Allanamientos: Estado de policía
Me gustaría ver la orden judicial de cateo con la cual la Policía Federal se metió en un templo católico en Apatzingán. Y me gustaría más que, tanto quienes protestaron como quienes apoyaron la irrupción, criticaran la inobservancia de las normas que establecen la inviolabilidad del domicilio. La verdad es que policías y militares se están metiendo en cualquier lugar sin ningún mandamiento de la autoridad.
Aquí no tiene nada que ver el sacrilegio ni el Estado laico, mucho menos las enseñanzas del Evangelio. Aquí lo importante es el Estado de policía que Calderón está forjando mediante la violación sistemática de la ley y, también, de algunas reformas legislativas que se han hecho con el apoyo del PRI.
Nadie puede exigir a un grupo de policías o militares la orden de cateo si no tiene unos cuantos AK-47. En Apatzingán, los integrantes de La Familia estaban desarmados, como corresponde a la presencia en un templo, pero los policías no estaban locos como para no llevar sus fusiles y detener a todos los fieles. Estas circunstancias son presentadas por la Secretaría de Seguridad Pública como aquellas que permitieron que no se produjera un enfrentamiento durante la captura, pero no se alega el haber tenido una orden judicial, de la cual, evidentemente, carecían los agentes de policía.
El Episcopado no tiene por qué aceptar la disculpa ofrecida por la policía, pues no se trata de un asunto entre corporaciones sino de la violación de la ley, la cual no es del clero sino de la República. Sólo la autoridad judicial puede expedir una orden de cateo, dice la ignorada Constitución en su artículo 16, la cual señala también que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandamiento escrito de autoridad competente. Ahora, una orden de ese tipo puede ser obtenida hasta por internet, gracias a las facilidades legales que ha brindado el Congreso de la Unión, siempre, claro, que la solicite el Ministerio Público, quien de seguro ni se enteró del operativo de Apatzingán. Y no se vale decir que contra los detenidos había orden de aprehensión, pues el cateo legal es la entrada por la fuerza en un lugar privado y también puede tener el propósito de aprehender a un sujeto dentro de un domicilio.
Al parecer, en México casi nadie quiere defender la Constitución y frenar la arbitrariedad policiaca, pues se dice que lo importante es detener a los malos, sin importar la manera de hacerlo ni los derechos de otros y de los mismos malos, todos los cuales ya no tienen derechos, ya no son personas. En las guerras no se acostumbra el respeto de derechos y Calderón nos habla de una guerra.
No importa que el sitio allanado por la policía sin orden judicial sea un palacio de gobierno, una catedral o una casa cualquiera, lo que interesa es que se hace en forma indebida. Nada tiene que ver en este asunto el lugar del cateo, sino la manera de hacerlo.
Calderón propuso hace poco al Congreso que la policía pudiera allanar cualquier domicilio con la discrecional suposición de peligro delictivo. De manera milagrosa, el Senado no aprobó ese precepto y la Cámara de Diputados, en segunda revisión, lo eliminó del proyecto. Sin embargo, el gobierno aplica con soltura su propuesta rechazada y el Congreso ni siquiera se digna protestar. ¿Por qué? También las cámaras legislativas están en la tal guerra y pocos de sus integrantes se atreven a presentar críticas a policías y militares, pues de inmediato se les acusa de hacer el juego a los narcotraficantes. Lo que se está forjando es el Estado policiaco, el cual podría operar contra cualquiera un día cualquiera por motivos que nada tuvieran que ver con la tal guerra. Ya lo hemos sufrido.
Me gustaría ver la orden judicial de cateo con la cual la Policía Federal se metió en un templo católico en Apatzingán. Y me gustaría más que, tanto quienes protestaron como quienes apoyaron la irrupción, criticaran la inobservancia de las normas que establecen la inviolabilidad del domicilio. La verdad es que policías y militares se están metiendo en cualquier lugar sin ningún mandamiento de la autoridad.
Aquí no tiene nada que ver el sacrilegio ni el Estado laico, mucho menos las enseñanzas del Evangelio. Aquí lo importante es el Estado de policía que Calderón está forjando mediante la violación sistemática de la ley y, también, de algunas reformas legislativas que se han hecho con el apoyo del PRI.
Nadie puede exigir a un grupo de policías o militares la orden de cateo si no tiene unos cuantos AK-47. En Apatzingán, los integrantes de La Familia estaban desarmados, como corresponde a la presencia en un templo, pero los policías no estaban locos como para no llevar sus fusiles y detener a todos los fieles. Estas circunstancias son presentadas por la Secretaría de Seguridad Pública como aquellas que permitieron que no se produjera un enfrentamiento durante la captura, pero no se alega el haber tenido una orden judicial, de la cual, evidentemente, carecían los agentes de policía.
El Episcopado no tiene por qué aceptar la disculpa ofrecida por la policía, pues no se trata de un asunto entre corporaciones sino de la violación de la ley, la cual no es del clero sino de la República. Sólo la autoridad judicial puede expedir una orden de cateo, dice la ignorada Constitución en su artículo 16, la cual señala también que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandamiento escrito de autoridad competente. Ahora, una orden de ese tipo puede ser obtenida hasta por internet, gracias a las facilidades legales que ha brindado el Congreso de la Unión, siempre, claro, que la solicite el Ministerio Público, quien de seguro ni se enteró del operativo de Apatzingán. Y no se vale decir que contra los detenidos había orden de aprehensión, pues el cateo legal es la entrada por la fuerza en un lugar privado y también puede tener el propósito de aprehender a un sujeto dentro de un domicilio.
Al parecer, en México casi nadie quiere defender la Constitución y frenar la arbitrariedad policiaca, pues se dice que lo importante es detener a los malos, sin importar la manera de hacerlo ni los derechos de otros y de los mismos malos, todos los cuales ya no tienen derechos, ya no son personas. En las guerras no se acostumbra el respeto de derechos y Calderón nos habla de una guerra.
No importa que el sitio allanado por la policía sin orden judicial sea un palacio de gobierno, una catedral o una casa cualquiera, lo que interesa es que se hace en forma indebida. Nada tiene que ver en este asunto el lugar del cateo, sino la manera de hacerlo.
Calderón propuso hace poco al Congreso que la policía pudiera allanar cualquier domicilio con la discrecional suposición de peligro delictivo. De manera milagrosa, el Senado no aprobó ese precepto y la Cámara de Diputados, en segunda revisión, lo eliminó del proyecto. Sin embargo, el gobierno aplica con soltura su propuesta rechazada y el Congreso ni siquiera se digna protestar. ¿Por qué? También las cámaras legislativas están en la tal guerra y pocos de sus integrantes se atreven a presentar críticas a policías y militares, pues de inmediato se les acusa de hacer el juego a los narcotraficantes. Lo que se está forjando es el Estado policiaco, el cual podría operar contra cualquiera un día cualquiera por motivos que nada tuvieran que ver con la tal guerra. Ya lo hemos sufrido.
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