Impuestos y decadencia
Luis Linares Zapata
Un torpe y hasta inhumano paquete fiscal bastó para evidenciar, esta vez hasta con rasgos trágicos, lo ya bien conocido: el sometimiento voluntario y la pequeñez de la hermandad PAN y PRI ante los grupos de presión. Sus peripecias aseguran, por tiempo indefinido, la persistente decadencia del país. No tienen, siquiera, una disculpa aceptable, aunque fuera cómica (la otra alternativa era peor: Francisco Labastida). La conjunción de los grupos empresariales de gran tamaño con el renovado cacicazgo de los gobernadores impuso sus muy particulares ambiciones sobre los intereses y el bienestar del conjunto social.
La soberanía popular, esencia de la institución legisladora, quedó confinada al trajín de unos cuantos partidos de izquierda que, por su ralo peso numérico, resultaron incapaces de inclinar la balanza en favor de la ciudadanía.
La disputa, ríspida en varios momentos y reveladora del cinismo mayoritario que prefirió el silencio, dejó al descubierto acuerdos inconfesados, aunque fácilmente adivinables. Tras esas negociaciones de alto nivel, ocultas al escrutinio público, se agazapan visiones intencionadamente cegatonas sobre la actualidad y las necesidades nacionales a las que sobreponen afanes desmedidos de lucro y poder.
El castigo a las clases medias será inmisericorde. Los aumentos de impuestos acordados en el Congreso, ante la iniciativa enviada por el señor Calderón, caerán en cascada sobre los causantes cautivos, trátese de asalariados en lo particular o de pequeñas y medianas empresas que no tienen forma de evitar las penalidades que se les impondrán.
Ante tan aciago futuro vendrán, casi de manera simultánea, largas temporadas donde ominosas campañas publicitarias monopolizarán el espacio público. Serán diseñadas para tratar de esquivar las irresponsabilidades de las elites decisorias. Campañas insidiosas, maniobras distractoras y discursos de campaña llenos de renovadas promesas pretenderán disfrazar los negocios particulares con el celo público, cubrir candidaturas para 2012, extender un manto al dispendio caprichoso y dejar sueltos los recursos para inclinar las simpatías y el voto a favor de aquellos seleccionados desde las cúpulas partidarias.
Pero los dolores y los sacrificios que la fiscalidad recién agrandada le causará a los bolsillos y las mesas de los ciudadanos, aunadas a la cerrazón de los horizontes colectivos, será un severo catalizador ante el cual quedará evidenciado tanto el manipuleo político como las malformaciones institucionales.
Las elites que deciden en México porfiarán en el empleo de su arma predilecta: los medios masivos de comunicación. Los creen instrumentos capaces de aplacar esa ira popular ya instalada y creciente en el ánimo de la sociedad. Elites que desprecian el juicio y la valentía del pueblo. No conceden valor alguno a su capacidad de respuesta ante el despojo flagrante o las conductas de pillaje generalizado al que se les somete. Irán, tan conspicuos personajes, hasta el mismo borde del abismo con una displicencia suicida.
A lo largo de la reciente disputa por los haberes públicos varios asuntos fueron ventilados, aun a pesar de los densos controles para mantenerlos en secreto. Quizá el de mayor relevancia sea el de los privilegios instalados tras la llamada consolidación fiscal. A través de ella, los patrones de México ocultaron, por decenas de años, las evasiones y elusiones que lastran y debilitan, hasta el extremo, la hacienda pública de México. De esta fácil manera, antaño secreta, se instituyó no sólo un sui generis régimen al que se le añadió un indefinido periodo de gracia para el entero de lo adeudado.
Tal periodo devaluaba el monto de los créditos y hasta se perdían grandes cantidades en el olvido y los tribunales a modo. Esos impuestos retenidos y no enterados se siguen usando, sin embargo, para simular nuevas, frescas, prometidas inversiones por parte de los dueños del capital.
En otras ocasiones esos haberes, escamoteados al erario, se han sometido a diversa triquiñuelas: a veces para recomprar las acciones de sus propias empresas, subirles el valor y dejarlas, libres de gravámenes, en manos de los accionistas, una opción adicional para no pagar dividendos que sí son gravables. En muchos casos se usan para comprar empresas sanas o con pérdidas acumuladas, simular una operación en bolsa y eludir, por doble partida, el pago de impuestos. Un redondeo más que conveniente. Todo un sistema instalado para el usufructo de algunos cuantos.
Pero la crisis monumental que se padece ha puesto sobre el tapete, de nueva cuenta (durante la campaña de 2006 AMLO lo empezó a devalar), el espinoso tema de los privilegios fiscales, y ahora que el señor Calderón lo ha blandido en deshilvanado y visceral discurso es que se ha tornado, para asombro de muchos, en tema de agrias discrepancias, cínicas amenazas y alertas justicieras.
Ya no se podrá escamotear tan notable como dañino asunto del debate colectivo. Por primera vez las autoridades administrativas, en este caso hacendarias (SAT), se han visto forzadas a difundir algunos de los crueles datos que condicionan la recaudación fiscal y que colocan al país como uno de los de menor recaudación en el continente.
De aquí en adelante, las prerrogativas concedidas con tan ancha manga por los irresponsables en turno (PRIAN), a la larga, es decir, unos tres o cuatro años a lo más, se volverán la materia sustantiva de una reforma fiscal largamente aplazada. Los atrincherados intereses de los grandes grupos empresariales, qué duda cabe, llevan una ruta de colisión con el interés colectivo. Tal como ha sucedido en aquellas economías con un grado adicional de desarrollo y con algo más de justicia distributiva.
Mientras, las empresas de telecomunicaciones (en especial Televisa) han vuelto por sus fueros y, como prueba de su poder, se les concede un privilegio adicional: exentar sus obligaciones fiscales en el llamado triple play por dos años (un hoyo de unos 5 mil millones de pesos). Y todo por el santo temor a sus vendettas o por la búsqueda de promociones personalizadas. Así y dentro de las reglas impuestas por este tinglado no hay salida alguna para la nación de los mexicanos. A partir de este hecho catódico, se pueden y deben elaborar los planes de salida que incluyan a los de abajo y desde ahí provengan.
La soberanía popular, esencia de la institución legisladora, quedó confinada al trajín de unos cuantos partidos de izquierda que, por su ralo peso numérico, resultaron incapaces de inclinar la balanza en favor de la ciudadanía.
La disputa, ríspida en varios momentos y reveladora del cinismo mayoritario que prefirió el silencio, dejó al descubierto acuerdos inconfesados, aunque fácilmente adivinables. Tras esas negociaciones de alto nivel, ocultas al escrutinio público, se agazapan visiones intencionadamente cegatonas sobre la actualidad y las necesidades nacionales a las que sobreponen afanes desmedidos de lucro y poder.
El castigo a las clases medias será inmisericorde. Los aumentos de impuestos acordados en el Congreso, ante la iniciativa enviada por el señor Calderón, caerán en cascada sobre los causantes cautivos, trátese de asalariados en lo particular o de pequeñas y medianas empresas que no tienen forma de evitar las penalidades que se les impondrán.
Ante tan aciago futuro vendrán, casi de manera simultánea, largas temporadas donde ominosas campañas publicitarias monopolizarán el espacio público. Serán diseñadas para tratar de esquivar las irresponsabilidades de las elites decisorias. Campañas insidiosas, maniobras distractoras y discursos de campaña llenos de renovadas promesas pretenderán disfrazar los negocios particulares con el celo público, cubrir candidaturas para 2012, extender un manto al dispendio caprichoso y dejar sueltos los recursos para inclinar las simpatías y el voto a favor de aquellos seleccionados desde las cúpulas partidarias.
Pero los dolores y los sacrificios que la fiscalidad recién agrandada le causará a los bolsillos y las mesas de los ciudadanos, aunadas a la cerrazón de los horizontes colectivos, será un severo catalizador ante el cual quedará evidenciado tanto el manipuleo político como las malformaciones institucionales.
Las elites que deciden en México porfiarán en el empleo de su arma predilecta: los medios masivos de comunicación. Los creen instrumentos capaces de aplacar esa ira popular ya instalada y creciente en el ánimo de la sociedad. Elites que desprecian el juicio y la valentía del pueblo. No conceden valor alguno a su capacidad de respuesta ante el despojo flagrante o las conductas de pillaje generalizado al que se les somete. Irán, tan conspicuos personajes, hasta el mismo borde del abismo con una displicencia suicida.
A lo largo de la reciente disputa por los haberes públicos varios asuntos fueron ventilados, aun a pesar de los densos controles para mantenerlos en secreto. Quizá el de mayor relevancia sea el de los privilegios instalados tras la llamada consolidación fiscal. A través de ella, los patrones de México ocultaron, por decenas de años, las evasiones y elusiones que lastran y debilitan, hasta el extremo, la hacienda pública de México. De esta fácil manera, antaño secreta, se instituyó no sólo un sui generis régimen al que se le añadió un indefinido periodo de gracia para el entero de lo adeudado.
Tal periodo devaluaba el monto de los créditos y hasta se perdían grandes cantidades en el olvido y los tribunales a modo. Esos impuestos retenidos y no enterados se siguen usando, sin embargo, para simular nuevas, frescas, prometidas inversiones por parte de los dueños del capital.
En otras ocasiones esos haberes, escamoteados al erario, se han sometido a diversa triquiñuelas: a veces para recomprar las acciones de sus propias empresas, subirles el valor y dejarlas, libres de gravámenes, en manos de los accionistas, una opción adicional para no pagar dividendos que sí son gravables. En muchos casos se usan para comprar empresas sanas o con pérdidas acumuladas, simular una operación en bolsa y eludir, por doble partida, el pago de impuestos. Un redondeo más que conveniente. Todo un sistema instalado para el usufructo de algunos cuantos.
Pero la crisis monumental que se padece ha puesto sobre el tapete, de nueva cuenta (durante la campaña de 2006 AMLO lo empezó a devalar), el espinoso tema de los privilegios fiscales, y ahora que el señor Calderón lo ha blandido en deshilvanado y visceral discurso es que se ha tornado, para asombro de muchos, en tema de agrias discrepancias, cínicas amenazas y alertas justicieras.
Ya no se podrá escamotear tan notable como dañino asunto del debate colectivo. Por primera vez las autoridades administrativas, en este caso hacendarias (SAT), se han visto forzadas a difundir algunos de los crueles datos que condicionan la recaudación fiscal y que colocan al país como uno de los de menor recaudación en el continente.
De aquí en adelante, las prerrogativas concedidas con tan ancha manga por los irresponsables en turno (PRIAN), a la larga, es decir, unos tres o cuatro años a lo más, se volverán la materia sustantiva de una reforma fiscal largamente aplazada. Los atrincherados intereses de los grandes grupos empresariales, qué duda cabe, llevan una ruta de colisión con el interés colectivo. Tal como ha sucedido en aquellas economías con un grado adicional de desarrollo y con algo más de justicia distributiva.
Mientras, las empresas de telecomunicaciones (en especial Televisa) han vuelto por sus fueros y, como prueba de su poder, se les concede un privilegio adicional: exentar sus obligaciones fiscales en el llamado triple play por dos años (un hoyo de unos 5 mil millones de pesos). Y todo por el santo temor a sus vendettas o por la búsqueda de promociones personalizadas. Así y dentro de las reglas impuestas por este tinglado no hay salida alguna para la nación de los mexicanos. A partir de este hecho catódico, se pueden y deben elaborar los planes de salida que incluyan a los de abajo y desde ahí provengan.
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