El llanto se desató entre las mujeres pertenecientes a la organización chiapaneca Las Abejas tras conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorga amparo a 26 indígenas sentenciados por la matanza de 45 tzotziles en Acteal. A la derecha, José Ramón Cossío, uno de los cuatro ministros que ordenaron la liberación de implicados Fotos Cristina Rodríguez y Marco PeláezPor cuatro votos contra uno, la primera sala (integrada por cinco ministros) resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR), junto con los jueces y magistrados que en su momento sentenciaron a estos indígenas, violaron gravemente las garantías procesales de éstos, pues les fabricaron pruebas y testimonios.
En los próximos días por lo menos otros 30 implicados en esos hechos pueden verse beneficiados con una resolución de amparo similar a las anteriores, la cual, sin embargo, no implica un reconocimiento de inocencia.
“No puede entenderse que este tribunal está absolviendo culpables. La sala únicamente está negando valor a actuaciones contrarias al orden constitucional, pues de las constancias que obran en la causa penal no es posible afirmar que jurídicamente haya culpables”, destacó el ministro José Ramón Cossío, al explicar los argumentos por los que decidió amparar a los quejosos.
“Aquí sólo se está determinando que a los quejosos no se les siguió un debido proceso, lo cual no equivale en absoluto a un pronunciamiento sobre si, de facto, son o no inocentes”, agregó.
La sesión se desarrolló con la presencia de abogados y estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) –quienes en dos años redactaron las demandas de amparo de 45 indígenas presos–, pero con la ausencia de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de Acteal, a quienes elementos de la Policía Federal les impidieron el acceso al recinto judicial.
Tras una hora de deliberaciones, la Corte otorgó en total cuatro paquetes de amparos a 26 indígenas sentenciados, de los cuales 20 fueron de manera “lisa y llana” –pues los ministros desecharon en definitiva todas las pruebas que los inculpaban–, lo que significa que a más tardar en 24 horas deberán ser excarcelados.
Otros seis tzotziles recibieron amparos “para efectos” de reposición de procedimiento, lo que implica que un tribunal unitario de circuito volverá a emitir en breve una sentencia, pero sin tomar en cuenta las pruebas que ayer fueron desechadas, sino únicamente valiéndose de otros elementos probatorios que no fueron desahogados con antelación.
La primera sala también rechazó un proyecto de sentencia del ministro Sergio Valls, quien se pronunció por negar el amparo a 31 acusados, con el argumento de que “el material probatorio que obra en la causa resulta, si no vasto, por lo menos sí suficiente para demostrar tanto la existencia de los delitos en estudio como la responsabilidad penal de los quejosos”.
Otro ministro presentará en los próximos días un nuevo proyecto que sustituya al de Valls, en el que se otorgue la protección de la justicia a 31 quejosos, aunque falta saber si también será “liso y llano” o para “algún efecto”.
Los ministros Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, Jesús Gudiño Pelayo y Ramón Cossío se opusieron a la postura de Valls. Cossío, durante su alocución, pareció responder a la organización civil Las Abejas, que en días pasados responsabilizó –entre otros– a los ministros de la Corte y al historiador Héctor Aguilar Camín (que se ha erigido en una especie de vocero de los acusados de la matanza del 22 de diciembre de 1997) de cualquier rebrote de violencia en Chiapas derivado del otorgamiento de estos amparos.
Mujeres de Las Abejas recibieron con tristeza la determinación del más alto tribunalFoto Cristina RodríguezEn su oportunidad, la ministra Sánchez Cordero puntualizó que respecto a los amparos de cuatro de los acusados, cuyo caso ella revisó, el juez federal que los sujetó a proceso agregó a la causa penal, de manera ilícita, los delitos de portación de armas de fuego, por los que originalmente la PGR no había ejercido acción penal, pues sólo pidió su aprehensión por homicidio calificado, lesiones graves y asociación delictuosa.
La ministra dijo que la fiscalía federal usó como prueba para acusar a los indígenas detenidos el listado de personas que elaboró un testigo de nombre Agustín Arias, quien al día siguiente de la matanza exhibió la lista (con nombres y apellidos de los responsables), pese a que no hablaba castellano, y luego declaró ante el juez de la causa que esa lista “se la dieron los judiciales”.
En contraste, Sergio Valls sostuvo que la lista y el álbum fotográfico no fueron tomados en cuenta como pruebas torales dentro del proceso, sino como elementos indiciarios, por lo que no procedía otorgarles el amparo.
“Se dice en los proyectos mencionados que no debe tener valor probatorio la lista de culpables que exhibió Agustín Díaz, porque éste dijo ante el juez que esa lista se la habían dado los judiciales, sin embargo, esto lo afirmó el testigo siete años después”, destacó Valls, pero ningún otro ministro se adhirió a su postura.
La respuesta a Valls la dio el único ministro con experiencia como juez penal, Juan Silva Meza: “No hay peor injusticia que tratar de enmendarla cometiendo otra. Acteal es buena oportunidad para que la Corte reitere un claro mensaje a las autoridades encargadas de perseguir los delitos: sus acciones deben respetar siempre el régimen constitucional y los derechos humanos (...) Debemos reafirmar nuestro compromiso con la presunción de inocencia, con el derecho a la reparación del daño, con el esclarecimiento de la verdad”.
Desde el inicio de las pesquisas, la PGR acusó a un centenar de indígenas por la matanza de 45 miembros de Las Abejas, entre ellos cuatro mujeres embarazadas y 15 niños. A partir del 23 de diciembre de 2007, y en días posteriores, se detuvo a 86 indígenas, quienes tras varios años de proceso recibieron condenas de entre 20 y 40 años de cárcel.
En su momento también fueron procesados siete elementos de Seguridad Pública estatal y un militar, acusados del traslado de las armas utilizadas durante la matanza. Estas personas, identificadas como paramilitares y que ya fueron sentenciadas, no forman parte de los quejosos que ayer obtuvieron amparos.
Después de ocurridos los hechos de Acteal, el entonces titular de la PGR, Jorge Madrazo Cuéllar, designó una fiscalía especial a cargo de Efrén González Pola, que un año después de la matanza presentó un Libro Blanco sobre la hipótesis oficial del caso.
En esa conclusión, la PGR sostuvo que la masacre fue resultado de un largo conflicto entre un grupo de indígenas que aparentemente simpatizaban con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otro que apoyaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que en los meses previos a los 45 asesinatos en Acteal había provocado, en hechos diversos, al menos 23 homicidios, la mayoría de presuntos paramilitares priístas.
Se consumó la liberación de los victimarios; en México todo favorece a la impunidad, lamentan
Indignación, desesperanza y miedo de sobrevivientes de la masacre de Acteal
Los ministros decidieron apoyar a los criminales; no existe la justicia, dicen fuera del tribunal
Integrantes de la organización civil Las Abejas y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la NaciónFoto Cristina Rodríguez
Emir Olivares Alonso
“Indignación”, fue la primera palabra con la que sobrevivientes de la matanza de Acteal describieron sus sentimientos tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de liberar a los responsables de ese “crimen de lesa humanidad”.
La “desesperanza” y el “miedo” siguieron en el orden de las sensaciones de los integrantes de la organización civil Las Abejas que se apersonaron frente a la sede del máximo tribunal para demandar “¡justicia!” por el crimen del 22 de diciembre de 1997.
El primero en recibir la noticia fue Sebastián Pérez Vázquez, presidente de la mesa directiva de Las Abejas. Aunque como líder trató de guardar el temple, la leve sonrisa que mantuvo durante la mañana desapareció y de inmediato dio a conocer el fallo a sus compañeros.
Habló en tzotzil, con la mirada dispersa y la voz entrecortada. Quienes escuchaban, pero no hablan ni comprenden esa lengua originaria, no tardaron en adivinar la resolución de los ministros. La reacción de las mujeres, por cuyos ojos y mejillas se asomaron hilos de lágrimas, representó esa señal: se había consumado la liberación de los victimarios.
Por varios minutos mantuvieron sus miradas perdidas, frías, desconcertadas; los ministros decidieron “apoyar a los criminales”, sentenciaron.
“Estamos muy indignados, todo lo que pasa en nuestro país está muy claro: en México no existe la justicia ni la democracia, aquí todo favorece la impunidad”, señaló Pérez Vázquez.
Nota Completa :
Exigen que la SCJN no acate órdenes de otros poderes
Buscan ministros ocultar un crimen de lesa humanidad, afirman intelectuales
De la Redacción
Tras los amparos que concedió ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los acusados de la matanza de 45 indígenas en Acteal, escritores, constitucionalistas, académicos, intelectuales, estudiantes y luchadores sociales, entre ellos Paco Ignacio Taibo II, Francisco Martínez Marcué, José Luis Alonso, Mario di Costanzo y Jaime Cárdenas, acusaron a los cuatro ministros que resolvieron el caso de “intentar ocultar un crimen de lesa humanidad que cometieron el entonces presidente priísta Ernesto Zedillo; quien fuera su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y el asesor de Francisco Labastida (quien sucedió a Chuayffet en Bucareli luego de la masacre), Adolfo Orive Bellinger”.
En carta enviada a La Jornada, los firmantes destacan que además de los ex funcionarios mencionados también están acusados de promover la contrainsurgencia en Chiapas: Uriel Jarquín, ex subsecretario de Gobierno de esa entidad, y los generales Enrique Cervantes, ex secretario de la Defensa Nacional, y Mario Renán Castillo, ex comandante de la séptima Región Militar.
“Señores ministros: el pueblo no es ingenuo. Ustedes afirman que el proceso no estuvo bien sustentado jurídicamente, pero a la vez intentan ocultar un crimen de lesa humanidad”, destacan.
“El mensaje que ustedes mandaron, señores magistrados, es que cualquiera que realice un trabajo sucio para el gobierno gozará de impunidad y será defendido por las autoridades”, añaden.
“¡Exigimos a los ministros de la Corte no acatar las órdenes de otros poderes, hacer a un lado la impunidad, para que la justicia los ilumine, y recuperar la autoridad moral y la autonomía que hace tiempo perdieron!”, refiere la misiva firmada también por Paloma Sáez, Jorge Belarmino, Luz María Aguilar, Carlos Perzabal, Efraín Herrera, Socorro Viveros, Sergio González Marín, Sarita Ayala, Jesús Roldán, Alexander Martínez y Vera Urtaza.
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