28 ago 2008

Camacho: no cierren la salida que abrió el FAP para Pemex

Entrega a la Comisión Permanente resultados de la consulta ciudadana

Pide a gobierno federal, PAN y PRI que prive"la razón y la política"

El acuerdo y el diálogo, únicos medios para lograr la modernización de la paraestatal, subraya

Andrea Becerril y Georgina Saldierna


Al entregar ayer en la Comisión Permanente el resultado de la consulta ciudadana en torno a la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), Manuel Camacho Solís pidió al gobierno federal, al PAN y al PRI que “no cierren” la salida “a la razón y la política” que el Frente Amplio Progresista (FAP) abrió al presentar un paquete de iniciativas para fortalecer la paraestatal.

Dijo que frente al intento de aprobar precipitadamente el proyecto de Felipe Calderón, el FAP ofreció un debate nacional “frente al desprecio a la opinión de los ciudadanos” y se llevó a cabo una consulta.

Planteó que ante los cuestionamientos de que el frente no tenía propuesta para modernizar Pemex, las fuerzas políticas que lo integran (PRD, PT y Convergencia) llamaron a expertos e intelectuales para que elaboraran una reforma responsable, encaminada “a sacar adelante a la industria petrolera sin dividir al país”.

Ahora, agregó, el gobierno, el PAN y el PRI tienen la palabra. Septiembre será un mes determinante, subrayó, porque se están juntando la crisis de seguridad y los primeros efectos del crecimiento del desempleo y la carestía con las decisiones finales sobre la reforma energética.

Advirtió que lo menos que se puede pedir es que haya sensibilidad social y mesura en la conducción de la administración pública.

Acompañado de integrantes del consejo asesor de la consulta ciudadana sobre Pemex, entre ellos Rolando Cordera, y por la secretaria general del PRD, Martha Dalia Gastélum, y el representante de los gobiernos municipales, Ricardo Gerardo Higuera, reiteró el llamado al gobierno federal, a priístas y panistas, para que no cierren ese esfuerzo del FAP por recuperar la política.

“Aprovechen la oportunidad para fortalecer las instituciones del Estado, recuperar la tranquilidad de los ciudadanos y sacar adelante a Pemex por la única vía que hoy está en nuestras manos: la del diálogo, el acuerdo y el reconocimiento de la pluralidad”.

Camacho Solís detalló luego que aunque los recursos para llevar a cabo esa consulta fueron limitados (sólo 6 millones de pesos para las tres etapas) y presentó problemas de organización, “éstos fueron compensados con un franco compromiso de miles de ciudadanos que participaron de manera voluntaria a lo largo del proceso”.

El número total de participantes fue de 2 millones 570 mil 367 y la gran mayoría se manifestó en contra de la apertura de Pemex al capital privado.

Cuestionado sobre el carácter no vinculatorio de ese ejercicio ciudadano, respondió que lo mejor hubiera sido que el Ejecutivo hubiera convocado a la consulta, pero no quiso hacerlo “porque sabía que tenía perdidas las encuestas y no quiso legitimar una postura contraria a sus propias iniciativas”.

En su última sesión, la Permanente dio entrada y turnó al Senado la reforma energética del FAP. Las siete iniciativas fueron remitidas a las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos para que se dictaminen conjuntamente con las propuestas de Calderón, del PRI y del PVEM.

Las comisiones dictaminadoras se reunieron ayer y comenzaron a trabajar en el primero de 34 temas, referido a la planeación y transición energética. Fue una reunión privada, pero al final tanto el senador perredista Arturo Núñez como el panista Rubén Camarillo precisaron que analizaron todo lo que tiene que ver con ahorro y eficiencia energéticas, normas para el aprovechamiento de fuentes renovables y el fondo para la transición del ramo. Precisaron que se reunirán de nueva cuenta el próximo martes, cuando seguirán los trabajos para elaborar el dictamen en torno a las iniciativas en la materia.


Sociedad narca
josé gil olmos


MEXICO, D.F., 27 de agosto (apro).- La “sociedad narca” es un término que pocas veces se ha escuchado pero con mucho tino define una situación y una condición que se vive en todo el país: la integración del poder del narcotráfico como forma de vida en la sociedad y, aún más, como parte del Estado y del sector político.

En su último libro, La Reina del Pacífico, el periodista Julio Scherer García descubre este término en su larga entrevista con Sandra Ávila Beltrán, bautizada así por el gobierno de Felipe Calderón en un intento por justificar su lucha contra el narcotráfico pretendiendo vestir a esta mujer, nacida en Tijuana, como “el enlace más peligroso” que hay entre los cárteles de México y Colombia, algo que, en realidad, está muy lejos de ser cierto.

A lo largo del libro, el lector puede ir descubriendo el significado profundo de este término que retrata muy bien el enorme poder que el narcotráfico ha alcanzado entre la sociedad civil y política en nuestro país.

“En la sociedad narca la riqueza como que brota –describe Sandra Ávila-- un día eres pobre y al siguiente millonario. Pero cómo se hace el dinero sólo lo saben los que lo hacen. Tú no los escuchas a propósito ni averiguas qué tan serias podrían ser las relaciones entre ellos. Pero si adviertes que de pronto lucen brillantes y piedras preciosas, mujeres de alto vuelo, que compran residencias que habitan y abandonan casi al mismo día, que se hacen dueños de edificios u hospitales, como en Guadalajara, o un hotel, como en Mazatlán, lleno de flores. Yo no sé cómo se arreglan con las autoridades, pero se arreglan. Un día cambian de estilo y se vuelven echadores. Te enteras de reuniones discretas, cerca del misterio, pero no más. Vas sabiendo sin saber que vas sabiendo. Y un día sabes. ¿Cómo es eso? No sé. Pero sé que es así”.

Añade: “La sociedad narca es dura, cruel y en su propio espacio es una sociedad en sí misma. No hay código que valga la pena en la disputa por el poder. Tampoco hay leyes que resuelvan las disputas y no se ve autoridad que pudiera imponerse al caos que va y viene, siempre presente y haciéndose sentir”.

En tanto, Scherer señala: “Escuchando a la señora me he ido haciendo una idea acerca de la sociedad narca: es expansiva y su dinero está por todos lados”.

Visto así, la “sociedad narca” es aquella que está impregnada por el poder de los carteles de la droga, por el dinero de los barones de los estupefacientes, que se hacen presentes en todos los sectores y en todos los niveles de gobierno, sin que nadie los detenga.

La “sociedad narca” está formada por las familias de los capos de la doga, pero también por sus amigos, por los políticos con los que se asocian, por los gobernantes que los protege o que, incluso, se dedican al mismo negocio; por los militares que los solapan detrás de las montañas de dinero que son capaces de amasar en poco tiempo; por los banqueros que cierran los ojos para no ver la entrada de millones de dólares a sus sistemas financieros; por los ediles que compran desde que son candidatos; por algunos periodistas que se emplean como voceros; por algunos empresarios a los que sólo les importan sus negocios, y por los policías y jueces que juegan a la justicia cuando en realidad sirven para legalizar la impunidad.

El narcotráfico se ha hecho cultura en nuestro país. La “sociedad narca” tiene a sus santos --Malverde y la Santa Muerte--, su propia música, sus ídolos y héroes y su moneda establecida por el precio del kilo de estupefaciente. Tiene su territorio y sus propias reglas de autogobierno. Tiene a su ejército –Los Zetas--, y a sus propias autoridades. En fin, en medio del Estado mexicano se ha erigido en un pequeño y poderoso estado que controla muchos de los hilos del poder a nivel nacional.

La falta de entendimiento de los alcances del problema por parte del gobierno de Felipe Calderón es lo que lo ha hecho caer derrotado ante el enorme poder del narco y hacer notar el error cometido de utilizar la fuerza militar cuando la propia Constitución lo impide.

Ya lo hemos dicho: para empezar una verdadera lucha contra este metapoder es necesario tomar acciones que les duela, no deteniendo algunos cabecillas que luego escapan como fue el “Chapo”, sino decomisando el dinero que ganan y que lo meten a lavar en el sistema financiero y bancario.

Al mismo tiempo, actuando contra los policías y sus jefes que se emplean a los diferentes narcos, a los gobernadores y presidentes municipales que se hacen socios, a los policías y jueces cómplices, a los militares que juegan doble juego.

Calderón se engaña a si mismo, no a la sociedad, cuando dice que “ahora si” va con todo para acabar con el crimen organizado –narco, secuestradores, etcétera-- pues al hacerlo a través de los mismos mecanismos policiacos, legales y militares, está repitiendo el mismo error de antes.

Sólo con la caída de un gobernador o presidente municipal, que los hay, involucrados en el crimen organizado, sólo con la detención de algunos militares o banqueros que solapan, o con la caída de un alto funcionario al servicio de los jefes del narcotráfico, es como la sociedad podrá ver que el combate va en serio.

Mientras tanto, si no se actúa de fondo, la “sociedad narca” se seguirá reproduciendo y extendiendo cada vez más y con ella su poder será imbatible para cualquier gobierno. Este es el verdadero interés de la sociedad, no la reforma de Pemex. Así lo veremos con claridad el próximo fin de semana cuando se realicen las dos marchas programadas precisamente bajo estos dos temas.



27 ago 2008

NADIE , NI MEDIOS NI PARTIDOS DE OPOSICIÒN SE ATREVEN A CRITICAR LAS MARCHAS DE PROTESTA CONTRA LA INSEGURIDAD POR QUE RESULTA POLÌTICAMENTE INCORRECTO Y SI NO , PREGUNTENLE AL PEJE , QUE OSÒ HACERLO EN EL 2004 , TODOS LOS MEDIOS SE LE FUERON A LA YUGULAR .

EL DESTINATARIO DE AQUELLA MARCHA ERA AMLO COMO PARTE DE UN COMPLOT PARA DESCALIFICARLO ANTE LA OPINIÒN PUBLICA Y EVITAR SU ARRIVO AL PODER , COMO TODOS SABEMOS , DESPUES VINO EL PLAN B , LOS VIDEOESCANDALOS , DESPUES EL PLAN C , EL DESAFIERO Y NI ASI LOGRARON DISMINUIRLO Y PASARON AL PLAN D , GANARLE POR LA VIA DEL FRAUDE EN LA URNAS , LO CUAL ESTA YA TOTALMENTE DEMOSTRADO EL DÌA DE HOY . (LEAN "2006 HABLAN LAS ACTAS" DE JOSÈ ANTONIO CRESPO) .

AHORA , ESTAS INDIGNADAS ORGANIZACIONES NO SE ATREVEN A CRITICAR AL QUE ENCUMBRARON EN EL PODER Y AL CUAL APUNTAN TODOS LOS REFLECTORES YA QUE SU GOBIERNO NO TIENE RUMBO EN NINGUNO DE LOS RUBROS MAS IMPORTANTES COMO SON LA SEGURIDAD Y LA ECONOMÌA , Y DE AHI LOS PLEITOS ENTRE LOS ORGANIZADORES .

LEAN ESTE ARTÌCULO Y DENSE CUENTA DE LA REALIDAD ACERCA DE ESAS PINCHES MARCHAS QUE NO SIRVEN PARA NADA SOLO PARA QUE EL GOBIERNO LES AUMENTE SUS PARTIDAS PRESUPUESTALES . (POR SI NO LO SABEN TODAS ESAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ( ONG ) , SON FINANCIADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL ) .


Ciudad Perdida
Miguel Ángel Velázquez
ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx
adangel@hotmail.com

■ Enfrentamientos y descalificaciones entre grupos de la derecha y sus cómplices

■ Comicios de 2009, el telón de fondo

Está claro, como platicamos aquí hace algunos días, que la marcha contra la violencia, convocada y auspiciada por los grupos más duros de la derecha en el país hace cuatro años, resultó, al paso del tiempo, un fracaso, otra burla de quienes tienen el poder, y sus cómplices, para con la ciudadanía.

Ahora que esa derecha no encuentra un blanco preciso para lanzar sus ataques –se niegan a señalar a Felipe Calderón, y al neoliberalismo que representa como los verdaderos culpables de la violencia generalizada–, ha entrado en una fase de enfrentamientos y descalificaciones que tiene como telón de fondo la guerra electoral del próximo 2009 entre el PRI (México Unido Contra la Delincuencia), y el PAN yunquista (Iluminemos México).

A eso se debe, entre otras cosas, que de pronto México Unido Contra la Delincuencia esté fuera de los organismos convocantes a la marcha del próximo sábado, y a que Iluminemos México no apareciera como figura de la reunión inútil que se efectuó en Palacio Nacional.

Cuentan los yunquistas de la marcha, que desde la presidencia de ese organismo se buscó, por todos los medios, hacer contacto con la señora Morera, que es la que jala las rienda en México Unido Contra la Delincuencia, y la misma señora se dedicó a dar largas a los iluminados, pretextando, por ejemplo, problemas de agenda.

El asunto empezó a oler mal cuando desde México Unido Contra la Delincuencia se empezó a decir que ellos, los de la Morera, no marcharía junto con lo más reaccionario de la sociedad mexicana, aunque en el discurso oficial se dijera que los unidos sí apoyarían a los iluminados.

El tono de la crítica aumentó cuando, desde la presidencia del PAN, el inefable Germán Martínez planteó su apoyo a los marchistas, cosa que sirvió, también, para que los unidos dijeran, por debajo de la mesa, que la marcha se había politizado y que ya no servía para los fines para los que había sido convocada.

Total que sin aceptarlo públicamente, los de la Morera salieron del escenario sin que esto causara ningún escándalo mediático. No se dijo que habían roto, ni que tuvieran conflictos internos, todo lo contrario: mientras México Unido Contra la Delincuencia pedía espacio en los diarios para anunciarse, Iluminemos México controlaba algunos programas de radio para convocar a su marcha.

Sea como sea, unos y otros ya no han hallado en el país, o cuando menos en la ciudad de México, aquel llano de yerba seca donde sus ideas prendían y que existió hace cuatro años. Ahora, mal que bien se sabe quiénes son los verdaderos culpables de la delincuencia, qué la provoca, y cuáles pueden ser los remedios, así que la tal marcha servirá, si es que llega a servir, para que los organismos se llenen de reflectores, y reciban más y mejores apoyos de quienes supongan que alguna de esas organizaciones podrá hacer algo en contra de la violencia estructural que pega por todos los lados.

De pasadita

Y ya que andamos en eso de las marchas, les podemos adelantar que las comisiones unidas de seguridad pública, de transporte y vialidad, y participación ciudadana dictaminarán improcedente el proyecto de decreto por el que el Partido Acción Nacional y sus compiches trataron de declarar ilegales las marchas en la ciudad de México, y con la que sucederá el sábado, ni cara les quedará a los azules para hacer reclamos, aunque, como todos saben, esos azules son los amos del cinismo, y harán todo lo que puedan por arrebatarle la calle a la gente.

ES CIERTO , EL 31 DE JULIO EL PERIÒDICO MILENIO PUBLICÒ QUE NELSON VARGAS FUE A VISITAR A CALDERÒN PARA PEDIRLE AYUDA PARA RESCATAR A SU HIJA SECUESTRADA ; EL PRESIDENTE DE FACTO NO SOLO NO LE DIÒ AYUDA , SI NO QUE LE RECRIMINÒ EL HECHO DE HABER APOYADO A ANA GABRIELA GUEVARA CUANDO ESTA DENUNCIÒ LA CORRUPCION EN LA CONADE Y PIDIÒ LAS CABEZAS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCIÒN , LO CUAL TERMINÒ CON LA RENUNCIA DE LA ATLETA .

NINGÙN OTRO MEDIÒ LE HA DADO SEGUIMINETO A ESTA NOTA Y NO HA HABIDO UN SOLO COMENTARIO AL RESPECTO ; POR SU PARTE MILENIO NO HA RATIFICADO SU DENUNCIA PERO TAMPOCO LA HA DESMENTIDO .

AQUI LA NOTA DEL MILENIO DE AQUEL 31 DE JULIO :



Silencio de medios por trato de Calderón a Nelson Vargas
Caso “Silvia Vargas”


Todos callados, nadie habla ni publica nada relacionado con el encuentro entre Felipe Calderón y Nelson Vargas, quien acudió a éste para buscar apoyo y recuperar a su hija secuestrada el 10 de septiembre de 2007. Tampoco quienes lo habían dado a conocer inicialmente en el periódico Milenio publicaron sobre la reunión que había citado un mes antes su columnista Fabiola Zamorán. Los diarios capitalinos lucieron sus primeras planas de manera muy semejante, El Centro: Infamia en tres actos; en La Jornada, con la foto principal sobre el tema y a la derecha la frase "Devuélvanme a mi hija y tendrán su recompensa"; en El Universal: "Ofrecen dos millones de dólares por Silvia"; en el Reforma: "En nombre de Dios devuelvan a mi hija", en Milenio: "Plagiada el día del pacto de seguridad" y aquí en el Sendero del Peje: "Calderón sabía del caso Silvia Vargas".

El día de ayer, el gobierno federal dejó pasar las horas sin pronunciarse al respecto; primero surgió la nota sobre la rueda de prensa encabezada por la señora Silvia Escalera, madre de la joven plagiada, los medios presentes y de fondo una campaña ciudadana, sin el más mínimo asomo gubernamental. Pero los medios no se percataron de esto, del fracaso federal en la seguridad y el combate al secuestro, no lo vieron, estaba en tamaño espectacular y ni así.

Felipe Calderón tampoco se ha pronunciado al respecto, quizá porque está más preocupado por el desempeño deportivo de México durante las olimpiadas, que por el consabido deporte nacional del secuestro. A Calderón le interesa un país "activo", como en aquella visita de carácter ciudadano que Nelson Vargas le hizo para solicitarle apoyo en la búsqueda de su hija y el panista sólo aprovechó la ocasión para hacerle un recuento del deplorable estado en el que dejó al deporte y el que se haya ido a colaborar con Ana Guevara. Se ha roto el récord de plagios en territorio nacional, pero tal parece que son más importantes las medallas, tres solamente, mientras los estados de la República sí que se están compitiendo en secuestros en 2008: 60 en el Estado de México, 20 en Guerrero, 17 en Morelos, 12 en Veracruz e Hidalgo respectivamente, según cifras oficiales, citadas por el diario La Jornada en su publicación del 7 de agosto de este año; si a esto se le suman otras maneras de llamarle al secuestro, como en su folclórico término de "levantón", o "desaparecidos políticos", los números se elevan. Pero los medios de comunicación descontextualizan, quitan el fondo, cierran la cortina y únicamente presentan la información, ni siquiera del día, del instante, sin tratar de entenderla, mucho menos mostrarla.

Si el periódico Milenio se equivocó al dar a conocer la reunión Nelson Vargas-Felipe Calderón, ¿por qué no lo desmienten?; si es verdad, ¿por qué no lo confirman?
Esto al parecer no saldrá del vínculo entre el poder y los medios.

26 ago 2008


Deporte y crimen: La indolencia
Álvaro delgado


MEXICO, D.F., 25 de agosto (apro).- Pasadas las cinco de la tarde del lunes 14 de julio, a menos de un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de China, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) del gobierno de Felipe Calderón, Carlos Hermosillo, salía de las oficinas del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez.

Extrañado por su presencia en la sede nacional del PAN, no tanto por su militancia, sino por ser horas laborables, lo saludé y le pregunté la razón de su visita. “Vine a ver a Germán para presentarle gente del deporte que quiere trabajar con el partido”, me respondió señalando con la mirada a un puñado de personas que lo acompañaba.

--Pero usted es servidor público --le recordé.

--¿Y eso qué? --respondió, extrañado.

--Que es lunes, día laboral, y es hora hábil.

Torció la boca y a la mueca siguió una expresión de fastidio: “¡Hombre, yo trabajo todo el día!”

--¿Acarreando gente para el PAN?

Ya no dijo más este militante “adherente” del PAN en Tlalpan y se fue, rodeado de su clientela, justo cuando Martínez pasaba por el vestíbulo hacia la sala de prensa para negar --con el mismo desparpajo que Hermosillo-- lo que todo mundo sabe: que Santiago Creel fue removido como coordinador de ese partido en el Senado por decisión de las televisoras.

De esta manera, si un funcionario como Hermosillo antepone el trabajo partidista al ejercicio honesto y eficaz de su responsabilidad para preparar deportistas --tolerado por quien fue secretario de la Función Pública y que sólo usó el cargo como hotel de paso hacia el PAN--, no es casualidad el nuevo fracaso de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Beijing.

Tampoco es casualidad el obvio fracaso de Calderón en todos los órdenes de la vida pública, obsesionado en ejercer el escaso poder que tiene en la lógica de pandilla y de facción, que lo único que ha generado es profundizar el deterioro social, combinado ahora --como revelan los anónimos spots radiofónicos-- con la ira de las élites que le echan en cara ya no sentirse seguros ni detrás de sus murallas y ejércitos privados.

Ya cobra fuerza la palabrería oficial y oficiosa --que abunda en los medios, cómplices de la mediocridad y la indolencia-- de una “reestructuración” del deporte y la aplicación de sanciones ejemplares, pero el desenlace es previsible: Las tres únicas medallas obtenidas sobre todo por la gallardía de los deportistas --sin soslayar el acompañamiento de entrenadores y directivos-- salvarán a burócratas como Hermosillo y Jorge Camacho, patiño de los payasos de Televisa.

Parte de esta estrategia de encubrimiento es también, aunque parezca ridículo, la propaganda en medios sobre el éxito que representó obtener las dos medallas de oro de María del Rosario Hernández y Guillermo Pérez, así como la de bronce de Paola Espinosa y Tatiana Ortiz. ¡No se habían logrado tales resultados hace cuatro décadas, en México 1968!

Se perfila, pues, la impunidad de quienes usufructúan el presupuesto público en el deporte, igual que ocurre en todos los ámbitos del gobierno que encabeza Calderón, quien se parece cada vez más a Vicente Fox: Además de inepto, si no estalla en ira --su mal humor es cada vez más ostensible--, exhibe desgano, como en el montaje del jueves en el Palacio Nacional, donde la clase política levantó un monumento a su propio fracaso.

Nada más falta que Calderón convoque a otra “cumbre” ahora que se hizo pública otra desgracia como la de Alejandro Martí –el empresario que perdió a su hijo y que retó a la burocracia a renunciar-- y de la que también se tenía conocimiento en los altos ámbitos del gobierno desde que aconteció hace 11 meses: El secuestro de la joven Silvia Vargas Escalera, hija justamente del antecesor de Hermosillo en la Conade, Nelson Vargas.

Pero esta pena de los padres de los dos jóvenes la padecen muchas decenas, cientos de familias en todo el territorio nacional, lastimadas por la delincuencia que hasta el propio gobierno de Calderón reconoció a la alza en la parafernalia del Consejo de Seguridad Pública, que nació muerto por la calidad de sus firmantes, sobre todo de quienes son emblema de crimen, como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps.

Aun queriendo ser optimista, no se aprecia en qué opera con éxito Calderón y su grupo: La inflación se dispara, mientras que se sigue contrayendo la actividad productiva --el año pasado el gobierno estimaba un crecimiento de 3.7%; en enero redujo sus estimaciones a 2.8% y ahora si acaso será de 2%--, cae la inversión nacional y extranjera y el desempleo se desploma.

Dentro de todo este oscuro panorama, Calderón y su amigo el gobernado priista Enrique Peña Nieto pueden festejar que el que la hace la paga: Justo el jueves, el día del acto de contrición por la criminalidad en el país, un ejemplar juez emitió una nueva sentencia contra Ignacio del Valle por desafiar el poder.

Con los 45 años de prisión que le recetó el juez, por secuestro equiparado, Del Valle deberá purgar nada menos que 112 años de cárcel.

¡De ese tamaño es la infamia de la derecha panista y priista!



Apuntes

Por cortesía de Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, Calderón dará el Grito de Independencia en el Palacio Nacional y ante un Zócalo que estará completamente controlado por el Ejército y sin estorbos ruidosos, como el año pasado. Ebrard debe informar públicamente a cambio de qué cedió el Zócalo y aceptó hacer una fiestita en el Angel de la Independencia, el emblema del PAN que ahora tiene planeado no soltar la Plaza de la Constitución que le ha sido entregada... Eso sí, Ebrard mostró mucha valentía ante los miles de jóvenes que, el sábado, se congregaron en el Zócalo para asistir a un festival y a un concierto: Mandó poblar el Zócalo con ¡4 mil 300 policías! Con razón Javier Hidalgo, el adultísimo director del Instituto de la Juventud, fue abucheado… Julio Scherer García pone en circulación su más reciente libro: De La Reina del Pacífico: es la hora de contar, un adelanto del cual se publica en esta edición de Proceso y en el que se disfruta su prosa precisa y vigorosa… Envalentonada porque ha logrado infiltrar a todos los ámbitos del poder público, en su plan de largo plazo de revertir el Estado laico, la jerarquía de la Iglesia católica se solaza también con la complicidad del gobierno de Calderón y difunde en televisión, en el mejor horario, un promocional para respaldar al ministro --que parece de culto-- Sergio Aguirre Anguiano en su proyecto para echar abajo la reforma que en el Distrito Federal no penaliza el aborto hasta las 12 semanas de embarazo… El secretario de Salud, José Angel Córdova, le hace segunda. Nada debe extrañar: Como aquí se escribió, la derecha en el gobierno litiga a favor de la iglesia, al promover la PGR, por decisión de Calderón, la acción de inconstitucionalidad… Menos mal: Los dirigentitos del PRD hicieron una marchita para entregar un proyecto de reforma de Pemex alternativa a la oficial que, de haberla hecho ellos, podría decirse que es una reformita…

delgado@proceso.com.mx





México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx

■ Una propuesta para frenar la fiesta privatizadora de Pemex

Ya son tres las iniciativas en materia petrolera presentadas a consideración del Legislativo: la primera, del inquilino de Los Pinos, que pretende seguir la fiesta privatizadora y de inmediato meter el acelerador a fondo; la segunda, de la empresa Beltrones y asociados, que busca lo mismo, pero un poco más light a corto plazo, para más adelante abrir la puerta de par en par; la tercera, del Frente Amplio Progresista, que procura detener lo anterior y fortalecer a Pemex con una visión nacionalista y recursos propios.

En vía de mientras, entre los cambios y alcances propuestos por el FAP destacan los siguientes: otorgar autonomía presupuestal a Petróleos Mexicanos y establecer un nuevo régimen fiscal que lo libere del rapaz control que sobre la renta y los ingresos petroleros ejerce la Secretaría de Hacienda.

Que el gobierno federal absorba gradualmente la deuda de los Pidiregas para permitir a Pemex obtener recursos en mejores condiciones para financiar sus inversiones y saldar la deuda asumida. En lo inmediato debe eliminarse la absurda exigencia de mantener un amplio superávit que ha congelado cuantiosos recursos en los últimos años.

Restablecer a Pemex como una industria plenamente integrada (fuera subsidiarias) para aprovechar las economías a escala, el poder de negociación, la eficiencia en la operación, el control, la seguridad industrial y evitar la multiplicación de funciones

En esta perspectiva debe reconocerse a todas las actividades de la industria petrolera como estratégicas y, por lo tanto, la exclusividad de Pemex en la propiedad, control y operación de las mismas; las industrias de refinación y petroquímica nacionales para satisfacer la demanda interna.

La disponibilidad de recursos para Pemex permitirá invertir en proyectos urgentes, sobre todo mantener la producción de crudo en campos existentes y recuperar reservas. Este esfuerzo es factible dirigirlo principalmente a las aguas someras y tierra, donde existen 45 mil millones de barriles de reservas probadas, probables y posibles.

Diseñar un nuevo sistema de precios de transferencia en el sector energético, que permita maximizar los resultados de una industria petrolera integrada y favorezca la generación eficiente de energía eléctrica.

Aumentar el desarrollo de capacidades nacionales en el área energética, a través del apoyo a la investigación y desarrollo y la formación de técnicos y científicos que impulsen la investigación en el área, tanto para desarrollar aportaciones originales, como para adaptaciones tecnológicas y negociaciones sobre la transferencia o adquisición de tecnología existentes.

Acciones sustantivas de Pemex basadas en el desarrollo de la ingeniería nacional; eliminar la contratación sistemática con empresas extranjeras e incentivar el desarrollo de empresas de mayoría de capital nacional, así como revitalizar las firmas nacionales de ingeniería, las empresas y cooperativas de trabajadores, así como consultores y proveedores nacionales.

Y en sus considerandos plantea: “sin duda hay consenso de que urge una radical transformación de Pemex; sin embargo, las visiones son distintas. Se requiere, sí, un Pemex fuerte pero pleno de sus facultades constitucionales, sin ceder a la iniciativa privada sus áreas de exclusividad; autónomo en el manejo de sus recursos y sus acciones; con un régimen fiscal no confiscatorio, equitativo y justo para el buen desempeño de sus funciones, pero con los controles ciudadanos que garanticen transparencia y honestidad; eficiente, pero a partir de las capacidades y talentos nacionales; ágil, pero sin relajar las normas al límite de la discrecionalidad de sus funcionarios. Un Pemex de todos los mexicanos, sin injerencias de los extranjeros ni manipulaciones de nacionales; dirigido por funcionarios capaces y honorables, libres de conflictos de interés y ajenos a intereses en conflicto.

“Un Pemex con ductos y refinerías (propone, de entrada, la construcción de cuando menos tres) propiedad, todo, de la nación; sin contratos de riesgo ni de servicios múltiples, ni abiertos ni disfrazados; con una estructura integrada, con capacidades de gestión y con recursos suficientes para su actualización permanente y su crecimiento, con mecanismos de supervisión y control internos y externos adecuados, y con un sindicato democrático, digno de la calidad de los trabajadores petroleros, que atienda las funciones esenciales de la organización sindical que hoy, más que velar por los legítimos derechos de los trabajadores, por conveniencia de y por conveniencia de la administración federal en turno cuida sus parcelas de poder político y económico, lo que estimula la corrupción y la ineficiencia.

“En suma, un Pemex nuestro, no por un nacionalismo trasnochado ni por chovinismo, sino por la conciencia de la importancia del petróleo en el contexto geopolítico mundial, por nuestra vecindad geográfica, por el tránsito ampliamente documentado de nuestra historia, por la trascendencia de nuestra seguridad energética como elemento sustantivo de seguridad nacional y, por ende, de nuestra soberanía.

“Pemex no sólo puede cumplir cabal y ampliamente con esta tarea fundamental, como se ha demostrado en múltiples ocasiones, sino que debe hacerlo por el mandato irrenunciable que deriva de la Constitución.

“La seguridad energética del país requiere una política de Estado definida en función de los intereses nacionales, que considere la transición energética y al petróleo como un recurso no renovable de amplio uso económico. Por ello, en las condiciones del país, una política energética de Estado es inseparable de la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo económico, energético y ecológico. Una propuesta que sólo busca reformar Pemex es notoriamente insuficiente e inadecuada. Más aún cuando persigue instaurar las condiciones para que capitales privados constituyan corporaciones que se beneficien del crudo y de las labores de exploración y extracción de hidrocarburos, en especial en algunas zonas del país y sobre todo del Golfo de México… La soberanía energética es un asunto estratégico de seguridad nacional”.

Las rebanadas del pastel

Los gallos, pues, ya están en el palenque, aunque todo indica que la pelea está arreglada.




QUE NADIE LO OLVIDE , ESTAS INICIATIVAS SON LAS QUE ELABORARON LOS EXPERTOS , TECNICOS E INTELECTUALES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A PETICIÒN DE AMLO Y POR LO TANTO SON LAS UNICAS QUE ÈL AVALA , QUE NADIE SE CUELGUE DE LOS LOGROS QUE HA OBTENIDO EL PEJE , DESDE EVITAR LA APROBACIÒN VIA FAST TRACK EN ABRIL , PASANDO POR EL DEBATE Y AHORA CON LA PRESENTACIÒN DE ESTAS INICIATIVAS NACIONALISTAS , Y ESTO VA PARA TODOS LOS BUITRES DE NUEVA IZQUIERDA (LOS CHUCHOS) , QUE PRIMERO SE EMPEÑARON EN QUE SE APROBARA LA REFORMA DE CALDERÒN , YA SEA POR TEMOR A LA CRÌTICA O VAYAN USTEDES A SABER A CAMBIO DE QUE "FAVORES" Y AHORA QUE VEN LOS LOGROS O QUE SE DAN CUENTA DE QUE YA NO HAY DE OTRA , SE QUIEREN COLGAR LAS MEDALLAS .

Es el único consensuado con ciudadanos, expertos e intelectuales, afirman dirigentes

Presenta el FAP al Senado su proyecto de reforma energética; contiene 7 iniciativas

Víctor Ballinas y Andrea Becerril


Los coordinadores de los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara de Diputados y en el Senado entregaron ayer en Xicoténcatl su propuesta de reforma energética, y resaltaron –en voz del perredista Carlos Navarrete, el petista Alberto Anaya y Luis Maldonado, de Convergencia– que es el único proyecto que tiene el respaldo y el consenso de ciudadanos, expertos, académicos e intelectuales mexicanos.

Dirigentes perredistas llegaron al mediodía a la sede senatorial luego de marchar desde el monumento a la Revolución, acompañados de miles de simpatizantes, la mayoría integrantes de la corriente Nueva Izquierda, que dirige Jesús Ortega.

En la marcha participaron dirigentes de ese grupo, como Jesús Zambrano, Martha Delia Gastelum, Víctor Hugo Círigo, presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y Navarrete. Asistieron también el coordinador de los diputados federales, Javier González Garza y los senadores Yeikol Polensvky y José Guadarrama, entre otros legisladores.

Minutos antes de iniciar la movilización, dirigentes de Nueva Izquierda y legisladores perredistas hicieron una guardia en el monumento a la Revolución –cerca del cual fueron estacionados más de cien autobuses usados para trasladar a participantes en la manifestación–, donde está el mausoleo del general Lázaro Cárdenas, para “honrar la memoria de quien expropió el petróleo”.

Luego avanzaron por La Fragua, Reforma y Juárez, hasta llegar a Eje Central y Donceles, donde los esperaban decenas de simpatizantes, dirigentes y legisladores del Partido del Trabajo (PT) y de Convergencia.

Ya en el Senado, Carlos Navarrete entregó en el salón Luis Donaldo Colosio el paquete de siete iniciativas al secretario técnico de la mesa directiva del Senado, Víctor Orduña Muñoz, y al secretario general de servicios parlamentarios, Arturo Garita Alonso, y pidió que sean turnadas para su estudio y análisis en la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente.

Durante la entrega de las iniciativas en el recinto senatorial, Navarrete agradeció las aportaciones de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, así como de los expertos, académicos, intelectuales.

A su vez, el presidente interino del sol azteca, Guadalupe Acosta Naranjo, rechazó en conferencia de prensa la posibilidad de que los perredistas repitan acciones de resistencia civil. “Es hora de legislar y trabajar para ganar el debate; no estamos preparando la toma de tribunas.”

Al concluir la entrega de las iniciativas, dirigentes y coordinadores del FAP encabezaron una conferencia de prensa, en la que Alberto Anaya dijo que el proyecto “fue producto del foro organizado por el Senado”. Reiteró que “el Estado debe continuar como propietario exclusivo de Petróleos Mexicanos (Pemex). De ninguna manera se debe privatizar”.

A su vez, Luis Maldonado expresó: “estamos culminando una etapa que se inició por la lucha para abrir los espacios de debate y discusión en este Senado”.

Resaltó: “la única de las iniciativas que se encuentra en el Congreso y tiene el respaldo y el consenso de intelectuales, académicos y expertos es precisamente la del FAP”.

En entrevista, Acosta afirmó: “llegó la hora del dictamen del Congreso; no habrá ley Beltrones ni ley Calderón, sino la ley del Congreso”, y resaltó que la propuesta del FAP “no está en contra de que la iniciativa privada participe” donde ya lo hace; “no queremos salga de las áreas de Pemex
Pedro Miguel
navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com

Por la derecha


A su llegada al gobierno, Felipe Calderón desencadenó una crisis sin precedente en la seguridad pública. Durante más de un año, los mandos gubernamentales sostuvieron la explicación inverosímil de que el estallido de violencia delictiva indicaba que la estrategia oficial iba por buen camino. Ahora ya ni los funcionarios más desvergonzados se atreven a sostener semejante embuste, y el gobierno en su conjunto exhibe sin reservas su susto ante la opinión pública.

Los resultados de las acciones policiales y militares “contra la delincuencia” ordenadas desde Los Pinos han sido tan manifiestamente contraproducentes que resulta difícil creer, a estas alturas, que el colapso de la seguridad pública haya sido mera consecuencia de la impericia descomunal exhibida por Calderón y su equipo en otros aspectos del quehacer administrativo. Más cabe suponer que la agitación del avispero de la criminalidad obedece a un cálculo planeado para infundir en la población un terror tal que propicie el surgimiento de exigencias sociales masivas de orden y mano dura, y que permita justificar excesos autoritarios en nombre de la defensa de la vida, la integridad física y la propiedad de los ciudadanos.

No es nada nuevo: con esta táctica se desplazan de la atención pública los naufragios gubernamentales en materia de empleo, manejo económico, educación y salud; se envía a un segundo plano la resistencia nacional generada por los empeños calderonistas de privatizar la industria petrolera; se recompone la maltrecha alianza que articula al grupo en el poder al ofrecerle un objetivo compartido, y se crea, por medio del amedrentamiento, una base social visible a su ideología autoritaria. Esa ideología pretende ignorar que la criminalidad es producida por las propias estructuras sociales –y que combatirla requiere, por tanto, de transformaciones sociales de gran calado– y se plantea acabar con la delincuencia mediante el recurso simple de exterminar a sus protagonistas. A tono con la visión calderónica –alimentada por las tendencias totalitarias de seguridad impuestas por la Casa Blanca en buena parte del mundo–, ello requiere de ajustes legales y conceptuales para remplazar la presunción de inocencia por la de culpabilidad, reducir las garantías individuales y las libertades civiles, categorizar a quienes infringen la ley como una nueva clase de “enemigo” carente de derechos básicos, excluido del principio de rehabilitación que rige (en teoría) el sistema penitenciario y merecedor de la aniquilación física, lo que constituye, en los hechos, una legitimación de la pena de muerte aplicada en flagrancia. En esa lógica demencial, por cierto, la sustitución de la policía por el Ejército cobra pleno sentido: el deber gubernamental ya no consiste en capturar a los presuntos criminales, fincarles cargos y presentarlos ante un juez competente, sino reventarlos en combate.

El recurso de una violencia sin precedentes por parte del Estado, y la renuncia a métodos más refinados para garantizar la seguridad ciudadana –creación de empleos, programas educativos de salud y de integración social, elevación de las condiciones de vida de la población en general– apuntaría, entonces, a generar respuestas igualmente cruentas de las organizaciones delictivas a fin de generar sus propias justificaciones y, lo más importante, una exigencia de protección, multitudinaria y desesperada, por parte de la sociedad: el respaldo masivo del que carece este régimen, por más que se presente como apolítico, plural, sin afiliación partidista, unitario, “por México”.

La angustia social por la inseguridad que el propio gobierno ha desatado alimenta, a su vez, membretes “ciudadanos” que se apuntan a encabezar, con el respaldo aplastante de los medios informativos, particularmente los electrónicos, manifestaciones multitudinarias basadas en una exasperación entendible y atendible, pero manipulada e incapaz de percibir la organicidad de una delincuencia que no sólo secuestra, asesina, asalta y trafica drogas, sino que es también corporativa, financiera, hacendaria, legislativa, electoral, aduanal, judicial, sindical y policial, que administra con éxito la impunidad de sus integrantes y que ahora aspira nada menos que a presentar su propio movimiento de masas, con exigencias de mano dura, tolerancia cero, endurecimiento de penas y demás fórmulas verbales acuñadas para legitimar la barbarie de Estado. “Que nos rebasan por la derecha”, podrá clamar entonces el calderonato.

25 ago 2008


México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx

■PRI: cinismo de colección

■ En 25 minutos cambia sus “principios” y avala inversión privada en Pemex


El cinismo de la cúpula priísta es de colección. Si la “propuesta energética” que armó la mafia que dirige ese partido no coincide, o de plano abiertamente viola la “declaración de principios” del tricolor, la solución es facilísima: ésta se modifica, y si es en 25 minutos, ¡qué mejor! Total, para ellos, los “principios” son como los calzoncillos: se suben o bajan a conveniencia.

En mayo pasado, al arrancar el foro senatorial para debatir la reforma energética (la de Pemex, en realidad), la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, suscribió “la imposibilidad” de que su partido se pronunciara en favor de “la participación –abierta o encubierta– de capital privado en sectores básicos” (léase estratégicos) constitucionalmente reservados al Estado, como el petrolero. Y la tlaxcalteca subrayó no sólo la vigencia sino la claridad de la declaración de principios del tricolor en esta materia. “El PRI –dijo– tiene una posición histórica respecto de la cuestión energética. Somos la corriente política que acompañó al general Lázaro Cárdenas en la nacionalización como partido de la Revolución Mexicana… Durante muchos años, gobiernos priístas resistieron embates que pretendían la privatización de Pemex con diversas argumentaciones. El deseo de que los recursos del subsuelo pudiera privatizarse, es una constante que viene de varios lustros atrás y ha sido el priísmo, sin manipulaciones ni estridencias, sin usos electoreros ni oportunismos el que evitó el que esas intenciones prosperaran, por convicción, por la visión que tenemos sobre el estado mexicano y por racionalidad económica. Lo recalco: ni reforma al artículo 27, ni privatización abierta o disimulada de la industria petrolera nacional, el petróleo le pertenece y le seguirá perteneciendo a la nación y al pueblo de México.”.

Esa puntualización parecía tirar al cesto de la basura los pronunciamientos que semanas atrás formularon los coordinacapos tricolores en San Lázaro y Xicoténcatl, Emilio Gambo y Manlio Fabio Beltrones, en el sentido que su empresa… perdón su partido iría “por una reforma que permita la asociación de capitales privados con Pemex” y así concretar “la participación privada en exploración y explotación de petróleo en aguas profundas, como en generación de energía eléctrica, aunque no se trata de modificar el texto constitucional ni será una privatización plena” ni una “privatización a ultranza”. Pero sólo parecía.

Ante la imposibilidad de compatibilizar principios con deseos, pronunciamientos públicos con negociaciones privadas, la cúpula priísta actuó en consecuencia y recurrió a su fórmula mágica: los primeros no coinciden con los segundos, ni éstas con aquellos, se modifica la declaración de “principios”, y listo, que continúen los discursos, porque en 25 minutos tiraron a la basura el “principio” de impedir el acceso del capital privado a la industria petrolera nacional, lo que viola la Constitución (problema de la señora), pero ya no los “principios” del partido.

Lo mejor del caso es que el tricolor no sólo modificó sus “principios” (léase se acomodó los calzoncillos), sino que ahora es “ideológicamente distinto”, o si se prefiere tiene nuevo “rumbo” político, en una suerte de ruptura epistemológica al más puro estilo tricolor (en sociedades menos avanzadas, a esto simple y sencillamente le llaman oportunismo). Así, después de 25 minutos de “intenso debate”, dejó de llamarse PRI y ahora será reconocido mundialmente como el Partido Revolucionario Socialdemócrata Institucional, algo así como PRSI (¿Paresodin?). Se oye bonito.

Si de bonitos se trata, los coordinacapos del nuevo, ideológicamente hablando, PRSI se salieron con la suya. Desde los primeros escarceos sobre la reforma energética (que en los hechos sólo es para Pemex) quedó clara la contradicción entre la declaración de (ex) “principios” del (ex) PRI en este renglón y el pronunciamiento público de Gamboa y Beltrones. Por aquellos tiempos, en este espacio, se comentó que si esta atractiva pareja reitera su acuerdo con los panistas para echar toda la carne al asador en pos de la privatización del petróleo mexicano, habría que preguntarles cómo resolverán un episodio que para ellos probablemente sea de menor importancia, pero que para su partido debe ser de la mayor trascendencia, toda vez que la (ex) “declaración de principios” del tricolor dejaba en claro que en materia energética “defiende el principio constitucional de propiedad de la nación y se pronuncia en contra de todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos” y se compromete a “mantener la rectoría del Estado mexicano, respetando la letra y el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la soberanía en materia energética y garantizar que el patrimonio de nuestros recursos energéticos sea en beneficio de todos los mexicanos”.

Ante ese panorama, comentábamos entonces, a Gamboa y a Beltrones no les quedará más que renunciar al PRI y quitarse la máscara para militar abiertamente en el PAN; o el tricolor tendría que modificar su “declaración de principios” y su “programa de acción”, o en su defecto incorporarse como un sector más de Acción Nacional. No contestaron entonces; lo hacen ahora.


Astillero
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

■ El vaporoso PRI

■ Opositor y de izquierda (nomás tantito)

■ Y, sin embargo, la resistencia se mueve


Dado que el PRI considera muy viable su retorno a Los Pinos en 2012, en su reciente asamblea nacional tuvo a bien hacer acomodos al vapor para tratar de colocarse como taimado opositor central del calderonismo (una oposición ventajosa, que negocia en temas como la privatizadora reforma petrolera, a cuyo tenor allanó sus propios documentos básicos, pero disiente retóricamente en otros temas) y como supuesta opción razonable de izquierda, con un giro teórico hacia la socialdemocracia que en términos prácticos le ayuda a desembarazarse de la fraseología de la Revolución Mexicana (ya electoralmente ineficaz) y a lanzar anzuelos a los ciudadanos hartos del fracaso de la derecha con botas o sin ellas y desconfiados de la viabilidad electoral futura de un perredismo enfrascado en crudos pleitos internos.

Con dos precandidatos presidenciales en punta (el gobernador del estado de México, inflado con el presupuesto público que derrocha en la promoción de su imagen, y el sonorense coordinador de los senadores priístas, que ha aprovechado la inexperiencia del equipo felipense para fortalecerse y, ahora, comenzar a distanciarse), la presidenta del partido de tres colores, Beatriz Paredes, manejó los hilos de la citada asamblea con precisión notable, abriéndose camino hacia San Lázaro, donde buscará ser la sucesora de Emilio Gamboa en la coordinación de la bancada priísta, y, a la vez, abriendo camino a los buscadores de la candidatura presidencial de 2012 para que desde 2009 peleen por el control de la estructura formal del PRI que dejará libre la tlaxcalteca de los huipiles.

La pretensión priísta de vestirse de izquierda, mediante la marca socialdemócrata, tiene la mirada puesta en la crisis del perredismo y las eventuales dificultades que tenga el lopezobradorismo para discurrir electoralmente por los cauces de los partidos del Trabajo y Convergencia en caso de que acaben totalmente cerrados los del sol azteca, tomados por un chuchismo cada vez más decidido a empujar al tabasqueño hacia la salida. El PRI de nuevo envase sería, según esos cálculos, el recolector en 2012 de la insatisfacción social generada por la exclusión en 2006 del movimiento social encabezado por López Obrador y, debidamente maquillado por los especialistas en simulación de la empresa Nueva Izquierda SA de CV, el candidato presidencial priísta que fuera (Peña Nieto o Beltrones, que con ambos tiene contratos de prestación de servicios esa firma habilitadora de imágenes, Ni Izquierda) se presentaría ante los electores como una vengadora revancha presuntamente zurda ante los excesos y errores de la derecha calderónica (en caso de que el fiestón de Los Pinos dure los seis años).

Pendiente de resolver el litigio interno (ampliamente ganado, hasta ahora, por el chuchismo, que a sus posiciones importantes en el Poder Legislativo ha sumado la conversión de la presidencia sustituta del comité nacional perredista en un instrumento de porrismo y confusión), el movimiento social más cargado genuinamente a la izquierda, el que dirige López Obrador, tiene enfrente una tarea para la que se ha preparado largamente, pero a la que le han creado un ambiente social adverso, a partir de la manipulación informativa, sobre todo en las grandes cadenas nacionales de televisión, y con el inflamiento del caso Martí, convertido intencionalmente en “la causa” nacional del momento, frente a la cual ninguna otra presión o movilización debería tener cabida.

La confección de un “movimiento ciudadano” que se estaría “empoderando” a partir de la “conmoción social” causada por uno de los muchísimos actos criminales reprobables que suceden diariamente en el país ha sido una de las formas en que desde el poder federal se pretende deslegitimar la lucha activa contra la privatización petrolera (otra forma de secuestro en sí pero, además, una futura causa estructural del incremento de la delincuencia). Luego, el mal circo armado la semana anterior en Palacio Nacional con un supuesto acuerdo contra la inseguridad pública hace que la atención mediática esté concentrada en los detalles de esa gran maniobra de distracción.

Los tiempos definitorios están, sin embargo, encima. Ayer se realizó la última de las consultas sobre el petróleo, en algunas de las entidades donde suele haber menos apoyo a las propuestas de izquierda. Hoy, con Jesús Ortega al frente, y la ausencia física, pero no política, de Cuauhtémoc Cárdenas, el perredismo colaborador presentará su propuesta de reforma en el Senado, luego de una marcha que saldrá del Monumento a la Revolución. Por su parte, el Frente Amplio Progresista ha recibido el texto final que será llevado al Congreso y defendido como la propuesta de la “izquierda” mexicana ante el problema petrolero, en un lance que compromete a esa corriente a aceptar el desenlace del proceso legislativo, pues para ello suma sus iniciativas a las de Calderón y el PRI. La decisión de llevar el mencionado texto al ámbito legislativo y convalidar con ello el procesamiento que institucionalmente se le dé generó tensas discusiones porque López Obrador estuvo en desacuerdo con esa vía, que desembocará en la aprobación por mayoría pripánica de reformas que satisfarán los apetitos privatizadores. Ayer mismo, el siempre bien dispuesto senador Graco Ramírez dio a conocer su estimación de que a mediados de septiembre estará listo el dictamen de reforma petrolera, luego de haber encontrado, en las diversas propuestas, las diferencias y, obviamente… las coincidencias.

Y, sin embargo, se mueve la resistencia civil pacífica.

Pero, mientras continúan las empeñosas gestiones ante el gobierno venezolano de parte del director de relaciones públicas de Cementos Mexicanos, el abogado Felipe Calderón Hinojosa (que no termina de pagar deudas por anteriores financiamientos electorales), ¡hasta mañana, en esta columna cuyo autor no tiene nada que ver con tormentas tropicales!

Delincuentes encumbrados
jorge carrasco araizaga


MÉXICO, D.F., 22 de agosto (apro).- La llamada cumbre de seguridad y justicia llamó la atención no por la falta de verdaderas propuestas de políticas públicas en materia de seguridad, sino porque entre los asistentes estuvieron muchos de los responsables de la delincuencia.

Como protectores de las bandas de secuestradores, narcotraficantes, pederastas, lenones, defraudadores y tantas otras expresiones delictivas, funcionarios federales, estatales, municipales, legisladores, jueces y dirigentes partidistas se han convertido en la verdadera base de la delincuencia.

Se ha dicho hasta el cansancio, en “términos economicistas”, que el mejor incentivo que existe en México para delinquir es la certeza de que el delito no será castigado más que en 2 o 3% de los casos.

Es la impunidad, y no tanto las leyes, la causa de esta nueva manifestación de la crisis de inseguridad. Mucho menos con odiosos oportunismos como el endurecimiento de las penas o el restablecimiento de la pena de muerte, como pretenden lucrar Felipe Calderón y el Partido Verde, respectivamente.

Las más de las veces, la falta de castigo es deliberado. Ya sea porque los policías municipales, estatales o federales son comprados por los delincuentes o, de plano, porque forman parte de sus bandas.

También, porque los ministerios públicos –federales y estatales– son pagados para integrar mal las averiguaciones previas y de esa manera abrir las puertas para que los delincuentes salgan “legalmente”.

Otras veces la impunidad se plasma en las resoluciones de los jueces. Pero a diferencia de los funcionarios de los poderes ejecutivos, éstos todavía están protegidos por un grueso manto de opacidad que impide a la sociedad conocer sus fallos.

Con el argumento de que “los jueces sólo hablan a través de sus sentencias”, los juzgadores se excusan también en la comodidad que ya se volvió frase común en los juzgados: “lo que no existe en el expediente, no existe en la realidad”.

No son pocos los casos conocidos y padecidos por la sociedad mexicana en que legisladores, gobernadores y funcionarios federales son evidenciados en sus relaciones con la delincuencia.

Pero no pasa del escándalo, pues en México no se ha visto a ningún gobernador, senador, diputado o secretario de Estado que haya sido siquiera sometido a una verdadera investigación.

Los empresarios, que sólo cuando son víctimas reclaman como ahora, tampoco son ajenos a la impunidad. Por décadas, se han conocido los fraudes cometidos por algunos de éstos con recursos públicos, sin que haya pasado nada.

Sólo por consigna política o personal de los funcionarios públicos, los empresarios han sido perseguidos y pasado algún tiempo en la cárcel. Pero del dinero no se vuelve a saber nada.

Cada sexenio, los funcionarios federales y su entorno terminan enriquecidos. Algunos, hasta la obscenidad.

Lo mismo ha sucedido con el PRI, el PAN y el PRD. Ya en los congresos, ya en los poderes ejecutivos.

Los partidos políticos también forman parte de la enorme red delictiva que cubre al país. ¿Cuántos de sus presidentes municipales, regidores o legisladores no trabajan para la delincuencia?

El mensaje cotidiano para los mexicanos por parte de las elites políticas y económicas es el de la impunidad.

No es sólo un problema de policías, de bases de datos, células de identidad o tareas a 100 días como se empezará a resolver el problema. Eso es apenas la superficie.

El problema de fondo es que en México, los delincuentes se han encumbrado.

jcarrasco@proceso.com.mx



24 ago 2008

FAP recibe iniciativa energética de intelectuales


La propuesta, avalada por expertos, comprende reformas a 7 iniciativas de ley y un plan de acción para fortalecer a Pemex. Mañana será presentada ante el Senado

Alonso Urrutia y Notimex
Publicado: 24/08/2008 13:21

México, DF. Intelectuales, técnicos y especialistas entregaron este domingo a los coordinadores legislativos del Frente Amplio Progresista la propuesta ciudadana integral para la reforma energética que el PT, PRD y Convergencia asumieron plenamente y se comprometieron a defender.

La propuesta avalada por más de cien expertos e intelectuales y que pretende fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex), sin privatización, comprende reformas a siete iniciativas de ley y un plan de acción inmediato.

En el documento sugieren la construcción de nuevos trenes de refinación, terminar con la subutilización de las plantas petroquímicas, asumir la deuda de los Pidiregas, modernizar y ampliar los ductos. Todo ello, señalan, financiable a través de un fondo constituido por el superavit de Pemex; excedentes petroleros y reducción de la tasa del derecho ordinario de hidrocarburos.

Asimismo pusieron a su disposición un análisis crítico de las iniciativas de reforma petrolera del Ejecutivo federal y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además del establecimiento de una política energética de Estado y el fortalecimiento de la empresa paraestatal.

La propuesta será presentada mañana lunes ante el Senado y el miércoles próximo a la Comisión Permanente.

En el resumen ejecutivo dado a conocer por el vocero del grupo plural que elaboró la propuesta, Rolando Cordera, en presencia de los coordinadores legislativos del FAP, se hace hincapié en que la iniciativa se creó a solicitud de frente y del Movimiento en Defensa del Petróleo.

A través del documento los expertos admiten que se requiere un Pemex pleno en el ejercicio de sus facultades constitucionales, pero sin ceder a la iniciativa privada sus áreas de exclusividad y autónomo en el manejo de sus recursos y de sus acciones.

"Un Pemex con ductos y refinerías, propiedad todo de la nación; sin contratos discrecionales, inciertos e interpretables, ni de riesgo, ni de servicios múltiples, de desempeño o incentivados sin acotamiento alguno, que son mecanismos de transferencia de la renta petrolera", indican.

Los cuatro apartados que comprende el documento la resumen de la siguiente manera: en Política Energética de Estado y Fortalecimiento de la Paraestatal detallan y sustentan los conceptos y propuestas específicas para el logro de los fines antes señalados.


En lo correspondiente a las reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo reestablecen el carácter de Pemex como organismo público descentralizado plenamente integrado, dotado de autonomía de gestión y presupuestaria.


Ello significa que la paraestatal contaría con las áreas operativas necesarias para su eficiente desempeño, orientado a maximizar los resultados de la industria en su conjunto, más que a privilegiar alguno de sus segmentos en detrimento de los demás.

Se señalan como criterios rectores de Pemex la seguridad energética de la nación, la sustentabilidad de la plataforma de extracción, la diversificación de mercados y de proveedores y la incorporación del mayor valor agregado a sus productos.

Se proponen ordenamientos que excluyen en definitiva los contratos de riesgo, bajo todas sus formas y disfraces, y que proscriben el sometimiento del organismo a tribunales del extranjero, tratándose de controversias relativas a actos realizados en el territorio de la nación.


Respecto al planteamiento de una nueva Ley órganica de Pemex define en forma detallada las características organizativas, formas de gobierno, dirección y control del organismo y las principales disposiciones administrativas que le serán aplicables.

El proyecto, se asienta, otorga especial importancia a nuevas disposiciones en materia de planeación y programación, presupuestación, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y evaluación, control y vigilancia.

Todo ello en concordancia con los principios constitucionales y el contenido de la ley reglamentaria reformada, por lo que se prevén los procedimientos para hacer efectiva la reintegración organizacional y operativa del organismo.

De la propuesta de reformas al Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se prevé fortalecer el papel de la Secretaría de Energía (Sener) para la planeación estratégica integral del sector, atendiendo los objetivos de eficiencia, diversificación y cuidado ambiental, entre otros.


Con ello, agrega, se fortalecerán las acciones orientadas a garantizar la seguridad energética de la nación y la transición hacia un balance energético más equilibrado y progresivamente menos dependiente de los combustibles fósiles y de los suministros importados de gas natural, gasolinas y materias primas petroquímicas.

En materia institucional, se prevé que la Sener organice un Consejo Nacional de Energía, como órgano superior de coordinación y programación del sector.

También se prevé la creación, dentro de los próximos seis meses del Instituto Nacional de Energías Renovables, como nuevo organismo sectorizado en la dependencia que fomente la necesaria transición energética hacia fuentes diferentes de los combustibles fósiles y hacia un balance energético equilibrado.


De las otras propuestas de reforma a leyes secundarias indica que tienen el fin de asegurar la congruencia de otras disposiciones legales con las reformas planteadas a las ya señaladas y dar viabilidad jurídica, operativa y financiera a su instrumentación.

De esta manera presentan reformas a las siguientes leyes: de Planeación, Federal de Derechos, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Comisión Reguladora de Energía.


Del Programa de Acción Inmediata para el Fortalecimiento de Pemex, el cual con reforma o sin reforma deberá ser puesto en marcha, sugiere asignar más recursos al organismo, mediante una modificación
de la tasa del derecho ordinario de hidrocarburos, entre otras medidas.

Lo anterior a fin de que se destine a actividades que se han rezagado: exploración, refinación, conservación y mantenimiento de equipos y plantas, petroquímica, ductos y almacenamiento e investigación y desarrollo.


Plantea también una serie de medidas que favorecen la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

De parte del PT recibió la propuesta, la cual podrá ser consultada en el transcurso de este domingo en el sitio web de la fracción del PRD en el Senado, el diputado federal Ricardo Cantú; de Convergencia, el senador Dante Delgado, y del PRD, Carlos Navarrete.



Califica PRD de muy buena la tercera etapa de la consulta ciudadana

Hasta ahora se tienen computados el 25%, sin embargo, mañana a las 13:00 horas se tiene prevista una conferencia para informar el resultado final


Horacio Jiménez
El Universal
México Domingo 24 de agosto de 2008
21:19
Martha Dalia Gastélum, una de las coordinadoras de la consulta ciudadana, aseguró que esta tercera etapa fue "muy buena", a pesar de que se llevó a cabo en estados del norte del país donde el PRD tiene menos presencia política y capacidad organizativa.

Este domingo se realizó la tercera y última fase de la consulta ciudadana en estados como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, entre otros.

En entrevista, la perredista comentó que se instalaron cuatro mil 131 casillas en los 15 estados donde estaba previsto el ejercicio ciudadano.

Comentó que no hubo ni un sólo incidente y tan sólo se dejaron de instalar 300 casillas por falta de logística.

La también secretaria general del PRD aseveró que, en promedio, se emitieron 100 votos por casilla y la tendencia es "90% por el No y 10 por ciento por el Sí".

Hasta este momento se tienen computados el 25%, sin embargo, mañana a las 13:00 horas se tiene prevista una conferencia para informar el resultado final.

Gastélum consideró hasta ahora que el mejor estado fue Jalisco y el más bajo Durango.






Juicio sin fin
jenaro villamil



Se ha prolongado ya por cuatro años el juicio por daño moral que interpuso el diputado federal hidalguense Gerardo Sosa contra los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa, colaborador de Proceso, y el escritor Alfredo Rivera, por la publicación de un libro sobre su trayectoria política. En la audiencia más reciente, y ante un juez impasible, la parte acusadora intentó presionar a los dos informadores incluyendo en el expediente sus datos personales e hizo uso indebido de un peritaje sicológico. Por lo pronto, se anunció que el Consejo de la Judicatura revisará si el juez està permitiendo que los abogados de Sosa Castelán prolonguen el juicio deliberadamente.

En un hecho sin precedentes, decenas de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos e intelectuales fueron testigos, el 18 de agosto, de la audiencia pública en la que el juez vigésimo noveno de lo civil en el Distrito Federal, Miguel Ángel Robles Villegas, consintió el peritaje psicológico en contra de Alfredo Rivera y del columnista Miguel Ángel Granados Chapa para acreditar supuestas “intenciones” subjetivas de los demandados a fin de “producir efectos negativos” en contra del diputado federal hidalguense Gerardo Sosa Castelán, a través del libro La Sosa Nostra. Porrismo y Gobierno coludidos en Hidalgo.

El desahogo de esta prueba pericial constituyó una más de las muchas irregularidades que se han concatenado en el juicio por daño moral que Sosa Castelán interpuso contra Rivera, autor del libro citado, y Granados, autor del pròlogo.

Han transcurrido cuatro años desde el 6 de agosto de 2004, cuando el político priista interpuso la demanda, y el juez no ha dictado su sentencia en primera instancia, pero entre tanto ha admitido lo que la abogada defensora Perla Gómez califica como “chicanas jurídicas”.









EL SIGUIENTE TEXTO CON RESPECTO A LA NUEVA CONDENA DE 45 AÑOS QUE SE LE DIÒ A UNO DE LOS PRINCIPALES ACTIVISTAS EN ATENCO , DESPUES DE HABER RECIBIDO PREVIAMENTE UNA SENTENCIA POR 65 AÑOS .

Y COMO BIEN SE PREGUNTA GUILLERMO ALMEYRA , ¿ DONDE ESTAN TODOS LOS ASESINOS Y VIOLADORES DE MUJERES DE LA POLICIA DEL ESTADO DE MÈXICO Y PEFEPOS QUE INTERVINIERON EN AQUELLA BRUTAL REPRESIÒN? .

Guillermo Almeyra

Atenco: ¡libertad a los rehenes de clase!


Si no quieren avalar la opinión generalizada de que, como dice José Hernández en su poema Martín Fierro, “la ley es como el cuchillo/ no ofende a quien la maneja”, los tribunales superiores deberán anular la aberrante sentencia sobre el caso de Atenco que condena con durísimas penas a luchadores sociales por el mismo conflicto donde la policía mató, hirió, violó mujeres, torturó y allanó brutal e ilegalmente domicilios de campesinos, instaurando el terror en el pueblo, sin que al respecto se tomase ninguna medida judicial.

La consigna es clara: para los pobres que se defienden, la represión salvaje y la cárcel. Para sus dirigentes, aunque no hayan estado en el lugar del hecho o aunque no se haya individualizado su participación, penas que buscan segregarlos de por vida con la esperanza de que se pudran entre rejas y condenas pecuniarias absurdas que intentan hundir en la miseria a sus familias, ya castigadas por el secuestro oficial de sus integrantes varones. Para los represores y los delincuentes de guante blanco, en cambio, la impunidad. La justicia estará vendada, pero tiene olfato de clase.

El mismo grupo priísta que pidió, como programa electoral, la pena de muerte en el estado de México, quiere ahora amarrar con las cadenas de los presos de Atenco su alianza con el gobierno federal nacido del fraude, el cual, como necesita su apoyo para afirmar una mayoría PRIAN que le permita privatizar Pemex y atentar contra la Ley Federal de Trabajo, cierra los ojos ante los brutales atentados contra la democracia en ese estado o en Oaxaca o donde les resulte indispensable la violencia primitiva disfrazada con fallos judiciales aberrantes.

¿Dónde están las condenas a los asesinos en Oaxaca durante la represión contra la APPO? ¿Dónde la condena a quienes mataron en Atenco mismo o contra los violadores de las presas que después tuvieron que ser dejadas en libertad por la misma “justicia” que mantiene en rehenes del Estado a un puñado de hombres seleccionados con criterio político? ¿Cómo hacer creer a los ciudadanos mexicanos en la independencia y majestad de la justicia, en la defensa de un estado de derecho, en la igualdad ante la ley? Se está empujando a la población, como en el porfiriato, a buscar soluciones fuera de la ley que no es tal y con prescindencia de las instituciones prostituidas a los ojos de la ciudadanía. Los que siembran vientos recogen tempestades. ¿No hay ninguno en la clase gobernante que, por mero instinto de conservación, intente aprender algo de la historia y frene a los ciegos incendiarios que gobiernan el estado de México? ¿O la voracidad capitalista, el deseo de lucrar haciendo finalmente su aeropuerto en Atenco, incluso sobre la sangre y los huesos de los ejidatarios y campesinos, lleva a todos a ignorar que el fallo que condena a los de Atenco no se sustenta en nada más que el deseo de aterrorizar a los que se rebelaron y escarmentar a los que resisten?

Ante este fallo provocativo y de clase no es posible permanecer inactivos. La libertad de los presos políticos –los de Atenco lo son– depende de sus hermanos de clase y de quienes quieren defender los espacios democráticos en este país y frenar la violencia hasta ahora impune de los sátrapas priístas. Los sindicatos democráticos que luchan contra esa otra violencia colectiva que se quiere ejercer contra los trabajadores (con la reforma del ISSSTE, con las amenazas a Pemex y a la electricidad, con los intentos de acabar con las garantías legales para los trabajadores) deben también tomar en sus manos la anulación de la sentencia contra los presos políticos por los hechos de Atenco.

El PRD, nacional y del estado de México, no puede callar como si fuese cómplice de Peña, ni tampoco limitarse a una protesta verbal, sino que, junto con los sindicatos y para salvar su responsabilidad política, además de protestar en el Congreso y exigir justicia, debe organizar una gran manifestación en Atenco mismo. ¡Que el pueblo de Atenco y de Texcoco sienta que no está solo! La exigencia de la libertad de sus presos debe ser una bandera para la defensa de la democracia y la anulación de las condenas la piedra de toque que permita saber si la legalidad tiene alguna esperanza en este México cada vez más violento y más represivo, donde la ilegalidad de las clases dominantes y de los gobernantes impulsa y alimenta todos los demás tipos de delincuencia.

¿Quién en su sano juicio puede creer que los comicios legislativos o presidenciales futuros podrán ser limpios cuando se ve la descarada utilización de los poderes represivos del Estado, comenzando por los de la llamada justicia, para imponer un retroceso de muchas décadas en las conquistas políticas y sociales y en los derechos democráticos? ¿Quién puede pensar que el agravamiento de la crisis actual en Estados Unidos y en el mundo, con la reducción de esa válvula que hasta ahora ha sido la emigración y también de la fuente de ingresos proveniente de las remesas, no va a dar como resultado el aumento de la ofensiva, por todos los medios, legales e ilegales, de una oligarquía que sabe perfectamente que no podría mantenerse en el poder en un estado de derecho y que tiene que reducir los espacios democráticos?

Fraudes, ISSSTE, Pemex, condenas a los de Atenco: ¡es demasiado! La respuesta social debe ser contundente. Quizás así, entre otras cosas, los tribunales superiores se vean obligados a declarar nulos los fallos aberrantes.

Irma Eréndira Sandoval*
irma.sandoval@servidor.unam.mx

Para combatir la corrupción en serio


Alejandro Martí, como Andrés Manuel López Obrador, tienen razón. La causa principal de la grave situación por la que hoy atravesamos todos los mexicanos en materias de seguridad pública y política energética se sintetiza en una sola palabra: corrupción.

Lamentablemente, en lugar de lanzar propuestas para combatir de raíz este mal en la administración pública, tanto el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en Palacio Nacional este jueves, como la iniciativa en materia energética del PRI caen en la simulación.

El acuerdo nacional propone de manera general la realización de procesos de “evaluación permanente” y “control de confianza” de las instituciones de seguridad pública, así como la participación de la sociedad civil en estas tareas. Sin embargo, no se presenta un solo diagnóstico claro sobre el fenómeno ni se ofrecen estrategias concretas para su combate. Parece que las autoridades gubernamentales se limitarán a aplicar exámenes sicológicos y toxicológicos en busca de las “manzanas podridas” escondidas en las corporaciones policiacas, en lugar de elaborar una estrategia estructural y de largo plazo.

La iniciativa del PRI en materia petrolera también aborda el tema de la corrupción de manera deficiente. Las principales innovaciones son la creación de un comité de transparencia y auditoría, y la publicación de los contratos en Internet. Sin embargo, el nuevo comité no tendrá ninguna independencia del consejo de administración de Pemex y la publicación de los contratos ya ocurre en la actualidad, de acuerdo con la ley federal de transparencia. Asimismo, la iniciativa no toca al sindicato ni con el pétalo de una rosa, y confirma el régimen de excepción para las adquisiciones de la paraestatal incluido en la iniciativa de Calderón.

Afortunadamente, la experiencia internacional ofrece algunas claves que nos podrán ayudar a elaborar una estrategia integral de combate a la corrupción en México. Casos emblemáticos en países como Estados Unidos, Brasil, India, Hong Kong y Bangladesh demuestran que habría que dotar de independencia plena a las instituciones responsables de investigar y castigar la corrupción, implementar políticas de auspicio a la denuncia y extender la transparencia hasta los rincones más oscuros del Estado.

México requiere de transformaciones fundamentales en los tres ámbitos. En primer lugar, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República (PGR) están subordinadas al presidente de la República, y el auditor superior de la Federación únicamente puede intervenir después de la presentación de la cuenta pública. La creación de “centros de control de confianza” y comités de transparencia no resuelven el problema de fondo, ya que estas instancias seguirán bajo el mando de las mismas personas que deben investigar.

Habría que romper de tajo con esta situación de ser juez y parte al crear instituciones verdaderamente autónomas de combate a la corrupción. Aquí los ejemplos del Ministerio Público en Brasil, el contralor general en Chile y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción en Ecuador pueden servir como referentes para una eventual reforma del Estado en la materia.

Segundo, entre los funcionarios públicos y ciudadanos en general existen temores fundados de las represalias que pudieran llegar a generarse de iniciar una denuncia contra un funcionario corrupto. El gobierno ha hecho muy poco para cambiar esta situación, a pesar de que la Convención Interamericana contra la Corrupción nos obliga a avanzar en la creación de una ley de whistleblowers que protege a los denunciantes y que esté a la altura de los estándares internacionales. También habría que considerar la aprobación de iniciativas más ambiciosas, como las famosas leyes Qui tam que estimulan la denuncia ciudadana por medio de incentivos monetarios.

Finalmente, el régimen de transparencia hace agua por todos lados. A pocos funcionarios públicos se les castiga por incumplir las disposiciones legales en la materia, y áreas completas del Estado evaden la norma como práctica institucional. Destaca, por ejemplo, la lamentable actuación de la PGR que ha hecho todo lo posible por evitar el escrutinio público. Sus “Consideraciones respecto del acceso a la información pública gubernamental a cargo de la PGR (averiguaciones previas)”, dadas a conocer hace unos días, son violatorias de la Constitución y retan peligrosamente la autoridad del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Apremia incluir en la nueva ley federal de transparencia disposiciones específicas que atienden este problema.

El despido de funcionarios, la restructuración burocrática y la incesante firma de pactos difícilmente servirán de algo si no se atiende de manera simultánea el fondo de la crisis de gobernabilidad que aqueja al país. Los obstáculos son grandes, pero cuando existe voluntad política hasta las peores crisis pueden llegar a convertirse en oportunidades para avanzar y corregir errores. Falta ver si nuestros gobernantes estarán a la altura del reto.

* Investigadora y directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

El despertar
José Agustín Ortiz Pinchetti
jaorpin@yahoo.com.mx

■ Una reconciliación muy difícil

Jamás un artículo mío había suscitado tantas respuestas como el de la semana pasada. Parece que toqué una fibra sensible en mis lectores, la ruptura con gente cercana por la rivalidad política. Varios lectores me han pedido que les aclare por qué veo difícil una reconciliación.

El agravio que nos distanció fue la elección injusta y fraudulenta de 2006. Aun muchos calderonistas están de acuerdo en que fueron inequitativas. Este agravio pudo resolverse haciendo un recuento “voto por voto”. Calderón y su gente se negaron, temerosos “de lo que se podría encontrar”.

Durante el cada vez más difícil gobierno de Calderón pudieron hacerse reformas que disminuyeran la tensión: garantizar una auténtica renovación del IFE. Revocar las peores políticas de Fox. Atacar a la impunidad. Detener la campaña del odio. Nada de eso se hizo. El cerco mediático contra nosotros es indigno de una sociedad democrática. Las calumnias y las mentiras y medias verdades son la política de comunicación del gobierno. En cambio, AMLO tomó una actitud pacifista y civilizada frente al atraco. Su respuesta fue no violenta. No expuso a la gente a la represión, pero tampoco quebrantó el orden público. Es un auténtico opositor democrático, como lo ha demostrado al frenar la reforma petrolera.

Calderón apostó al aniquilamiento de AMLO y no ha cejado. Ha intentado dividirnos, amedrentarnos, desprestigiarnos, acorralarnos, pero no ha podido impedir que nuestro movimiento crezca, se prestigie y se articule como empieza a percibirlo gran parte de la población.

La reconciliación también es difícil porque no existen intermediarios que pudieran acercar a las partes en conflicto. Los mega empresarios que deciden por la clase empresarial empiezan a tener terror ante la violencia; pero no se atreven a aceptar que ésta es consecuencia de una política económica que sólo a ellos les ha beneficiado. No servirían como puente. La Iglesia apoyó descaradamente a Calderón y no tiene credibilidad para nosotros. Los intelectuales que en el pasado desempeñaron el papel de interlocutores están tan divididos como el resto de la población. Es casi imposible encontrar un grupo grande que fuera aceptable para todos.

La esperanza de un acuerdo no está en conversaciones que por ahora son imposibles: lo único que puede conmover a la reacción es una gran crisis. Y ésta por desgracia está en curso. Calderón y sus aliados la están propiciando al acumular errores y al no revertir una tendencia que está destruyendo las bases mismas de la gobernabilidad. Son los hechos duros, la terca realidad la que obligará más temprano que tarde a una rectificación mayor a los reaccionarios que están en el poder.

23 ago 2008


Querétaro se Reporta Listo Para la Consulta de Mañana


Mas estados estan listos para llevar a cabo el día de mañana la consulta, tercera etapa del evento ciudadano mas importante llevado a cabo fuera de épocas electorales.

Los ciudadanos serán citados, no por partidos políticos únicamente, sino por ciudadanos interesados en llevar a cabo estos ejercicios para lograr desarrollar al pueblo, y encaminarlo a una verdadera participación social. El pueblo debe entender que su opinion cuenta para tomar las decisiones mas importantes de este país. Nunca mas la imposición, nunca mas políticos pueden volver a atreverse a denostar al pueblo con términos de "no sabe, no puede entender, no comprende".

Dos millones de mexicanos ya han decidido sobre la reforma petrolera, reunamos millones mas el día de mañana, es nuestra responsabilidad histórica.



ESTE ARTÌCULO CON ESPECIAL DEDICATORIA A CIRO GOMEZ LEYVA QUIEN SE LA PASA DICIENDO QUE AMLO UNICAMENTE SE DEDICA A CREAR DIVISIÒN ENTRE LOS MEXICANOS ; LOS DATOS QUE AQUI PRECISA JAIME LE DAN LA RAZÒN CONTUNDENTE AL TABASQUEÑO QUIEN EN DIAS PASADOS PIDIÒ LA RENUNCIA DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINI GABINETE DE CALDERÒN ; PARA CIRO DENUNCIAR LA CORRUPCIÒN DEL GOBIERNO FEDERAL ES DIVIDIR AL PAÌS , PARA EL ES PREFERIBLE QUEDARSE CALLADO TAL Y COMO LO HACEN LA MAYORIA DE LOS DE SU GREMIO , LA VIDA ESTA MUY CARA Y HAY QUE HACER POR LA CHULETA ; PERO BUENO , YA SABEMOS QUE DE LO QUE SE TRATA ES DE DESTRUIR A TODO EL MOVIMIENTO SOCIAL QUE ENCABEZA NUESTRO PRESIDENTE LEGITIMO , REALMENTE ESTAN APANICADOS Y LOS MEDIOS , COMO SIEMPRE , EN CONTUBERNIO CON EL GOBIERNO DE FACTO .

Desfiladero
Jaime Avilés
jamastu@gmail.com

■ Fox reventó Cantarell

■ Clamor nacional en ciernes: “si no pueden, renuncien”


México tiene el hombre más rico del mundo y un sitio en el fondo de la tabla de medallas olímpicas. Entre ambos indicadores, que guardan íntima relación, tiene también la sexta mafia más peligrosa del planeta –que exporta drogas a 36 países y controla la mitad de los municipios de la geografía política nacional–, pero la sanguinaria constelación de agrupaciones delictuosas, que responde al nombre genérico de “crimen organizado”, palidece ante la capacidad destructiva de quienes “gobiernan” el país desde hace 26 años.

En diciembre de 2000, cuando Vicente Fox llegó a Los Pinos, el gigantesco yacimiento de Cantarell, sito en el Golfo de México, generaba 49 por ciento de la producción de petróleo de todo el país. Era un campo maduro, que llevaba casi 30 años dando aceite ligero de la más alta calidad; la prudencia aconsejaba tratarlo con cariño para que durara mucho más. Pero Fox lo condenó a muerte.

En 2001, Petróleos Mexicanos extrajo de Cantarell un volumen de crudo equivalente a 55 por ciento de la producción nacional. En 2002 aumentó a 60 por ciento. En 2003 llegó a 63 por ciento, repito, de la producción nacional, tope que mantuvo en 2004. En 2005, lógicamente reventado, el yacimiento empezó a declinar, pero aún totalizó 61 por ciento del total. Y a partir de allí, se fue a pique. En 2006, cuando Fox abandonó el poder, Cantarell proporcionaba de nuevo 55 por ciento de la producción nacional, y al término del año pasado, en franca decadencia, dispensó “apenas” 49 por ciento; en la actualidad ha caído a 42 por ciento, y sigue en picada (los datos son oficiales, figuran en las memorias de Pemex y han sido citados en diversos foros por Octavio Romero Oropeza, secretario del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador).

Pero eso no es todo. Para explotarlos así, Fox ordenó que a los pozos de Cantarell les inyectaran nitrógeno, a fin de aumentar la presión en el fondo y hacer que el crudo subiera más rápido. Esto ocasionó un daño extra: el gas asociado al petróleo se contaminó y se volvió inútil. Desde 2003, Pemex quema 750 millones de pies cúbicos de gas natural cada día. Y para compensar esa pérdida construyó dos plantas gasificadoras –una en Ensenada, Baja California, y otra en Altamira, Tamaulipas– y las concesionó a Sempra y Shell, empresas estadunidenses que extraen, ¡oh sorpresa!, 750 millones de pies cúbicos de gas natural cada día y se lo venden al “gobierno federal” en 2 mil millones de dólares al año.

Fox debe ser juzgado por el evidente delito de lesa patria que cometió al destripar el yacimiento de Cantarell, patrimonio de todos los mexicanos. Pero su responsabilidad no termina allí. Durante su sexenio, Pemex tuvo ingresos excedentes valuados en 604 mil millones de pesos, debido al aumento del precio internacional del crudo. ¿Dónde está ese dinero? La Auditoría Superior de la Federación, instancia que depende del Poder Legislativo y está a cargo de Arturo González de Aragón, dio a conocer hace algunas semanas, en el contexto de los debates petroleros en el Senado, que de 2001 a 2006 el gobierno de Fox logró una recaudación fiscal de 74 (sí, setenta y cuatro) pesos derivada de los impuestos que pagaron cada uno de los principales causantes del país, a quienes devolvió en su conjunto más de 600 mil millones de pesos, como estímulos a la inversión.

En otras palabras, Fox repartió los ingresos excedentes de la renta nacional entre los 50 magnates más conspicuos de México, al devolverles un total de 100 mil millones de pesos al año. Pero Felipe Calderón está a punto de superar con mucho esa marca. Sólo en el primer semestre de 2008, siempre según la Auditoría Superior, devolvió impuestos por 93 mil millones de pesos. ¿A cambio de qué? De que los patrones le permitan seguir “gobernando”, aunque la idea de remplazarlo por un capataz más eficiente, que además de dinero les brinde tranquilidad para salir a la calle, se está volviendo la comidilla en todos los restaurantes de lujo, desde Ciudad Juárez hasta Villahermosa, pasando por muchas ciudades ensangrentadas.

Que Felipe Calderón no puede y, peor aún, no quiere hacer nada contra las bandas que han destruido la gobernabilidad a bazucazos en un número creciente de territorios, lo demuestra el ridículo “acuerdo nacional por la seguridad, la legalidad y la justicia”, que anteayer signaron los gestores oficiales de diversas mafias. Éstos se comprometieron, entre otras cosas, a “tomar medidas contra el lavado de dinero a más tardar (sic) en seis meses”, como si la Secretaría de Hacienda no contara con una Unidad de Inteligencia Financiera cuya misión es precisamente ésa, aunque en el ágape nadie mencionó que ésta, en 2007, detectó mil 300 operaciones de ese tipo y en 2008 no ha reportado ninguna.

La farsa del jueves en Palacio Nacional fue tan predecible como insultante. Para darle un mínimo de credibilidad, Calderón debió anunciar las renuncias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, traficante de influencias confeso; del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, por su notoria y escandalosa ineptitud. Ante la cadena de matanzas, que sólo en lo que va de agosto ha acumulado la escalofriante cifra de casi 200 asesinatos en Chihuahua, ninguno de los tres tuvo la delicadeza de viajar a aquella entidad aunque sea para insinuar que el “gobierno federal” aún existe, así sea en grado de tentativa.

No por nada, el pasado martes, López Obrador exigió la dimisión de Mouriño, García Luna y Medina Mora, demanda que 48 horas después hicieron suya el empresario Alejandro Martí y el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones. Ambos, uno en Palacio, otro en Aguascalientes, coincidieron el jueves al declarar: “si no pueden, renuncien”, palabras que ayer engalanaron la primera plana de todos los diarios y pronto van a convertirse en clamor nacional, con dedicatoria especial para Calderón.

Los signatarios solicitaron un plazo de 100 días para empezar a obtener resultados. Desde ahora, todo mundo sabe que nada lograrán. Pero durante ese lapso se dará el episodio central de la batalla por Pemex. Si el pueblo impide que el petróleo se privatice, pero el terror aumenta con la anuencia cómplice de Los Pinos, la derecha pedirá, como ya lo está haciendo, que el Ejército salga a las calles del DF para cazar dos pájaros de un tiro. La movilización de la gente debe sacar del gobierno a quienes persiguen cínicamente ambos objetivos.