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25 may 2009


El desastre económico de México

ÁLVARO DELGADO


MÉXICO, D,F., 25 de mayo (apro).- Ni los más burdos montajes del gobierno de Felipe Calderón, como la manipulación de las instituciones para desprestigiar a los adversarios y encubrir a los cómplices del narcotráfico --como el gobernador panista Marco Antonio Adame--, pueden ya ocultar lo obvio: La magnitud del desastre económico que México padece y que, lenta pero sostenidamente, carcome al patrimonio de lo que queda de la clase media y arroja a la miseria a millones de compatriotas.

Ante la contundencia de las cifras, las oficiales, lo único que le queda a Calderón y a los ineptos que encabeza es el ocultamiento y el maquillaje de la televisión --a cambio, claro, de canalizarle multimillonarios contratos de recursos públicos--, porque ni sus habituales amanuenses pueden ya ocultar la magnitud de la crisis, que no sólo viene de fuera --como han querido hacerlo creer--, sino que se explica también por las complicidades de la alta burocracia.

La incompetencia de la facción que encabeza Calderón no ha sido repentina: No hay que olvidar que, apenas asaltó la Presidencia de la República --mediante la adulteración de la voluntad popular que sólo los ciegos y los cómplices soslayan, aunque los priistas comienzan a contar retazos de esa historia--, se disparó el precio de la tortilla hasta en 50% y a partir de entonces han venido subiendo de manera permanente productos de primera necesidad, incluidas las gasolinas y el diesel.

El ataque al poder de compra de los mexicanos ha sido incesante. El mito de la estabilidad económica del PAN --como lo fue el mito de la estabilidad política priista-- se ha ido al barranco.

Por ello, Calderón y sus patrocinadores evitan, a toda costa, que la desastrosa situación económica del país se incorpore a la agenda de discusión en esta campaña electoral. Como se hizo con la manipulación de la influenza, el miedo sigue siendo el recurso propagandístico y ha sido retomado como parte de la "guerra" simulada contra el narcotráfico.

El gobierno y su partido, el PAN, han recurrido a cualquier cosa, menos que se sepa y se discuta la gravedad de la crisis actual que, según las propias cifras oficiales, es de la dimensión del colapso económico derivado del "error de diciembre" de 1994, que dio lugar al rescate bancario que, gracias a un pacto entre Ernesto Zedillo y el propio Calderón, ha costado al país más de 800 mil millones de pesos sólo en intereses de la deuda que permanece en una cifra semejante.

El propio José Angel Gurría, exsecretario de Hacienda y secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo dice con claridad: "En 2009 hemos perdido lo que habíamos ganado en muchos años, así que esto no es un ciclo, esto es un desastre. Ésta no es una evolución, esto es una demolición."

Las cifras difundidas el miércoles 20 de mayo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son rotundas: La economía nacional, medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), registró en el primer trimestre del año una caída de -8.2% respecto de igual periodo de 2008, la más pronunciada de los últimos 14 años.

El desplome sólo es superado por la caída de -9.2% que se registró en el segundo trimestre de 1995, cuando la economía se convulsionaba por la devaluación de ese año.

El dato definitivo sobre la magnitud de la contracción del PIB llevó al propio secretario de Hacienda, Agustín Carstens, a corregir su anterior estimación para el desempeño económico de este año. Unos días antes, señalaba que en 2009 la economía caería -4.1%, ya incluido el efecto de la contingencia sanitaria por la epidemia de influenza. Pero ahora su estimación es que la caída podría ser de hasta -5.5%.

La nueva estimación es, inclusive, más pesimista que la del Banco de México, que en su más reciente pronóstico estimó hasta en -4.8% la caída del PIB.

Lo que tanto quería ocultar, la recesión, está ya más que evidente: pues a la caída de -1.6% del último trimestre de 2008 se suma la de -8.2% del primer trimestre de este año, con lo cual tras dos trimestres de decrecimiento consecutivo se confirma la fase recesiva de la economía.

Según el INEGI, la fuerte caída del PIB en el trimestre se debió al pésimo comportamiento de las actividades secundarias y las terciarias. Las primeras, que conforman la actividad industrial, se contrajeron -9.9%, mientras que las segundas, es decir el comercio y los servicios, lo hicieron -7.8%.

Al interior de las actividades industriales, las industrias manufactureras se contrajeron -13.8%; la construcción, -7.7%; la electricidad, agua y suministro de gas, -3%, y la minería, -1.1%.

Dentro de las actividades terciarias, el comercio sufrió un desplome de -17.2%, producto de las menores ventas internas y externas; los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles cayeron -10.6%; los servicios de transporte, -10.3%; los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, -7.8%; los servicios financieros, -4.3%; y los servicios profesionales, científicos y técnicos, -3.4%.

Dentro de los grandes agregados del PIB, sólo las actividades agropecuarias registraron un aumento, que fue de 1.4%, debido a un mejor desempeño de la agricultura y la ganadería.

Así, según el INEGI, en el primer trimestre del año, el PIB per cápita se colocó en 7 mil 255 dólares, un desplome de 28% respecto a los 10 mil 79 dólares del año previo, caída no observada desde 1995.

Con tales números, ni los más tenaces defensores de Calderón pueden emitir una opinión juiciosa, menos aún en materia de empleo: En los más recientes tres meses, más de 500 mil mexicanos se han quedado sin trabajo.

La tasa de desempleo alcanzó, en los primeros tres meses del año, a 5.1% de la Población Económicamente Activa (PEA), equivalente a más de un millón y medio de personas, superando el registró del año pasado, de 3.9% en el mismo periodo.

Eso es lo que Calderón y el PAN, con la ayuda de sus amigos perredistas que encabeza Jesús Ortega, no quieren que se sepa ni se discuta.



Apuntes

No sorprende la conducta ilegal, mentirosa y cínica de Demetrio Sodi, candidato del PAN a delegado de Miguel Hidalgo, en la capital del país. Miente en todo. Miente hasta en el equipo que es su favorito: En vísperas del inicio de las campañas, apareció en casi todo el programa "Sólo futbol", que se transmite en el canal 4 del Distrito Federal, dijo que le va a las Chivas y en la entrevista de un minuto y 19 segundos que un locutor de Televisa le hizo, en medio del partido Pumas-Puebla, aseguró que es el representativo de la UNAM. Lo de menos es el estigma de chaquetero que tiene Sodi. Lo verdaderamente relevante es la conducta ilegal de él, del PAN y de Televisa, que obviamente obtuvo pago –de muchos millones, en dinero o en concesiones-- para promoverlo. Mintió, también, en su campaña a jefe de gobierno, en 2006, cuando rebasó con mucho el gasto autorizado, particularmente en sus spots en Televisa. Apenas al inicio de esta campaña dijo que le habían sido robados votos y también mintió, porque jamás los defendió, salvo que sea un cobarde. Por ello, como clama Televisa en sus hipócritas campañas, al que roba hay que llamarlo ladrón y al que transa, como Sodi, corrupto… Jesusa Cervantes, compañera periodista de la revista Proceso, ha dado forma a un libro, Los hijos de Marta, que tiene que ver con el comportamiento delincuencial de miembros y allegados del PAN. Este trabajo, de rigurosa factura periodística, como el de Daniel Lizárraga, La corrupción azul, también compañero de la revista, deben ser leídos…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx





10 mar 2008


Impune, el “asesinato” de Ernestina Ascencio
regina martínez
Jalapa, Ver., 10 de marzo (apro).- Un año después de la muerte de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, ultrajada por presuntos militares, organizaciones civiles y comunidades de Soledad Atzompa demandan aún justicia y el total esclarecimiento de este "asesinato".

La procuraduría del estado cerró el caso tras aceptar la versión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el sentido que la indígena murió de "gastritis aguda". Sin embargo, el perito Pablo Mendizábal defiende el peritaje original.

Mendizábal, responsable de practicar la necropsia de ley a la anciana de 72 años de edad, quien falleció un día después del ataque ocurrido 25 de febrero de 2007, aseguró que el dictamen inicial jamás fue modificado.

Aunque el 30 de abril pasado la autoridad concluyó que no había delito que perseguir, Mendizábal sostuvo su versión, en el sentido de que “las causas de la muerte de la indígena fueron traumatismo cráneo encefálico, fractura, luxación de vértebras y anemia aguda".

En entrevista con Apro, Mendizábal dijo que si en su momento no defendió su dictamen, "se debe a que me vi impedido por la secrecía de la investigación ministerial" que ya había iniciado la procuraduría de Justicia del estado, a cargo de Emeterio López Márquez.

El 26 de febrero de 2007, Mendizábal fue instruido por la delegación de servicios periciales y la agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos contra la Familia y la Libertad Sexual, en Orizaba, para acudir al hospital de Río Blanco y certificar la muerte de Ascencio Rosario.

También le ordenaron acudir a la funeraria donde se encontraba el cuerpo de la indígena para realizar la necropsia de ley, "dado lo relevante del caso, pues se involucraba a miembros del Ejercito como presuntos responsables de dichos actos".

En ese momento, explicó, tanto el celular como el teléfono de su oficina se saturaron de llamadas de la procuraduría del estado, de la subprocuraduría Zona Córdoba y de la Dirección de Servicios Periciales, "pues todos querían ser protagonistas del incidente".

Con el material existente en ese momento, añadió, "tomé muestras de tejidos de las vísceras para estudio histopatológico y químico, las que, aunque fueron tomadas inmediatamente, inexplicablemente fueron enviadas dos días después para su análisis en laboratorio".

Aunque la investigación seguía su curso, señaló, la intervención de la CNDH "puso una cortina de humo" y, desde un principio, "trató de desvirtuar el dictamen de la necrocirugía de ley que yo emití".

Bajo “presiones” del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, dijo, la PGJE autorizó la exhumación del cuerpo de la anciana 11 días después de su muerte, "para realizar nuevas pesquisas y tratar de desechar el dictamen inicial y el de los químicos forenses".

En el estudio practicado por químicos forenses de la propia Dirección de Servicios Periciales de la PGJE, reveló Mendizabal, "ya habían encontrado la presencia de fosfatosa y residuos de P30 --semen-- en la parte anal de Ernestina Ascencio".

La exhumación del cuerpo, realizada por peritos de la PGJE y especialistas de la CNDH, refirió, "más que hallazgos, ratificó la necropsia realizada inmediatamente después del fallecimiento de la indígena, originaria de la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa”.

Aseguró que “se confirmó la fractura de arcos costales derechos e izquierdos, equimosis en regiones tempoparitales y frontales, que en su momento fueron hematomas y que, por el fenómeno cadavérico, ya se habían transformado en manchas moradas”.

Dijo que, en la exhumación del cuerpo, también se confirmaron "cuatro desgarres en la región anal, que varían en posición y que, insisto, los fenómenos cadavéricos transforman dichas lesiones de posición".

La fractura y luxación de vértebras cervicales debió haber despejado la duda con la certeza de rayos X, lo que no se hizo en la exhumación", señaló el perito, al precisar que también se ratificó "la presencia de sangrado en el tubo digestivo".

Indicó que, en la segunda necrocirugía, se confirmó la presencia de cirrosis hepática y la anemia aguda como causa de la muerte y, aunque no me corresponde manifestarlo, la presencia de fosfatasa, P30 y cromosoma, es decir, un ADN diferente al de la señora".

Los datos del dictamen de los análisis iniciales que se practicaron al cuerpo de Ernestina, originaron que el gobierno del estado "nos exigiera que defendiéramos la veracidad de los estudios y los resultados que se habían emitido", expresó.

Empero, dijo, el 30 de abril de 2007, “de manera inexplicable se determinó el no ejercicio de la acción penal, ya que, al hacer publica esta decisión, las autoridades dijeron que habían concluido en que las causas de la muerte fueron naturales".

El especialista de la PGJE aclaró que, como médico forense, su función es realizar estudios que orienten al Ministerio Público o al juez para que éstos tipifiquen los delitos, "nunca señalar culpables, pues yo no soy policía ministerial".

Durante todo este proceso, siguió, "nunca manifesté que hubo violación, ni que la señora fue asesinada y, mucho menos, que los responsables hayan sido elementos del Ejercito, porque no me corresponde hacerlo; eso es responsabilidad del Ministerio Público".

Sostuvo que, por “presiones de la CNDH”, la procuraduría del estado abrió en su contra una investigación de carácter administrativo y ministerial, que están en curso, "lo que es increíble".

Aunque ha contado con el apoyo del gobernador Fidel Herrera Beltrán y no lo ha despedido de su fuente de trabajo, Mendizábal acusó a la CNDH de "haber transformado la verdad con una serie de recursos, que equivalen a 700 millones de pesos de presupuesto".

Por su parte, la Asociación de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, cuestionó también el papel que jugó la CNDH en este caso, pues al no mostrar un auténtico interés por conocer la verdad y llegar al fondo del asunto, "ha generado más sospechas"..

Esta asociación, junto con otras organizaciones civiles de Veracruz y del país, ha subrayado que la comunidad y la sociedad en general debe conocer la verdad de los hechos y, por ello, a través de la Ley de Transparencia, han solicitado a las autoridades copia del expediente.

La abogada Pilar Noriega dijo que, ante la insistencia de la CNDH y de la PGJE para mantener en reserva el expediente, "deja abierta la puerta para que sospechemos que algo oculta y que, contrario a la transparencia, dejan en total oscuridad los hechos que en principio parecían muy claros".

Pese a que la familia de Ernestina Ascencio ha manifestado no tener ya interés sobre el caso, Noriega dijo que la asociación de abogados de la que forma parte, "estudia qué es lo que se puede hacer jurídicamente para que se reabra el expediente".

Noriega, entrevistada telefónicamente, explicó que analizan sí efectivamente habría dificultad para acreditar el interés jurídico por parte de los organismos civiles, "porque legalmente y en estricto sentido de la averiguación previa, sólo tiene participación la familia".

Agregó que, “aunque es difícil, estamos estudiando qué ángulo se tiene que hacer para tener la verdad de cómo sucedieron los hechos y si realmente hubo una documentación objetiva, sobre todo, en los peritajes", que es donde está la controversia.

Afirmó que la CNDH debería ser la primera en apoyar a las organizaciones civiles que quieren tener acceso a las investigaciones periciales integradas en la averiguación que se abrió por el homicidio de la indígena pero, contrario a ello, "ha generado mayor confusión".

Pese a que legalmente fue cerrado el caso, acotó, "existe la necesidad de conocer qué fue lo que sucedió, cuál fue la intervención de las autoridades, de las corporaciones policiales y del Ejercito en un asunto de violencia contra las mujeres".

A su vez, el activista Julio Atenco Vidal cuestionó la actitud del gobernador Herrera Beltrán en el caso, "pues en principio tenía la convicción de que se trataba de un crimen y condujo las investigaciones hasta el punto de una confrontación con la CNDH".

A juicio del asesor de la Coordinación Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROIZ), Herrera Beltrán "prolongó el proceso hasta evidenciar a la CNDH, para luego cambiar radicalmente, tal vez porque era poner en riesgo a un aliado fundamental del Ejercito (Felipe Calderón)".

Atenco consideró que el gobierno del estado sólo utilizó a las autoridades y comunidades de Soledad Atzompa, que siguen demandando justicia en el caso de Ernestina, "para luego negociar recursos con el gobierno federal".

El 18 de abril de 2007, refirió, Herrera Beltrán, luego de reunirse con Soberanes, "señaló que no tenía diferencias sustantivas en la interpretación realizada por la CNDH en el caso de Ernestina y, días después, aceptaba la tesis de la muerta natural".

Explicó que la CNDH no fue la zona a petición de los familiares de la víctima, "sino por motivos propios, no para investigar la presunta violación cometida por militares, sino para documentar las condiciones de salud en que se encontraba la indígena y demostrar que murió por pobre y por su edad".

"No tenemos duda de que fue un crimen. Se trató de una perversa provocación planeada por la inteligencia militar para producir un enfrentamiento y obligar a sacar la cabeza de presuntos grupos armados", agregó.

De hecho, el 27 de febrero, señaló, en una asamblea en Tetlatzinga, a la que llegó el gobernador, "hubo un enfrentamiento verbal con los militares, y en uno de los camiones que no tenía resguardo, un joven se subió y tenía un bidón de gasolina listo para rociar la unidad".

Añadió que la policía de Soledad Atzompa "controló a esa persona, le quitó el bidón y reclamó a los soldados la falta de vigilancia".

Por ello, insistió, "es altamente probable que el plan consistiera en desarticular al movimiento indígena y, eventualmente, demostrar la existencia de algún grupo guerrillero en la región".

31 ene 2008

GANAS DE HACERSE PENTONTOS ELLOS SOLOS , PERO MÀS QUE NADA DE DARLE ATOLE CON EL DEDO A LA GENTE , PARA QUE VEAN QUE SI FUNCIONAN LAS INSTITUCIONES ......... Y SI NO , AL TIEMPO .


El caso obliga al IFAI a definir criterios para regular datos sobre correos electrónicos

Ordenan entregar información de e-mails enviados por Mouriño desde Los Pinos

Sedena deberá abrir documentos de investigación en reserva sobre Ernestina Ascensión

Quedará clasificado lo relativo a actividades de seguridad nacional en la sierra de Zongolica

Elizabeth Velasco C.


En sesión plenaria, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó Los Pinos entregar los correos electrónicos enviados, recibidos y eliminados por Juan Camilo Mouriño de enero a junio de 2007, periodo en el cual aún se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Hay que destacar que los comisionados advirtieron sobre la imposibilidad de que la Presidencia incurra en una omisión en la entrega de la información con el argumento de la inexistencia de la misma, porque ratificó la existencia de los correos.

Aunado a ello, por primera ocasión el IFAI instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la entrega de documentos que forman parte de una averiguación previa en reserva (que en cualquier momento puede ser reabierta), vinculada con la muerte de la indígena Ernestina Ascensión, en 2007.

Se trata del parte militar 3170, que contiene información sobre la base de operaciones del 63 batallón de infantería en la 26 Zona Militar de la sierra Zongolica, donde la anciana Ascensión presuntamente fue violada en forma tumultuaria por militares.

En la resolución 4429/07, a cargo del comisionado Juan Pablo Guerrero, se ordena, no obstante, la clasificación de todas las actividades de seguridad nacional que realizan las fuerzas armadas en ese lugar, con fundamento en el artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia.

En consecuencia, la Sedena deberá presentar una versión pública que permita la difusión de fragmentos no vinculados con actividades de seguridad nacional.

Hay que destacar que el recurso fue votado por unanimidad por los cinco comisionados y sienta precedente, en tanto que hasta ayer no se había aprobado la difusión de una indagatoria en reserva, sino sólo cuando ha sido concluida en definitiva.

También el pleno del IFAI ordenó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) la entrega de información sobre los bienes muebles e inmuebles, terrenos, joyas, pinturas, cuadros, dinero, vehículos terrestres, aéreos y marítimos asegurados de 2000 a 2007 por el gobierno federal a personas vinculadas con el crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de drogas, armas y otras actividades ilegales, así como los derivados de delitos de cuello blanco, entre otros.