Aristegui y la ética de la responsabilidad

Miguel Concha

El doctor Lorenzo Córdova Vianello, uno de los comentaristas de Carmen Aristegui en su noticiero estelar matutino, publicó el 20 de octubre en El Universal un artículo sobre la ética de la responsabilidad. En él, el también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM recuerda, a propósito –entre otras cosas– de la falta de ética de los funcionarios públicos en la asignación de las frecuencias radioeléctricas y en la designación de los integrantes del Consejo General del IFE por la Cámara de Diputados, la distinción que Max Weber planteó desde 1919 entre la “ética de la convicción” y la “ética de la responsabilidad”. Para el sociólogo alemán la primera se ajusta a principios y máximas que puede tener individualmente cada persona en el ámbito privado. La segunda, en cambio, toma en cuenta las repercusiones que pueda tener su acción en el ámbito público, lo que algunos autores también denominan como la responsabilidad antecedente. Ello no significa, aclara el jurista mexicano, que ambas se excluyan entre sí, y que conducirse según las propias convicciones sea equivalente a una falta de responsabilidad. O, al revés, que actuar responsablemente suponga claudicar de los principios en los que uno cree. Sino que dependiendo de la esfera de actuación de cada quien, el ámbito privado o el ámbito público, debe prevalecer la una sobre la otra, en razón de las consecuencias que se provoquen con nuestros actos.

El tema me saltó a la mente al analizar el texto que dio a conocer Carmen Aristegui el pasado miércoles en la Casa Lamm, en el que honestamente explica a la sociedad las verdaderas razones de su despido de la radioemisora que durante más de dos años se honró y se benefició de su excepcional trabajo. En él, Aristegui exige con toda justicia que se reivindique su integridad personal y profesional, lo que se podría colocar en el campo de la ética de la convicción, aunque también en el terreno de la responsabilidad moral de la estación de radio para con ella y la sociedad. Pero también, asumiendo las repercusiones más amplias que su salida del aire tiene en el trabajo de su equipo, en sus numerosas audiencias, y en la necesidad urgente que la sociedad mexicana tiene de seguir contando con información completa, veraz, oportuna y crítica, para poder decidir responsablemente sobre su destino sobre todo en las actuales circunstancias dramáticas del país, Carmen plantea generosamente a la radioemisora una “salida digna, decorosa e inteligente” para solucionar este desagradable entuerto, en el que MVS nos ha metido a todos.

Ahora que el gobierno federal ha declarado abiertamente que las decisiones en el ámbito de las telecomunicaciones se toman “sin ninguna otra consideración, más que la concordancia con los principios de cobertura, convergencia y competencia”, lo que esperamos que en el futuro sea cierto –en todo caso desde la sociedad le seguiremos exigiendo–, y aparentemente refrendado su compromiso con la libertad de expresión y de prensa, “en un marco de pluralidad, bajo la convicción de que el ejercicio pleno de estas libertades revitaliza la democracia y fortalece las instituciones”, pienso que ha llegado el momento para que la radioemisora actúe ahora responsablemente con la sociedad y sus propias audiencias. Es decir, rectificando con ello su error de cálculo, mostrándose tolerante, salvaguardando la integridad personal y profesional de Carmen, reinstalándola con su equipo en el noticiero matutino, y reivindicando así de paso su propia imagen. Por ello nos hacemos eco y nos sumamos a la carta abierta que ayer cientos de organizaciones y personas de todo el país dirigieron a los directivos de MVS (La Jornada, p. 13), invitándolos a recapacitar y reconsiderar con seriedad esta posibilidad.

“Este hecho –afirma con razón el desplegado– demostrará coherencia y compromiso con su audiencia. Asimismo, nos enriquecerá como sociedad moderna y tolerante, en la que el derecho a la información y a la libertad de expresión sean respetados. Consideramos que estos valores son imprescindibles en el México contemporáneo, sumido en la violencia y la desesperanza. Castigar por opinar no debe ser bandera de nadie”. Porque es esto precisamente lo que está en el fondo de este conflicto y de este debate: la libertad de expresión como derecho humano individual y colectivo, y el derecho a la información de las personas y de la sociedad como elemento fundamental en el que se basa la existencia de una sociedad realmente democrática.

Tiene razón el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) cuando expresó el pasado martes que la salida de Carmen Aristegui de MVS constituye otra forma de agresión, ciertamente más sutil, contra la libertad de expresión: la censura indirecta. Y que pone en el centro del debate de nuestro país la relación entre los medios y el poder político, la relación entre la ética y la transparencia de los medios, así como la relación laboral entre los dueños de los medios y los periodistas de México. Como también expresó Carmen el pasado miércoles, está también concernido el derecho de los periodistas a preguntar, y el derecho de la sociedad a saber sobre conductas o datos privados relacionados con la aptitud de los políticos en el desempeño de sus funciones, entre ellos su salud física y mental.

Así lo han determinado, a propósito de su intimidad, en varios casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y varios mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.

Las sinrazones del poder

Miguel Concha

El fin de semana pasado tuvo lugar en San José, Costa Rica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la audiencia por el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Su arbitraria detención y las torturas de las que fueron víctimas, aun cuando sucedieron durante la presidencia priísta de Ernesto Zedillo, constituyeron uno de los primeros hechos que pusieron en evidencia el escaso compromiso del gobierno panista de Vicente Fox en materia de derechos humanos, a pesar de que constituyeron un eje de su retórica inicial. Mediante la Procuraduría General de la República, el Ejecutivo federal los liberó en 2001, arguyendo razones humanitarias”. Pero como sucedió en otros casos, nunca reconoció su inocencia. Y tampoco revirtió las condiciones que hicieron posibles los hechos: no se investigó ni se sancionó a los militares responsables de la tortura.

Durante el periodo en que Rodolfo y Teodoro permanecieron en prisión, se inició una larga lucha que no ha culminado, uno de cuyos hitos lo constituye precisamente la audiencia recién celebrada. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) se ha mantenido en el caso junto a ellos; nuevos actores se han sumado también a la exigencia de justicia, y al mismo tiempo se constata cómo persisten tanto la explotación ilegal y descontrolada de recursos naturales en la zona, que obligaron a Teodoro y Rodolfo a defender su territorio, así como las condiciones que obstaculizan la actividad realizada por defensoras y defensores de derechos humanos. Y cómo la militarización del país avanza a la par de los abusos cometidos por las fuerzas castrenses que realizan labores de seguridad pública, sin que hasta la fecha haya recursos eficientes para poner un alto a tales atentados contra la dignidad humana, entre otras cosas por la negativa gubernamental a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

El caso de los ecologistas Montiel y Cabrera fue sometido el año pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo conocimiento de él desde 2001, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que el Estado mexicano ha rehusado ejecutar las medidas necesarias dictadas por ella para reparar el daño y hacerles justicia.

En la audiencia celebrada en Costa Rica, donde se ubica la sede de la Corte, estuvo presente Rodolfo Montiel, quien narró su participación en el movimiento campesino de defensa de los bosques, así como la detención y la tortura que sufrieron a manos del Ejército. Planteó también de manera contundente sus exigencias al Estado mexicano: que los militares no tengan injerencia en la seguridad pública; que no se obstaculice a quienes participan en la defensa ambiental, ni la labor de los defensores de derechos humanos en general, y que se establezcan las condiciones para que nadie vuelva a ser víctima de los abusos cometidos contra ellos.

Participó igualmente en la audiencia el doctor Christian Tramsen, médico que junto con el experto en medicina forense Morris Tidball-Binz realizó en Iguala, Guerrero, una revisión médica a los ecologistas durante su encarcelación. Los exámenes practicados demostraron que ambos habían sido sometidos a torturas que los afectaron gravemente. La perita de la PGR presentada por el Estado mexicano, sin experiencia en el diagnóstico de tortura (según los datos proporcionados por ella misma ante los jueces de la Corte), intentó rebatir sin éxito lo afirmado por el doctor Tramsen. A pregunta expresa de los representantes de las víctimas, terminó por admitir que los certificados médicos de la procuraduría no constituyen un examen médico completo, ni cumplen con los estándares internacionales para la detección de tortura.

Representaron a las víctimas ante la Corte el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Contra el Estado mexicano sostuvieron que los hechos del caso constituyen violaciones a derechos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura: derecho a la libertad y la seguridad; derecho a la integridad personal; derecho a la libertad de asociación; derecho al debido proceso y garantías judiciales. Las partes se han encontrado y han expresado su postura. Queda aún por esperar la sentencia que emitirá la Corte. En ésta, que probablemente será condenatoria, se ordenará al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para revertir las condiciones que hicieron posible las violaciones a los derechos humanos de los campesinos ecologistas. Igualmente se ordenará que se repare el daño y que haya condiciones para el acceso de las víctimas a la justicia.

Debido a la falta de compromiso gubernamental con las garantías fundamentales en México, es probable que en el futuro el Estado sea llamado nuevamente a rendir cuentas por otros casos. Debemos considerar también que en estos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute la manera de abordar la sentencia del caso Rosendo Radilla, en el que la Interamericana sentenció a México a ajustar el Código de Justicia Militar. Tema del que de nuevo hablaré en colaboración posterior, toda vez que sigue en discusión ese punto en la SCJN. Por ahora el caso de los ecologistas ha adquirido relevancia, y su importancia se hará notar en la medida en que los defensores de derechos humanos, especialmente quienes asumen la defensa de los bienes comunitarios, encuentren mejores condiciones para el desarrollo de su actividad.

Con el PRI vivimos 70 años de asesinatos , de corrupción e impunidad ; en los últimos 9 años hemos vivido exactamente lo mismo con el PAN , ahora imaginense coludidos como lo estan en este caso de Atenco , es decir el gobierno priista del Estado de Méxco y el gobierno federal panista , ambos coludidos en estos latrocinios en ese municipio .

¿Alguien duda que el PRI y el PAN son exactamente lo mismo? claro que no , ya nadie puede dudarlo . Han ido juntos en las peores causas en contra de Méxcio y de los mexicanos y como ejemplos más recientes tenemos la manera en como se coludieron para desaforar a AMLO y lo lograron , y más recientemente como PRI y PAN pretendieron juntos entregar el petróleo a manos extranjeras y que por suerte AMLO pudo evitar casi por completo . Pero no vayamos tan lejos , a finales del año pasado el PRI y el PAN nos aumentaron los impuestos a todos los mexicanos de a pié y a las grandes empresas se los bajaron ; la percepción que quedó para el grueso de los mexicanos fué que todos los diputados y senadores , sin distingos nos aumentaron los impuestos y que los únicos que nos defendieron al oponerse , es decir , los diputados y senadores Obradoristas , son una bola de desquiciados y violentos que no saben llegar a acuerdos , ¿gracias a quien? : pues a las pinches televisoras .

Es de verdad frustrante ver como la gente está volteando a ver de nueva cuenta al PRI , todo gracias a muchisimo dinero y con la siempre diligente ayuda de televisa ; si bien esto explica las cosas , no las justifica , la gente debe involucrarse más en la vida política de su país y dejar de informarse exclusivamente en el canal de las estrellas .

Atenco: cuatro años de impunidad

Miguel Concha


El 3 y el 4 de mayo de 2006 fuimos testigos de la brutalidad del gobierno en contra de la protesta social y los habitantes de San Salvador Atenco, una comunidad aguerrida y organizada, dedicada principalmente a la agricultura y el comercio. En 2001 el gobierno de Vicente Fox anunció con bombo y platillo la expropiación de cerca de 5 mil hectáreas de la zona para construir un nuevo aeropuerto de la ciudad de México. Esta decisión fue tomada sin respetar el derecho a la consulta, incluido en el derecho a la información, de los habitantes de Atenco, quienes de inmediato expresaron su inconformidad. La resistencia tomó el nombre de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, liderado por Ignacio del Valle, entre otras personas, quienes lograron en 2002 la cancelación de esa iniciativa y la anulación del decreto de expropiación. Para los gobiernos del estado de México y el federal nunca resultó fácil olvidar este hecho. El año 2006, en el contexto de un programa de reubicación de comerciantes en Texcoco, elementos municipales y estatales impidieron en diversas ocasiones a floristas y otros comerciantes vender sus productos donde originalmente lo hacían. Ante esto, el 3 de mayo trataron de impedir el desalojo con el apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Lo que sucedió los dos días posteriores es de sobra conocido. Policías municipales, estatales y federales reprimieron el movimiento haciendo uso excesivo de la fuerza, y sin respeto alguno a los derechos de las personas. El despliegue policiaco fue de cerca de 4 mil efectivos, número desproporcionado frente la cantidad de personas contra las que se dirigían, y tuvo como saldo dos personas muertas, 207 detenidas arbitrariamente –145 de ellas, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dentro de domicilios–, y 26 mujeres abusadas sexualmente. La respuesta del Estado fue violatoria de los derechos humanos, de esto no quepa ninguna duda. Las personas detenidas fueron privadas de su libertad sin que se cumplieran las normas mínimas del procedimiento ni se respetaran los principios de necesidad y proporcionalidad a los que están obligados los agentes estatales. Muchas de ellas fueron aprehendidas por el simple motivo de encontrarse en el lugar de los hechos; las policías allanaron los hogares sin contar con órdenes de cateo ni de aprehensión, y en el trayecto a los centros de detención, donde los jueces avalaban y maquillaban de “legales” todos esos delitos y violaciones graves a los derechos humanos, continuaron maltratando a la gente. Esto ha sido ampliamente documentado por organizaciones e instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro Pro, la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y ha sido objeto de recomendaciones en diversos espacios de Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La criminalización de la protesta social ha sido, pues, evidente, y a pesar de que la mayor parte de las víctimas de estas violaciones han recuperado su libertad, todavía 12 de ellas siguen presas en los penales de Molino de las Flores y el Altiplano (cárcel de máxima seguridad), con sentencias que van desde 31 hasta 112 años de prisión. Se les acusa de secuestro equiparado, un tipo penal diseñado para reprimir los movimientos sociales, y que más bien equipara la presión social a los casos famosos de secuestro que se muestran en los medios de comunicación. Algo absurdo si se compara con las penas que tuvieron Rafael Caro Quintero, Benjamín Arellano Félix o el mismo Chapo Guzmán (quien por cierto salió caminado y por la puerta grande), de las cuales la máxima fue de 40 años. Hemos sido también testigos del uso faccioso de la justicia, por el que se castiga en forma desmesurada a quien defiende sus derechos, y se deja en total impunidad a quienes se ha comprobado que los han violado, llevando a juicio únicamente a mandos medios o inferiores, sentenciados con penas que resultan ridículas. Además de que no deberían existir delitos como el “secuestro equiparado”, las pruebas en contra de los 12 presos de Atenco no son suficientes para acreditar su responsabilidad.

La forma en la que sucedieron los hechos y las deficiencias al integrar las averiguaciones previas debieron ser suficientes para que se dictara su libertad. Se ha comprobado que hay “declaraciones” de policías exactamente iguales entre sí, con las mismas faltas de ortografía y errores de tipografía. Que hay sentencias basadas en lo que se “supuso” que dijeron las personas, y una serie enorme de irregularidades que no fueron consideradas por los jueces en el estado de México. Ello orilló a las defensas de los presos de Atenco a pedir a la SCJN que por el interés y la trascendencia del caso fuera ella quien resolviera los juicios de amparo en contra de las sentencias condenatorias. La Corte conoce el asunto, pues realizó una investigación de los hechos, que a manera de dictamen presentó en febrero de 2009. En él concluye que se violaron derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad sexual, la no discriminación, la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal y el debido proceso, entre otros. En aquella ocasión se reclamó a la Corte que no señalara como responsables a altos mandos. Ahora está en sus manos resolver todas las injusticias que se han cometido.

Simulación jurídica antisindical

Miguel Concha

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), integrada por 68 organizaciones en toda la República, emitió el pasado martes un pronunciamiento sobre la situación de las garantías individuales de las y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En él afirma que el decreto de extinción de la empresa pública es un acto de simulación jurídica, cuya verdadera naturaleza es la de ser parte de una campaña antisindical.

Primero, por la indebida injerencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la vida interna del SME, al no otorgar la toma de nota a 13 de los puestos de su comité central, con lo que violó la autonomía sindical, olvidando que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dejado muy claro que cualquier tipo de registro administrativo respecto de la vida de los gremios sólo puede tener efectos estadísticos y registrales de publicidad, pero de ninguna manera afectar el ejercicio y la actuación de los sindicatos y sus representantes. Asimismo, que de conformidad con los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT, todo conflicto gremial interno debe resolverse a través de órganos judiciales, no por instancias administrativas.

Y segundo, porque funcionarios del gobierno federal han afirmado que la razón para no aceptar la sustitución patronal, estando firme la materia de trabajo, es que entonces quedarían vigentes tanto la representación sindical del SME como su contrato colectivo. Para la Red TDT el decreto presidencial viola también el marco constitucional y el de la Ley Federal del Trabajo, en lo que se refiere a la terminación colectiva de las relaciones laborales, al pretender evitar que se siguieran los procedimientos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y porque conforme al artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para la extinción de la empresa el actual Ejecutivo federal debió haber seguido el mismo procedimiento establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y en el decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, que estableció sus bases de operación: la modificación primero de la ley por parte del Legislativo y la emisión posterior del decreto con las bases para la liquidación.

La Red TDT no pasa por alto las campañas de desinformación y descrédito contra el SME y los derechos de sus trabajadores en la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo electrónicos, a propósito del monto real de sus salarios (un promedio de 6 mil pesos al mes), el verdadero costo que ellos con sus prestaciones representan en el porcentaje de ingresos de la empresa (13.5 por ciento), y más que nada al hacerlos responsables de todos los males de su fuente de trabajo, ignorando la responsabilidad de quienes la han administrado y de las autoridades encargadas de la política energética. Con base en ello, la Red TDT afirma literalmente en su pronunciamiento que:

1. La medida tomada por el Ejecutivo, además de considerarse inconstitucional e ilegal, representa una violación a los derechos humanos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

En primer lugar, porque se viola su derecho a la estabilidad en el empleo, al despedirlos sin que existiera una causal que lo justificara conforme a la ley ni seguir los procedimientos marcados por la misma. Como consecuencia de lo anterior, se viola el resto de los derechos humanos derivados del trabajo, como el salario y el derecho de huelga.

2. Además, al tratarse de un acto de naturaleza claramente antisindical, con la intención de eliminar un contrato colectivo de trabajo, se han violado los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva.

3. Finalmente, en un país como el nuestro, en el que el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales ha estado vinculado a la existencia de un trabajo, se han puesto en riesgo los derechos a la seguridad social, a la alimentación, a la salud y al disfrute y participación de los bienes culturales.

4. El uso de fuerza pública para ocupar las instalaciones de Luz y Fuerza, sin mediar orden judicial ni justificación en la legislación (sobre todo porque ocurrió antes de que se publicara el decreto de extinción de la compañía), representa un grave precedente de la forma en que el gobierno federal menosprecia los controles legales y constitucionales en el uso de los órganos de seguridad.

5. Las campañas que pretenden responsabilizar a los trabajadores del SME de las fallas en el servicio eléctrico –consecuencia del decreto– nos alertan sobre el riesgo de criminalización de la protesta social, en este caso de quienes defienden los derechos de los trabajadores. Es importante subrayar –añade también literalmente la Red TDT– que la Organización de los Estados Americanos estableció con claridad que el respeto de los derechos de los trabajadores, especialmente los sindicales, es un componente esencial de la democracia.

Por todo ello la Red TDT, de la que forman parte las organizaciones con más capacidad y experiencia en el país, junto con muchas otras agrupaciones, exige también: a) El cumplimiento de las demandas del SME: derogación del decreto presidencial, retiro de la Policía Federal de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y que se establezca una mesa de negociación entre el sindicato y el gobierno federal; b) que todas las autoridades se sujeten a los procesos legales en curso y dejen de emitir opiniones ajenas a sus atribuciones.

Partidos y campañas

Miguel Concha


Con el propósito de dar seguimiento a las cuestionadas elecciones de 2006 y a la consiguiente reforma de 2007, el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, integrado por organizaciones civiles y analistas de varias partes de la República, llevó a cabo desde la perspectiva de los derechos políticos un balance de los avances, insuficiencias y riesgos de las nuevas disposiciones que rigen el proceso electoral.

Este año se ha abocado a vigilar, por medio de nuevos proyectos, la implementación de tales disposiciones, y a identificar temas y acciones con los cuales habrán de incidir en estas elecciones. Entre éstas la aplicación de la reforma por parte del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y las condiciones para ejercer el voto de manera informada y razonada, mediante los procedimientos de selección de candidatos, la visibilización de sus biografías y propuestas, y el monitoreo de las campañas en medios.

Por ello el pasado 21 de mayo dio a conocer, en una conferencia de prensa, un análisis de la orientación del TEPJF en sus fallos, que encontró errática y preocupante, y que a su vez suscitó justificada preocupación entre los integrantes de ese máximo tribunal. En él advierte que hay señales de alerta sobre el papel que éste juega en las actuales elecciones, pues debió endurecer las sanciones contra las televisoras y aplicar criterios homogéneos en casos de naturaleza similar. Todo lo cual conspira contra la confianza de los ciudadanos y la protección de sus intereses.

El 10 de junio dio a conocer también un primer balance sobre la capacitación a funcionarios de casilla que realiza el IFE, así como los resultados que hasta ese momento se tenían del proyecto Por un Congreso con rostro, ¿qué representan quienes quieren representarnos?, coordinado en ocho entidades de la República por la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, con la participación de otras ocho organizaciones civiles. Todo ello igualmente con el propósito de salvaguardar el interés y los derechos políticos de los ciudadanos en el proceso electoral.

En él sobresale que más de 90 por ciento de las y los candidatos a diputados federales de mayoría relativa fueron designados por las cúpulas partidistas, contraviniendo con ello el artículo 41, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución, que obliga a que los candidatos sean elegidos de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan los partidos, y mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.

Destaca igualmente que un reflejo claro de la forma en que los organismos políticos seleccionaron a sus candidatos es que, por ejemplo, en el así llamado Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) se dio cabida a que las televisoras tengan representación directa mediante tres candidaturas: Ninfa Clara Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego, como candidata a diputada propietaria; Miguel Orozco Gómez, director jurídico de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), como suplente de una candidata, y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, quien formó parte de la CIRT.

También está apoyando a Pablo Escudero Morales, yerno del senador Manlio Fabio Beltrones, y a Carlos Samuel Moreno Terán, su secretario técnico en el gobierno de Sonora. En el caso del PRI se han visto beneficiadas candidaturas de familiares de políticos en activo o de ex funcionarios. El proyecto subraya igualmente que otras de las formas de manifestar el control cupular en la selección de candidatos y candidatas es la discrecionalidad y el alto número con la que se realizan las sustituciones de candidatos en algunos partidos, como el Partido Nueva Alianza, que ya había hecho casi 80 entre propietarios y suplentes; así como el bajo número de impugnaciones que fueron presentadas en las instancias partidarias y ante el TEPJF, cuyos fallos por lo demás han sido en su mayoría favorables a los partidos, pues en diez de 107 fueron considerados fundados los agravios denunciados, y sólo en uno fundados parcialmente.

Para el Comité Conciudadano igual de grave resulta que durante las campañas electorales los ciudadanos cuenten con poca o nula información disponible acerca de las trayectorias profesionales y políticas de los candidatos, así como de sus propuestas legislativas, y que la mayoría de los partidos se resistan a hacerla pública.

Por un Congreso con rostro ve igualmente con suma preocupación las condiciones en que se dio cumplimiento a las acciones afirmativas en la selección de candidaturas, como la correspondiente en materia de género, pues aunque cumplieron de manera formal con el porcentaje de 40 por ciento establecido en la ley, las principales fuerzas políticas asignaron a mujeres candidaturas de mayoría relativa en distritos en los que su partido no cuenta con una alta preferencia entre el electorado, y en el caso de las de representación proporcional hay fórmulas encabezadas por mujeres, que muy probablemente serán suplidas por sus compañeros de fórmula, como ha sucedido en el PVEM.

El pasado jueves el Comité Conciudadano dio a conocer otro informe sobre la actuación del Consejo General del IFE y los patrones de votación de sus integrantes, así como sobre los resultados del monitoreo de medios realizado por la organización Ciudadanos en Medios, Democracia e Información AC. Remitimos a los lectores a la nota publicada ese día por Fabiola Martínez y Alonso Urrutia en la página 15 de La Jornada de ayer.