Democratización secuestrada
Víctor M. Quintana S.
Lo volvieron a hacer. Como lo hicieron para nombrar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así lo están operando para la postulación de un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia: voltean la espalda a las propuestas ciudadanas. Los grupos dominantes siguen siendo los grandes autores de las malas noticias en este país: crisis económica, violencia, atropello a los derechos de los trabajadores, secuestro del proceso de democratización.
Decenas de organizaciones sociales de todos tipos y de ciudadanos en lo particular nos pronunciamos por que en la terna para elegir nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, que habría de presentar Felipe Calderón, figurara Jorge Fernández Souza. Abogado, académico, administrador público, investigador, luchador con la ley en la mano al lado de los movimientos populares, de los trabajadores. No fue por amiguismo o por espíritu de grupo, aunque sí, tal vez, por espíritu de clase.
Y es que no creemos en que la ley funcione igual para todos y para todas. Por más que su letra sea la misma, su interpretación depende mucho del lugar social desde donde se lea, se juzgue y se aplique. Por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubiera variado mucho su resolución en el sentido de que “sólo hubo un poquito fraude” en las elecciones de 2006, si ese proceso electoral no lo hubieran leído magistradas y magistrados desde el poder establecido, desde el miedo de los poderosos a López Obrador. Cuando la ley se lee desde el poder es como tratar de ver un bosque teniendo una gigantesca sequoia enfrente. Porque pensamos que juzgar desde abajo, que ver la ley desde la perspectiva de los trabajadores es un punto de vista mucho más adecuado para emitir cualquier tipo de juicio, por eso propusimos a Jorge Fernández Souza para ministro de la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, con resolutivos como el que la Corte acaba de emitir ratificándole a la Cofetel –controlada por Televisa– la facultad de otorgar y retirar concesiones de radio y televisión, lo que menos revela la propia Corte es su carácter de suprema: por encima de todos los grupos e intereses, sólo subordinada al interés general.
Con esta elección de quien será nuevo ministro de la Corte se consolida un modo de construir los poderes públicos y los organismos autónomos que sabotea la transición a la democracia. Si bien el pueblo de México luchó fuerte y derramó sangre por tener un sistema republicano, de división de poderes; si bien luego volvió a luchar para darle sustancia y extirpar la simulación de ese sistema y por construir nuevos organismos como los de derechos humanos, los electorales y los de transparencia, esas luchas se están viendo traicionadas en la manera cupular, gremialista como se elige a quienes formarán parte de ellos.
Lo vimos con el Consejo del IFE en 2003: el reparto bipartidista de consejerías dio al traste no sólo con el prestigio del instituto, sino también con la confiabilidad de las elecciones de 2006. Lo acabamos de ver con la elección del presidente de la CNDH: el continuismo, el patrimonialismo del presidente saliente, las presiones clericales se impusieron sobre las propuestas de las organizaciones sociales y derechohumanistas.
No hay verdadera transición y la democracia no se consolida porque lo más que se ha logrado en los poderes públicos es una rotación acotada de elites. Hace casi un cuarto de siglo François Xavier-Guerra realizó un espléndido trabajo de reconstrucción de la estructura de privilegio, compadrazgo y compromiso que sostenía el antiguo régimen porfirista. Habría que actualizarlo ahora con la estructura –no mucho mayor cuantitativamente– de poder que hace posible el atascamiento de la democracia en nuestro país.
Así, los gremios, los grupos de poder, las cúpulas partidistas secuestran nuestra incipiente democracia, le ponen grilletes, la sustraen a la participación y al escrutinio ciudadanos. Pasamos de la postulación por dedazo presidencial a la postulación por dedazo de los conciliábulos de interés. La ciudadanía rescata la democracia de las garras presidencialistas para que luego se la arrebaten los tentáculos de las mafias.
No por nada soplan en la República entera vientos de insubordinación. No de las izquierdas contra las derechas ni de unos partidos contra otros. Sí de una sociedad agobiada y agraviada contra los grupos de privilegio fundados en el dinero, en el poder político o en el manejo mafioso de los organismos que, se supone, deben ser pilares de la democracia.
In memoriam, Irma Campos Madrigal, mujer, luchadora, feminista, izquierdista, por tautológico que parezca
Decenas de organizaciones sociales de todos tipos y de ciudadanos en lo particular nos pronunciamos por que en la terna para elegir nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, que habría de presentar Felipe Calderón, figurara Jorge Fernández Souza. Abogado, académico, administrador público, investigador, luchador con la ley en la mano al lado de los movimientos populares, de los trabajadores. No fue por amiguismo o por espíritu de grupo, aunque sí, tal vez, por espíritu de clase.
Y es que no creemos en que la ley funcione igual para todos y para todas. Por más que su letra sea la misma, su interpretación depende mucho del lugar social desde donde se lea, se juzgue y se aplique. Por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubiera variado mucho su resolución en el sentido de que “sólo hubo un poquito fraude” en las elecciones de 2006, si ese proceso electoral no lo hubieran leído magistradas y magistrados desde el poder establecido, desde el miedo de los poderosos a López Obrador. Cuando la ley se lee desde el poder es como tratar de ver un bosque teniendo una gigantesca sequoia enfrente. Porque pensamos que juzgar desde abajo, que ver la ley desde la perspectiva de los trabajadores es un punto de vista mucho más adecuado para emitir cualquier tipo de juicio, por eso propusimos a Jorge Fernández Souza para ministro de la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, con resolutivos como el que la Corte acaba de emitir ratificándole a la Cofetel –controlada por Televisa– la facultad de otorgar y retirar concesiones de radio y televisión, lo que menos revela la propia Corte es su carácter de suprema: por encima de todos los grupos e intereses, sólo subordinada al interés general.
Con esta elección de quien será nuevo ministro de la Corte se consolida un modo de construir los poderes públicos y los organismos autónomos que sabotea la transición a la democracia. Si bien el pueblo de México luchó fuerte y derramó sangre por tener un sistema republicano, de división de poderes; si bien luego volvió a luchar para darle sustancia y extirpar la simulación de ese sistema y por construir nuevos organismos como los de derechos humanos, los electorales y los de transparencia, esas luchas se están viendo traicionadas en la manera cupular, gremialista como se elige a quienes formarán parte de ellos.
Lo vimos con el Consejo del IFE en 2003: el reparto bipartidista de consejerías dio al traste no sólo con el prestigio del instituto, sino también con la confiabilidad de las elecciones de 2006. Lo acabamos de ver con la elección del presidente de la CNDH: el continuismo, el patrimonialismo del presidente saliente, las presiones clericales se impusieron sobre las propuestas de las organizaciones sociales y derechohumanistas.
No hay verdadera transición y la democracia no se consolida porque lo más que se ha logrado en los poderes públicos es una rotación acotada de elites. Hace casi un cuarto de siglo François Xavier-Guerra realizó un espléndido trabajo de reconstrucción de la estructura de privilegio, compadrazgo y compromiso que sostenía el antiguo régimen porfirista. Habría que actualizarlo ahora con la estructura –no mucho mayor cuantitativamente– de poder que hace posible el atascamiento de la democracia en nuestro país.
Así, los gremios, los grupos de poder, las cúpulas partidistas secuestran nuestra incipiente democracia, le ponen grilletes, la sustraen a la participación y al escrutinio ciudadanos. Pasamos de la postulación por dedazo presidencial a la postulación por dedazo de los conciliábulos de interés. La ciudadanía rescata la democracia de las garras presidencialistas para que luego se la arrebaten los tentáculos de las mafias.
No por nada soplan en la República entera vientos de insubordinación. No de las izquierdas contra las derechas ni de unos partidos contra otros. Sí de una sociedad agobiada y agraviada contra los grupos de privilegio fundados en el dinero, en el poder político o en el manejo mafioso de los organismos que, se supone, deben ser pilares de la democracia.
In memoriam, Irma Campos Madrigal, mujer, luchadora, feminista, izquierdista, por tautológico que parezca
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