E D I T O R I A L
Paro nacional e histórico
El paro cívico nacional realizado ayer por convocatoria del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) logró sumar amplias muestras de apoyo en distintos puntos del territorio nacional –estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Oaxaca– y congregó, en una multitudinaria manifestación que desbordó el Zócalo capitalino y las calles aledañas, a distintas organizaciones del sindicalismo independiente (los gremios de Trabajadores de la Industria Nuclear, de Telefonistas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otros), al movimiento lopezobradorista, a los adherentes de la otra campaña, a la izquierda partidista, a organizaciones campesinas y estudiantiles, así como a agrupaciones sociales y a multitud de individuos aislados.
Con la masiva concentración en el centro de esta capital culminó una jornada sin precedente en la historia de las causas populares del país, en la que se asistió a la convergencia entre los distintos sectores de la oposición partidista, sindical y de la sociedad organizada, y al posible nacimiento de un amplio bloque antagónico a la alianza político-empresarial y mediática que ostenta el poder (público y privado) del país, pese a los esfuerzos de esta última por desarticular tales expresiones a través de las campañas de desinformación, linchamiento mediático y provocaciones manifiestas.
La aparición de esta confluencia entre las diversas expresiones de descontento en el país tendría que llevar a las autoridades a abandonar la cerrazón y la indolencia con que se han conducido hasta ahora en prácticamente todos los ámbitos del quehacer gubernamental, y a atender los reclamos que un sector amplio y creciente de la sociedad plantea ante el ensañamiento oficial en contra de los trabajadores y la población en general. Por desgracia, la falta de sensibilidad y de altura de miras del grupo en el poder quedó nuevamente de manifiesto ayer, con el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la solicitud del propio SME para designar una comisión que investigue la probable violación de garantías individuales por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, con el argumento tecnicista de que la ley sólo faculta al Ejecutivo federal, a los gobernadores y al Congreso de la Unión para realizar este tipo de peticiones.
En la jornada de ayer ocurrieron lamentables hechos de violencia en las entradas de las carreteras México-Querétaro, México-Cuernavaca y México-Puebla. Significativamente, los únicos enfrentamientos ocurrieron entre manifestantes y elementos de la Policía Federal (PF), toda vez que la policía capitalina no reportó una sola confrontación. Esta diferencia lleva a cuestionar las versiones oficiales según las cuales los elementos de la fuerza pública fueron agredidos por los inconformes, y a preguntar si no hubo, entre los primeros, un comportamiento provocador por consigna y orden superior. Como quiera que haya sido, estos episodios fueron la excepción, y no la regla, en la jornada de movilizaciones, la cual se desarrolló, por lo demás, en un ambiente pacífico y civilizado.
Esa madurez de las oposiciones sociales y políticas pone de manifiesto, por contraste, el potencial desestabilizador de la medida adoptada por el gobierno federal hace un mes, y permite ponderar el riesgo que encierra la falta de disposición oficial para solucionar las demandas de los trabajadores electricistas despojados de sus puestos. Es pertinente y necesario, pues, que el calderonismo valore y atienda la amplia expresión de rechazo que se configuró ayer en el Zócalo y en distintos puntos del país y que revierta, cuanto antes, un decreto que al día de hoy constituye un factor de repudio, tensión y división nacional.
Con la masiva concentración en el centro de esta capital culminó una jornada sin precedente en la historia de las causas populares del país, en la que se asistió a la convergencia entre los distintos sectores de la oposición partidista, sindical y de la sociedad organizada, y al posible nacimiento de un amplio bloque antagónico a la alianza político-empresarial y mediática que ostenta el poder (público y privado) del país, pese a los esfuerzos de esta última por desarticular tales expresiones a través de las campañas de desinformación, linchamiento mediático y provocaciones manifiestas.
La aparición de esta confluencia entre las diversas expresiones de descontento en el país tendría que llevar a las autoridades a abandonar la cerrazón y la indolencia con que se han conducido hasta ahora en prácticamente todos los ámbitos del quehacer gubernamental, y a atender los reclamos que un sector amplio y creciente de la sociedad plantea ante el ensañamiento oficial en contra de los trabajadores y la población en general. Por desgracia, la falta de sensibilidad y de altura de miras del grupo en el poder quedó nuevamente de manifiesto ayer, con el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la solicitud del propio SME para designar una comisión que investigue la probable violación de garantías individuales por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, con el argumento tecnicista de que la ley sólo faculta al Ejecutivo federal, a los gobernadores y al Congreso de la Unión para realizar este tipo de peticiones.
En la jornada de ayer ocurrieron lamentables hechos de violencia en las entradas de las carreteras México-Querétaro, México-Cuernavaca y México-Puebla. Significativamente, los únicos enfrentamientos ocurrieron entre manifestantes y elementos de la Policía Federal (PF), toda vez que la policía capitalina no reportó una sola confrontación. Esta diferencia lleva a cuestionar las versiones oficiales según las cuales los elementos de la fuerza pública fueron agredidos por los inconformes, y a preguntar si no hubo, entre los primeros, un comportamiento provocador por consigna y orden superior. Como quiera que haya sido, estos episodios fueron la excepción, y no la regla, en la jornada de movilizaciones, la cual se desarrolló, por lo demás, en un ambiente pacífico y civilizado.
Esa madurez de las oposiciones sociales y políticas pone de manifiesto, por contraste, el potencial desestabilizador de la medida adoptada por el gobierno federal hace un mes, y permite ponderar el riesgo que encierra la falta de disposición oficial para solucionar las demandas de los trabajadores electricistas despojados de sus puestos. Es pertinente y necesario, pues, que el calderonismo valore y atienda la amplia expresión de rechazo que se configuró ayer en el Zócalo y en distintos puntos del país y que revierta, cuanto antes, un decreto que al día de hoy constituye un factor de repudio, tensión y división nacional.
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