E D I T O R I A L
Gobierno sin voluntad y sin rumbo
El tercer Informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, entregado ayer al Congreso de la Unión por el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el inicio del periodo ordinario de sesiones de la 61 Legislatura, deja entrever, pese al tono triunfalista y la enunciación de los supuestos logros” de la administración en turno, la falta de rumbo que aqueja los distintos ámbitos del quehacer gubernamental, y la profundización de la ruptura entre el país real y el que las autoridades han insistido en presentar en el discurso oficial durante los últimos 33 meses.
Por principio de cuentas, llama la atención que, en la presentación de dicho documento, el titular del Ejecutivo federal se felicite por “mitigar” los efectos de la crisis económica –la cual, aseguró, “ha tocado fondo”–, sostenga que se actuó de “manera rápida y oportuna” ante los descalabros financieros mundiales y sus correspondientes afectaciones a nuestra nación, y augure que en meses próximos “habremos de retomar la senda del crecimiento”.
Tales aseveraciones no sólo chocan con la percepción de cientos de miles de personas en todo el territorio nacional –para quienes la presente crisis dista mucho de haber concluido– y con la opinión de diversos analistas que sostienen que la recuperación se ve lejana, sino que además reflejan claras inconsistencias con los dichos recientes de funcionarios de su propio gabinete: hace unas semanas, el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, señaló que el país enfrentará un faltante de 300 mil millones de pesos en las finanzas públicas –calificado por él mismo de “shock financiero”–; anteayer, el mismo funcionario confirmó ante senadores de Acción Nacional que, a efecto de subsanar esas pérdidas, el gobierno federal propondrá un incremento a las tarifas de electricidad, gas, gasolina y otros servicios públicos para el año entrante.
Los elementos de juicio disponibles sugieren, pues, que a diferencia de lo que afirma Calderón, los efectos de la recesión en las finanzas públicas y en los bolsillos de las familias continuarán manifestándose durante buena parte de 2010. Al no reconocerlo expresamente, el gobierno federal reafirma la actitud indolente exhibida desde principios del año pasado, cuando el jefe del Ejecutivo aseguró “emocionarse” ante las primeras expresiones de la actual crisis económica, y cuando Carstens calificó de “catarrito” la problemática en ciernes: entonces, el gobierno se empeñó en negar los signos de una crisis que amenazaba con contagiar profundamente la economía mexicana; posteriormente se dedicó a minimizar sus efectos y hoy porfía en su intento por darla por superada, pese a que la realidad muestra lo contrario.
Otro elemento criticable en el balance oficial concierne al tema de la seguridad, rubro en el que el citado documento insiste en los “logros alcanzados” y defiende los operativos llevados a cabo por el Ejército y la Policía Federal. Estos señalamientos pasan por alto los dudosos resultados de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado emprendida por el calderonismo –la cual, después de miles de muertes, no ha logrado reducir el margen de maniobra de las organizaciones delictivas–, además de que reflejan un alarmante empecinamiento y falta de perspectivas para resolver los problemas actuales de seguridad pública, muchos de los cuales se gestan en esferas como la económica y la social y requieren, por tanto, ser atendidos desde una visión integral y sensible a sus causas originarias.
La ausencia de motivos reales para ufanarse por el estado que guarda el país es sin duda causa de decepción y preocupación para el conjunto de la población, la cual hubiera querido observar, a falta de buenas noticias, una actitud honesta y prudente de las autoridades en las cuentas rendidas ayer al Congreso. Por desgracia, Felipe Calderón se enfila a la segunda mitad de su administración sin haber articulado una política económica coherente y socialmente sensible, sin plantear estrategias de seguridad pública que resulten mínimamente convincentes y efectivas y, lo que es peor, sin dar signos de capacidad y voluntad para modificar las inercias actuales en los distintos ámbitos de su gobierno.
Por principio de cuentas, llama la atención que, en la presentación de dicho documento, el titular del Ejecutivo federal se felicite por “mitigar” los efectos de la crisis económica –la cual, aseguró, “ha tocado fondo”–, sostenga que se actuó de “manera rápida y oportuna” ante los descalabros financieros mundiales y sus correspondientes afectaciones a nuestra nación, y augure que en meses próximos “habremos de retomar la senda del crecimiento”.
Tales aseveraciones no sólo chocan con la percepción de cientos de miles de personas en todo el territorio nacional –para quienes la presente crisis dista mucho de haber concluido– y con la opinión de diversos analistas que sostienen que la recuperación se ve lejana, sino que además reflejan claras inconsistencias con los dichos recientes de funcionarios de su propio gabinete: hace unas semanas, el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, señaló que el país enfrentará un faltante de 300 mil millones de pesos en las finanzas públicas –calificado por él mismo de “shock financiero”–; anteayer, el mismo funcionario confirmó ante senadores de Acción Nacional que, a efecto de subsanar esas pérdidas, el gobierno federal propondrá un incremento a las tarifas de electricidad, gas, gasolina y otros servicios públicos para el año entrante.
Los elementos de juicio disponibles sugieren, pues, que a diferencia de lo que afirma Calderón, los efectos de la recesión en las finanzas públicas y en los bolsillos de las familias continuarán manifestándose durante buena parte de 2010. Al no reconocerlo expresamente, el gobierno federal reafirma la actitud indolente exhibida desde principios del año pasado, cuando el jefe del Ejecutivo aseguró “emocionarse” ante las primeras expresiones de la actual crisis económica, y cuando Carstens calificó de “catarrito” la problemática en ciernes: entonces, el gobierno se empeñó en negar los signos de una crisis que amenazaba con contagiar profundamente la economía mexicana; posteriormente se dedicó a minimizar sus efectos y hoy porfía en su intento por darla por superada, pese a que la realidad muestra lo contrario.
Otro elemento criticable en el balance oficial concierne al tema de la seguridad, rubro en el que el citado documento insiste en los “logros alcanzados” y defiende los operativos llevados a cabo por el Ejército y la Policía Federal. Estos señalamientos pasan por alto los dudosos resultados de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado emprendida por el calderonismo –la cual, después de miles de muertes, no ha logrado reducir el margen de maniobra de las organizaciones delictivas–, además de que reflejan un alarmante empecinamiento y falta de perspectivas para resolver los problemas actuales de seguridad pública, muchos de los cuales se gestan en esferas como la económica y la social y requieren, por tanto, ser atendidos desde una visión integral y sensible a sus causas originarias.
La ausencia de motivos reales para ufanarse por el estado que guarda el país es sin duda causa de decepción y preocupación para el conjunto de la población, la cual hubiera querido observar, a falta de buenas noticias, una actitud honesta y prudente de las autoridades en las cuentas rendidas ayer al Congreso. Por desgracia, Felipe Calderón se enfila a la segunda mitad de su administración sin haber articulado una política económica coherente y socialmente sensible, sin plantear estrategias de seguridad pública que resulten mínimamente convincentes y efectivas y, lo que es peor, sin dar signos de capacidad y voluntad para modificar las inercias actuales en los distintos ámbitos de su gobierno.
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