Acteal frente a la justicia
La masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997 es una de las más significativas de cuantas se han llevado a cabo después del 10 de junio de 1971. En aquella ocasión, como en el Jueves de Corpus, el gobierno enmascaró la agresión usando efectivos irregulares, preparados por las llamadas fuerzas de seguridad como instrumentos de la represión política. No era difícil en aquella región de Chiapas organizar a la parte priista del pueblo para agredir a los opositores, a quienes estaban en el otro bando, en la resistencia. Eso fue lo que ocurrió.
Los 45 asesinados eran desplazados, es decir, familias que huían de una amenaza cierta contra su propia vida. Los agresores fueron los mismos que durante mucho tiempo habían provocado y ejercido la violencia en medio de un conflicto que los ladinos pretenden soslayar con el argumento de que esos indios son así. Los asesinos eran priistas, eran el PRI. Los asesinados eran Abejas, la resistencia pacífica al dominio y la violencia del PRI; no eran zapatistas, no eran rebeldes armados, sino una organización inerme. Esto también lo han querido negar los ladinos y criollos que desde la Ciudad de México han defendido a los agresores.
Quienes llevaron a cabo la masacre eran tzotziles, lo mismo que las víctimas. Quienes crearon la matanza eran ladinos, gobernantes, autoridades, priistas. Ésta también es una verdad histórica que los defensores de los asesinos no querrán nunca admitir a plenitud.
La justicia usó los medios acostumbrados para encarar la masacre. Por instrucciones de Zedillo, el Ministerio Público tenía que ejercer acción penal contra los priistas tzotziles que bajaron aquel día al campamento de los tzotziles desplazados con la consigna de matarlos a todos. Sólo ocho ladinos de nacimiento o naturalizados han sido acusados por haber entregado armas a los asesinos, pero los jefes de éstos han logrado la impunidad, pues el entonces Presidente de la República sólo había ordenado la captura de los asesinos materiales.
La forma de ejercitar la acción penal, abrir los procesos y dictar las sentencias fue la acostumbrada por el viejo régimen, continuada por el actual que, en esencia, es el mismo. Indicios convertidos en pruebas, pruebas configuradas con la ayuda de la policía y el MP. Esto era tanto más necesario porque no se quería un proceso exhaustivo que obligara a la PGR a ir por los asesinos intelectuales, los gobernantes, los dirigentes priistas, quienes habían ofrecido impunidad a los asesinos materiales.
Los asesinos en el campo eran conocidos, muy conocidos, con pasamontañas o sin éstos. No eran como los halcones, fotografiados, pero desconocidos hasta ahora e ignorados por completo por la llamada justicia. Los asesinos materiales en Acteal no podían ser otros sino los que habían sido, entre los que figuran los exonerados de entonces y los de ahora por la Suprema Corte.
El sistema judicial mexicano opera con un código especial, no escrito, pero funcional y efectivo: condena a inocentes y perdona a culpables; también condena a culpables por órdenes de arriba, aunque para ello viole las garantías procesales. Toda esa denominada justicia ha estado y está al servicio del poder político. La diferencia de Acteal fue que el gobierno tenía que encarcelar a una parte de los culpables, con los mismos métodos de siempre, para encubrir a los de arriba y aplacar la protesta nacional e internacional. Esto es lo que ha convalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997 es una de las más significativas de cuantas se han llevado a cabo después del 10 de junio de 1971. En aquella ocasión, como en el Jueves de Corpus, el gobierno enmascaró la agresión usando efectivos irregulares, preparados por las llamadas fuerzas de seguridad como instrumentos de la represión política. No era difícil en aquella región de Chiapas organizar a la parte priista del pueblo para agredir a los opositores, a quienes estaban en el otro bando, en la resistencia. Eso fue lo que ocurrió.
Los 45 asesinados eran desplazados, es decir, familias que huían de una amenaza cierta contra su propia vida. Los agresores fueron los mismos que durante mucho tiempo habían provocado y ejercido la violencia en medio de un conflicto que los ladinos pretenden soslayar con el argumento de que esos indios son así. Los asesinos eran priistas, eran el PRI. Los asesinados eran Abejas, la resistencia pacífica al dominio y la violencia del PRI; no eran zapatistas, no eran rebeldes armados, sino una organización inerme. Esto también lo han querido negar los ladinos y criollos que desde la Ciudad de México han defendido a los agresores.
Quienes llevaron a cabo la masacre eran tzotziles, lo mismo que las víctimas. Quienes crearon la matanza eran ladinos, gobernantes, autoridades, priistas. Ésta también es una verdad histórica que los defensores de los asesinos no querrán nunca admitir a plenitud.
La justicia usó los medios acostumbrados para encarar la masacre. Por instrucciones de Zedillo, el Ministerio Público tenía que ejercer acción penal contra los priistas tzotziles que bajaron aquel día al campamento de los tzotziles desplazados con la consigna de matarlos a todos. Sólo ocho ladinos de nacimiento o naturalizados han sido acusados por haber entregado armas a los asesinos, pero los jefes de éstos han logrado la impunidad, pues el entonces Presidente de la República sólo había ordenado la captura de los asesinos materiales.
La forma de ejercitar la acción penal, abrir los procesos y dictar las sentencias fue la acostumbrada por el viejo régimen, continuada por el actual que, en esencia, es el mismo. Indicios convertidos en pruebas, pruebas configuradas con la ayuda de la policía y el MP. Esto era tanto más necesario porque no se quería un proceso exhaustivo que obligara a la PGR a ir por los asesinos intelectuales, los gobernantes, los dirigentes priistas, quienes habían ofrecido impunidad a los asesinos materiales.
Los asesinos en el campo eran conocidos, muy conocidos, con pasamontañas o sin éstos. No eran como los halcones, fotografiados, pero desconocidos hasta ahora e ignorados por completo por la llamada justicia. Los asesinos materiales en Acteal no podían ser otros sino los que habían sido, entre los que figuran los exonerados de entonces y los de ahora por la Suprema Corte.
El sistema judicial mexicano opera con un código especial, no escrito, pero funcional y efectivo: condena a inocentes y perdona a culpables; también condena a culpables por órdenes de arriba, aunque para ello viole las garantías procesales. Toda esa denominada justicia ha estado y está al servicio del poder político. La diferencia de Acteal fue que el gobierno tenía que encarcelar a una parte de los culpables, con los mismos métodos de siempre, para encubrir a los de arriba y aplacar la protesta nacional e internacional. Esto es lo que ha convalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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