El Yunque, asunto de salud pública
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 1 de febrero (apro).- Una vez que se ha demostrado con vasta información que El Yunque no es un mito ni un mote, pese a que la pereza, la estulticia y la complicidad se empeñan en lo contrario, ha llegado el momento de que institucionalmente se tome una definición sobre esta organización secreta que, como se denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR), opera como un cártel de criminales.
Ha sido ya formalizada ante la PGR una denuncia penal por los delitos de traición a la patria, sedición, terrorismo, sabotaje y conspiración, presuntamente cometidos por un grupo de jefes y operadores de El Yunque, cinco de ellos de militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), cuyo presidente, César Nava, es también un prominente juramentado.
Se trata de Bernardo Ardavín Migoni, jefe general de la organización desde 1995 en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, España, Francia y Filipinas, países donde El Yunque tiene presencia; José Antonio Quintana Fernández, jefe general hasta 1995 y actualmente jefe general emérito, y Guillermo Velasco Arzac, jefe en México e integrante del Mando Nacional.
Estos tres personajes no tienen militancia formal en el PAN, pero no hace falta porque sus instrucciones son operadas por otros de los denunciados ante la PGR por Luis Paredes Moctezuma, quien militó en El Yunque durante tres décadas.
Otros dos denunciados son Manuel Espino, antecesor de Nava en la presidencia del PAN, y Marco Antonio Adame, gobernador de Morelos, este último “Jefe de la Estrategia PAN a nivel nacional”, es decir, encargado de hacer que El Yunque mantenga y refuerce el control en ese partido.
Los otros tres denunciados son Fernando Guzmán Pérez-Peláez, jefe de El Yunque en la región Occidente, que incluye Jalisco, Colima y Nayarit; Gerardo Mosqueda Martínez, jefe en El Bajío, con mando en Guanajuato y Aguascalientes, y Alfredo Botello Montes, jefe en Querétaro e Hidalgo.
Como se detalla en el reportaje que se publica en el semanario Proceso, Guzmán y Mosqueda son secretarios de Gobierno de Jalisco y Guanajuato, respectivamente, y Botello Montes, quien ocupó el mismo cargo en Querétaro, es actualmente secretario de Acción de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional del PAN que preside Nava.
De acuerdo con la denuncia de Paredes, los involucrados –“jefes, operadores y cómplices de la Organización Nacional del Yunque”-- presuntamente han cometido los delitos previstos en el Libro Segundo, Título Primero del Código Penal Federal:
Traición a la Patria: “Realizan actos que comprometen a la seguridad nacional en función de los intereses supranacionales de esa organización. Algunos de sus militantes tienen acceso a información reservada a los más altos niveles del Estado mexicano y, según he sido enterado, es filtrada a gobiernos y/o entidades extranjeras. Anteponen los intereses de su organización a los de nuestra patria. La soberanía nacional no se restringe a preservar su territorio y recursos naturales, sino que en gran parte es de orden jurídico y político, y dicho orden va siendo socavado por la perniciosa acción de esa organización.”
Sedición: “El Yunque realiza tareas de inteligencia para interferir en las funciones del Estado mexicano. Bajo amenaza, dicta línea y consigna a numerosos legisladores y funcionarios federales, estatales y municipales a lo largo y ancho del país con la finalidad de imponer a la nación una forma de vida ceñida a la ideología que profesan. El Yunque pretende abolir --de facto-- la esencia democrática de nuestro orden constitucional, expresamente la división de poderes, al ir tomando el control de los órganos del Estado para constituirse en el poder real --que actuaría oculto-- sojuzgando a la República como ya se ha visto en Guanajuato, Jalisco y Morelos. En Puebla, su cómplice Mario Marín Torres, da claro ejemplo de la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo.
Terrorismo: “No tiene otro nombre el propósito, no de espantar a una persona, sino de aterrorizar a los políticos mexicanos todos, con que de no ceñirse a sus dictados serían difamados, desacreditados e incluso perseguidos hasta privarles de su libertad, destruyendo su patrimonio y el de sus familias, e incluso amagándoles con asesinarles --suicidándose en prisión de cinco puñaladas por la espalda--, como amenazaron hacer conmigo
Sabotaje: “El Yunque sabotea al Estado mexicano entorpeciendo las funciones de sus dependencias, esto ha sucedido y sucede en todo el país en los diferentes órdenes de gobierno. El Yunque impide la ejecución de planes y programas de gobierno, como lo hicieron con el ayuntamiento de Puebla 2002-2005 que tuve el honor de presidir, al que sistemáticamente calumniaron y acosaron desde puestos en las legislaturas federal y estatal, desde el Partido Acción Nacional, desde Cámaras y sindicatos empresariales y desde universidades públicas y privadas, realizando tales actos por sí y también incitando a otros a que lo hicieran. Así sucede ahora en contra del presidente Calderón y el principal ejecutor de esos planes es Manuel Espino Barrientos...“
Según Paredes Moctezuma, la actuación de los jefes y miembros de El Yunque constituyen una conspiración contra México y por ello emplaza a la PGR a iniciar la averiguación previa correspondiente para acreditar si, en efecto, ésta existe.
Obviamente, para proceder a tal propósito se requiere voluntad política al más alto nivel, específicamente de Felipe Calderón.
No se trata de que se le haga caso a un militante del PAN que se dice afectado en sus derechos políticos, como Paredes, sino un asunto que concierne a la nación, un asunto de salud pública.
Aun cuando el procurador Arturo Chávez Chávez es conocido en Chihuahua por su pertenencia a la facción de El Yunque y como procurador de ese estado fue capaz de encubrir a una banda de asaltabancos integrada por miembros de esa organización y ahora actúe como abogado de la jerarquía católica, quizá pueda tener gallardía para iniciar una averiguación previa con base en la denuncia de Paredes.
Quizá tenga un arranque de grandeza, aunque se encolerice Calderón…
Apuntes
Reproduzco la cita de Jesús Ortega, presidente del PRD, escrita aquí la semana pasada sobre el personaje que tiene ensangrentado el país, pese a que el tema ya salió de su repertorio de peroratas: “Yo soy una persona que trata de ser congruente con lo que piensa. He dicho, y lo sostengo, que Calderón es y será ilegítimo, y que esa ilegitimidad no se quita como si se quitara una mancha en la camisa. Calderón es y será ilegítimo por los siglos de los siglos.”
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
MÉXICO, D.F., 1 de febrero (apro).- Una vez que se ha demostrado con vasta información que El Yunque no es un mito ni un mote, pese a que la pereza, la estulticia y la complicidad se empeñan en lo contrario, ha llegado el momento de que institucionalmente se tome una definición sobre esta organización secreta que, como se denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR), opera como un cártel de criminales.
Ha sido ya formalizada ante la PGR una denuncia penal por los delitos de traición a la patria, sedición, terrorismo, sabotaje y conspiración, presuntamente cometidos por un grupo de jefes y operadores de El Yunque, cinco de ellos de militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), cuyo presidente, César Nava, es también un prominente juramentado.
Se trata de Bernardo Ardavín Migoni, jefe general de la organización desde 1995 en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, España, Francia y Filipinas, países donde El Yunque tiene presencia; José Antonio Quintana Fernández, jefe general hasta 1995 y actualmente jefe general emérito, y Guillermo Velasco Arzac, jefe en México e integrante del Mando Nacional.
Estos tres personajes no tienen militancia formal en el PAN, pero no hace falta porque sus instrucciones son operadas por otros de los denunciados ante la PGR por Luis Paredes Moctezuma, quien militó en El Yunque durante tres décadas.
Otros dos denunciados son Manuel Espino, antecesor de Nava en la presidencia del PAN, y Marco Antonio Adame, gobernador de Morelos, este último “Jefe de la Estrategia PAN a nivel nacional”, es decir, encargado de hacer que El Yunque mantenga y refuerce el control en ese partido.
Los otros tres denunciados son Fernando Guzmán Pérez-Peláez, jefe de El Yunque en la región Occidente, que incluye Jalisco, Colima y Nayarit; Gerardo Mosqueda Martínez, jefe en El Bajío, con mando en Guanajuato y Aguascalientes, y Alfredo Botello Montes, jefe en Querétaro e Hidalgo.
Como se detalla en el reportaje que se publica en el semanario Proceso, Guzmán y Mosqueda son secretarios de Gobierno de Jalisco y Guanajuato, respectivamente, y Botello Montes, quien ocupó el mismo cargo en Querétaro, es actualmente secretario de Acción de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional del PAN que preside Nava.
De acuerdo con la denuncia de Paredes, los involucrados –“jefes, operadores y cómplices de la Organización Nacional del Yunque”-- presuntamente han cometido los delitos previstos en el Libro Segundo, Título Primero del Código Penal Federal:
Traición a la Patria: “Realizan actos que comprometen a la seguridad nacional en función de los intereses supranacionales de esa organización. Algunos de sus militantes tienen acceso a información reservada a los más altos niveles del Estado mexicano y, según he sido enterado, es filtrada a gobiernos y/o entidades extranjeras. Anteponen los intereses de su organización a los de nuestra patria. La soberanía nacional no se restringe a preservar su territorio y recursos naturales, sino que en gran parte es de orden jurídico y político, y dicho orden va siendo socavado por la perniciosa acción de esa organización.”
Sedición: “El Yunque realiza tareas de inteligencia para interferir en las funciones del Estado mexicano. Bajo amenaza, dicta línea y consigna a numerosos legisladores y funcionarios federales, estatales y municipales a lo largo y ancho del país con la finalidad de imponer a la nación una forma de vida ceñida a la ideología que profesan. El Yunque pretende abolir --de facto-- la esencia democrática de nuestro orden constitucional, expresamente la división de poderes, al ir tomando el control de los órganos del Estado para constituirse en el poder real --que actuaría oculto-- sojuzgando a la República como ya se ha visto en Guanajuato, Jalisco y Morelos. En Puebla, su cómplice Mario Marín Torres, da claro ejemplo de la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo.
Terrorismo: “No tiene otro nombre el propósito, no de espantar a una persona, sino de aterrorizar a los políticos mexicanos todos, con que de no ceñirse a sus dictados serían difamados, desacreditados e incluso perseguidos hasta privarles de su libertad, destruyendo su patrimonio y el de sus familias, e incluso amagándoles con asesinarles --suicidándose en prisión de cinco puñaladas por la espalda--, como amenazaron hacer conmigo
Sabotaje: “El Yunque sabotea al Estado mexicano entorpeciendo las funciones de sus dependencias, esto ha sucedido y sucede en todo el país en los diferentes órdenes de gobierno. El Yunque impide la ejecución de planes y programas de gobierno, como lo hicieron con el ayuntamiento de Puebla 2002-2005 que tuve el honor de presidir, al que sistemáticamente calumniaron y acosaron desde puestos en las legislaturas federal y estatal, desde el Partido Acción Nacional, desde Cámaras y sindicatos empresariales y desde universidades públicas y privadas, realizando tales actos por sí y también incitando a otros a que lo hicieran. Así sucede ahora en contra del presidente Calderón y el principal ejecutor de esos planes es Manuel Espino Barrientos...“
Según Paredes Moctezuma, la actuación de los jefes y miembros de El Yunque constituyen una conspiración contra México y por ello emplaza a la PGR a iniciar la averiguación previa correspondiente para acreditar si, en efecto, ésta existe.
Obviamente, para proceder a tal propósito se requiere voluntad política al más alto nivel, específicamente de Felipe Calderón.
No se trata de que se le haga caso a un militante del PAN que se dice afectado en sus derechos políticos, como Paredes, sino un asunto que concierne a la nación, un asunto de salud pública.
Aun cuando el procurador Arturo Chávez Chávez es conocido en Chihuahua por su pertenencia a la facción de El Yunque y como procurador de ese estado fue capaz de encubrir a una banda de asaltabancos integrada por miembros de esa organización y ahora actúe como abogado de la jerarquía católica, quizá pueda tener gallardía para iniciar una averiguación previa con base en la denuncia de Paredes.
Quizá tenga un arranque de grandeza, aunque se encolerice Calderón…
Apuntes
Reproduzco la cita de Jesús Ortega, presidente del PRD, escrita aquí la semana pasada sobre el personaje que tiene ensangrentado el país, pese a que el tema ya salió de su repertorio de peroratas: “Yo soy una persona que trata de ser congruente con lo que piensa. He dicho, y lo sostengo, que Calderón es y será ilegítimo, y que esa ilegitimidad no se quita como si se quitara una mancha en la camisa. Calderón es y será ilegítimo por los siglos de los siglos.”
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