López Obrador: tres años de resistencia
Magdalena Gómez
El pasado domingo se realizó en el Zócalo capitalino una asamblea informativa del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este encuentro tuvo mensajes políticos dignos de análisis. En primer lugar, se dice fácil pero el reporte de que en tres años se visitó el total de los municipios del país implica que la persistencia del otrora candidato presidencial constituye una experiencia que pocos políticos de este país tienen.
Sabemos que además se ha organizado este movimiento, tanto mediante la llamada credencialización de representantes del gobierno legítimo, como a través de la creación de comités a lo largo y ancho del país. Construir esa estructura con recursos escasos y una campaña permanente en contra del movimiento y de su liderazgo entraña un desafío cuyos resultados aún no se perciben del todo. Ha quedado claro que la organización de la resistencia civil pacífica, si bien ligada a partidos, es ante todo un movimiento que promueve un nuevo proyecto de nación y que en efecto se plantea la disputa del poder por la vía pacífica y electoral.
Una de las batallas estratégicas que se llevaron a cabo en este periodo fue la defensa del petróleo, cuyos resultados, si bien no fueron óptimos, sí contribuyeron a detener de manera importante los afanes de los grupos de interés a los que el calderonismo presta las siglas presidenciales.
Por otra parte, en la asamblea del tercer aniversario se mandaron mensajes claves con la participación del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, quien manifestó su reconocimiento al movimiento que encabeza AMLO, y éste a su vez lo hizo “contra la infamia –como la llamó– cometida por el calderonismo al dejar sin empleo a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC)”.
Es conveniente anotar que este intercambio de adhesiones se expresa pública y tajantemente después de que el príismo puso fin a sus tácticas dilatorias y negó el apoyo al SME para interponer una controversia constitucional, pero no sólo eso: contribuyó además para que el presupuesto 2010 dejara fuera los recursos relativos a la operación de LFC, con lo cual se corresponsabilizó de la decisión gubernamental que está siendo cuestionada en tribunales.
Con todo ello, los elementos para configurar la desviación de poder están perfectamente delimitados con la serie de actos sucesivos y encadenados tendientes a privar de su empleo a los trabajadores afiliados al SME, ofreciendo justificaciones aparentemente “legales” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso del general José Francisco Gallardo. Informe No. 43/96 del 15 de octubre de 1996).
Tanto en el discurso del líder del SME como en el de AMLO quedó planteado que son los mismos intereses, ante todo económicos, que están detrás de las decisiones que se tomaron en 2006 para orquestar el fraude electoral y los que decretaron “la extinción” de LFC.
Aparte de la solidaridad con el SME se reivindicaron las demandas centrales respecto a desaparecidos, los presos de Atenco, la agresión a comunidades como la de San José del Progreso, en Oaxaca, que se oponen a una minera; el basurero de Zimapán, en Hidalgo; la Minera San Xavier, en San Luis Potosí, destacando la cifra poco conocida de que a partir del régimen de Carlos Salinas hasta hoy se han concesionado 24 millones de hectáreas a compañías trasnacionales mineras, esto es, el equivalente a la extensión del estado de Chihuahua.
Finalmente, para abundar en las razones del movimiento, el líder tabasqueño explicó los 10 grandes temas que se estarán debatiendo los próximos meses y que entrañan el perfil del nuevo proyecto de nación: rescatar al Estado, democratizar los medios masivos de comunicación (aclarando que no se trata de expropiación), una nueva economía con desarrollo acorde al interés nacional antes que al de organismos internacionales y trasnacionales; combatir prácticas monopólicas, abolir privilegios fiscales, recuperar la política como imperativo ético y con austeridad republicana, fortalecer el sector energético, recuperar soberanía alimentaria (mencionando el rechazo al maíz transgénico), Estado de bienestar, reiterando que “por el bien de todos, primero los pobres” y fomentar una nueva corriente de pensamiento basada en los principios de tolerancia, respeto a los derechos humanos, diversidad y respeto al medio ambiente.
Fue también significativo que no se mencionara ningún partido ni participara algún representante como orador, pues hasta hoy no se ve claro que las llamadas “refundaciones” caminen por la agenda de la transformación democrática del país, más bien se les ve refuncionalizando sus cuotas y cotos.
Ojalá se construya un consenso entre todas las fuerzas sociales de oposición pacífica. La dura realidad que estamos viviendo puede ser la mejor maestra para descartar sectarismos.
Sabemos que además se ha organizado este movimiento, tanto mediante la llamada credencialización de representantes del gobierno legítimo, como a través de la creación de comités a lo largo y ancho del país. Construir esa estructura con recursos escasos y una campaña permanente en contra del movimiento y de su liderazgo entraña un desafío cuyos resultados aún no se perciben del todo. Ha quedado claro que la organización de la resistencia civil pacífica, si bien ligada a partidos, es ante todo un movimiento que promueve un nuevo proyecto de nación y que en efecto se plantea la disputa del poder por la vía pacífica y electoral.
Una de las batallas estratégicas que se llevaron a cabo en este periodo fue la defensa del petróleo, cuyos resultados, si bien no fueron óptimos, sí contribuyeron a detener de manera importante los afanes de los grupos de interés a los que el calderonismo presta las siglas presidenciales.
Por otra parte, en la asamblea del tercer aniversario se mandaron mensajes claves con la participación del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, quien manifestó su reconocimiento al movimiento que encabeza AMLO, y éste a su vez lo hizo “contra la infamia –como la llamó– cometida por el calderonismo al dejar sin empleo a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC)”.
Es conveniente anotar que este intercambio de adhesiones se expresa pública y tajantemente después de que el príismo puso fin a sus tácticas dilatorias y negó el apoyo al SME para interponer una controversia constitucional, pero no sólo eso: contribuyó además para que el presupuesto 2010 dejara fuera los recursos relativos a la operación de LFC, con lo cual se corresponsabilizó de la decisión gubernamental que está siendo cuestionada en tribunales.
Con todo ello, los elementos para configurar la desviación de poder están perfectamente delimitados con la serie de actos sucesivos y encadenados tendientes a privar de su empleo a los trabajadores afiliados al SME, ofreciendo justificaciones aparentemente “legales” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso del general José Francisco Gallardo. Informe No. 43/96 del 15 de octubre de 1996).
Tanto en el discurso del líder del SME como en el de AMLO quedó planteado que son los mismos intereses, ante todo económicos, que están detrás de las decisiones que se tomaron en 2006 para orquestar el fraude electoral y los que decretaron “la extinción” de LFC.
Aparte de la solidaridad con el SME se reivindicaron las demandas centrales respecto a desaparecidos, los presos de Atenco, la agresión a comunidades como la de San José del Progreso, en Oaxaca, que se oponen a una minera; el basurero de Zimapán, en Hidalgo; la Minera San Xavier, en San Luis Potosí, destacando la cifra poco conocida de que a partir del régimen de Carlos Salinas hasta hoy se han concesionado 24 millones de hectáreas a compañías trasnacionales mineras, esto es, el equivalente a la extensión del estado de Chihuahua.
Finalmente, para abundar en las razones del movimiento, el líder tabasqueño explicó los 10 grandes temas que se estarán debatiendo los próximos meses y que entrañan el perfil del nuevo proyecto de nación: rescatar al Estado, democratizar los medios masivos de comunicación (aclarando que no se trata de expropiación), una nueva economía con desarrollo acorde al interés nacional antes que al de organismos internacionales y trasnacionales; combatir prácticas monopólicas, abolir privilegios fiscales, recuperar la política como imperativo ético y con austeridad republicana, fortalecer el sector energético, recuperar soberanía alimentaria (mencionando el rechazo al maíz transgénico), Estado de bienestar, reiterando que “por el bien de todos, primero los pobres” y fomentar una nueva corriente de pensamiento basada en los principios de tolerancia, respeto a los derechos humanos, diversidad y respeto al medio ambiente.
Fue también significativo que no se mencionara ningún partido ni participara algún representante como orador, pues hasta hoy no se ve claro que las llamadas “refundaciones” caminen por la agenda de la transformación democrática del país, más bien se les ve refuncionalizando sus cuotas y cotos.
Ojalá se construya un consenso entre todas las fuerzas sociales de oposición pacífica. La dura realidad que estamos viviendo puede ser la mejor maestra para descartar sectarismos.
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