Porque tenemos que ser pobres

Enrique Calderón Alzati / III

En dos artículos anteriores he venido describiendo diferentes políticas y medidas empleadas por nuestros gobernantes, que han llevado a la pobreza a amplios sectores de la sociedad y al país en general; comenté el ejemplo del caso de la industria de la madera, señalando que mientras en Finlandia esta industria le ha permitido convertirse en una de las economías más desarrolladas del mundo, en México, con un periodo de crecimiento de los árboles cuatro veces más corto y con una variedad forestal y una superficie de bosques varias veces mayor, nuestra industria maderera prácticamente representa una parte pequeñísima de nuestro producto interno, ¿A qué se debe esto?

Para contestar esta pregunta es importante decir que Finlandia es un país pequeño comparado con el nuestro, en el que su población y sus gobiernos han estado dedicados en cuerpo y alma a las tareas forestales, de explotación y cuidado de la madera, al desarrollo de tecnologías para su tratamiento, orientado a mejorar sus propiedades de dureza, resistencia a la humedad, etcétera.

Hoy en día ningún otro país posee tantos conocimientos sobre el tema. Las cosas no terminan allí. Los finlandeses se han ocupado de encontrar todo tipo de aplicaciones a la madera, incluyendo su uso en la construcción de muebles, cabañas y papel, han diseñado las mejores herramientas para su procesamiento y esquemas para facilitar la transportación de sus productos a los centros de consumo en todo el mundo. Lo más importante es que sus bosques siguen siendo hoy tan ricos como hace 100 años.

En México, en cambio, pareciera que la principal actividad forestal es ver cómo acabar con los bosques, en la medida que carecemos de un plan para su explotación racional (tal como nos falta en muchas otras áreas de actividad, prácticamente en todas), no obstante que existen estados completos que podrían basar su economía y su desarrollo en el proceso racional de la madera, mediante cadenas industriales y comerciales completas, como las que tienen hoy diversos países, como Chile, Canadá o Suecia, además de Finlandia. Tal podría ser el caso de Durango, de Chihuahua, de Michoacán, de Hidalgo y de Veracruz. ¿Qué es lo que impide que eso suceda?

Mucho de ello se debe a la falta de autonomía económica de los estados para promover y financiar proyectos de esta naturaleza, en virtud de que los impuestos que se recaban en ellos son concentrados por el gobierno federal, que los distribuye de acuerdo con sus criterios y con restricciones que impiden su utilización en proyectos de carácter regional, como sería necesario en este caso.

Los gobiernos estatales carecen de facultades y de recursos propios para crear bancos regionales de desarrollo que propiciaran este tipo de proyectos, por lo que la única posibilidad es esperar a que al gobierno federal “se le ocurra que en tal región y en tal sector se podría hacer algo”. Pero cuando esto llega a pasar, las cosas empeoran, porque todo termina en la creación de organismos que operan en el DF y no tienen ni idea del problema que deben atender, ni compromiso alguno para lograr algo, la lista de proyectos fallidos por estas prácticas es interminable.

En el caso particular de la madera, en algún momento se quiso hacer algo al respecto, dando como resultado la destrucción de enormes superficies de bosques en Durango, Michoacán y Chiapas. Mientras se siga pensando que la economía del país sólo debe responder a las demandas del mercado, como lo han practicado a plenitud los últimos cuatro gobiernos que han asolado al país, sirviendo sólo a dictados e intereses externos, esto no va a cambiar, como tampoco cambiará mientras las entidades de la República no sean consideradas como verdaderos estados, capaces de generar sus propias riquezas, sin padecer tutelajes y frenos impuestos por el gobierno central. La economía centralista que hemos padecido imposibilita el aprovechamiento de oportunidades de manera continua.

Otro aspecto que es conveniente y necesario denunciar es el trato que las empresas grandes y el gobierno dan a las empresas pequeñas. Tomemos por ejemplo el caso del señor Slim y su maravilloso emporio económico: si usted no paga su recibo telefónico en el día que le indican, el servicio es cortado en unas dos horas. Si en cambio usted es proveedor de Telmex, y su empresa es pequeña y sin “contactos” con los altos funcionarios de la empresa, sus productos o servicios le serán pagados varios meses después de haberlos entregado o realizado y seguramente en algún momento usted recibirá una llamada telefónica en donde algún agente de esa empresa le exigirá un descuento para poderle pagar en una fecha cercana.

El caso no es único, lo mismo sucede en los organismos de gobierno, como Pemex, IMSS, Infonavit y en las oficinas gubernamentales, en virtud de las innumerables trabas y regulaciones existentes. Otro tipo de explotación de las empresas pequeñas es realizado por las grandes distribuidoras comerciales, si usted es una empresa productora que vende sus productos en tiendas como Sanborns (curiosamente también del señor Slim), Liverpool, o en Wal-Mart y similares, entonces usted tiene que entregarles la mercancía para que ellos la desplieguen en sus tiendas, dos o tres meses después de que esas mercancías se venden, usted podrá cobrar los productos que entregó, luego de presentar la factura correspondiente y de esperar pacientemente su turno. En algunos casos, las tiendas le cobrarán además de su comisión, una renta por el espacio que sus productos ocuparon en los anaqueles.

Cuando las pequeñas empresas de un país no cuentan con condiciones adecuadas para su desempeño, no hay generación de empleos y las alternativas que quedan se reducen a la proliferación de la economía informal, con todos los efectos desastrosos que nuestros gobernantes no han querido entender ni enfrentar.