Huelga política nacional

José Antonio Almazán González

El próximo 16 de marzo al mediodía miles de banderas rojinegras serán colocadas en escuelas, barrios populares, comunidades agrarias y centros de trabajo para mostrar el repudio popular a los causantes del desastre nacional y en defensa de los derechos constitucionales violados por el mal gobierno. Quienes convocan a la huelga nacional son organizaciones sociales, sindicales, políticas y de ciudadanos, agrupadas en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular (ANRP), entre los que destacan el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Otras organizaciones, como el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) continúan deliberando las modalidades de su participación en la huelga política nacional, particularmente el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que ha emplazado a huelga para el 25 de abril.

La ANRP señala que la huelga nacional del 16 de marzo “es la oportunidad de todos y todas para detener a quienes usurpan el gobierno de la República y violentan los derechos del pueblo” y su llamamiento, incluyente y plural, es “a la participación en todos los rincones de la patria a que paralicen la producción, la distribución de mercancías, a que ocupen las tierras que les han sido arrebatadas, a tomar los caminos, a protestar en las plazas, en los valles y senderos, armados de la razón y de la confianza en la lucha”. Sus demandas recogen demandas populares tales como: reducción de impuestos y precios de servicios públicos y alimentos.

Aumento salarial de emergencia y programa nacional de empleo, alimentación y vivienda; solución a las demandas del SME, a las huelgas mineras de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, son demandas de la UNT y la CNTE, así como respeto a la autonomía sindical, observancia plena de la Ley Federal del Trabajo y la Constitución. Incremento del presupuesto para la educación, la ciencia y la cultura. Servicio médico universal. No a la privatización del petróleo, el agua, los minerales y la electricidad. Solución a los afectados ambientales. Programa emergente para asegurar la soberanía alimentaria y la erradicación de la pobreza en el campo. Respeto a la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas. Juicio político a Calderón. Libertad a los presos políticos. Castigo a los violadores de los derechos humanos y por el regreso de los militares a sus cuarteles.

Bajo la consigna: ¡O son ellos o somos nosotros!, maestros, mineros y electricistas categóricamente señalan que “los grandes empresarios y sus políticos nos han llevado al límite de la sobrevivencia y del enfrentamiento. En tres años el número de pobres pasó de 40 millones a más de 50 millones; entre 7 y 8 millones de jóvenes carecen de escuela y empleo, nuestros ingresos se han reducido entre 30 y 40 por ciento. El crecimiento económico de México es el más bajo de América Latina y el peor en toda la historia moderna (...) Todos sabemos que la crisis social se profundizará en los próximos meses y años, si no ponemos un hasta aquí a quienes desgobiernan”.

La conclusión de quienes integran la ANRP es clara. Mientras ellos, el mal gobierno y la oligarquía sigan dirigiendo al país no tenemos ninguna oportunidad de salir de la crisis social, pues ésta se profundizará junto con el terrorismo de Estado que en nombre del supuesto combate a la delincuencia organizada, militariza la nación y avanza hacia la implantación de una dictadura cívico-militar al servicio de Estados Unidos.

Las acciones de la huelga nacional se desarrollarán por lo menos en 25 estados de la República, pero se concentrarán solidariamente en Cananea, Sonora, y en alrededor de 300 centros de trabajo del SME. En defensa del derecho de huelga pisoteado por el mal gobierno y el nefasto Grupo México de la familia Larrea. En rechazo al inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y el despido injustificado de 44 mil trabajadores electricistas.

Mientras la clase política y sus partidos discuten una reforma de Estado y tejen alianzas político-electorales sin principios para perpetuarse en el poder y seguir jodiendo al pueblo, y en tanto los usurpadores desdibujan los centenarios de la Independencia y la Revolución con pirotecnia y fuegos fatuos, buscando mediatizar los sueños de libertad, justicia y democracia del pueblo de México, abajo y a la izquierda el pueblo se organiza, expresando su malestar y coraje en contra del mal gobierno de múltiples formas como Luz María Dávila, en Ciudad Juárez, los damnificados de Chalco, o los abucheos a Calderón en diversas partes del país. Sumemos todas nuestras voces en la huelga política nacional.

El callejón sin salida

José Antonio Almazán González

Inmediatamente después del histórico y exitoso paro cívico nacional, el gobierno se enreda y contradice, mostrando el callejón sin salida en el que se ha metido. Mientras el pianista bravucón insiste en la confrontación y el cinismo, desde Alaska Felipe Calderón confiesa que la extinción de LFC no fue una medida contra el SME, sino una decisión “a la que fue llevado y presionado…y llegó el momento en que no había prácticamente otra alternativa, pues el sindicato no cumplió sus compromisos.

Noticia preocupante de quien debiera actuar con estricta responsabilidad y apego a la Constitución y a las leyes. La pregunta es quién o quiénes lo presionan. En tanto un senador panista metido a monaguillo minimiza el conflicto social generado por el propio gobierno, confundiéndolo con una misa. Como se ve, están hechos camote.

Pese a la campaña de miedo que desarrollaron los medios de comunicación al servicio de la oligarquía, un conteo sistemático en los periódicos locales, regionales y estatales muestra que en por lo menos 73 ciudades de 31 estados de la República millones de mexicanos expresaron su respaldo al Sindicato Mexicano de Electricistas y su repudio al golpe fascista de Felipe Calderón. Pudo más el descontento contra un gobierno que no termina de saquear los bolsillos del pueblo, que la campaña mediática de linchamiento en contra de la digna resistencia de miles de trabajadores electricistas.

El paro fue cívico, pues salvo las provocaciones sufridas en las casetas de las autopistas Querétaro-México y Cuernavaca, en el resto del país las protestas se enmarcaron en lo que se conoce como la resistencia civil pacífica.

El paro nacional constituyó además un hecho histórico sin precedente en las últimas décadas en el proceso de construcción de la unidad de los de abajo. Como no se había visto desde 1983 en que se convocó a un primer paro cívico, cientos de organizaciones sociales de todo tipo se reunieron en las semanas previas al paro nacional; rompiendo años de sectarismos y poniendo por delante la ternura de los pueblos que es la solidaridad en todos los estados de la república mexicana la discusión no sólo se dio en el terreno de la solidaridad efectiva con el SME, a través del apoyo económico y el acopio de víveres, sino también de la urgente necesidad de “unir todas las luchas”.

Finalmente, el 11 de noviembre, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, por todas las vías y formas de comunicación y rompiendo el cerco informativo, millones de mujeres y hombres dignos y rebeldes dieron un paso gigantesco en la construcción del bloque social de los oprimidos, al cobrar conciencia de que no estamos solos, que sumamos millones y somos mayoría y que podemos actuar unidos en la lucha por un México con libertad, justicia y democracia. Este enorme respaldo popular nutre y fortalece la resistencia de las mujeres y hombres electricistas del SME, activos y jubilados, que han resuelto mantener la lucha hasta sus últimas consecuencias.

El que está entrampado es Calderón y el tiempo corre en su contra. En primer lugar miente, pues está documentado que el SME cumplió los compromisos pactados en materia de productividad en más de 92 por ciento. ¿O va a decir que lo engañaron? Los contratistas de CFE, que son empresas de los mismos funcionarios, han mostrado su incapacidad para garantizar la continuidad del servicio y conforme se acerque diciembre, los problemas de disturbios eléctricos van a crecer, pues no cuentan con la capacidad para dar el mantenimiento preventivo y correctivo en las redes eléctricas de LFC. El amparo en materia laboral por despido injustificado y salarios caídos va a proceder, pues fueron tan burdas sus maniobras que hoy están procediendo a pagar parte de los salarios que ilegalmente retuvieron.

Finalmente las bufonadas de Lozano concluirán este 14 de noviembre, cuando vence el plazo de sus ilegales liquidaciones y el gobierno tendrá necesariamente que operar la figura de patrón sustituto que en los hechos viene desarrollando CFE, pero que buscan evitar a toda costa, pues abriría las puertas a una solución, en términos de la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo de trabajo, ante la aberración jurídica en que incurrieron para aplastar al SME.

Los expedientes reservados contra el SME

José Antonio Almazán González

Los dos documentos que Felipe Calderón envió el martes 13 de octubre a la Cámara de Diputados, clasificados de reservados en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, forman parte de la burda maniobra urdida en Los Pinos para justificar el plan inicial, no descartado, de reprimir violentamente al Sindicato Mexicano de Electrcistas (SME) y encarcelar a su dirección nacional encabezada por Martín Esparza Flores, bajo el supuesto de disturbios sociales” y “eventuales ataques al sistema eléctrico nacional”. Veamos los hechos.

Los documentos que recibió el panista Francisco Ramírez Acuña en su carácter de presidente de la Cámara de Diputados son: a) Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, reservado por un año, y b) Diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, ¡reservado por 12 años!, en los términos de los artículos 13 fracción I y 14, fracción VI de la citada ley.

Tres días después, para darle tiempo al operativo fascista, el viernes 16 de octubre, a las tres de la tarde, Ramírez Acuña los turnó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco José Rojas Gutiérrez. Finalmente, el martes 27 de octubre, el grupo plural de diputados que tiene la encomienda de analizar la conveniencia de la controversia constitucional ante el decreto de extinción de LFC recibió dichos documentos. Las fechas son significativas porque muestran el retraso deliberado en la entrega, entorpeciendo la discusión y posicionamiento en la Cámara de Diputados.

¿Qué contienen estos documentos clasificados como reservados?, “cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, según establece el artículo 13 en su fracción I. El Diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro es un glosario de datos, muchos de los cuales pueden ser consultados vía Internet.

A lo largo de sus 68 páginas sobresale la sarta de mentiras para responsabilizar al SME, al contrato colectivo de trabajo y a los trabajadores electricistas y jubilados de las pérdidas y deficiencias de LFC. Lo que destaca en este documento es la falsedad de que LFC puede funcionar con 8 mil 900 trabajadores, según “información proporcionada por la CFE”, y que los jubilados resultan una carga insostenible.

En el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, además de una falsa visión de su situación actual, en su página 12, en el inciso E: Desventajas de las soluciones propuestas, se muestra el criminal cálculo político del gobierno: “es de destacar que en la implantación de las soluciones propuestas en el presente informe se liquidarían aproximadamente 44 mil 600 empleos como consecuencia de la terminación de la relación colectivo-laboral. Ello podría implicar:

“1. Riesgos inminentes a la integridad física de las personas y a sus bienes, como resultado de disturbios sociales que pudieran generarse por esta medida;

“2. Eventuales ataques al sistema eléctrico nacional, frente a los cuales se tendría una mejor capacidad de respuesta que la de LFC, pero que pueden resultar inevitables, y

“3. Instauración de procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de LFC.”

Pero el perverso cálculo de Calderón no funcionó. El SME no cayó en provocaciones. Los trabajadores electricistas no se tragaron el anzuelo de las liquidaciones. Más de la mitad de los agremiados del SME (activos y jubilados) se ampararon. Se logró una suspensión provisional del decreto de extinción. El SME y su dirección lograron la ratificación de su personalidad jurídica y la campaña mediática ha venido a menos, ante el creciente respaldo popular que se hará sentir en el paro nacional del 11 de noviembre. ¡No pasarán!

¿Por qué tanta saña?

José Antonio Almazán

Contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se ha desatado una campaña de linchamiento tan descomunal que motiva la pregunta: ¿por qué tanta saña? Con un contrato colectivo de trabajo de a de veras y con una democracia basada en asambleas generales y en el voto universal, secreto y directo para la elección de sus dirigentes, el SME es casi un sueño para millones de trabajadores en México que carecen de organización gremial, o bien viven bajo el control del sindicalismo charril. ¿A esto obedece el odio visceral, comenzando por Calderón y su pianista, para aplastar el SME y a 45 mil trabajadores y 22 mil jubilados?, mediante un operativo combinado de uso brutal de la fuerza pública, violación sistemática de derechos constitucionales, pisoteo de la Ley Federal del Trabajo y de la norma laboral pactada entre las partes.

Las invenciones y mentiras de Calderón para extinguir Luz y Fuerza del Centro (LFC) no pueden ser ocultadas con una campaña mediática. El problema fundamental de la empresa es la compra de energía en bloque a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Le venden cara la energía y Hacienda la obliga a venderla a un precio por debajo de éste.

Así cualquier empresa tiene pérdidas. Además, en los últimos años, el presupuesto de LFC, de manera deliberada, viene a la baja, impidiéndole la modernización de sus equipos e instalaciones. Los trabajadores, sus salarios y prestaciones, a los que Calderón califica de privilegiados y onerosos, no representan siquiera 15 por ciento de los ingresos por venta de energía eléctrica.

El ingreso promedio de un trabajador electricista es de 250 pesos, contrastando con los privilegios de la alta burocracia del gobierno de Calderón, con salarios de 5 mil pesos al día, aparte de otros bonos e incentivos. Y qué decir de los ingresos de la oligarquía mexicana, que en promedio gana 5 millones de pesos diarios.

La saña de Calderón, que se apresura a decir que no tocará a Elba Esther Gordillo ni a Romero Deschamps, tiene que ver con un negocio para el cual el SME es un estorbo. Se trata del multimillonario negocio del llamado triple play. Resulta que las redes eléctricas y la fibra óptica, que suman mas de 30 mil kilómetros en CFE y mil 100 en LFC, y que son más extensas y potentes que la infraestructura de telecomunicaciones que monopoliza el segundo hombre más rico del mundo, pueden ser utilizadas, mediante la tecnología adecuada, para trasmitir imagen, datos y voz (televisión, Internet y telefonía).

La pelea entre Slim, Azcárraga, Gil Díaz y la española Telefónica, y la WL Comunicaciones, en la que participan Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, dos connotados empresarios panistas que por añadidura fueron secretarios de Energía con Vicente Fox, es dura pero civilizada, para ver quién se queda con las concesiones de las redes eléctricas y la fibra óptica, que representarán un negociazo de miles de millones de dólares. Lo que no admiten es que un sindicato plebeyo haya logrado en la pasada revisión del contrato colectivo de trabajo que LFC, además de arrendadora de sus redes eléctricas en la zona más prometedora del centro del país (por su concentración demográfica y nivel de ingreso), pueda también ser concesionaria para brindar el servicio de triple play gratuito a millones de mexicanos.

La saña tiene que ver con un supernegocio, al que no se ha invitado al pueblo de México. Los que ya se frotan las manos con las concesiones no aspiran a utilizar el triple play para mejorar y fortalecer los servicios de educación, salud, vivienda, recreación y cultura a 36 millones de hogares mexicanos, como lo señalé en un artículo de El Periódico. Piensan en las pingües ganancias que obtendrán usufructuando las redes eléctricas que pertenecen a la nación mexicana.

En la saña contra el SME están los negocios, a los que no es ajeno Javier Lozano, desde su paso por la Cofetel. Pero en este odio de clase está también la vendetta política contra un sindicato democrático, nacionalista, que desde 1999 se opuso a la privatización de la industria eléctrica y en 2008 a la privatización del petróleo, y que desde su fundación –en diciembre de 1914– ha estado ligado a las mejores causas del pueblo de México. El golpe es contra el pueblo.