica el trámite de registro sindical y se elimina expresamente cualquier facultad, explícita o implícita, que las autoridades registradoras pudieran haber tenido para inhibir el nacimiento y vida de los sindicatos”. Lástima que los mismos diputados que suscribieron este texto cambiaran radicalmente de opinión siete semanas después.

4. Las iniciativas de PRI y PAN en materia de subcontratación destruyen de manera transversal el carácter protector de la Ley Federal del Trabajo, rompen con los principios de responsabilidad patronal e igualdad salarial, se orientan exclusivamente a proteger los derechos mínimos, lo que genera un desplazamiento a la baja en materia de condiciones de trabajo; no consideran que tal vía de contratación debe ser excepcional y para labores especializadas y tampoco resuelven el llamado insourcing, esto es, la subcontratación interna, que se da a través de la creación artificial de razones sociales o empresas denominadas “de servicio”, que abarcan ya un gran número de centros de trabajo e incluso a sectores completos en nuestro país. Es lamentable el cambio de postura del PRI; al suprimir la inspección de trabajo como medio de vigilancia y supervisión, también elimina la presunción de trabajo doloso cuando se trasladan empleados de una empresa a otra con la intención de reducir salarios y la propuesta original de castigar por la vía penal las conductas delictivas; al final, todo se redujo a una simple falta administrativa.

Convendría recuperar la argumentación de los legisladores priístas del 15 de diciembre “… son formas de organización patronal que reducen las relaciones laborales a condiciones de explotación inadmisibles, porque conculcan los derechos más elementales de los trabajadores, convierten en precarios los empleos formales mediante los sistemas de subcontratación, tercerización u outsourcing, que tienen el objetivo de evadir responsabilidades patronales que están expresamente establecidas en el artículo 123 de la propia Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo tercero establece que el trabajo no puede ser considerado artículo de comercio. A pesar de ello, los contratos celebrados entre las empresas de servicios y las beneficiarias reducen el trabajo a mercancía, a un objeto de transacción comercial”. El artículo 15 bis de la segunda versión de la iniciativa priísta contradice lo sostenido unas semanas antes.

5. Existen otros caminos para mejorar la productividad, incrementar el empleo y lograr mejores salarios. Así lo han demostrado otros países que han orientado su política económica al mercado interno y han facilitado esquemas de concertación y diálogo productivo entre trabajadores organizados democráticamente, empresarios responsables y gobiernos que tienen como prioridad el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Un aspecto central es que exista una autoridad laboral imparcial y eficiente, tema que la propuesta PRI-PAN soslaya, castigando a los trabajadores al limitar el pago de salarios caídos y haciendo más atractivo el despido injustificado.

Una valiosa conclusión de estos foros se refiere a la necesidad de construir la unidad de los empleados más allá de siglas, para defender el valor de su trabajo y el futuro de sus hijos.

Dos visiones del mundo laboral

Arturo Alcalde Justinian

La iniciativa de reforma laboral presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados el pasado martes 13 de abril no fue improvisada: es resultado de un largo proceso de reflexión y propuesta de los sectores productivo, sindical, académico y ciudadano, además de que actualiza la presentada en 2002, con los aportes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Se trata de una perspectiva que confronta a la generada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apoyada por el Partido Acción Nacional (PAN), conocida como iniciativa Lozano”.

Son muchas las diferencias entre una y otra iniciativas; la promovida por el PRD-UNT está vinculada a un proyecto de modernización integral del país en una línea de ganar-ganar. La “iniciativa Lozano”, en cambio, más allá de los discursos, propone en lo concreto abaratar la fuerza de trabajo, reducir su estabilidad e incrementar el control empresarial de los derechos colectivos, como una supuesta solución a los retos de la globalización. El análisis de estas propuestas es un ejercicio necesario, sin olvidar que “la oficial” debe evaluarse en el contexto de su desempeño cotidiano. Cuatro aspectos permiten destacar las diferencias.

El primero se relaciona con el ámbito constitucional de las reformas. La propuesta PRD-UNT incluye temas ignorados por la “iniciativa Lozano”, vinculados al sistema de justicia, la fijación de los salarios mínimos, como parte de la política económica, y la modernización de las relaciones de trabajo en el sector público. Sin modificación constitucional estos cambios no podrían ser abordados.

Un segundo tema se refiere a la fijación de las condiciones de trabajo para responder a las necesidades del mercado y la recuperación salarial. La propuesta Lozano facilita el despido libre, la contratación precaria y hace referencia a un conjunto de medidas de contenido más cosmético que real, puesto que ya están contenidas en la ley. Es el caso de las reglas en materia de promoción, ascenso, flexibilidad en las funciones de los puestos y productividad por capacitación. En este capítulo introduce dos aspectos muy lesivos para los trabajadores. La ocurrencia patronal consistente en hacerles pagar las consecuencias de la lentitud de los juicios laborales, limitando los salarios caídos a seis meses, en el supuesto de laudos dictados en su favor. No afronta el reto de disminuir el tiempo de los juicios, por el contrario, mantiene sus vicios y hace pagar el costo a la parte más débil. También incluye la contratación por horas, que aplicada como medida general tendría un impacto negativo en el modelo, habida cuenta de los bajos salarios que imperan en nuestro país.

La propuesta PRD-UNT parte de la premisa de que la ley sólo fija las garantías y reglas básicas del juego, en un entorno laboral diferenciado que requiere de un mínimo de diálogo y concertación para adecuar las condiciones de trabajo a un esquema de auténtica racionalidad productiva y de beneficios compartidos. No se limita a una visión parcial en favor de los trabajadores, entiende que el desarrollo productivo es una exigencia para lograr la viabilidad del país en su conjunto. Para ello, propone que el ajuste de jornadas, intensidades, adecuación con nuevas tecnologías, duración de la relación laboral, esquemas de remuneración, de capacitación y tercerización justificada, se ubiquen en el contexto complementario de la contratación colectiva, como sucede en los países altamente competitivos del mundo. Agrega una protección inexistente en la propuesta panista, el seguro de desempleo, regulado de manera realista con fondeo compartido y en el marco del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Un tercer tema se vincula a la democratización sindical y la contratación colectiva auténtica, instituciones íntimamente relacionadas. La propuesta PRD-UNT adquiere carácter estructural en la medida que enfrenta la problemática de control, simulación y corrupción vigentes. Coincide con la propuesta panista de incluir el voto secreto en los procesos sindicales, tanto de elección como de diferencias intergremiales; sin embargo, no comparte la estrategia de debilitamiento gremial y de la contratación colectiva por la vía de nuevos mecanismos de control básicamente de corte empresarial. La diferencia en materia de firma y titularidad de los contratos colectivos es clara. La propuesta PRD-UNT hace efectivas las garantías de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluyen libre tipología sindical, supresión de la toma de nota, autonomía en las formas de organización y radio de acción, condiciones necesarias para un fortalecimiento de la contratación colectiva, institución clave en cualquier modelo laboral sustentable y productivo; en esta línea, propone acuerdos por sector, rama de actividad y cadena productiva, apoyándose en experiencias exitosas a escala internacional.

La propuesta PRD-UNT sugiere crear un registro público de contratos colectivos y sindicatos que favorezca una real autonomía y el desarrollo de un sindicalismo decente, utilizando el término de la OIT, una especie de IFE pequeño. Ambas coinciden en la eliminación de la cláusula de exclusión por separación, aunque la del PRD-UNT considera sancionar la intromisión patronal en la vida de los sindicatos.

Un cuarto aspecto hace referencia a la justicia laboral, reclamo consistente y generalizado en favor de una autoridad imparcial, calificada y eficaz que resuelva los conflictos en periodos cortos. La “iniciativa Lozano” le da vuelta al tema y mantiene la estructura viciada de las juntas de Conciliación y Arbitraje, mientras el PRD-UNT retoma el reclamo de un sistema moderno de justicia, por conducto de jueces laborales en el ámbito del Poder Judicial.

Este primero de mayo es una oportunidad para que la población exprese su posición frente a la reforma laboral que necesitamos. Marchemos juntos.

Una iniciativa por encargo patronal

Arturo Alcalde Justiniani

Cuatro diputados panistas, todos vinculados al sector privado, presentaron finalmente la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conocida como iniciativa Lozano”. Se trata de una larga lista de cambios cuya exposición de motivos se centra en la necesidad de reducir derechos laborales para supuestamente lograr mayor inversión y empleo. Tesis profundamente equivocada, ya que las dificultades que sufre nuestro sector productivo no devienen de la existencia de altos salarios, ni del ejercicio de los derechos colectivos, sino de un modelo económico que ha debilitado el mercado interno, los niveles de vida y las posibilidades de sobrevivencia de la pequeña y la mediana empresas, las cuales crean más empleo.

La reforma planteada fue elaborada sin la participación de especialistas, de la academia, del sindicalismo democrático, de las organizaciones de medianos y pequeños empresarios y aún de los propios legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes hoy se encuentran ante el dilema de aprobar propuestas contrarias a sus principios. También fue ajena a las experiencias internacionales exitosas, y contraria a las recomendaciones de los organismos especializados como la Organización Internacional del Trabajo, que recientemente ha condenado prácticas que hoy pretenden adquirir estatus de ley.

Es falso que esta iniciativa retome las propuestas elaboradas en el pasado por distintos partidos políticos. Sus golpes más duros contra los trabajadores ni siquiera estaban contenidos en la antigua “propuesta Abascal” presentada en 2002. Es más, si se compara con la iniciativa panista elaborada en 1995 por su fracción parlamentaria en la Cámara de Senadores, hoy se propone exactamente lo contrario. En aquel entonces, el PAN planteó suprimir las juntas de Conciliación y Arbitraje mediante jueces de lo social, que resolvieran con imparcialidad y eficacia los juicios laborales; también un sistema laboral respetuoso de la libertad de asociación y nuevas formas de contratación colectiva. La actual iniciativa es producto de una negociación entre el viejo y corrupto corporativismo sindical, que a cambio de no sufrir afectación a su privilegiada condición, admite esquemas de flexibilidad unilateral en la fijación de las condiciones de trabajo, aunque esto implique cancelar su reducido espacio de maniobra frente a la fuerza empresarial.

La llamada “iniciativa Lozano” facilita el despido libre de los trabajadores creando nuevas figuras de contratación temporal, aun tratándose de actividades de carácter permanente; da forma legal a mecanismos de subcontratación hasta ahora prohibidos por la ley; permite a los empresarios correr a los trabajadores incluso sin justificación cuando tengan una antigüedad menor de tres años y, en caso de juicio, pone un límite a los salarios caídos hasta un máximo de seis meses, no importando que el juicio dure cuatro o cinco años, como sucede en la práctica, facilitando la impunidad patronal. En términos reales, deja a los trabajadores en estado de indefensión.

Esta iniciativa cancela la libertad de asociación en nuestro país, ya que cierra las dos únicas rendijas que permitían subsistir a un reducido número de sindicatos independientes. Nuestro país es el único en el mundo donde los patrones escogen al sindicato para firmar el primer contrato colectivo de trabajo al que estarán obligados a afiliarse los futuros trabajadores. Las únicas opciones para superar esta imposición son intentar cambiar de sindicato o buscar la firma de un contrato colectivo mediante un emplazamiento de huelga; la iniciativa impone obstáculos imposibles de superar para lograr estos fines. Reclama como “requisito de procedibilidad” que los trabajadores antes del juicio desahoguen un procedimiento administrativo registral que los obliga a exhibir los nombres, las firmas y los documentos de los trabajadores inconformes y a obtener la autorización previa de la autoridad registradora, que en el caso de las juntas de Conciliación y Arbitraje están integradas, ni más ni menos, que por el patrón y el líder sindical a quien pretenden demandar. Estos absurdos requerimientos han sido descalificados en todos los foros académicos e internacionales; sin embargo, la fuerza de los abogados empresariales que quieren consolidar el negocio redondo de los contratos de protección patronal lograron imponer.

Sin exagerar, se puede afirmar que de aprobarse la “iniciativa Lozano” no podrá subsistir un solo sindicato democrático en México; se obligará a la acción sindical clandestina, como ha operado en los gobiernos dictatoriales, condición que no sólo lesiona a los trabajadores, sino al propio empresariado, que se verá obligado a negociar con corrientes sindicales que no podrán dar la cara. En otras palabras, será imposible la concertación con transparencia, responsabilidad y buena fe, como es propio de una contratación colectiva moderna.

Si bien se presenta como una iniciativa en favor de la equidad de género, al analizar sus propuestas específicas se acredita su artificialidad. En cambio, cuando se trata de destruir a sindicatos democráticos, como los de pilotos aviadores y sobrecargos del sector aéreo, es contundente su sentencia: no podrán ser titulares de contratos colectivos. Así lo pidieron los propietarios de las aerolíneas de bajo costo acostumbrados a sindicatos blancos.

Urge democratizar la discusión sobre el mundo del trabajo que requiere nuestro sector productivo. No cabe duda: es necesario un cambio que concilie productividad con distribución de beneficios, una flexibilidad racional con esquemas de concertación moderna y una efectiva libertad de asociación con nuevos paradigmas de responsabilidad. Lo han logrado otros países y no existe motivo alguno para que en el nuestro esto no sea posible. Sí a la reforma laboral, no a ésta.

Cananea, Pemex, política antiobrera

Arturo Alcalde Justiniani

Finalmente el Grupo Minera México venció el último bastión jurídico en el que los trabajadores huelguistas de Cananea tenían cifradas sus esperanzas. El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo en esta ciudad no tuvo la capacidad para entender la dimensión del problema planteado y avaló en un solo acto la destrucción del sindicato, del contrato colectivo, de la huelga y además, el despido masivo de los huelguistas. El argumento es grotesco: supuestas causas de fuerza mayor que han provocado que la mina no pueda seguir operando y, en consecuencia, actualizar lo señalado en la fracción I del artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. Difícil será saber cuál fue la razón que orilló a los magistrados a legitimar la maniobra. Lo evidente es que el estado de derecho sufrió un golpe de graves consecuencias.

No sólo los mineros de Cananea y de todo el país han resultado agraviados, se trata de un golpe contra la sociedad, quien observa cómo nuestras instituciones sucumben ante los intereses creados, la influencia de los grupos poderosos y las consignas. La pregunta obligada que queda es adónde acudir para obtener justicia.

La aberrante decisión asumida por el tribunal el pasado jueves no puede verse aislada del conjunto de acciones que el gobierno federal, haciendo causa común con el Grupo Minera México, ha desplegado en contra del sindicato nacional minero. Huelgas inexistentes por razones tan absurdas como el que la suspensión de labores se haya llevado a cabo minutos después de la fecha anunciada, tomas de nota en base a documentos falsificados, represión policiaca, creación artificial de sindicatos, sometimiento de jueces, financiamiento a abogados para inventar demandas, contratación de cabilderos para convencer a funcionarios, en fin, una campaña en la que toda la fuerza del Estado se puso al servicio de un consorcio privado.

Como lo ha confesado recientemente el abogado de la empresa, hoy ninguna duda cabe: la minera se reabrirá y se contratarán trabajadores en peores condiciones laborales, se firmará un contrato colectivo con un sindicato subordinado y corrupto y se armará un teatro para recuperar al pueblo de Cananea buscando esconder la responsabilidad del golpe. Seguramente se abrirán changarros al estilo Luz y Fuerza del Centro, con el apoyo del gobierno se perseguirá a algunos dirigentes para someter a los demás, se acudirá como siempre a la publicidad para desorientar a la opinión pública, y por último, se utilizará este marco represivo para promover una reforma laboral que permita, en términos prácticos, el despido libre y la cancelación del efecto protector del derecho colectivo del trabajo.

El golpe brutal a los mineros, a pesar de su gigantesca dimensión, no constituye un hecho aislado. En otro sector, y en varias partes del país, se aplica un esquema de acoso laboral que atiende a la misma política represiva. La semana pasada fueron llamados uno a uno los miembros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros; algunos de ellos fueron violentamente sacados de su centro de trabajo, otros, amenazados con su despido, a todos se les condicionó la permanencia en su empleo y la atención médica a la firma de dos cartas. La primera dirigida a Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, en la que se le comunica la decisión “personal y voluntaria” de renunciar a dicha unión, solicitándole: “…hago uso de los medios legales procedentes para que se proceda a la cancelación del registro como sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros…”.

La segunda carta que forma parte del chantaje está dirigida al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la que expresan su “renuncia voluntaria” a la unión, señalando que: “…obedece a que dicha unión no persigue los fines con los que engañosamente se me afilió, ya que se me dijo que la constitución de la misma era para recibir capacitación y actualización en materia petrolera y sobre otras disciplinas, por lo que solicité con ese engaño mi afiliación a la misma, pero nunca con la idea de constituir un sindicato, por lo que reitero y ratifico mi renuncia a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, aspecto que en su oportunidad hice saber a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social…” En este comunicado se señala “como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en Paseo del Pedregal número 8l7, Jardines del Pedregal, delegación Alvaro Obregón, C.P. l800, DF, autorizando para ese efecto al licenciado Eric Roel Pavón”. Ni más ni menos que uno de los abogados de Pemex.

La represión fue la respuesta de la paraestatal y del gobierno federal a los trabajadores técnicos y profesionistas de Pemex que tuvieron la osadía de formar la unión, partiendo de la creencia de que en nuestro país existía la libre asociación profesional. El pasado 21 de diciembre, la Secretaría del Trabajo les notificó el registro legal de su organización, no por voluntad propia, sino por órdenes de la jueza primera de distrito en materia de trabajo en nuestra ciudad, confirmada por los integrantes del decimocuarto tribunal colegiado en materia de trabajo. Con esta resolución, parecía concluir su quinto intento de organización, cada uno de ellos con su propia cuota de represión, incluyendo el condicionamiento del servicio médico, también para enfermos terminales.

Apenas celebraban su triunfo legal, cuando recibieron el golpe concertado de la paraestatal y el gobierno federal. Se trata de los ingenieros, geólogos, físicos, médicos y otros especialistas responsables de la operación diaria de la empresa, quienes decidieron organizarse no sólo para representar sus derechos gremiales, sino para colaborar con el desarrollo de los planes y programas de Pemex.

Estas, y no lo que encontramos en los discursos oficiales, son las realidades que viven los trabajadores del país y que seguirán reproduciéndose si no reaccionamos de inmediato con un mínimo de solidaridad.

¿Hasta cuando México , hasta cuenado?

SME, el dilema de las liquidaciones

Arturo Alcalde Justiniani

Uno de los elementos claves de la estrategia gubernamental al dar el golpe a los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro (LFC) consiste en convencerlos de aceptar el pago de sus liquidaciones para dar por terminadas las relaciones laborales. Este proceso está calculado para concluir en un periodo corto: alrededor de un mes. El plazo concluye el próximo 13 de noviembre y todo indica que no logrará su objetivo si los trabajadores durante la siguiente semana valoran con objetividad sus alternativas y posibilidades.

La aceptación de las liquidaciones es un aspecto de máxima importancia para los fines gubernamentales, ya que es la única vía para minimizar la protesta. Culminar con este proceso indemnizador sirve también para impedir que se conozca la verdad jurídica sobre los actos ilegales llevados a cabo, que corren el riesgo de ser revertidos por los tribunales de amparo, toda vez que se ha acreditado la violación de normas constitucionales y legales, tanto en el decreto presidencial como en el masivo despido de los trabajadores.

Además de los factores legales, existen otros motivos por los cuales el gobierno está urgido de que los trabajadores estampen de puño y letra su rendición. Requieren regularizar el servicio, pues sus fallas han generado afectaciones importantes a familias y empresas; para ello, necesitan volver a contratar a los empleados que operaban las antiguas plantas, ya que las compañías privadas subcontratadas, además de ser sumamente costosas, carecen de la capacidad técnica adecuada. Todo esto explica el interés gubernamental de abrir una vía falsa de interlocución, a través del disidente Alejandro Muñoz, haciéndole ofertas que puedan debilitar la resistencia; utilizar sus servicios será más importante cuando quede acreditado el fracaso de la estrategia liquidadora. Podría agregarse una razón adicional a las anteriores: culminar el impacto mediático del descontón gubernamental. A medida que transcurre el tiempo, se van develando nuevos elementos, más allá de los técnicos y económicos, que exhiben la concurrencia de varios intereses que se ocultaron en su inicio a la opinión pública, tales como el proceso de privatización de diferentes áreas del servicio.

Es comprensible que los trabajadores electricistas se sientan angustiados y confundidos. La naturaleza repentina del golpe desestabiliza la economía familiar sustentada en ingresos permanentes. Para incrementar esta zozobra, el gobierno, abdicando abiertamente de su condición de árbitro, da cuenta a diario del número de empleados liquidados, como si se tratara de un parte de guerra. La desesperada urgencia de convencer a los electricistas de aceptar su liquidación lo ha llevado a ejercer graves violaciones a los derechos humanos. Para incrementar la confusión se informa la cantidad de pensionados que han recibido su pago, cuestión que en nada afecta a la resistencia laboral, ya que dicho cobro no conlleva consentimiento alguno sobre el decreto cuestionado. Los trabajadores que han recibido sus liquidaciones son aquellos que cuentan con menor antigüedad; haciendo cálculos y considerando el número de empleados que han acudido al amparo es previsible que un alto porcentaje se niegue a recibir el pago indemnizatorio.

A la fecha, la estrategia del premio adicional para aquellos que reciban la liquidación antes del 14 de noviembre, ofrecido en proporción a los años de antigüedad, no ha surtido los efectos esperados, porque los trabajadores saben que una vez superado el absurdo ultimátum el gobierno se verá obligado a negociar en términos diferentes. De mantenerse la magnitud de la resistencia, no sólo deberá renovar sus ofertas de pagos adicionales por elementales principios de igualdad, sino que incluso buscará mejorar sus ofertas, sobre todo a los trabajadores con antigüedad avanzada, con ofrecimientos de carácter jubilatorio. Resulta obvio que para un trabajador con mediana antigüedad la propuesta indemnizatoria no es atractiva, porque la posibilidad de regresar al trabajo por la vía legal, de recibir una resolución favorable acerca de su jubilación o al pago de salarios caídos con motivo de la ilegalidad de su separación constituye una alternativa sensiblemente mejor que conformarse con la oferta gubernamental.

También ha resultado ilusoria la oferta de recontratación a aquellos que sean liquidados, ya que hasta la fecha no se ha concretado su inserción en la Comisión Federal de Electricidad, por el contrario, la autoridad laboral ofrece cursos a los despedidos con el fin de que inicien sus changarros y se subcontraten en una condición penosa en esa empresa. Por lo visto, dicha autoridad se ha convertido en promotora de un outsourcing ilegal que viola los principios que deben regir toda relación de trabajo.

La próxima semana no será fácil para las familias de los trabajadores, porque la pérdida de un empleo trastoca su estabilidad, formas, proyectos de vida, la propia autoestima y seguridad personal. Apoyados en la solidaridad, cuyo primer nivel deviene del ámbito familiar, deberán resistir el embate liquidatorio. Resulta contrastante que mientras en otros países los gobiernos diseñan planes y programas generadores de empleo, fortalecimiento del mercado interno y crecimiento, en el nuestro se haya optado por privar de tajo a miles de familias de la posibilidad de subsistencia, como si fuera el único camino para mejorar el servicio público eléctrico.

El golpe a los trabajadores de LFC trasciende las fronteras de este gremio, ya que lesiona a hombres y mujeres que viven de su trabajo. Sería mala noticia para todos que esta maniobra gubernamental lograra sus fines. Por ellos y por nosotros, es tiempo de desplegar en su favor la máxima solidaridad posible.

Acometida contra el SME

Arturo Alcalde Justiniani

En la desbocada acometida del gobierno federal contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se han utilizado todos los recursos. En primer lugar, mezclar un diferendo interno del gremio vinculado con la conocida toma de nota, con la situación de la empresa y su contratación colectiva; y en segundo término, implementar una campaña en contra de los trabajadores y sindicatos del país, como si todos fueran de la misma calaña. Para ello, el gobierno se ha apoyado de algunas plumas, televisoras y vergonzosos desplegados, varios de ellos suscritos por personajes de reputación muy dudosa, que buscan generar encono contra los trabajadores del país, particularmente de los electricistas a partir de verdades a medias, aprovechando la legítima irritación del público usuario por las limitaciones del servicio eléctrico, pretendiendo convencernos de que todos los males de Luz y Fuerza del Centro provienen de la conducta de sus trabajadores, evadiendo la propia responsabilidad gubernamental. En este conflicto, resulta esencial poner cada tema en su lugar para no ser parte de este linchamiento: el papel que de acuerdo con nuestras leyes corresponde a la autoridad laboral registradora, la solución del diferendo interno del gremio en un entorno de autonomía y democracia, y la necesidad de que la empresa cumpla con las exigencias propias del servicio público que presta.

La toma de nota, en la particular interpretación del gobierno, es un claro vestigio del sistema corporativo priísta que hemos sufrido muchos años. Mediante ésta, el gobierno se abroga el derecho de controlar a los trabajadores y decidir desde el nacimiento mismo de los sindicatos, hasta la autorización periódica de sus directivas. Cuando se trata de un simple procedimiento administrativo en que el papel de la autoridad es de simple fedatario.

Los panistas, siendo oposición, propusieron la supresión de la toma de nota, así lo acreditan sus proyectos de ley y el posicionamiento de sus fracciones parlamentarias. El propio Vicente Fox, días antes de su elección, el 7 de junio de 2000, suscribió públicamente un compromiso ante organizaciones y personalidades de la sociedad civil, en su octavo y noveno apartado protestó “eliminar el trámite de registro y de la toma de nota ante la autoridad laboral y establecer el registro público de sindicatos y contratos colectivos. El organismo encargado de dicho registro será público y autónomo del Poder Ejecutivo”. Por lo visto, estos reclamos se han quedado en el cajón mientras han sido gobierno; probablemente cuando dejen de serlo lo reivindicarán de nuevo: ésa es la historia de nuestro país.

Los actos de la autoridad deben someterse a las normas vigentes. Conforme a la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo vigente en nuestro país, con una jerarquía incluso superior a la ley mencionada, los sindicatos no requieren de autorización previa de la autoridad para funcionar, y ésta debe abstenerse de toda intervención que tienda a entorpecer su ejercicio legal (artículo 382 de la ley y 3.2 del Convenio 87). También es ilegal suspender administrativamente su personalidad impidiéndoles el cumplimiento de su objeto, ya que se deja en estado de indefensión a sus miembros (artículo 370 de la ley laboral y 4 del Convenio 87). En el caso del SME, esta suspensión se actualiza al limitarle el cumplimiento de sus tareas desde hace más de dos meses, negarles la disposición de su patrimonio con la intervención de sus cuentas, sostener la tesis de que carece de representantes legales y rechazar de manera absoluta la toma de nota. Para muestra un botón: conforme al artículo 375 de la ley en la materia, la autoridad registradora tenía tres días para contestar la toma de nota y se ha dilatado más de dos meses, confundiendo el plazo que la ley establece para el registro de un sindicato, al que corresponde a la toma de nota de una directiva. Para dimensionar el daño que se hace al gremio, podríamos proyectarlo a otro tipo de personas morales. Imagínese los estragos que se harían a la Ford o Televisa si no pudieran acreditar su personalidad jurídica, ni defender sus intereses por periodos prolongados, pondrían el grito en el cielo. Quienes aplauden estos actos autoritarios deberían valorar que más tarde podrían ser víctimas de los mismos.

Es claro que existe un diferendo interno en el SME. La pequeña diferencia de votos en el amplio universo de sus trabajadores da cuenta de ello. Como en cualquier organización democrática debe respetarse la voluntad mayoritaria. Si viviéramos un verdadero estado de derecho, la solución sería muy simple: los inconformes van con el juez y si hay signos de duda en la elección, se convoca a una nueva consulta. En el nuestro, no existe ese árbitro imparcial. Corresponde al sindicato resolver por la vía democrática esta controversia, debiendo existir la apertura suficiente de ambas partes para admitir este ejercicio democrático con el fin de sacar la pelota de la cancha del patrón-gobierno. La añeja tradición democrática de este gremio es suficiente para entender que el reclamo de autonomía es consustancial con el respeto a la voluntad mayoritaria y su acreditamiento fehaciente.

Por lo que se refiere a Luz y Fuerza del Centro, la operación eficiente de la misma es una necesidad insoslayable. Se trata de un servicio público fundamental que obliga a una operación y administración eficiente y transparente, sujeta a condiciones de trabajo sustentables tanto para el personal de base como de confianza, conforme a una política racional de financiamiento. Este proceso es propio de la negociación colectiva, en consecuencia corresponde a la administración y trabajadores afrontarlo y tomar las medidas que sean necesarias para tal fin. La propia ley otorga los medios para ello. Valga repetirlo: este tema no debe mezclarse con el conflicto gremial que los trabajadores y sólo ellos deben resolver para bien propio, del sindicalismo tan acosado en este tiempo y del propio país.

Cuando uno lee razones tan , pero tan justificadas para orientar el voto ciudadano , en primer lugar , la propaganda de los partidos queda reducida a basura , y en segundo lugar , uno no se explica como es posible que el PRI y el PAN estén tan arriba en las encustas ; una de tres , o de verdad la gente se crece al castigo y prefiere aquello de "malo por conocido" , o el grueso de la población está más bien inmersa en que van a comer sus hijos mañana y lo que menos les importa es un anuncio de campaña y terminan votando o por costumbre o por la dichosa despensa (para que coman sus hijos mañana), o de plano las encuestas estan manipuladas y el fraude electoral es el resultado de todo lo anterior .

Arturo Alcalde , no se atreve a dar el nombre de la única opción que existe para salir de este marasmo en que vivimos , pero yo si se los digo , sin temor a equivocarme , total y plenamente convencido que la única opción real es votar por los candidatos que apoyan al movimiento de AMLO , ya que necesitamos que los partidos de estos candidatos (PT Y CONVERGENCIA) , se fortalezcan y no pierdan su registro , por que el Peje irá en coalición con ellos para luchar por la presidencia en el 2012 .

No nos confundamos , el PRD de los chuchos ha dado muestras más que suficientes durante estos tres últimos años de servilismo hacia el gobierno federal y su partido .

Todos los que queremos apoyar a AMLO , deberemos votar en el interior de la República de manera diferenciada por el PT y por Convergencia , sólo en el DF y en tabasco hay que votar por el PRD .

En el DF ya sabemos que después del atraco a la candidatura de Clara Brugada , será necesario votar por el candidato del PT para que después este pida licencia y Clara Brugada tome posesión del cargo que por derecho le corresponde .

Votar como trabajadores


Arturo Alcalde Justiniani


Uno de los objetivos de la propaganda electoral es hacernos olvidar quiénes somos, cuáles son nuestros intereses y, sobre todo, cuál ha sido el desempeño de los legisladores de los partidos que nos invitan a votar por ellos. Pretenden hacernos sentir que hay un borrón y cuenta nueva; que la vida del país se inicia a partir de esta elección. La estrategia de manipulación es fundamental, ya que si volteamos atrás, tendremos muchos motivos para rechazar sus ofertas. Personajes causantes en buena medida de la ruina que padece el país, aparecen pidiendo el voto con una sonrisa en carteles que saturan nuestro entorno, un festín de absurdo derroche que contrasta con las penosas necesidades de amplios sectores de la población. Confían en los expertos de imagen que han contratado para influir en los potenciales votantes, a partir de análisis sicológicos sofisticados. Se trata de vil mercadotecnia para vender el producto.

Antes de emitir el voto convendría un momento de reflexión apoyado en la memoria. Sin duda el principal problema de nuestro país es la inequidad, reflejada en todos los campos y expresada crudamente en la pobreza que abarca a casi dos tercios de la población. Basta observar los datos en materia de salud, educación, empleo, salario y justicia para confirmar que muchas de las políticas y leyes vigentes han tenido saldos desastrosos. Un México diferente sería posible si organizáramos la política y la economía de diversa manera, como lo vienen haciendo otros países con recursos más modestos que los nuestros. Por ejemplo, podrían implementarse sistemas de protección social universal financiados con otra política fiscal que incluya el cobro correcto de los impuestos a las grandes corporaciones y empresarios.

Antes de emitir el voto, sería conveniente revisar el historial de los partidos en relación con los temas de los cuales depende la calidad de vida de la población, por ejemplo, el valor del trabajo. La inmensa mayoría somos de una u otra manera trabajadores, unos con cuello más blanco que otros, subcontratados, por honorarios, en el trabajo informal o en busca de una ocupación remunerada. Equivocadamente reducimos el concepto de trabajador al obrero de una fábrica o al empleado de una dependencia pública. Esta falta de identidad nos impide compartir intereses e influir en políticas públicas en favor del trabajo, entendido como un patrimonio común. Podemos llamarnos trabajadores, empleados, servidores, propineros, profesionistas libres, o más elegantemente, freelance o outsourcing: todos dependemos de una actividad personal para cubrir nuestras necesidades personales y familiares.

De la amplia agenda de temas que agobian al mundo laboral referimos tres que nos permitan enriquecer nuestro juicio para emitir el voto: la política salarial, los sistemas pensionarios y la reforma laboral. Por lo que se refiere a las dos primeras, resulta evidente que la visión de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) ha compartido un modelo de restricción salarial, claramente reflejado en la fijación de los salarios mínimos y en los renovados topes salariales. Por medio de líderes sindicales a modo, apoyados por el priísmo y funcionarios públicos panistas, acordaron para este año un salario mínimo 30 por ciento abajo de la inflación acumulada. Se dice fácil, pero en términos prácticos equivale a una pérdida sensible de la calidad de vida.

En materia pensionaria y de seguridad social ha sido muy clara y disciplinada la posición de esos partidos apoyando cambios orientados a fortalecer al sector privado, a través de las Afore, las Siefore y compañías de seguros. Por lo que se refiere a los fondos de los trabajadores al servicio del Estado han transcurrido dos años de vida del Pensionissste, falta uno para que inicien su actividad las Afore privadas. De existir legisladores sensibles a un cambio podría cancelarse esta etapa privatizadora. Todo depende del resultado de la elección. Han sido los legisladores del PAN, PRI, Verde y Panal los creadores de la reforma a la Ley del ISSSTE, combatida por más de un millón de trabajadores de la burocracia. Está por verse si los afectados los premian con su voto. La propaganda confía en el olvido.

En materia de reforma laboral, los hechos también son evidentes. La iniciativa de ley elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social existe ya, adicionada recientemente con propuestas más lesivas. Buscan dar un golpe definitivo a los reducidos espacios con los que cuentan los trabajadores para representarse y defenderse democráticamente. Sólo esperan que les regalen su voto para tener un Congreso que apruebe una reforma legal al gusto del sector patronal más conservador.

Antes de votar, conviene hacer un recuento de daños, que son muchos, y se expresan en una política económica que deviene de una visión de la sociedad en la que los pobres y los débiles no son importantes. Los ejemplos son variados; esta semana, tan sólo, se reclama a las instituciones de educación pública reducir sus presupuestos, en contraste con una política de gasto administrativo de alto nivel sin límites. En otro ámbito, el Partido Verde candidatea a dueños del duopolio televisivo, para consolidar reformas legales a su gusto. Todo depende de si la grotesca campaña de este partido, con falsos vales medicinales, descuentos y exaltaciones al miedo, pesca votantes despistados.

Votar como trabajadores, votar como ciudadanos, es reclamar un mundo diferente para nuestros hijos, con justicia, equidad, protección social, medio ambiente sano y un ejercicio pleno de obligaciones y responsabilidades. Transitar hacia esta vía es posible si superamos las maniobras electorales de los partidos y candidatos que no tienen preocupación real por el futuro de la gente. La pregunta es si el ciudadano trabajador, a partir de una reflexión de su propia condición, opta por votar conforme a su interés o por endurecer el nudo que lo ahorca.

ISSSTE, nueva jurisprudencia

Arturo Alcalde Justiniani


Aun cuando la legislación laboral ha cambiado poco los últimos años, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito ha sido prolífica, convirtiéndose en un medio cada vez más importante para la interpretación y aplicación de criterios en materia de trabajo. Por su carácter obligatorio para los juzgadores y siendo casi equiparables a una ley, es fundamental conocerlas y promover que en su proceso de creación se escuche la opinión ciudadana y de los foros especializados.

La segunda sala del máximo tribunal recientemente dictó dos jurisprudencias de gran trascendencia en favor de la democratización sindical, referidas a la obligatoriedad del voto secreto en los recuentos sindicales y a un mejor sistema de conteo para determinar el sindicato ganador de dicha consulta. En contraste, es de lamentar una reciente jurisprudencia que lesiona el derecho a la pensión de millares de trabajadores del sector burocrático.

En sesión celebrada el pasado 6 de mayo se emitió la jurisprudencia 41/2009, la cual fija un nuevo criterio para el cobro de las pensiones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Se trata de un tema de gigantesca importancia, toda vez que los servidores públicos afiliados a esta institución sufren la contradicción entre el salario o la remuneración percibida durante su vida activa y el monto de la pensión que se les cubre.

Esta incongruencia se origina en una política presupuestal diseñada por el gobierno federal que omite cubrir al ISSSTE las cuotas de seguridad social sobre la base de las percepciones reales del trabajador, o sea, tan sólo paga por una parte.

El salario del trabajador al servicio del Estado se compone, generalmente, de tres renglones: el salario base, el sobresueldo y la compensación garantizada. En algunas dependencias, los pagos adicionales tienen nombres tales como quinquenio, prima de antigüedad o apoyo al trabajo universitario; es amplia la gama de denominaciones entre una y otra, creadas con la evidente intención de omitir el cumplimiento de las obligaciones laborales y el costo de la seguridad social, siguiendo una política de simulación, ya que sólo se paga considerando el salario base y no el resto de las prestaciones. Por lo que se refiere al concepto compensación garantizada, la afectación es de dimensiones mayores, tomando en cuenta que su relación con respecto al monto del salario base suele ser de una cuantía hasta 10 veces superior.

Al final de la vida laboral los trabajadores se enfrentan a la triste realidad de que sus pensiones se limitan al reducido monto del sueldo base. El ISSSTE se justifica señalando que el cálculo lo realiza con base en las cuotas aportadas por la dependencia; esto es, las mismas se reducen al salario base sin tomar en cuenta el resto de elementos integrantes del salario; consecuentemente, la pensión se limita al monto de lo aportado.

Los trabajadores afiliados al ISSSTE se encuentran en estado de indefensión frente a esta injusta política que los priva de un derecho fundamental, ya de por sí acotado a un máximo de 10 salarios mínimos mensuales. Para defenderse, han acudido a juicios ante los tribunales con el fin de que su pensión se ajuste al salario real, considerando especialmente el monto de la compensación garantizada.

Se trata de juicios largos, de varios años, triste realidad de nuestra justicia, pero finalmente eran resueltos en favor del pensionado. Esta alternativa, aunque difícil, se apoyaba en la jurisprudencia 126/2008, dictada hace tan sólo nueve meses por la misma segunda sala. Conforme a este criterio aplicable a los trabajadores afiliados antes del 31 de marzo de 2007 (toda vez que la nueva ley entró en vigor al día siguiente), se obligaba al ISSSTE a calcular el monto de las pensiones considerando el sueldo, el sobresueldo y la compensación; correspondía obviamente a este instituto cobrar al gobierno federal-patrón el diferencial en el monto de las cuotas no cubiertas.

El criterio sostenido en la jurisprudencia 126/2008 era congruente con la ley y también con la interpretación del pleno de la Suprema Corte contenido en la sentencia dictada en 2008, con motivo de los miles de amparos promovidos por servidores públicos en contra de la nueva ley del ISSSTE del 2 de abril de 2007. En la misma, dejó claro que el salario de los trabajadores al servicio del Estado debe integrarse con el salario base, el sobresueldo y las cantidades adicionales cubiertas al trabajador como compensación.

El giro expresado en la jurisprudencia 41/2009 incrementa en términos prácticos la indefensión de los servidores públicos y fortalece la impunidad con la que actúa el gobierno federal como patrón al negarse a cumplir con la ley. En efecto, los trabajadores ya no podrán acudir a los juicios que les permitían corregir su pensión atendiendo a su salario real.

El cambio de opinión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia seguramente estuvo sustentado en el argumento del ISSSTE que sostiene carecer de recursos económicos para pagar las pensiones a las que era condenado por los tribunales. En efecto, a dicha institución, al no recibir las cuotas correctas, se le genera un déficit. El punto era definir por cuál vía corregir este incumplimiento, si castigando a los servidores públicos impidiéndoles el derecho a reclamar ante ese instituto sus pensiones correctas u obligar al gobierno federal a pagar integralmente las cuotas en términos de ley. Se optó por el primer camino, en contravención a los principios que rigen nuestra legislación laboral. El violador de la ley resulta ahora premiado.

Nuevamente los trabajadores al servicio del Estado tendrán que rediseñar sus estrategias políticas y legales para hacer cumplir la ley, a pesar de esta jurisprudencia. Nunca ha sido fácil la defensa de sus derechos, pero seguramente encontrarán la vía para que el responsable de este entuerto, el gobierno federal, respete la ley.

El desastre económico de México

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D,F., 25 de mayo (apro).- Ni los más burdos montajes del gobierno de Felipe Calderón, como la manipulación de las instituciones para desprestigiar a los adversarios y encubrir a los cómplices del narcotráfico --como el gobernador panista Marco Antonio Adame--, pueden ya ocultar lo obvio: La magnitud del desastre económico que México padece y que, lenta pero sostenidamente, carcome al patrimonio de lo que queda de la clase media y arroja a la miseria a millones de compatriotas.

Ante la contundencia de las cifras, las oficiales, lo único que le queda a Calderón y a los ineptos que encabeza es el ocultamiento y el maquillaje de la televisión --a cambio, claro, de canalizarle multimillonarios contratos de recursos públicos--, porque ni sus habituales amanuenses pueden ya ocultar la magnitud de la crisis, que no sólo viene de fuera --como han querido hacerlo creer--, sino que se explica también por las complicidades de la alta burocracia.

La incompetencia de la facción que encabeza Calderón no ha sido repentina: No hay que olvidar que, apenas asaltó la Presidencia de la República --mediante la adulteración de la voluntad popular que sólo los ciegos y los cómplices soslayan, aunque los priistas comienzan a contar retazos de esa historia--, se disparó el precio de la tortilla hasta en 50% y a partir de entonces han venido subiendo de manera permanente productos de primera necesidad, incluidas las gasolinas y el diesel.

El ataque al poder de compra de los mexicanos ha sido incesante. El mito de la estabilidad económica del PAN --como lo fue el mito de la estabilidad política priista-- se ha ido al barranco.

Por ello, Calderón y sus patrocinadores evitan, a toda costa, que la desastrosa situación económica del país se incorpore a la agenda de discusión en esta campaña electoral. Como se hizo con la manipulación de la influenza, el miedo sigue siendo el recurso propagandístico y ha sido retomado como parte de la "guerra" simulada contra el narcotráfico.

El gobierno y su partido, el PAN, han recurrido a cualquier cosa, menos que se sepa y se discuta la gravedad de la crisis actual que, según las propias cifras oficiales, es de la dimensión del colapso económico derivado del "error de diciembre" de 1994, que dio lugar al rescate bancario que, gracias a un pacto entre Ernesto Zedillo y el propio Calderón, ha costado al país más de 800 mil millones de pesos sólo en intereses de la deuda que permanece en una cifra semejante.

El propio José Angel Gurría, exsecretario de Hacienda y secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo dice con claridad: "En 2009 hemos perdido lo que habíamos ganado en muchos años, así que esto no es un ciclo, esto es un desastre. Ésta no es una evolución, esto es una demolición."

Las cifras difundidas el miércoles 20 de mayo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son rotundas: La economía nacional, medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), registró en el primer trimestre del año una caída de -8.2% respecto de igual periodo de 2008, la más pronunciada de los últimos 14 años.

El desplome sólo es superado por la caída de -9.2% que se registró en el segundo trimestre de 1995, cuando la economía se convulsionaba por la devaluación de ese año.

El dato definitivo sobre la magnitud de la contracción del PIB llevó al propio secretario de Hacienda, Agustín Carstens, a corregir su anterior estimación para el desempeño económico de este año. Unos días antes, señalaba que en 2009 la economía caería -4.1%, ya incluido el efecto de la contingencia sanitaria por la epidemia de influenza. Pero ahora su estimación es que la caída podría ser de hasta -5.5%.

La nueva estimación es, inclusive, más pesimista que la del Banco de México, que en su más reciente pronóstico estimó hasta en -4.8% la caída del PIB.

Lo que tanto quería ocultar, la recesión, está ya más que evidente: pues a la caída de -1.6% del último trimestre de 2008 se suma la de -8.2% del primer trimestre de este año, con lo cual tras dos trimestres de decrecimiento consecutivo se confirma la fase recesiva de la economía.

Según el INEGI, la fuerte caída del PIB en el trimestre se debió al pésimo comportamiento de las actividades secundarias y las terciarias. Las primeras, que conforman la actividad industrial, se contrajeron -9.9%, mientras que las segundas, es decir el comercio y los servicios, lo hicieron -7.8%.

Al interior de las actividades industriales, las industrias manufactureras se contrajeron -13.8%; la construcción, -7.7%; la electricidad, agua y suministro de gas, -3%, y la minería, -1.1%.

Dentro de las actividades terciarias, el comercio sufrió un desplome de -17.2%, producto de las menores ventas internas y externas; los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles cayeron -10.6%; los servicios de transporte, -10.3%; los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, -7.8%; los servicios financieros, -4.3%; y los servicios profesionales, científicos y técnicos, -3.4%.

Dentro de los grandes agregados del PIB, sólo las actividades agropecuarias registraron un aumento, que fue de 1.4%, debido a un mejor desempeño de la agricultura y la ganadería.

Así, según el INEGI, en el primer trimestre del año, el PIB per cápita se colocó en 7 mil 255 dólares, un desplome de 28% respecto a los 10 mil 79 dólares del año previo, caída no observada desde 1995.

Con tales números, ni los más tenaces defensores de Calderón pueden emitir una opinión juiciosa, menos aún en materia de empleo: En los más recientes tres meses, más de 500 mil mexicanos se han quedado sin trabajo.

La tasa de desempleo alcanzó, en los primeros tres meses del año, a 5.1% de la Población Económicamente Activa (PEA), equivalente a más de un millón y medio de personas, superando el registró del año pasado, de 3.9% en el mismo periodo.

Eso es lo que Calderón y el PAN, con la ayuda de sus amigos perredistas que encabeza Jesús Ortega, no quieren que se sepa ni se discuta.



Apuntes

No sorprende la conducta ilegal, mentirosa y cínica de Demetrio Sodi, candidato del PAN a delegado de Miguel Hidalgo, en la capital del país. Miente en todo. Miente hasta en el equipo que es su favorito: En vísperas del inicio de las campañas, apareció en casi todo el programa "Sólo futbol", que se transmite en el canal 4 del Distrito Federal, dijo que le va a las Chivas y en la entrevista de un minuto y 19 segundos que un locutor de Televisa le hizo, en medio del partido Pumas-Puebla, aseguró que es el representativo de la UNAM. Lo de menos es el estigma de chaquetero que tiene Sodi. Lo verdaderamente relevante es la conducta ilegal de él, del PAN y de Televisa, que obviamente obtuvo pago –de muchos millones, en dinero o en concesiones-- para promoverlo. Mintió, también, en su campaña a jefe de gobierno, en 2006, cuando rebasó con mucho el gasto autorizado, particularmente en sus spots en Televisa. Apenas al inicio de esta campaña dijo que le habían sido robados votos y también mintió, porque jamás los defendió, salvo que sea un cobarde. Por ello, como clama Televisa en sus hipócritas campañas, al que roba hay que llamarlo ladrón y al que transa, como Sodi, corrupto… Jesusa Cervantes, compañera periodista de la revista Proceso, ha dado forma a un libro, Los hijos de Marta, que tiene que ver con el comportamiento delincuencial de miembros y allegados del PAN. Este trabajo, de rigurosa factura periodística, como el de Daniel Lizárraga, La corrupción azul, también compañero de la revista, deben ser leídos…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx