Simulación jurídica antisindical
Miguel Concha
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), integrada por 68 organizaciones en toda la República, emitió el pasado martes un pronunciamiento sobre la situación de las garantías individuales de las y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En él afirma que el decreto de extinción de la empresa pública es un acto de simulación jurídica, cuya verdadera naturaleza es la de ser parte de una campaña antisindical.
Primero, por la indebida injerencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la vida interna del SME, al no otorgar la toma de nota a 13 de los puestos de su comité central, con lo que violó la autonomía sindical, olvidando que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dejado muy claro que cualquier tipo de registro administrativo respecto de la vida de los gremios sólo puede tener efectos estadísticos y registrales de publicidad, pero de ninguna manera afectar el ejercicio y la actuación de los sindicatos y sus representantes. Asimismo, que de conformidad con los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT, todo conflicto gremial interno debe resolverse a través de órganos judiciales, no por instancias administrativas.
Y segundo, porque funcionarios del gobierno federal han afirmado que la razón para no aceptar la sustitución patronal, estando firme la materia de trabajo, es que entonces quedarían vigentes tanto la representación sindical del SME como su contrato colectivo. Para la Red TDT el decreto presidencial viola también el marco constitucional y el de la Ley Federal del Trabajo, en lo que se refiere a la terminación colectiva de las relaciones laborales, al pretender evitar que se siguieran los procedimientos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y porque conforme al artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para la extinción de la empresa el actual Ejecutivo federal debió haber seguido el mismo procedimiento establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y en el decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, que estableció sus bases de operación: la modificación primero de la ley por parte del Legislativo y la emisión posterior del decreto con las bases para la liquidación.
La Red TDT no pasa por alto las campañas de desinformación y descrédito contra el SME y los derechos de sus trabajadores en la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo electrónicos, a propósito del monto real de sus salarios (un promedio de 6 mil pesos al mes), el verdadero costo que ellos con sus prestaciones representan en el porcentaje de ingresos de la empresa (13.5 por ciento), y más que nada al hacerlos responsables de todos los males de su fuente de trabajo, ignorando la responsabilidad de quienes la han administrado y de las autoridades encargadas de la política energética. Con base en ello, la Red TDT afirma literalmente en su pronunciamiento que:
1. La medida tomada por el Ejecutivo, además de considerarse inconstitucional e ilegal, representa una violación a los derechos humanos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
En primer lugar, porque se viola su derecho a la estabilidad en el empleo, al despedirlos sin que existiera una causal que lo justificara conforme a la ley ni seguir los procedimientos marcados por la misma. Como consecuencia de lo anterior, se viola el resto de los derechos humanos derivados del trabajo, como el salario y el derecho de huelga.
2. Además, al tratarse de un acto de naturaleza claramente antisindical, con la intención de eliminar un contrato colectivo de trabajo, se han violado los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva.
3. Finalmente, en un país como el nuestro, en el que el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales ha estado vinculado a la existencia de un trabajo, se han puesto en riesgo los derechos a la seguridad social, a la alimentación, a la salud y al disfrute y participación de los bienes culturales.
4. El uso de fuerza pública para ocupar las instalaciones de Luz y Fuerza, sin mediar orden judicial ni justificación en la legislación (sobre todo porque ocurrió antes de que se publicara el decreto de extinción de la compañía), representa un grave precedente de la forma en que el gobierno federal menosprecia los controles legales y constitucionales en el uso de los órganos de seguridad.
5. Las campañas que pretenden responsabilizar a los trabajadores del SME de las fallas en el servicio eléctrico –consecuencia del decreto– nos alertan sobre el riesgo de criminalización de la protesta social, en este caso de quienes defienden los derechos de los trabajadores. Es importante subrayar –añade también literalmente la Red TDT– que la Organización de los Estados Americanos estableció con claridad que el respeto de los derechos de los trabajadores, especialmente los sindicales, es un componente esencial de la democracia.
Por todo ello la Red TDT, de la que forman parte las organizaciones con más capacidad y experiencia en el país, junto con muchas otras agrupaciones, exige también: a) El cumplimiento de las demandas del SME: derogación del decreto presidencial, retiro de la Policía Federal de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y que se establezca una mesa de negociación entre el sindicato y el gobierno federal; b) que todas las autoridades se sujeten a los procesos legales en curso y dejen de emitir opiniones ajenas a sus atribuciones.
Primero, por la indebida injerencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la vida interna del SME, al no otorgar la toma de nota a 13 de los puestos de su comité central, con lo que violó la autonomía sindical, olvidando que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dejado muy claro que cualquier tipo de registro administrativo respecto de la vida de los gremios sólo puede tener efectos estadísticos y registrales de publicidad, pero de ninguna manera afectar el ejercicio y la actuación de los sindicatos y sus representantes. Asimismo, que de conformidad con los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT, todo conflicto gremial interno debe resolverse a través de órganos judiciales, no por instancias administrativas.
Y segundo, porque funcionarios del gobierno federal han afirmado que la razón para no aceptar la sustitución patronal, estando firme la materia de trabajo, es que entonces quedarían vigentes tanto la representación sindical del SME como su contrato colectivo. Para la Red TDT el decreto presidencial viola también el marco constitucional y el de la Ley Federal del Trabajo, en lo que se refiere a la terminación colectiva de las relaciones laborales, al pretender evitar que se siguieran los procedimientos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y porque conforme al artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para la extinción de la empresa el actual Ejecutivo federal debió haber seguido el mismo procedimiento establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y en el decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, que estableció sus bases de operación: la modificación primero de la ley por parte del Legislativo y la emisión posterior del decreto con las bases para la liquidación.
La Red TDT no pasa por alto las campañas de desinformación y descrédito contra el SME y los derechos de sus trabajadores en la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo electrónicos, a propósito del monto real de sus salarios (un promedio de 6 mil pesos al mes), el verdadero costo que ellos con sus prestaciones representan en el porcentaje de ingresos de la empresa (13.5 por ciento), y más que nada al hacerlos responsables de todos los males de su fuente de trabajo, ignorando la responsabilidad de quienes la han administrado y de las autoridades encargadas de la política energética. Con base en ello, la Red TDT afirma literalmente en su pronunciamiento que:
1. La medida tomada por el Ejecutivo, además de considerarse inconstitucional e ilegal, representa una violación a los derechos humanos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
En primer lugar, porque se viola su derecho a la estabilidad en el empleo, al despedirlos sin que existiera una causal que lo justificara conforme a la ley ni seguir los procedimientos marcados por la misma. Como consecuencia de lo anterior, se viola el resto de los derechos humanos derivados del trabajo, como el salario y el derecho de huelga.
2. Además, al tratarse de un acto de naturaleza claramente antisindical, con la intención de eliminar un contrato colectivo de trabajo, se han violado los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva.
3. Finalmente, en un país como el nuestro, en el que el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales ha estado vinculado a la existencia de un trabajo, se han puesto en riesgo los derechos a la seguridad social, a la alimentación, a la salud y al disfrute y participación de los bienes culturales.
4. El uso de fuerza pública para ocupar las instalaciones de Luz y Fuerza, sin mediar orden judicial ni justificación en la legislación (sobre todo porque ocurrió antes de que se publicara el decreto de extinción de la compañía), representa un grave precedente de la forma en que el gobierno federal menosprecia los controles legales y constitucionales en el uso de los órganos de seguridad.
5. Las campañas que pretenden responsabilizar a los trabajadores del SME de las fallas en el servicio eléctrico –consecuencia del decreto– nos alertan sobre el riesgo de criminalización de la protesta social, en este caso de quienes defienden los derechos de los trabajadores. Es importante subrayar –añade también literalmente la Red TDT– que la Organización de los Estados Americanos estableció con claridad que el respeto de los derechos de los trabajadores, especialmente los sindicales, es un componente esencial de la democracia.
Por todo ello la Red TDT, de la que forman parte las organizaciones con más capacidad y experiencia en el país, junto con muchas otras agrupaciones, exige también: a) El cumplimiento de las demandas del SME: derogación del decreto presidencial, retiro de la Policía Federal de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y que se establezca una mesa de negociación entre el sindicato y el gobierno federal; b) que todas las autoridades se sujeten a los procesos legales en curso y dejen de emitir opiniones ajenas a sus atribuciones.
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