Avances de López Obrador

Néstor de Buen


No hay duda de que Andrés Manuel López Obrador sabe lo que hace. Independientemente de sus discursos, que cada vez son más convincentes, es particularmente importante la formación de su equipo. Recientemente se incorporó Manuel Bartlett y unos días antes lo hizo Juan Ramón de la Fuente, ambos con enorme prestigio personal y experiencia gubernamental amplia; así como Javier Jiménez Espriú. Y por ahí anda, como expectativa laboral, José Agustín Ortiz Pinchetti, un hombre de enorme prestigio periodístico y muy sensible ante los problemas sociales. Su destino evidente será la Secretaría del Trabajo, donde podrá desempeñar exitosamente sus funciones.

La Presidencia de la República no se agota en el personaje principal. El equipo a su entorno suele ser tan importante como el titular y en este momento estoy seguro de que los que lo formen, si son de la misma categoría de los ya conocidos, las posibilidades de AMLO crecerán aún más.

El gobierno actual, sin la menor duda, ha fracasado en temas importantes. Desde luego el laboral, con la falta de aprobación de los proyectos de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), obviamente de corte patronal, que lo único que lograrían sería hacer más intenso el desempleo que padecemos, y que no sería remediado sobre la base de la pérdida de la estabilidad en el empleo fundada en contratos temporales y en periodos de prueba, en lo que dominaría la sagrada voluntad del patrón. Algo como lo que está ocurriendo en España con el decreto ley, que no fue aprobado por el Parlamento sino por el jefe de gobierno Mariano Rajoy y por el rey, donde la temporalidad de las relaciones de trabajo se convierte en nota constante. Es significativo que no haya sido el Parlamento el autor del decreto.

Es evidente que México requiere una reforma a la LFT. La vigente no ha podido superar nuestro corporativismo esencial, que otorga a sindicatos de notable vinculación con el gobierno, la facultad de mantener instituciones que son una verdadera vergüenza, de manera particular la comisión encargada de establecer los salarios mínimos, como lo demuestra su reciente decisión de colocarlos por abajo de los índices de la inflación. Si se analiza la integración actual de la comisión se podrá confirmar la presencia de los representantes de las centrales corporativas, siempre sujetas a las decisiones del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, que sólo piensan en la inflación, pero no en la miseria evidente que vive nuestro pueblo.

Esa reforma que hay que hacer habría de sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje por jueces de lo social, dependientes del Poder Judicial y no de los ejecutivos que gobiernan sobre ellas por conducto de los representantes del Estado, del capital y del trabajo. Hay pruebas de sobra.

No lo digo yo solamente. El que tenga alguna curiosidad podrá examinar las actas del Congreso constituyente de 1916-1917, y en especial la discusión entre el diputado yucateco Héctor Victoria, que hacía un elogio absoluto de las comisiones de trabajo establecidas en la ley laboral de Salvador Alvarado, con José Natividad Macías, de la absoluta confianza de Venustiano Carranza, quien se opuso a la formación de las juntas de conciliación y arbitraje. No puede olvidarse su famosa frase: “…porque debo decir a ustedes que si esas juntas se establecieran con la buena intención que tienen sus autores y no se llegare a comprender perfectamente el punto, serían unos verdaderos tribunales, más corrompidos y más dañosos para los trabajadores que los tribunales que ha habido en México, sería la verdadera muerte del trabajador, y lejos de redimir a esta clase tan importante, vendrían a ser un obstáculo para su prosperidad.” (28 de diciembre de 1916.)

¿Tenía razón Macías? No hay quien lo dude.

El panismo del PRI

Néstor de Buen

Cabría suponer que el PRI ha pretendido ser un partido de izquierda que históricamente representaría los rotundos aspectos sociales de la llamada Revolución de 1910 y que se reflejaron en la multitud de leyes de trabajo que el Ejército constitucionalista impuso en los estados en que había derrotado al porfirismo. De todas esas leyes merece una referencia especial la que Salvador Alvarado impuso en Yucatán, inspirada en una ley neozelandesa y que iluminó, al ser discutida, los momentos más intensos del Congreso constituyente.

Hay que reconocer, sin embargo, que una vez derrotado Victoriano Huerta y estabilizada de alguna manera la sucesión presidencial, correspondió al presidente Emilio Portes Gil, con su ley de Tamaulipas, establecer las bases de lo que luego sería la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 1931, puesta en vigor por Pascual Ortiz Rubio.

Sin duda nuestra primera legislación laboral adolecía de serios defectos. El peor de todos, en ejercicio de la reglamentación del mandato constitucional, fue la creación de las que primero fueron denominadas “comisiones de trabajo” para acabar en el texto definitivo como juntas de conciliación y arbitraje.

Nuestros tribunales de trabajo han tenido mala suerte. No tengo la menor duda que bajo la inspiración del sistema fascista de Benito Mussolini, las juntas reflejaron en México lo que fue la magistratura del trabajo con el dictador italiano, copiadas textualmente en la legislación franquista.

Sin embargo, España suprimió la magistratura y creó los jueces de lo social que ya no dependerían del Poder Ejecutivo sino del Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial, primero de julio de 1985).

En un proyecto de la LFT que preparamos Carlos E. de Buen y yo, a petición de senadores del PAN, se planteaba la desaparición de las juntas para ser sustituidas por jueces de lo social, además de varias alternativas para suprimir los contratos de protección. El PRI impidió que pasara a comisiones. Hoy se tendría que volver a ese proyecto absolutamente democrático y favorable a los trabajadores. Lo cierto es que sirvió de base para los proyectos del PRD y de la Unión Nacional de Trabajadores que tampoco prosperaron.

Es una verdadera vergüenza que el PRI haya hecho suyo el proyecto del PAN. Y aún se asombran –yo también– de las alianzas del PAN con el PRD. En realidad estamos viviendo una etapa frustrante, sin partidos políticos representativos de la izquierda, hoy dejada a un lado de tal manera que las alternativas de inclinarse por algún candidato el próximo año, para la Presidencia de la República, empiezan a ser preocupantes.

Yo confieso mi parcialidad en favor de Andrés Manuel López Obrador aunque me temo que le falta un partido de apoyo. En esa alternativa Marcelo Ebrard parecería el candidato posible. Aunque me temo que el PRD no tendrá fuerzas suficientes para apoyar al actual jefe de Gobierno del Distrito Federal que, en todo caso, podrían estar divididas.

Ciertamente las perspectivas políticas para el próximo año adolecen de un negro oscuro, como decía alguien hace tiempo, en una etapa en la que la presidencia de la República tendrá que superar los años del PAN que nos han dejado maltrechos.

Por lo pronto la tarea inmediata es hacer todo lo posible porque no prospere el proyecto del PRI-PAN para la modificación de la LFT.

No creo que el movimiento obrero pudiera soportarlo. Hay grupos razonablemente unidos y con razones más que suficientes para oponerse a ese proyecto y aunque no se puede dudar de que ambos partidos constituyen una mayoría legislativa, a lo mejor hay que considerar que algunos de sus miembros demostrarán que por encima de la lealtad partidista está el amor por la justicia social. De otro modo viviremos movimientos sociales de gran alcance.

Corren rumores, sin embargo, de que el PRI ya se está arrepintiendo de sus diabluras. Ojalá sea cierto y no apruebe el proyecto panista.

Carmen

Néstor de Buen

ACarmen Aristegui le tengo un gran afecto que se une a mi profunda admiración a su extraordinario papel en el difícil mundo de la prensa y la radio. Somos amigos de trato muy infrecuente, pero he tenido la oportunidad, me parece, de haber participado en algún programa con ella.

Su despido me causó una profunda impresión. Obviamente que lo vi desde la perspectiva laboral y me pareció que su patrón había cometido una barbaridad omitiendo los requisitos formales que se asocian al despido, particularmente la expedición de una constancia en la que se expresen los motivos, en la inteligencia de que omitir ese requisito formal hace por sí mismo injustificado el despido.

Sin embargo, después de leer el amplio mensaje que distribuyó Carmen, advertí que el problema no era obrero-patronal, para utilizar la expresión habitual, sino el resultado de una exigencia de la Presidencia de la República. Afortunadamente las cosas han cambiado y Carmen recuperará su puesto y nosotros su voz.

Al leer su mensaje, que una amiga me hizo llegar por correo, me llamó la atención el respeto y el afecto con el que Carmen se expresa de los socios de MVS, lo que lleva a la conclusión de que en esta historia hay otro culpable y, por lo visto, hubo presión política para la empresa, que se vio en riesgo de perder la concesión, lo que abunda en la tesis vigente de que en esa materia: televisión, radio y prensa, hay un conjunto de favoritos y otro de inconformes, que es abundante, por cierto, pero que sienten una dependencia incómoda del gobierno.

No hay que olvidar el texto del artículo séptimo constitucional, que declara inviolable la libertad de escribir o publicar artículos sobre cualquier materia. Bien cierto es que en el mismo artículo se reconoce la necesidad de respetar la vida privada, la moral y la paz pública. Pero lo que hizo Carmen fue, como tantos otros periodistas, comentar un hecho que ya era más que conocido por haber sido difundido de manera más que gráfica por la televisión.

Desde luego que con ello Carmen no violó derecho alguno ni se colocó en la condición de no respetar sus deberes como trabajadora de una estación de radio. No había motivo de despido, desde luego, ni tampoco de una reacción violenta en contra de la estación por parte del Estado.

Sin la menor duda, los hombres públicos están sujetos a todo tipo de críticas, independientemente de su jerarquía. No podríamos aceptar vivir en un régimen que prohibiera los comentarios desagradables sobre las costumbres privadas de los funcionarios públicos.

En todo caso, podría invocarse que lo que se produjo en la Cámara de Diputados fue un acto de mal gusto, pero hecho en el ámbito donde tienen su actividad principal los políticos, que lógicamente defienden los puntos de vista de sus partidos, y no se puede olvidar lo previsto en el artículo 61 de la Constitución, en el que se afirma que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.

Es más que evidente que la prensa –presente de manera permanente en los locales del Congreso de la Unión– tiene todo el derecho de dar a conocer cualquier acontecimiento que se produzca de manera pública, ya que esa es su función principal, de la misma manera que resultan válidos, por la misma razón, los comentarios que se puedan hacer públicamente sobre sus dichos.

En el caso especial podría invocarse que no es razonable afirmar que se produce en un funcionario una conducta indebida. Pero la estética de la actuación y, sobre todo, los comentarios públicos que se puedan hacer sobre ella, no puede ser sancionada de manera alguna.

Estamos en presencia, en todo caso, de un problema de mal gusto. A mí me parece que a los políticos se les debe criticar públicamente sobre su conducta política, pero no en la personal, salvo que tenga que ver con sus principales responsabilidades.

También es de mal gusto entrar a caballo en la sede de la Cámara de Diputados, aunque nadie puede dudar del efecto político que pueda tener y que notoriamente se busca.

Me alegra enormemente que Carmen esté de nuevo en su papel habitual, que ejerce de manera brillante. En México nos hace mucha falta contar con comentaristas de los sucesos políticos, y no hay que olvidar el principio fundamental de la libertad de expresión.

Con la Iglesia hemos topado

Néstor de Buen

Quizá esa frase del Quijote sea de las más conocidas de esa obra maravillosa del genio cervantino. Con motivo de los 500 años de su publicación, volví a leer El Quijote, y lo disfruté aún más que en la primera ocasión, hace ya muchos años.

Entre nosotros, hoy en día está pasando lo mismo. Es claro que en un régimen conservador como el que padecemos sea natural, pero ciertamente los miembros de los cultos, y en especial de la Iglesia católica, no deben olvidar las reglas constitucionales que les prohíben participar en política, aun cuando en lo personal tengan el mismo derecho a votar pero no al de ser votados. Para superar ese escollo apoyan a los candidatos que hayan manifestado de manera más clara su adhesión a la Iglesia católica. Por ejemplo, del PAN.

Hay, por supuesto, la otra alternativa, en la que Samuel Ruiz, obispo de Chiapas cuando comenzó a actuar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, intervino francamente en favor de los rebeldes, pero asumiendo con claridad su condición de defensor de los derechos humanos en un estado en el que brillan por su ausencia. El obispo Vera que lo sucedió siguió los mismos pasos, sin otras pretensiones que ayudar a los más necesitados.

Pocos papas más involucrados en la política que Pío XII, residente en Alemania en pleno nazismo y notable ciego ante la masacre de los judíos que ejercía con lujo el régimen de Hitler. De paso, bendijo la espada de Franco en plena Guerra Civil. Por otra parte, yo nací en el seno de una familia librepensadora a la que la Iglesia católica no quería en absoluto. Y su evidente participación en la guerra de España, en contra del gobierno, acabó por convencerme de que se trata de un instrumento político, muy eficaz en general, que afortunadamente en México tropezó con Benito Juárez y la Constitución de 1917, particularmente con su artículo 130, que de manera inteligente prohíbe a las iglesias la intervención en política.

No soy ajeno a la ideología de la Iglesia cuando es adecuada al sentido social. Por ello mi admiración por el famoso sargento Roncalli, mejor conocido como Juan XXXIII, cuya encíclica Quadragesimo anno, si no me equivoco en el nombre, constituyó un verdadero programa en favor de las clases trabajadoras. No me extrañó entonces que en una visita a San Pedro, en Roma, localizara la tumba de Pío XII en un lugar preferentísimo, mientras que la de Juan XXIII aparece hasta el final de la fila.

La Iglesia significa poder y no es fácil que quiera perderlo. Su forma de ser la vincula con los gobiernos reaccionarios, que en el caso de México toleran sus manifestaciones políticas y se abstienen de aplicar las disposiciones constitucionales.

Es evidente, por otra parte, que además de su notable intervención en el campo de la educación, como está ampliamente comprobado en nuestro país, la Iglesia también lleva a cabo admirables actos de caridad, sustituyendo en alguna medida una responsabilidad gubernamental que escasamente contribuye a paliar esas necesidades a cambio de un más que alarmante desempleo motivado por la equivocada política económica.

Le reconozco a la Iglesia católica su notable contribución al desarrollo del arte. En mis viajes, sobre todo a Europa, he visitado cuanta catedral constituye un prodigio arquitectónico independientemente de las obras de arte que suelen adornar sus paredes, sin olvidar la Capilla Sixtina. Pero, además, el destino me ha provocado que las gentes más cercanas a mí, empezando por Nona, mi esposa, sean católicos profundos. Podría citar por su relieve histórico el nombre de mi queridísimo amigo y compañero en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, René Capistrán Garza Jr., hijo de uno de los notables dirigentes de la Guerra Cristera, a quien también tuve el privilegio de tratar en una relación en que fue notable el mutuo respeto y el mayor afecto.

Lo que no se me olvida es que cuando llegué a México, el 26 de julio de 1940, bajo la presidencia del inolvidable Lázaro Cárdenas, estaba convencido del laicismo nacional y del afecto por los españoles. Pero pensé lo contrario cuando durante la presidencia de Ávila Camacho, el de 1941 fue declarado el “Año de la Virgen de Guadalupe”, y cuando conocí la diferencia con que se trataba a los españoles: “gachupines”, a los de añeja estancia, y “pinches refugiados” a nosotros. No eran precisamente elogios.

Pero el privilegio de llegar a México superaba de sobra cualquier discrepancia. El tiempo lo ha demostrado.

Un libro que hay que leer

Néstor de Buen

Por razones profesionales tuve que ir el fin de semana a Acapulco. Teníamos una reunión Raúl Carrancá, sus ayudantes, Claudia de Buen y yo para tratar un asunto delicado. No laboral, por supuesto, sino penal y civil.

Llegamos el jueves en la noche a Acapulco y nos pareció adecuado cenar en Sanborn’s. Lo que ocurre es que uno tiene tendencia a ver libros. Lo hice y me encontré con La mafia que se adueñó de México y el 2012, nada menos que de Andrés Manuel López Obrador. Pese a la chamba y a que me llevé unos trabajos de mis alumnos para calificarlos, me dio tiempo de leer el libro, aunque finalmente acabé de hacerlo el domingo, ya en casa.

Me fascinó por muchas razones. El estilo cómodo. Andrés Manuel sabe cómo llegarle a la gente. Impresionante, por positiva, su descripción de Oaxaca y sus habitantes. Coincidí con él en la descripción de sus cualidades. Cuando hice el servicio militar en el año de 1944, la mitad de los miembros de mi compañía eran de Oaxaca y me impresionaron por su sencillez, por su disciplina y por la firmeza de sus pensamientos. Ahora advierto por el libro que las cosas no son nada fáciles en el estado. Se requiere una transformación profunda como lo plantea Andrés Manuel.

No sólo Oaxaca. Todo el país la requiere y de manera importante en tres aspectos: la conducción de la política, el manejo de la economía y la educación. Ciertamente es un desastre lo que ocurre en los tres terrenos.

Lo más interesante es la política a futuro, el 2012 que menciona Andrés Manuel. Acepta que puede tener que competir con Marcelo Ebrard, pero se declara su amigo e insinúa una posible alianza.

Lo importante es la labor que ha hecho Andrés Manuel durante ya cerca de seis o siete años en que ha recorrido el país en una campaña impresionante, pueblo por pueblo, constituyendo agrupaciones que le ofrecen ayuda y conociendo como nadie la situación real del país. Simplemente en el libro se destacan las tareas más urgentes que procurarán que haya empleo y se disminuya la dramática pobreza que sufre nuestro pueblo.

Es claro que la candidatura de Andrés Manuel a la Presidencia de la República lleva una enorme ventaja sobre cualquier competidor. Su plan de gobierno está claramente definido en su libro, al alcance de quien quiera conocerlo. De la misma manera que precisa en donde se encuentran sus principales opositores.

Es curiosa la forma en que cita a Carlos Slim con quien al parecer le une una sólida amistad. No ocurre lo mismo con el número cuantioso de propietarios de todo, incluyendo el poder político, que se enlistan a lo largo de la obra. Por supuesto que en las filas de los poderosos no deja de incluir a los miembros del gobierno, del PAN y del PRI cuyo posible regreso al poder lo considera una calamidad. Me temo que yo también.

La conclusión es que el país está hecho un desastre. Hay que hacerlo de nuevo, no al estilo de Santa Anna sino de Juárez. Sin olvidar, por supuesto, a Lázaro Cárdenas.

Cuestión de soldados

Néstor de Buen

En estos días en que el Ejército está de moda, no precisamente de manera positiva, no puedo menos que recordar que hace muchos años, precisamente en 1944, yo también fui soldado, nada menos que durante un año.

Era la época de la Segunda Guerra Mundial. México había declarado la guerra a Alemania, Italia y Japón con motivo del hundimiento de un buque petrolero, el Cerro Azul. El general Manuel Ávila Camacho, presidente de la República, asumió esa responsabilidad y estableció el Servicio Militar Obligatorio.

En el fondo México era un país germanófilo, no me explico por qué, salvo que los viejos rencores contra Estados Unidos hayan sido la causa principal.

Recién llegado a México, el 26 de julio de 1940, en la calidad excepcional de refugiado, gracias a mi general Lázaro Cárdenas, mi agradecimiento al país tenía que demostrarse de alguna manera. En 1943 ingresé a la Facultad de Derecho. El doctor Juan Negrín, último presidente del gobierno español, manifestó que los españoles tendríamos que incorporarnos a las fuerzas aliadas. Obviamente en México no había mayor oportunidad de hacerlo hasta el momento en que México participó en la guerra.

Tomé la decisión de inscribirme. El sargento segundo que tomó mis datos no se sorprendió de mi nacionalidad española. Me mandó a examen médico, en el que coincidí con quien sería un amigo fraternal para toda la vida: Carlos Laborde. Todo salió bien y fuimos sorteados en el cine Encanto y nos tocó bola blanca, lo que significaba hacer el servicio.

Carlos Laborde realizó gestiones y consiguió que con Pablo Rovalo y Miguel Romero, dos amigos entrañables, quedáramos adscritos al batallón de transmisiones.

El 6 de enero de 1944 iniciamos el servicio. Un camión nos transportó desde el Zócalo al Campo Militar Número Uno. Al llegar, Carlos invocó que nosotros no íbamos a infantería sino a transmisiones y nos mandaron, creo que a pie, al Foreign Club, en Cuatro Caminos, un viejo casino donde se encontraba el cuartel. No se me olvida que al llegar a la puerta, el oficial de guardia, el subteniente Silva, nos dijo: “Muchachos, aquí en la entrada tienen que dejar sus huevos”, anticipo de muchas cosas que aprendimos muy pronto.

La vida del cuartel no dejaba de ser monótona. Dormíamos en lo que se llamaba una “cuadra”, con capacidad para toda la tercera compañía a la que fuimos adscritos. Nos amanecía muy temprano y a partir de ese momento, ejercicios militares, ejercicios gimnásticos y barrido y trapeado de todo lo que se ofrecía. antes del desayuno. Después, marchar hasta el infinito y en la tarde asistir a la ceremonia de homenajes a la bandera cuando se arriaba, gracias a un oficial, del asta más alta del cuartel.

Había clases un poco deshilvanadas en las que intentaban enseñarnos los misterios de las comunicaciones y a veces exhibían películas ilustrativas de actividades militares de todo tipo.

Mis compañeros de la tercera compañía eran en su mayoría habitantes del Distrito Federal, pero un núcleo importante venía de Oaxaca, que eran gentes de primera. Hacer guardia era una tarea habitual, con la alternativa de ser adscrito al depósito de artículos importantes, entre ellos una bandera nacional y diversos trofeos, que te obligaba a permanecer firme durante dos horas. Insoportable.

El entonces teniente coronel Clark Flores era el mando superior. Aficionado al deporte, organizó un equipo de basquetbol que figuraba entre los mejores. Los conscriptos jugábamos al futbol.

Ocasionalmente nos trasladaban, a pie por supuesto, al Campo Militar Número Uno, para algún acto importante de la división. Era emocionante oír y cantar el Himno Nacional.

Había la fama de que los integrantes de la banda de música, soldados de línea, eran drogadictos. Aprendimos una cancioncita inolvidable: “El mayor González es mariguano y se las truena con Pimentel, mientras La Mosca, desesperado con ansia loca pide las tres”. Me pregunto si subsiste el hábito. Si así es, el combate al narco debería empezar por casa.

Salíamos los sábados a casa si no teníamos un servicio que hacer y tratábamos de lucir nuestro palmito de soldados, visitando a las amigas. Pocas maniobras, al final mucho deporte y en el fondo –y eso fue lo más importante– aprendimos a obedecer.

Carlos, Pablo, Miguel y yo ascendimos a cabos poco tiempo después de iniciar el servicio. Los oficiales nos decían que era el ascenso más sabroso. Fue, sustancialmente, por nivel académico.

El 15 de diciembre, en una ceremonia en el Campo Militar Número Uno, concluimos el servicio, con diplomas que firmó el general Cárdenas y cartilla con constancia de buena conducta. Curiosamente, Carlos, Pablo y yo nos comprometimos a volver al cuartel para jugar en el equipo de futbol. Lo hicimos, con mucho gusto, por varios meses.

Una experiencia maravillosa. De allí nació mi respeto por el Ejército. Por eso me preocupa tanto el problema que vive. Y, además, el servicio militar me mexicanizó. Fue la mejor decisión.

Caso fortuito y fuerza mayor

Nèstor de Buen

El pasado miércoles por la noche me avisó mi esposa que en la tele se transmitía una sesión del Senado de la República en la que estaban presentes Fernando Gómez Mont y Javier Lozano Alarcón, secretarios de Gobernación y del Trabajo, respectivamente.

El tema era el conflicto minero, y de manera particular la resolución reciente de un tribunal colegiado en el sentido de, por mayoría de votos, negar el amparo al sindicato minero promovido contra el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y confirmado por un juez de distrito, en el que con base en un procedimiento especial, invocando causas de fuerza mayor –la condición desastrosa de la mina–, dio por terminados los contratos de trabajo después de una huelga de casi tres años.

La sesión estuvo movida. Y lo más curioso ocurrió cuando Javier Lozano invocó esa causa de fuerza mayor, pero cuando un diputado cananense le preguntó sobre el concepto de “fuerza mayor”, no supo qué contestar. Tampoco pudo decir nada cuando se le cuestionó si esos supuestos actos vandálicos de los trabajadores en huelga habían sido declarados ilícitos en algún procedimiento penal. Su silencio, acompañado de gestos que reflejaban incomodidad, fue notable.

El punto principal fue el concepto de fuerza mayor. No hubo entre los asistentes una idea adecuada. Se les olvidó que la fuerza mayor es motivo para el incumplimiento de un contrato en virtud de una decisión de una autoridad superior. El caso fortuito, que en Estados Unidos califican de “acto de Dios”, es un acontecimiento de la naturaleza superior a la capacidad del ser humano que le impide cumplir una obligación. Hoy, lamentablemente, vivimos los ejemplos de Haití y Chile, y el del 19 de septiembre de 1985, sufrimos también sus consecuencias.

Cuando la JFCA invocó la procedencia de la fuerza mayor, evidentemente que se equivocó, aun cuando, pensando mal, probablemente no fue error sino mala intención. Pero, además, la junta federal violó todos los derechos procesales del sindicato minero al no recibirle las pruebas ofrecidas y fundar su laudo en un misterioso documento expedido por la Secretaría de Economía que debió estar respaldado, en todo caso, por informes fidedignos del origen de la condición de la mina.

Es evidente que la supuesta destrucción de las instalaciones no fue probada, entre otras razones porque estando en huelga la mina, los supuestos inspectores no podían dejar constancia de su presencia, ni mucho menos de que los trabajadores huelguistas hubieran causado los destrozos. Incluso no tardó la Secretaría del Trabajo en anunciar la nueva contratación de trabajadores y la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo, función que corresponde a un sindicato y no a esa dependencia, aunque esos son detalles que para ésta no tienen importancia.

Esa nueva contratación evidentemente discrepa del supuesto dictamen de la Secretaría de Economía, que habla de la destrucción de la mina.

Lo que es curioso es la ignorancia jurídica acerca del concepto de fuerza mayor. Me extraña que el subsecretario, el doctor Álvaro Castro, hombre enterado, no le haya pasado a su jefe un papelito.

La presencia de gente de Cananea fue notable por su testimonio. Pusieron en evidencia las faltas imperdonables de la empresa y las necesidades que han provocado. Pero eso ya se sabía y ciertamente a la Minera México le importan un comino.

Se llegó, sin embargo, a una conclusión: el asunto debe ser resuelto mediante el diálogo. Fernando Gómez Mont, que estuvo bien, pareció aceptarlo. Lozano ni pío dijo. Pero los representantes de la oposición fueron claros al respecto.

Por cierto: mi felicitación para el senador Arturo Núñez, que manejó la sesión con gran estilo. A su vez, Fernando Gómez Mont sutilmente dio a entender que no estaba de acuerdo con Javier Lozano. Lo que es natural.

Una ley que a veces se olvida

Néstor de Buen

Con cierto sentido del humor, dadas las circunstancias, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 40 que establece las facultades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dispone en su fracción primera que le corresponde vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en sus reglamentos”.

Los acontecimientos sociales de los últimos años y, muy recientemente, los internos de la propia Secretaría de Trabajo hacen pensar que sus funcionarios no se sienten obligados a observar ni la ley orgánica, ni la Constitución en su artículo 123 y demás, ni la Ley Federal del Trabajo.

Son de sobra conocidos los problemas que, con la intervención protagonista de la secretaría, enfrentan organizaciones sindicales democráticas, algo que no es frecuente que se encuentre en nuestro país, tan propicio al sindicalismo entreguista y a los contratos de protección.

Las dos muestras más claras de la arbitrariedad con que se conduce la dichosa secretaría se refieren al sindicato minero y al Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero ahora, curiosamente, se incorporan a las víctimas de la STPS sus propios trabajadores, a los que se ha suprimido una antigua prestación, puesta en vigor nada menos que por don Salomón González Blanco: el derecho a que los hijos de los trabajadores cuenten con una guardería y un adecuado servicio de transporte para los padres que llevan allí a sus hijos y que deben presentarse para desempeñar su trabajo tanto en la STPS como en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Es sabido de sobra que en el orden sindical normal, las peores travesuras las lleva a cabo la secretaría a través de su Dirección General de Registro de Asociaciones. Niega, sin razón alguna, los registros de los sindicatos democráticos y además, con el pretexto de la expedición del oficio de toma de nota de las directivas sindicales, simplemente no lo hace pretendiendo con ello que los sindicatos no puedan actuar.

Claro está que confunde un simple acto administrativo, que es consecuencia necesaria del registro, con una supuesta capacidad para no dar cumplimiento a lo previsto en la fracción cuarta del artículo 692, que le obliga a extender la certificación que acredite la personalidad del dirigente sindical elegido en una asamblea. La toma de nota no constituye al representante en dirigente sindical: simplemente lo certifica. Y es claro que en última instancia tendrá el mismo valor la constancia notarial de los acuerdos de la asamblea.

Pero ahora, con paro de labores, la STPS se ha negado a sostener la guardería invocando pobrezas. Eso constituye, sin la menor duda, la violación flagrante de derechos adquiridos. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado son aplicables las disposiciones de la LFT (artículo 11 de la ley burocrática), por lo que antes de cancelar un derecho tendría que promover un conflicto económico ante el Tribunal de Arbitraje, por supuesto que respetando la garantía de audiencia de los trabajadores.

Ya sabemos de sobra que eso de la garantía de audiencia lo pasa por alto el Estado. En el caso del sindicato minero y del SME se ha violado sistemáticamente el artículo 14 constitucional y ahora sucede lo mismo con los trabajadores de la STPS y de la JFCA.

El tema es ciertamente preocupante, porque además de los problemas materiales que sufrirán las familias de los trabajadores al servicio de la STPS y de la JFCA, lo que parece más que evidente es que por esos rumbos el respeto a los derechos de los trabajadores y, por supuesto, al artículo 123 constitucional y a la LFT o a la ley burocrática, no existe.

Se podría considerar, en cualquier otro caso, que las autoridades dispongan la supresión de los derechos de los trabajadores por ignorancia, condición que lamentablemente abunda en el ámbito burocrático, pero en el caso específico de las dos entidades culpables de tantos desaguisados, por lo menos se presume que conocen la Constitución y sus leyes reglamentarias precisamente por corresponder al ámbito de su especialidad.

El tema es serio. Porque allá en el fondo lo que se hace evidente es la absoluta falta de cumplimiento por las autoridades de sus obligaciones laborales. lo que ya se sabía, por supuesto, pero que ahora se ha vuelto a materializar en forma evidente y dramática.

Y si en un acto de valor y dignidad los trabajadores de la Secretaría Federal del Trabajo , decidieran salir a las calles a protestar y exigir sus derechos laborales , de inmediato el gobierno federal y/o Javier Lozano , soltarían a sus perros de los medios de comunicación ( lease : Ciro Gómez , Oscar Beteta , Ferriz Decón , Jacier a la Torre , José Cardenas etc. etc. ) y en menos de lo que se los cuento todo México tendría la percepción de que estos trabajadores son unos desquiciados , intolerantes , violentos , que no trabajan pero eso si como exigen etc. etc. ( ¿algun parecido con las campañas mediaticas desatadas en contra de los burocratas derechohabientes del ISSSTE , de los trabajadores de Luz y fuerza del Centro etc etc. ? ) , acto seguido , dichos movimientos al no contar con el apoyo de la opinión pública poco a poco van desapareciendo .

Me resulta por demás incomprensible , cómo los agravios por parte del gobierno federal (idem) hacia la clase trabajadora y en general hacia todo aquel que se oponga a sus planes , siguen acumulandose , uno tras otro y en lugar de que nos unamos y apoyemos , dejamos que nos sigan pisoteando . Suman ya muchos miles de afectados por esta clase política que si se unieran , no habría campáña mediática que los doblegara y ante la menor duda de que algun líder ha sido coptado (lo cual no es nada extraño en nuestro país) de inmediato nombrar a otro .

¿ hasta cuano México , hasta cuando ?

Un adorno inesperado

Néstor de Buen

En estos días se ha puesto de moda el viejo problema de la cada vez más intensa participación de la Iglesia católica en la vida política. No le perdonan al PRD ni, por tanto, a la Asamblea del Distrito Federal ni al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que se haya aprobado la ley que regula la relación entre personas del mismo sexo.

Mi vieja experiencia española hace que eso me recuerde los tiempos previos a la Guerra Civil y, por supuesto, toda la época del franquismo en que la Iglesia se desempeñaba con total descaro en la vida política. Uno de los motivos por los que Pío XII me cayó siempre mal fue porque bendijo una espada para Franco. Claro que en tiempos de Juan XXIII y su encíclica social Mater et Magistra mi visión de la Iglesia necesariamente cambió.

Entre uno de los muchos motivos por los que admiro a Benito Juárez se encuentran, desde luego, las Leyes de Reforma que sirvieron para caracterizar a México como un Estado laico. Pasada la guerra cristera, de ingrata memoria, la Iglesia mexicana se había mantenido en un nivel hasta cierto punto discreto, sin olvidar la importancia de un personaje como el obispo Samuel Ruiz cuya intervención con motivo del conflicto en Chiapas promovido por los zapatistas del subcomandante Marcos, siempre ha merecido todo mi respeto.

Los tiempos de la política han cambiado ciertamente. El gobierno panista propicia un renacimiento de la Iglesia que se hace cada vez más evidente. Pero hasta ahora el laicismo ha conservado su papel en el gobierno, un poco más que en la época de Vicente Fox.

Por ello mismo no me ha dejado de asombrar algo que no vi sino hace unos pocos días. Asuntos profesionales me llevaron al edificio de Reforma 476, sede del Instituto Mexicano del Seguro Social, lugar por el que tengo una especial admiración, tanto por su función social fundamental en nuestro país como por el hecho de que trabajé allí durante veintiocho años como abogado litigante. Hoy soy un empleado jubilado, lo que evidentemente no me hace rico pero mantiene los derechos de Nona, mi esposa, y los míos, para recibir atención médica de alta calidad en caso necesario.

Al bajar del automóvil y tratar de ingresar al IMSS me encontré con la sorpresa del siglo. Mi antiguo edificio se había transformado en un templo católico con adornos muy costosos que representan a la virgen María, a San José, al niño Jesús, que por cierto les quedó bastante feo, y a los Santos Reyes o Reyes Magos, como aprendí a calificarlos cuando de chico esperaba sus regalos la noche del 5 al 6 de enero.

Dudé de la prudencia del señor director del IMSS e imaginé, no lo conozco, que era producto de alguno de los muchos centros de estudio nacidos al calor de la Iglesia católica y, por supuesto, de una familia profundamente religiosa.

Para mi tranquilidad relativa, fui informado de que el propio director se llevó un disgusto cuando algún funcionario menor, tal vez no tan menor, le presentó orgulloso su pretendida obra de arte, en el fondo una faceta política que no tiene por qué representar nuestro instituto. Por lo menos en la Ley del Seguro Social no hay disposición alguna que autorice ese exhibicionismo.

Podría yo también criticar, dicho sea de paso, ese adefesio que pretende ser el árbol de Navidad más grande del mundo y que ha sido durante todo este invierno un grave obstáculo para la visibilidad del Paseo de la Reforma. Lo que ocurre es que esa hermosa avenida tiene hoy la tendencia a convertirse en la expresión popular de muchas cosas, entre otras, la satisfacción de nuestra gente que invade el Ángel de la Independencia para festejar algún éxito nacional en el futbol.

Escribo el jueves 7 por la noche y confío que cuando ustedes lean estas líneas el próximo domingo, la fachada del IMSS haya recuperado su dignidad, los caballeros que ingresan no tengan que quitarse el sombrero (lo que sería un acto muy raro porque ya no se usan) y las damas colocarse discretamente un velo, antes de iniciar cualquier trámite que tenga que ver con aseguramientos, pensiones, cuestiones médicas o registro de empresas. De otro modo el espíritu de Benito Juárez protestará enérgicamente porque se hagan esas cosas en el Paseo de su Reforma.

Una jornada inolvidable

Néstor de Buen

El juicio de amparo constituye el remedio frente a los actos arbitrarios de la autoridad, no importa su jerarquía. Es una de las instituciones más espectaculares de nuestra Constitución y de su Ley de Amparo, reglamentaria. Pone en manos del Poder Judicial la solución de las resoluciones arbitrarias de las autoridades.

Tiene, como es natural, varias etapas. En la primera, si se trata de violaciones de procedimiento: por ejemplo, en un juicio o en un acto administrativo, del juicio de amparo debe conocer un juez de distrito, en lo que se denomina amparo indirecto. Si se trata de una resolución de fondo, la competencia le corresponde a un tribunal colegiado de circuito que suele estar especializado en una determinada materia: civil, administrativo, penal o laboral o, eventualmente, conocer de todo tipo de asuntos, dada la extensión de su territorio.

En contra del famoso decreto del 11 de octubre por virtud del cual el Presidente de la República ordenó, sin razón alguna y violando normas constitucionales y reglamentarias, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas, por conducto del despacho de Raúl Carrancá con sus excelentes colaboradores y del bufete De Buen (de manera notable, Carlos E. de Buen), promovió un amparo que en vía indirecta fue remitido al juzgado primero de distrito en materia laboral del centro auxiliar de la primera región, con sede en el Distrito Federal, a cargo de la juez Guillermina Coutiño Mata.

De inmediato la juez ordenó la suspensión provisional del decreto, lo que impidió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dar por terminados los contratos de trabajo hasta en tanto no se resuelva el fondo del juicio de amparo. Y el 6 de noviembre, después de una jornada agotadora que culminó alrededor de las 10 de la noche, una vez recibidas las pruebas y alegatos que formularon las partes, otorgó la suspensión definitiva, lo que evita que la JFCA pueda resolver el juicio especial promovido por la empresa liquidadora de LFC, hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo, lo que ocurrirá a mediados de este mes.

El trabajo del juzgado fue agotador. Se integraron expedientes de miles de hojas. Las partes tuvimos que regresar por la tarde con el compromiso de firmar las actas y con la promesa de que la resolución definitiva nos la darían a conocer el lunes muy temprano. Sin embargo la juez hizo un enorme esfuerzo y no se limitó a redactar toda la parte inicial de la audiencia sino que asumió la responsabilidad de resolver sobre la suspensión provisional que finalmente concedió. Ya se pueden ustedes imaginar la tensión de los solicitantes del amparo, que no teníamos idea del resultado, que nos fue dado a conocer en el último momento. Carlos de Buen tuvo oportunidad de contestar llamadas de La Jornada, cuya información habrán ustedes leído en el número de ayer.

Casi al final de la jornada, ésta sí con minúsculas aunque también merecería mayúsculas, supimos de una conferencia de prensa del secretario del Trabajo, Javier Lozano, en que reconociendo el resultado desfavorable para él y el resto del gobierno de esta suspensión definitiva, se atrevió a afirmar que de todas maneras LFC seguirá en liquidación, por lo que las cosas no se pueden cambiar. Evidentemente que el señor secretario ignora lo que es el juicio de amparo, y si éste se resuelve en forma favorable para el SME y sus trabajadores, quedarán sin efecto todas las maniobras indecentes que se han hecho, inclusive la restitución de los supuestamente separados con finiquitos cuya validez queda en tela de juicio.

Fue sensacional la presencia de los trabajadores, miles de ellos, que nos acompañaron en toda la diligencia matutina y algunos por la tarde y noche. Y por supuesto de su secretario general Martín Esparza y miembros del comité ejecutivo. Las porras aturdieron a litigantes, empleados y jueces, pero sirvieron de enorme aliento para nosotros, el equipo jurídico.

Un hecho lamentable es que se ha contratado por empresas privadas trabajadores inmigrados de Centroamérica y que dos de ellos han fallecido en accidentes de trabajo por culpa de su falta de experiencia. Nunca van a sustituir la experiencia y la calidad de los trabajadores de LFC, y ese desperdicio de material humano experto, que todos vamos a resentir, es uno de los pecados intolerables que comete el Estado.

Finalmente, habrá que repetir con las porras su clásico “¡Viva el SME!”