Las plataformas

Pablo Gómez

Acentos


No, no todos los candidatos dicen lo mismo. Lo que está en disputa es algo así como el modelo económico y social del país. Quien niega que el modelo vigente está agotado forma parte de las fuerzas conservadoras. Quien, por el contrario, sostiene que es preciso ir al encuentro de un nuevo modelo o como quiera llamarse, representa a las fuerzas del cambio y del progreso.

En la lucha entre conservadores y reformadores existen sin embargo tonos grises, lo cual lleva a algunos a sostener que no hay más ruta que la misma que hemos seguido. Uno de esos puntos es el de la seguridad pública, la crisis de violencia, la delincuencia en ascenso. Se sostiene que nadie propone nada diferente a lo que ya hemos visto por parte del gobierno de Calderón. Cuán grande es esa equivocación. Podría decirse, por el contrario, que nadie propone seguir con lo mismo. No se puede insistir en una estrategia que no es estrategia sino actitud reactiva, ni se puede sostener que ahora estemos mejor que hace un lustro en materia de violencia delincuencial. Así que cualquiera que llegara a la Presidencia tendría que replantear la acción del gobierno en este tema.

Pero la crisis de violencia no se expresa sola. La manera en que fracasó el modelo económico y social es determinante en el fenómeno de desborde de la delincuencia organizada frente a un Estado enteramente corrompido y sin convocatoria en materia de reformas de la sociedad. No ha sido la pobreza la causante de esa crisis, sino el resentimiento social de grandes franjas de la sociedad —en especial de la juventud— que carecen de opciones para construir una vida productiva y mejor. Lo que tenemos frente a nuestros ojos es una revuelta social por la vía de la violencia sin más programa que la negación de formas constructivas de transformación.

El estancamiento de la economía tampoco se ha presentado solo, sino acompañado de una falta de perspectivas sociales. Bajo el modelo vigente no existen tareas nacionales, se han dejado de defender las riquezas naturales de la nación y no se sabe cuál es el papel que se busca que juegue México en el mundo actual.

Hace casi 30 años, México tenía en las aulas universitarias a 25 por ciento de la juventud. Lo mismo tenía Corea del Sur. Hoy, nuestro país tiene algo así como 28%, pero el país asiático ha llegado a tener a la mitad de sus jóvenes en la educación superior. ¿Qué ocurrió en ese cuarto de siglo? El estancamiento de México.

La diferencia entre las opciones de los candidatos priista y panista, por un lado, y el candidato de la izquierda, por el otro, radica justamente en los temas que se reflejan de manera desgarradora en las materias de la violencia delincuencial y la educación. Si la izquierda hubiera logrado cambiar el rumbo del país hace 24 años, el México actual sería muy diferente al que tenemos en todos los aspectos. Habría política social, política industrial, política educativa, política de energía, política salarial, política comercial, política internacional. Hoy no tenemos nada que pueda llamarse de esa manera, sino sólo inercias.

Se entiende que las personas que no admiten las diferencias abismales entre los programas de las derechas y de las izquierdas tienen el propósito de afirmar que no hay más ruta posible que en la que ya estamos, es decir, sostienen la inercia llevada hasta un punto demencial, pues la mayoría de la clase dominante de México es también víctima de lo que ella ha prohijado: el reino de una oligarquía monopolista depredadora que impide el progreso del país para garantizar los intereses más minoritarios que puede haber.


www.pablogomez.org

El pequeño grupo que se apoderó del PRD le ha hecho daño: Pablo Gómez

Esa directiva, totalmente extraviada, está plegada al gobierno de Calderón, acusa

“Traición” a los militantes del partido, una alianza con el PAN, insiste AMLO

Recurrirá a instancias internacionales si continúa el veto a sus espots, adelanta



Andrea Becerril

El “pequeño grupo” que se ha apoderado de la dirección nacional del PRD “está totalmente extraviado” y le ha hecho mucho daño al partido, porque está “plegado” al gobierno de Felipe Calderón e insiste en aliarse con el PAN, pese a que el blanquiazul detuvo el proceso democrático en México, afirmó el senador Pablo Gómez Álvarez.

En entrevista, el senador perredista refutó a Jesús Ortega y los integrantes de Nueva Izquierda (NI), quienes calificaron de autoritario a Andrés Manuel López Obrador por oponerse a la alianza electoral entre PRD y PAN en el estado de México.

“El político tabasqueño es el único que consulta a la ciudadanía; hace mítines casi a diario en esa entidad, mientras ellos no han respondido a la propuesta de que se realice un plebiscito para dirimir el asunto.”

Sostuvo: “en el PRD no es mayoritaria la opinión de que el acto político más importante del partido en este momento sea ir en alianza con el PAN, es decir, con el gobierno federal”.

Sólo descalifican

Destacó que Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta Naranjo no han respondido a los argumentos de López Obrador y “de todos aquellos que nos oponemos a las alianzas con el PAN”; se han limitado a descalificar. “Lo único que plantean es que hay que derrotar al PRI en algunos estados, pero eso no es suficiente; nos preguntamos dónde está la convergencia, la unidad con el PAN, partido que ha frenado el proceso democrático en el país”.

Ex dirigente del movimiento estudiantil del 68, explicó que históricamente la izquierda y la derecha pueden hacer alianzas, pero sobre objetivos comunes, como eliminar un régimen antidemocrático o dictatorial; pero el problema es que la directiva del PRD pretende aliarse con el principal escollo para el avance democrático.

–López Obrador acusó a la dirigencia del PRD de estar plegada a Calderón, ¿comparte ese señalamiento?

–Sí, creo que están plegados al gobierno federal. Es muy difícil ser oposición fuerte, argumentada, de fondo, cuando se están haciendo alianzas con el partido en el gobierno.

Gómez Álvarez sostuvo: “la dirigencia está totalmente extraviada en un oportunismo elemental, pues busca subirse al carro de las nuevas gubernaturas”. Rechazó que en 1988 la izquierda se haya aliado con priístas: se hizo una alianza electoral, “porque Cuauhtémoc Cárdenas estaba fuera del PRI y se enfrentó al candidato del tricolor”.

Recordó que el PRD contendió junto al PAN cuando era opositor, “y fue correcto, aunque todas fueron un fracaso”. Mencionó la alianza por el gobierno de Nayarit, en la que Acosta Naranjo fue expulsado a los pocos meses “del gobierno que ayudamos a constituir”.

Recalcó que seguirá en la lucha por lograr que Ortega y su grupo dejen la dirección del PRD, pues buscan quedarse, “quién sabe cuánto tiempo, como si el partido fuera de su propiedad; eso está generando un conflicto gigantesco que va a seguir creciendo”.

Aclaró que no es algo personal. “Queremos una nueva dirección, con una línea que tenga el respaldo del partido. Ellos han violado incluso lo dispuesto en el congreso de Oaxtepec, porque no se autorizaron alianzas con AN, pero están acostumbrados a hacer lo que quieren”.

–¿No hay cómo frenarlos?

–Sí. Esta lucha sigue. La actual dirección le ha hecho mucho daño al PRD, más que cualquiera otra en su historia. Es un error que se mantenga.





Calderón avala la coalición de panistas y perredistas, afirma

AMLO: llegó el momento de las definiciones rumbo a los comicios



Alma E. Muñoz e Israel Dávila
Enviada y corresponsal

Ocoyoacac, Méx., 8 de octubre. Ante la censura de otro mensaje que se transmite en tiempos oficiales del PT y a unas horas de que se reanude el consejo del PRD en la entidad para definir su política de alianzas, Andrés Manuel López Obrador dijo que llegó el momento de las definiciones en ese partido rumbo a las elecciones de 2011 y 2012.

Interrogado sobre el aval del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a una alianza con el PAN para la elección por la gubernatura mexiquense, señaló que eso no los separa, aunque “para mí un acuerdo de ese tipo es una traición a los principios del PRD y a sus militantes que han luchado por una transformación”.

En gira por los municipios de Ocoyoacac, Lerma, San Mateo Atenco y Metepec, continuó sus críticas a los dirigentes del PRD que “actúan como paleros de la mafia del poder”, a la cual no le gustan nada los espots que transmitimos –ayer el Instituto Federal Electoral ordenó retirar otro mensaje transmitido en tiempos oficiales del PT.

En Lerma afirmó: “no nos vamos a rendir, vamos a presentar otro”.

¿Será un juego de nunca acabar?, se le preguntó. “Pues sí”, –respondió en entrevista, y confió en que las medidas cautelares impuestas a sus mensajes de radio y televisión no sean una táctica dilatoria. Explicó que modificarán el mensaje, “a ver si la censura lo aprueba”.

–La Comisión de Quejas del IFE aseguró que ese espot denigra la figura presidencial.

–Todos sabemos que las instituciones han sido socavadas porque están al servicio de una mafia de poder, no al servicio del pueblo.

–¿Ya es tiempo de acudir a las instancias internacionales?

–No, porque queremos que resuelvan a fondo. Hablan de medidas cautelares, pero no han fijado un plazo, no hay término. Entonces es una chicanada, porque se supone que van a hacer una investigación de fondo y no han fijado cuándo van a terminarla; espero que fijen plazo. No nos vayan a llevar así todo el año o vayan a hacer uso de esto como una práctica dilatoria.

Pero si deciden mantener el criterio de violar nuestros derechos humanos, agregó, “voy a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia fundada, no sólo en este asunto (el retiro de los espots); les voy a explicar lo que está pasando en México, cómo una mafia de poder se apoderó del país, confiscando todos los poderes y ejerciendo una dictadura a través del control de los medios de comunicación.

López Obrador, a lo largo del día, alertó a la militancia mexiquense sobre los acuerdos que la dirigencia nacional del PRD tiene con Felipe Calderón “para imponer una alianza con el PAN en el estado de México.

“¿Creen que el presidente del PAN, César Nava, va a tener la capacidad de decidir sin consultar a Calderón una alianza con el PRD?”, preguntó a sus seguidores en Lerma. “¡Nooo!”, respondieron. “Es de sentido común que esta alianza es con el aval de Calderón, no tengo duda”.

López Obrador reiteró que si la dirigencia perredista aprueba aliarse con el PAN, pedirá licencia como militante. Y si “se van de largo, porque pueden estar pensando en ir juntos para la Presidencia de la República, entonces pido una prórroga de esa licencia”.

–Ebrard dijo que no puede descartarse la alianza para 2012 –le comentaron.

–Ese es su punto de vista. Yo no estoy de acuerdo con la alianza entre PRD y PAN. Es una traición a los principios perredistas y a los militantes, que han luchado desde hace muchos años por una verdadera transformación del país.

–¿Eso los separa?

–No, sencillamente son momentos de definiciones. Cada quien agarra el camino que considere conveniente. Yo no voy a aceptar esa alianza por principios ideológicos, porque PRI y PAN son lo mismo y no se puede olvidar que hace cuatro años nos robaron la Presidencia de la República.

Acuerdo secreto, mentiras públicas

Recomendarvotar ahoraDice Beatriz Paredes que el acuerdo secreto para que el PAN no atacara personalmente a Peña Nieto, no se hicieran alianzas con el PRD en el Estado de México y se revisara la legislación sobre la materia en esa entidad, no fue la llave para formar la coalición parlamentaria que ella hizo con el mismo PAN para imponer nuevos impuestos. Entonces, ¿para qué se firmó? Eso lo responde Paredes con una mentira pública: fue un pacto de civilidad. ¿Qué?

Hay preguntas que se responden a sí mismas. No puede haber pacto alguno entre un partido y un gobierno que carezca de objeto concreto y útil a las partes. Suponer, como lo hace Paredes, que la gente puede aceptar otra cosa es vivir en la mentira, es decir, creerse sus propias falsedades.

Pero Gómez Mont y Nava ponen también algo de su parte. Dicen que Calderón no supo nada hasta enero. ¿Dónde estaba Calderón? Nadie lo sabe. Lo cierto es que hubo una negociación entre el gobierno y el PRI para establecer nuevos impuestos y que se produjo un acuerdo, el cual está publicado en el Diario Oficial de la Federación por si alguno lo duda. La negociación, por lo visto, rebasó al entonces secretario de Hacienda y se ubicó en la Secretaría de Gobernación.

Dice Paredes que tal acuerdo no debe involucrar a un miembro del PRI por más gobernador del Estado de México que ése sea. Pero Peña Nieto está involucrado porque el pacto sólo tiene como objeto a dicha entidad. En otras y conmovedoras palabras, Paredes firmó lo que Peña Nieto le solicitó y lo que Gómez Mont admitió. Peña Nieto se presenta ante el país como el verdadero presidente del PRI. Por lo visto, lo es.

Pero Nava afirma que el pacto implicaba el apoyo priista de todo el proyecto hacendario de Calderón pero no su modificación, y que los senadores priistas se fueron al mingitorio para no votar el incremento del IVA, con lo cual —dice Nava— se rompió el pacto y el PAN quedó liberado. El hecho es que el traslado al baño de casi todos los senadores priistas no impidió que el aumento de impuestos fuera aprobado sino que lo permitió. Ésa fue una cuestión relacionada con los matices políticos internos del PRI, pero sin poner en riesgo el pacto básico ni las condiciones impuestas por Peña Nieto.

A juzgar por las coaliciones parlamentarias entre el PRI y el PAN y por la identidad programática básica entre ambos partidos, el pacto de Peña Nieto y Calderón no era indispensable, pero siempre hay un político que aprovecha la coyuntura y la desesperación del otro para imponer condiciones, en especial cuando ese político carece del menor escrúpulo.

Luego del pacto, los mexicanos tenemos que pagar unos impuestos adicionales. Pero Paredes dice que tal acuerdo ha salvado al país (Estado de México, léase) de injustificadas y pecaminosas alianzas que el pueblo rechaza y, por tanto, el texto firmado defiende la democracia. Esto es lo más cómico que se ha escuchado en años en San Lázaro.

En conclusión: hubo un acuerdo secreto entre Peña Nieto y Calderón para “salvar la democracia”; Paredes no pudo negarse al pedido del gobernador; Nava no pudo desobedecer a Calderón; Gómez Mont tuvo, después, que renunciar a su partido de toda la vida ante las coaliciones electorales del PAN en varios estados, aunque no ha llegado la hora del Estado de México (2011); Calderón se vio precisado a inventar que él no supo nada de nada hasta enero (ya para qué) del presente año. Puras picardías. Los nuevos impuestos son otra cosa; ésos hay que pagarlos y punto final.

pgomez@milenio.com

El no al no

63 intelectuales y políticos en receso nos llaman a aprobar las reformas propuestas por Calderón y convocan a decir no al no. Hemos tenido éxito en el no a la privatización de la industria petrolera, al encarcelamiento de los consumidores de drogas, a la facultad de los agentes de policía de invadir cualquier domicilio, entre otros difíciles trances negativos. Pero hemos sido aplastados por el sí en el aumento de impuestos en plena recesión, los sub ejercicios presupuestales en obras públicas, la incomunicación de reos por sólo mencionar algunas derrotas.

En un país que se dice democrático el no forma parte indispensable del sistema. ¡Cuántos no hicieron falta para impedir dictaduras y guerras! ¡Cuántos no faltaron en Estados Unidos para detener a Reagan y a Bush! Ahora, cuando Calderón propone que el Ejecutivo pueda suspender garantías cuando se le antoje, ¿habría que decir que sí con tal de bajarse de la lista de la generación del no? ¿Tendríamos también que apoyar la idea de Calderón de que el presidente legisle por decreto bajo la llamada afirmativa ficta?

La pluralidad no es inmovilismo. Éste es producto de una mala manera de conducir la lucha política, de ausencia de liderazgo. ¿Qué hizo Calderón frente a la crisis? Realizó con el PRI una vergonzante y vergonzosa coalición parlamentaria para aumentar las cargas impositivas y dejar a los oligarcas sin pagar impuestos.

Los abajofirmantes contra el no sólo dicen sí al proyecto de Calderón pero ignoran otras propuestas. ¿No están de acuerdo con el referéndum facultativo popular para que los ciudadanos puedan votar las leyes objetadas? ¿No están de acuerdo con el derecho ciudadano de revocar el mandato de los gobernantes? ¿Tampoco aceptan el plebiscito como instrumento con el que la mayoría pueda resolver los conflictos sobre temas de la administración pública?

No sé de dónde sacan los abajofirmantes que es mejor que el voto negativo sea determinante en una elección. Esto es lo que apoyan al exigir que se admita la segunda vuelta presidencial. Pero, además, la gobernabilidad, como le llaman a eso, carece de sentido cuando permite que el voto negativo se imponga en las urnas. Es mucho mejor que se gobierne con un programa apoyado en el voto positivo. Lo que se busca es la fabricación artificial de una mayoría absoluta sin importar cómo sea la sociedad. La propuesta de Calderón es peor porque es un plan con maña: propone que la elección de legisladores se lleve a cabo al mismo tiempo que la segunda vuelta presidencial, con lo cual los partidos que no se ubiquen en la disputa final quedarían borrados en el Congreso. Esto último no existe en ninguna parte del mundo.

¿Los abajofirmantes no están de acuerdo con la autonomía del Ministerio Público y de la Auditoría Superior de la Federación, con acción penal para esta última? ¿Tampoco están de acuerdo con que exista juicio político operante y se puedan remover a los altos funcionarios ineptos y abusivos? ¿Acaso no es necesario acabar con ese sainete llamado desafuero para que los legisladores, gobernantes y ministros de la Corte que sean acusados de algún delito comparezcan ante la justicia como cualquier otra persona?

La propuesta de Calderón que aumenta derechos ciudadanos es la relativa a las candidaturas independientes, la cual figura en el programa del PRD desde hace muchos años, pero con acceso gratuito a radio y televisión y con financiamiento público.

Los abajofirmantes nos lanzan una petición. Dicen, “Amigos(?) legisladores: aprueben las reformas y demos inicio al debate de fondo: ¿qué futuro queremos para México?” Cualquiera podría pensar que las cosas son al revés. Primero se abre el debate y luego se vota. Quizá por esto el manifiesto “No a la generación del no” apoya sin argumentos los puntos presentados por Calderón e ignora por completo las propuestas de los demás partidos. ¿Así se mejora un país?

pgomez@milenio.com

¿Aliados?

Recomendarvotar ahora¿Qué significa que el PRD haga alianzas electorales con el PAN? Pues que está haciendo alianzas con el gobierno de Felipe Calderón, con este mismo como jefe de su partido. ¿Qué significa ese acercamiento político? Pues que se hace abstracción de la política gubernamental, la que se aplica de espaldas a los intereses populares y nacionales.

El debate no consiste en la factibilidad de alianzas entre izquierdas y derechas alrededor de objetivos comunes, sino en si hoy y aquí la izquierda puede llevar a cabo un acercamiento tan fuerte con un gobierno al que combate todo el tiempo y en todas partes debido a la política oficial.

Ahora resulta que esa línea de alianzas se puede aplicar en cualquier parte del país y en apoyo de cualquier candidato. Ya ni siquiera van a valer la atenuantes del caso de Oaxaca, sino que las relaciones PRD-PAN se podrán extender hacia cualquier territorio y, poco a poco, hacia cualquier aspecto de la vida política.

Esta desviación no es poca cosa. El pragmatismo de la mayoría de la dirección del PRD es tal que se convierte en un fuerte ataque a la izquierda. De nada servirá ésta si no lucha contra un programa de gobierno antipopular, antidemocrático, policiaco, antinacional, y a favor de una alternativa, de una propuesta política, la cual, por lo visto, está ausente en este momento en el PRD. ¿Cuál es el programa común del PRD y el PAN? Al parecer, un punto, ganarle al PRI, la otra derecha, para defender al gobierno de Calderón.

La línea política del PRI no difiere de la del PAN. Unos y otros partidos hacen lo mismo, más o menos. ¿Acaso la del PRD tampoco difiere de la del PAN? El PRI no se aliaría con el PAN, pero esto no se debe a divergencias programáticas, sino a que el PRI se presenta como una opción diferente, aunque no lo sea, es decir sólo para efectos de mantener sus gobiernos o disputar a Acción Nacional los puestos de elección popular. Y ahora resulta que quien sí puede ser una opción verdaderamente diferente del PAN, el PRD, realiza alianzas con aquel partido para borrar o al menos ocultar sus contradicciones con esa derecha.

Se trata de una política suicida, pues se puede lograr que tal o cual persona llegue a una gubernatura, pero no se podrá garantizar que el nuevo gobernador aplique una línea democrática y social. Cuando varios partidos hacen una alianza electoral y triunfan, integran un gobierno de coalición surgido de la misma coalición electoral. Si se trata de una alianza para integrar el poder Legislativo, entonces también en ése tendría que realizarse una coalición parlamentaria. Pero en ningún caso se ha pactado una coalición política, la cual, por otro lado, no funcionaría de ninguna manera, con lo cual se demuestra que la coalición electoral entre el PRD y el PAN no es una verdadera alianza que pueda ser defendida con argumentos válidos.

pgomez@milenio.com

Alianzas

Las alianzas entre izquierdas y derechas siempre se han pactado sobre objetivos concretos y coyunturales. Por lo general, se han dado con el propósito de remontar un sistema o régimen político y alcanzar nuevas bases de carácter democrático. Esto implica que tanto las derechas como las izquierdas sean más o menos democráticas.

En el año 2000 se abrió la posibilidad de una alianza electoral entre el PRD y el PAN alrededor de objetivos muy concretos, en especial la necesidad de remontar el sistema priista, el presidencialismo absolutista o despótico, para instaurar un régimen abierto a la transición. El PAN bloqueó esa posibilidad y, después, con el triunfo de Vicente Fox, éste cerró toda concertación política para avanzar en reformas democráticas en el país. En realidad, el PAN ha usado el andamiaje jurídico del viejo régimen priista y, ahora, lo quiere profundizar a favor del Poder Ejecutivo.

Antes del 2000, el PRD convino algunas alianzas locales con el PAN y, en algunos estados, se produjeron triunfos electorales, los cuales, después, fueron un fiasco. El PRD estaba entonces movido por la idea de que era necesario erosionar el viejo sistema priista, pero el PAN no compartía el mismo punto de vista, pues la derechización del gobierno federal, especialmente a partir de Salinas, era vista como un triunfo moral del panismo histórico. En realidad, el PAN buscaba sus propios acomodos a través de algunas alianzas con el PRD. La verdad sea dicha, el PAN salió ganando siempre.

Hoy, la situación ha cambiado. El PAN es gobierno y aplica, naturalmente, una línea derechista. Además, carece de propuesta democrática en materia política y pide el fortalecimiento del presidencialismo frente a un Congreso plural donde ningún partido tiene mayoría. Como era de esperarse, en materia social el PAN aplica el programa de los grandes conglomerados capitalistas que, en México, conforman una oligarquía que usa al gobierno federal para su propia defensa y expansión.

En cuanto a la idea de golpear al PRI en algunos estados para limitar sus posibilidades de retornar al poder en el país, el argumento es débil. ¿Qué diferencia importante existe entre los gobiernos panistas y priistas? Ni en materia de derechos y mucho menos en cuanto a política económica y social, se pueden advertir divergencias entre esos dos partidos.

¿Qué buscaría la izquierda perredista con la idea de aliarse extemporáneamente con el PAN en algunos estados? Se dice que golpear al PRI, pero eso no puede ser hoy el planteamiento de un partido político de izquierda, sino las reformas, los cambios políticos y económicos a favor de la mayoría trabajadora del país, lo cual implica combatir a las derechas por igual.

En cuanto a la inexplicable idea de postular para gobernador de Tamaulipas al tal Lino Korrodi, lo mejor es decir que es tan obscena que es mejor no entrar en detalles.

¿Qué hay en el fondo? La falta de análisis concreto de la realidad, la cual predomina en la dirección del PRD, donde el exceso de pragmatismo lleva a errores de carácter estratégico, es decir, de los que perduran y trascienden. Es en verdad difícil entender cómo una izquierda cualquiera puede dejar de darse cuenta de que sus eventuales alianzas con la derecha no serían más que formas de alimentar las tendencias bipartidistas, las cuales se promueven desde el PAN y el PRI sobre la base de que en la realidad política del país ya tienen suficiente espacio. Las alianzas se están dando entre el PRI y el PAN en casi todo el país, aunque esos dos partidos compitan en las elecciones.

Nada debería hacer el PRD para alentar esas tendencias hacia un bipartidismo de dos formaciones políticas de derecha. Al PRD le conviene singularizarse en lugar de sumarse a la derecha no priista, pues ésta no tiene diferencias apreciables con la otra. Si la dirección del PRD quiere seguir extraviada, sin propuesta política propia, sin capacidad de convocatoria, sin prestigio popular, sin ideas fuerza, que pacte lo que sea con quien sea y ya veremos qué hacemos para volver a empezar.

pgomez@milenio.com

Son ya muchas notas , artículos y comentarios propios que al día de hoy he publicado acerca de lo que ha sucedido en las elecciones de las delegaciones de Iztapalapa , Miguel Hidalgo y Cuajimalpa en el D.F. , con el único propósito de que la gente se de cuenta de cómo se dieron las cosas en realidad , conciente de que la tele , único medio al que tienen acceso millones de mexicanos , todo lo distorciona obedeciendo a todo tipo de intereses y con la esperanza de que este sitio de internet llegue a quien debe llegar .

Sufragio efectivo


La lucha política en Iztapalapa ha generado toda clase de pronunciamientos contra el sufragio. A pesar de que el asunto relevante en esa demarcación ha sido en realidad el voto ciudadano y el respeto al mismo, no ha sido ésta la manera como se le ha abordado por periodistas y políticos. Pareciera que todo se reduce a asuntos menores, pronunciamientos circunstanciales y actuaciones caricaturescas, como si el voto pudiera ser tratado de esa forma sin ofenderlo como valor democrático. Los que esperaban que Acosta renegara de su compromiso en realidad estaban contra el voto mayoritario, querían mancillarlo, burlarlo.

En Iztapalapa, ante el cambio judicial de candidata, se realizó una maniobra política enteramente válida, pues cada cual sabía por quién votaba. Clara Brugada obtuvo la mayoría y eso fue el contenido principal de tal episodio que seguramente formará parte de la historia electoral del país. Nadie fue engañado, no se realizó ninguna trampa en la votación, a pesar de que marcar el nombre de Brugada implicaba votar por otra persona que no se encontraba en la boleta, y de que marcar el nombre de Rafael Acosta quería decir que se le otorgaba el voto a Brugada. Pero ese enredo fue provocado por el más alto tribunal electoral del país, al cual ni siquiera se le critica por parte de quienes han soslayado el sufragio popular. (EL PAN , EL PRI Y LOS MEDIOS)

Es claro que la burla de los desplantes de Acosta es cosa natural de la prensa y los comentaristas, pero ¿dónde quedó el hecho de que la mayoría se expresó en Iztapalapa y le otorgó el triunfo a Clara Brugada?

Lo que ocurre es que en México el sufragio no merece respeto dentro de la vieja cultura política que no ha desaparecido, ni siquiera menguado. Parece que todo en política es maniobra, suciedad y ridiculez, por lo que el voto aparece como producto de fuerzas ocultas.

En contraste, la validación de las elecciones en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa aparece como un acto de justicia, lo cual es un tanto cierto, ya que se ha respetado el voto mayoritario. Pero como en esos dos casos la victoria ha sido de la derecha panista, entonces todo es denostar al tribunal local y ensalzar a la sala regional del llamado Trife. Pero se olvida por conveniencia que lo sancionado por las autoridades electorales locales no era el resultado de las votaciones, sino las trampas de los candidatos panistas. ¿Dónde dice la Constitución que los spots contratados —considerados ilícitos— deben ser pagados por el contratante? Hay muchas formas de contratar, entre ellas las que no implican pago alguno. No era necesario demostrar el pago con tal de que se probara el acuerdo entre Televisa y Sodi para hacer propaganda —cuestión reconocida por el IFE y el Tribunal Electoral de la Federación—, con el propósito, además, de ridiculizar las nuevas normas electorales tan cuestionadas por el duopolio de la televisión. Asimismo, dice la ley que los donativos forman parte de los gastos de campaña, los cuales eran la litis en Miguel Hidalgo, ignorada olímpicamente por el TEPJF.

Cuando se anula una elección debido a que el vencedor violó las normas, no se castiga al sufragio mayoritario sino al candidato tramposo. Aquí ha predominado el valor del voto, lo cual no es condenable, pero se deja a los fulleros en total impunidad. La trampa perdonada no tendrá remedio, la repetición de los comicios, en cambio, sí tendría forma de llevarse a cabo. Se hizo, al parecer, una valoración política entre ambas cosas (voto ya emitido y trampas). Ganó el voto como valor, pero ¿cómo se pueden combatir las trampas? Eso no lo detallan los defensores del tramposo, es decir, de Demetrio Sodi. En realidad, ganó más la trampa que el voto. Parece que en México el problema de las elecciones no tiene fin.

pgomez@milenio.com

Paraíso fiscal


El debate fiscal mexicano siempre ha sido en verdad muy simple. El mundo entero reclama a México la baja recaudación. Pero mientras algunos (OCDE y FMI) culpan al país por no gravar alimentos y medicinas, otros sencillamente preguntan por qué no se cobran los impuestos. Las respuestas de los gobiernos mexicanos han sido muy diversas, pero casi siempre con puras evasivas. En realidad, nadie puede en el gobierno explicar los motivos por los cuales el país es un paraíso fiscal. La verdad es inconfesable, se encuentra en el poder de grandes grupos económicos. Se trata de una herencia del PRI, mantenida, como muchas otras, por el PAN. En México no ha habido cambio.

Pondré sólo dos ejemplos para abreviar. En los países desarrollados las ganancias de bolsa generan un impuesto. En Estados Unidos ha sido hasta ahora el de la tasa general del impuesto sobre la renta, según el nivel de ingreso. En algunos países europeos se aplica una tasa específica. Pero en todos se paga impuesto, pues se trata de un ingreso de personas físicas o morales. Sí, en México los ingresos bursátiles están exentos del impuesto sobre la renta y el que lo dude puede indagar sobre la venta de Banamex, operación en que se produjeron ganancias gigantescas, pero a través de la bolsa. ¡Ah!

Si usted se saca la lotería, paga un impuesto equivalente a la tasa general alta y, dentro de poco, pagará más, pero si juega y gana en la ruleta de la bolsa de valores, no paga nada, todo es para usted aunque dé un golpe y, tan luego como lo aconseje la situación, venda y “retire utilidades”, como se le llama a esa operación.

Es necesario establecer una tasa sobre las ganancias consolidadas de la compraventa de acciones en bolsa. En México, la simple operación de comprar casi cualquier artículo implica un impuesto al gasto. Adquirir acciones no implica más que pagar el IVA sobre la tarifa de los servicios de la casa de bolsa. Nadie propone que se cobre el IVA a las transacciones bursátiles, pero ¿por qué tampoco se cobra un impuesto a las ganancias, es decir a la diferencia entre el precio de compra y el de venta de los títulos, con el necesario descuento de los gastos de correduría y el IVA sobre los mismos. Al final, cada inversionista llevaría su estado general y podría deducir las pérdidas de tal manera que sólo pagara impuesto sobre ganancias efectivamente realizadas en un determinado lapso.

En todo el mundo (México forma parte de otro planeta) se cobra un derecho sobre el valor de las materias extraídas que son propiedad de la nación, el oro, la plata, el cobre, etcétera. En nuestro país, sólo Pemex paga derechos sobre la extracción de los hidrocarburos, pero la industria minera, que es privada, paga unos 200 pesos por hectárea. Sí, no es error de imprenta, son 200 pesos.

Las riquezas minerales se han privatizado pero no como en otros países, donde se pagan derechos de extracción, sino totalmente, es decir, esos recursos naturales que pertenecen teóricamente a la nación, según dice la Carta Magna, son en realidad propiedad de los concesionarios. Aquí se piensa que las compañías mineras le hacen un favor a México extrayendo todo lo útil.

Podríamos seguir con más de lo mismo: el régimen de consolidación fiscal, el agropecuario (industria alimentaria), el de transportes, pero todo eso es demasiado pesado para un lector con vísceras. Sólo hay que hacer alusión a todas las triquiñuelas que la ley, la autoridad fiscal y los tribunales permiten con el objeto de eludir impuestos.

Se habla de más de 400 mil millones, en cálculo. ¿No hay de dónde?

pgomez@milenio.com

No tiene los votos para quitar a Arturo González

Cuestiona Pablo Gómez que AN busque auditor a modo

Andrea Becerril

El PAN no cuenta con mayoría de votos en la Cámara de Diputados para cambiar al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), recordó el senador perredista Pablo Gómez al dirigente nacional panista, César Nava.

Consideró indebido que el blanquiazul, como partido en el gobierno, pretenda tener un auditor a modo, ya que la función de éste es fiscalizar el buen uso de los recursos públicos federales.

Deploró que senadores y diputados panistas pretendan suspender la comparecencia del titular de la ASF, Arturo González de Aragón, ante la Comisión Permanente, con el argumento de que en otras reuniones con funcionarios se les ha faltado al respeto.

Un día antes, durante el encuentro de los diputados electos del PAN, Nava señaló que debe sustituirse al auditor González de Aragón, ya que no garantiza honorabilidad ni imparcialidad.

“Considerando que se trata del partido del gobierno, que es el principal fiscalizable, no deberían adoptar esa actitud, porque parece que lo que buscan es proteger la administración de Calderón”, señaló Pablo Gómez.

Destacó que Acción Nacional no puede bloquear que se ratifique a González de Aragón para un segundo periodo o se elija a un nuevo auditor, porque se requieren dos tercios de la votación de la Cámara de Diputados. Es importante –dijo– que la oposición en conjunto se ponga de acuerdo y garantice que al frente de la ASF haya un profesional capaz e independiente del poder.

“El PAN no debe intervenir, son los demás grupos parlamentarios los que tienen que ponerse de acuerdo para dejar a González Aragón o nombrar a otro”.

Por otra parte, existe la posibilidad de que se suspenda la comparecencia del auditor y de otros funcionarios, a partir de que un grupo de legisladores panistas, encabezados por la senadora Beatriz Zavala, hicieron la solicitud al presidente de la Permanente, Gustavo Madero, con el argumento de que se ha faltado al respeto a los secretarios de Estado que han acudido antes.

Al respecto, Pablo Gómez consideró que el PAN “está cometiendo un error muy grande y se ve nervioso; anticipan que quieren quitar al auditor porque están inconformes con él. Quiere decir que lo ven como una amenaza, que quieren uno que les perdone todo, y eso no puede ser, rompe con la división de poderes y eso tiene que tomarlo en cuenta Nava”.

Acerca de la actitud de Zavala y otros legisladores panistas que se han molestado porque la oposición cuestionó a los funcionarios que han comparecido, advirtió que “el PAN tiene todo el derecho de defender al gobierno, pero no como lo está haciendo. Pueden defender la política de gobierno, pero no proteger a los servidores públicos; este es un comportamiento contrario a la práctica parlamentaria”.

Acteal frente a la justicia


La masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997 es una de las más significativas de cuantas se han llevado a cabo después del 10 de junio de 1971. En aquella ocasión, como en el Jueves de Corpus, el gobierno enmascaró la agresión usando efectivos irregulares, preparados por las llamadas fuerzas de seguridad como instrumentos de la represión política. No era difícil en aquella región de Chiapas organizar a la parte priista del pueblo para agredir a los opositores, a quienes estaban en el otro bando, en la resistencia. Eso fue lo que ocurrió.

Los 45 asesinados eran desplazados, es decir, familias que huían de una amenaza cierta contra su propia vida. Los agresores fueron los mismos que durante mucho tiempo habían provocado y ejercido la violencia en medio de un conflicto que los ladinos pretenden soslayar con el argumento de que esos indios son así. Los asesinos eran priistas, eran el PRI. Los asesinados eran Abejas, la resistencia pacífica al dominio y la violencia del PRI; no eran zapatistas, no eran rebeldes armados, sino una organización inerme. Esto también lo han querido negar los ladinos y criollos que desde la Ciudad de México han defendido a los agresores.

Quienes llevaron a cabo la masacre eran tzotziles, lo mismo que las víctimas. Quienes crearon la matanza eran ladinos, gobernantes, autoridades, priistas. Ésta también es una verdad histórica que los defensores de los asesinos no querrán nunca admitir a plenitud.

La justicia usó los medios acostumbrados para encarar la masacre. Por instrucciones de Zedillo, el Ministerio Público tenía que ejercer acción penal contra los priistas tzotziles que bajaron aquel día al campamento de los tzotziles desplazados con la consigna de matarlos a todos. Sólo ocho ladinos de nacimiento o naturalizados han sido acusados por haber entregado armas a los asesinos, pero los jefes de éstos han logrado la impunidad, pues el entonces Presidente de la República sólo había ordenado la captura de los asesinos materiales.

La forma de ejercitar la acción penal, abrir los procesos y dictar las sentencias fue la acostumbrada por el viejo régimen, continuada por el actual que, en esencia, es el mismo. Indicios convertidos en pruebas, pruebas configuradas con la ayuda de la policía y el MP. Esto era tanto más necesario porque no se quería un proceso exhaustivo que obligara a la PGR a ir por los asesinos intelectuales, los gobernantes, los dirigentes priistas, quienes habían ofrecido impunidad a los asesinos materiales.

Los asesinos en el campo eran conocidos, muy conocidos, con pasamontañas o sin éstos. No eran como los halcones, fotografiados, pero desconocidos hasta ahora e ignorados por completo por la llamada justicia. Los asesinos materiales en Acteal no podían ser otros sino los que habían sido, entre los que figuran los exonerados de entonces y los de ahora por la Suprema Corte.

El sistema judicial mexicano opera con un código especial, no escrito, pero funcional y efectivo: condena a inocentes y perdona a culpables; también condena a culpables por órdenes de arriba, aunque para ello viole las garantías procesales. Toda esa denominada justicia ha estado y está al servicio del poder político. La diferencia de Acteal fue que el gobierno tenía que encarcelar a una parte de los culpables, con los mismos métodos de siempre, para encubrir a los de arriba y aplacar la protesta nacional e internacional. Esto es lo que ha convalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

pgomez@milenio.com

Allanamientos: Estado de policía


Me gustaría ver la orden judicial de cateo con la cual la Policía Federal se metió en un templo católico en Apatzingán. Y me gustaría más que, tanto quienes protestaron como quienes apoyaron la irrupción, criticaran la inobservancia de las normas que establecen la inviolabilidad del domicilio. La verdad es que policías y militares se están metiendo en cualquier lugar sin ningún mandamiento de la autoridad.

Aquí no tiene nada que ver el sacrilegio ni el Estado laico, mucho menos las enseñanzas del Evangelio. Aquí lo importante es el Estado de policía que Calderón está forjando mediante la violación sistemática de la ley y, también, de algunas reformas legislativas que se han hecho con el apoyo del PRI.

Nadie puede exigir a un grupo de policías o militares la orden de cateo si no tiene unos cuantos AK-47. En Apatzingán, los integrantes de La Familia estaban desarmados, como corresponde a la presencia en un templo, pero los policías no estaban locos como para no llevar sus fusiles y detener a todos los fieles. Estas circunstancias son presentadas por la Secretaría de Seguridad Pública como aquellas que permitieron que no se produjera un enfrentamiento durante la captura, pero no se alega el haber tenido una orden judicial, de la cual, evidentemente, carecían los agentes de policía.

El Episcopado no tiene por qué aceptar la disculpa ofrecida por la policía, pues no se trata de un asunto entre corporaciones sino de la violación de la ley, la cual no es del clero sino de la República. Sólo la autoridad judicial puede expedir una orden de cateo, dice la ignorada Constitución en su artículo 16, la cual señala también que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandamiento escrito de autoridad competente. Ahora, una orden de ese tipo puede ser obtenida hasta por internet, gracias a las facilidades legales que ha brindado el Congreso de la Unión, siempre, claro, que la solicite el Ministerio Público, quien de seguro ni se enteró del operativo de Apatzingán. Y no se vale decir que contra los detenidos había orden de aprehensión, pues el cateo legal es la entrada por la fuerza en un lugar privado y también puede tener el propósito de aprehender a un sujeto dentro de un domicilio.

Al parecer, en México casi nadie quiere defender la Constitución y frenar la arbitrariedad policiaca, pues se dice que lo importante es detener a los malos, sin importar la manera de hacerlo ni los derechos de otros y de los mismos malos, todos los cuales ya no tienen derechos, ya no son personas. En las guerras no se acostumbra el respeto de derechos y Calderón nos habla de una guerra.

No importa que el sitio allanado por la policía sin orden judicial sea un palacio de gobierno, una catedral o una casa cualquiera, lo que interesa es que se hace en forma indebida. Nada tiene que ver en este asunto el lugar del cateo, sino la manera de hacerlo.

Calderón propuso hace poco al Congreso que la policía pudiera allanar cualquier domicilio con la discrecional suposición de peligro delictivo. De manera milagrosa, el Senado no aprobó ese precepto y la Cámara de Diputados, en segunda revisión, lo eliminó del proyecto. Sin embargo, el gobierno aplica con soltura su propuesta rechazada y el Congreso ni siquiera se digna protestar. ¿Por qué? También las cámaras legislativas están en la tal guerra y pocos de sus integrantes se atreven a presentar críticas a policías y militares, pues de inmediato se les acusa de hacer el juego a los narcotraficantes. Lo que se está forjando es el Estado policiaco, el cual podría operar contra cualquiera un día cualquiera por motivos que nada tuvieran que ver con la tal guerra. Ya lo hemos sufrido.

pgomez@milenio.com

Obligado Ebrard a proponer a Clara Brugada: Pablo Gómez

Ciudad de México, 8 de Julio.- El senador Pablo Gómez, del PRD, consideró que al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, no le queda más opción que proponer a Clara Brugada como sucesora de “Juanito” en la jefatura delegacional de Iztapalapa, una vez que Rafael Acosta pida licencia.

“Marcelo está obligado moral y políticamente a hacer la propuesta a la Asamblea. Se tiene que consumar el mandato de la mayoría popular de Iztapalapa, Marcelo tiene que obedecer una expresión democrática que no tiene la menor duda en cuanto a su legitimidad”, subrayó.

Al participar en una mesa de análisis sobre el caso Iztapalapa, moderada por el secretario general del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (PRD-DF), Manuel Oropeza, consideró que lo ocurrido en esa demarcación fue “un milagro”.

Detalló que en pocos días se logró convencer a la gente en torno a la estrategia para “detener este fraude electoral de quinto piso que intentó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

En presencia de la presidenta del PRD capitalino, Alejandra Barrales, y candidatos ganadores de varias delegaciones, calificó como una vergüenza que el Tribunal quiera poner o quitar candidatos.

“Los candidatos no se nombran en los tribunales, sino en los partidos políticos y en la ciudadanía, son expresiones de la sociedad. El Estado no pude quitar o poner candidatos”, subrayó.

En la mesa de análisis estuvieron presentes Clara Brugada y Rafael Acosta “Juanito”.

NOTIMEX

Iztapalapa, emblema de un sistema decadente

No podemos conocer con certeza quienes metieron las manos en el fallo del Tribunal Electoral sobre Iztapalapa pero tampoco podemos estar seguros de que los magistrados hayan hecho tal atropello por iniciativa propia. Es tan monstruosa la sentencia que en verdad cuesta trabajo adjudicársela a unos juristas.

El origen del juicio fue que algunos integrantes de mesas directivas de casilla en algunas mesas receptoras –donde el voto a favor de Clara Brugada era muy alto— no estaban en el listado de miembros del PRD. En cambio, todos los demás integrantes de casilla que tampoco estaban en el listado de integrantes del partido no fueron analizados ni sobre tales casos se ejerció alguna resolución judicial. El propósito era anular sólo medio centenar de casillas (no cualesquiera sino unas muy precisas) para dar la vuelta al resultado.

Como se sabe, cuando falta algún funcionario de casilla, éste se sustituye con el primero formado en la fila de votantes que esté dispuesto a asumir la encomienda. Pero el Tribunal parece desconocer un hecho de lo más público: podía votar cualquier ciudadano, la elección fue abierta, no se requería ser miembro del PRD para poder votar. Por tanto, cualquier primero en la fila podría ser o no miembro del partido.

Esta ignorancia supina de los magistrados es de lo más sospechosa, en especial porque otros recursos fueron declarados infundados con el argumento de que los funcionarios de casilla de seguro que eran de la sección correspondiente porque estaban formados en la fila, aunque no se hubiera comprobado que eran electores de ese lugar. Mas tales impugnaciones no eran en contra de Clara Brugada.

Los criterios contradictorios no son casuales en un tribunal, sobre todo cuando se votan al mismo tiempo. Por esto, he dicho y sostengo que se trata de un fraude electoral realizado en el quinto piso, es decir en un tribunal de apelaciones, el cual, por cierto, no era la instancia idónea sino la Sala Regional, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral “atrajo” el juicio sin argumentos concluyentes y lo resolvió en una madrugada cualquiera, después de haber pospuesto el examen de la misteriosa ponencia en varias ocasiones.

Las casillas anuladas por el TEPJF no fueron impugnadas en cuanto al resultado del escrutinio y cómputo. Los votos fueron auténticos. Los representantes de todos los candidatos firmaron las actas, después de haber admitido a los funcionarios sustitutos, con lo cual los recurrentes, es decir, los perdedores, aceptaron, antes, el acto que después reclamaron. Y no sólo lo aceptaron sino que lo propiciaron debido a que ellos mismos se hicieron cargo de las sustituciones de funcionarios de casilla ante la ausencia de los originalmente nombrados. Quienes votaron en las casillas anuladas han sido enviados por un tribunal al reservorio de los ciudadanos inexistentes.

La escandalosa decisión del TEPJF ha creado un grave problema político en el interior de un partido, el cual ha sido agredido como tal. Parece que nuestros magistrados electorales hacen política interna en el PRD y les importa un bledo las consecuencias de sus actos ilegales y por completo contrarios a la equidad electoral, la imparcialidad y la legalidad.

No es la primera vez que el TEPJF hace una tropelía de esta naturaleza, pero cuán grave es que lo siga haciendo sin escuchar la crítica, en una actitud de autismo judicial y personal. Preparémonos para ver cosas peores.

pgomez@milenio.com

Operativos, evidencias y Kafka


No debería existir la menor duda de que los llamados operativos de Michoacán y Nuevo León, así como otros muchos, se han hecho en contra de la ley.

Sin embargo, los medios de comunicación no lo admiten así por lo general, aunque tampoco podemos exigirles que conozcan los textos constitucionales. Mucho menos el gobierno. Calderón habla del combate –ahora sí, dice—contra la delincuencia organizada, sin distingos políticos y para no caer, también dice, en los largos errores del pasado. Tenemos un Ejecutivo que en lugar de gobernar es un policía, no aborda más tema que éste, pero su actitud no tiene tampoco más pretensión que justificar las violaciones en contra de los derechos de personas, las cuales podrían ser los peores delincuentes pero se supone que tienen garantías.

Al parecer, es rentable en la política cometer violaciones con la bandera de la lucha antinarco, como si se tratara de una guerra de verdad. Esto es lo peor de los tiempos que corren.

Es ilegal detener a una persona sin orden judicial –excepto en casos extremos muy bien definidos y bajo responsabilidad del MP— y, nunca –pero nunca– sin que se le hagan cargos precisos. Por otro lado, la presentación de cualquiera ante el Ministerio Público está señalada en la ley, la cual no ha sido respetada en lo más mínimo puesto que ninguno de los secuestrados fue previamente requerido por escrito por el mismo MP. El asunto es muy evidente. ¿Para qué negarlo?

“K. no podía olvidarse de que el proceso no era público; y que si el tribunal lo pensaba necesario, lo podían considerar de esa manera, aunque para la ley no se prescribía publicidad. Por eso a las actas del tribunal, básicamente el texto de la acusación, el acusado y la defensa no podían acceder. Por eso generalmente no se sabía qué poner en ese primer memorial. Esto explicaba porqué únicamente por casualidad podía tener algo servible para el caso. Más tarde era cuando se podían hacer memoriales más acertados y que sirvieran de algo, cuando, mientras corre el caso, se encuentran más evidentemente los puntos de la acusación y la fundamentación de éstos, si no bien se tendría que adivinar.”

El párrafo anterior no es una crónica de las detenciones arbitrarias –secuestros a todo fin práctico—sino una cita de un gran libro, El Proceso de Franz Kafka, en el que K. se encuentra sujeto a un juicio sin saber por qué ni para qué.

Las narcolistas pudieran ser declaraciones en papeles sin firma ni declarante, que sirven para encarcelar a quienes no quisieron colaborar con la delincuencia organizada o que, colaborando con ella, no hicieron todo lo posible por protegerla. Fueran lo que fueran, las tales listas son mensajes de los delincuentes para lograr que la autoridad destituya y encarcele a otras autoridades de tal forma que los proscritos por la justicia han empezado a determinar las acciones de sus persecutores.

Si el Ministerio Público ha obtenido el arraigo de los inculpados es porque no ha podido acusarlos aún ante un juez penal. No hay causa presentada. Para decirlo en las palabras de Kafka, “Block trabaja demasiado en el proceso y anda en busca de una solución para su caso… ¿Qué cosa diría si se enterara de que su proceso no ha dado inicio, que ni siquiera ha sonado la campanilla para abrir su causa?”

La realidad mexicana podría considerarse kafkiana, con el debido respeto a la memoria del genial escritor. Sin embargo, los kafkianos saben bien que los arraigos se levantarán hasta después de las próximas elecciones.

pgomez@milenio.com