Desfiladero
Cuidado: los lobos andan sueltos en la pradera
Jaime Avilés
Dos buenas noticias. Primera: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró en forma definitiva la construcción de una plaza colonial del siglo XVI, estilo Walt Disney, en la reserva ecológica de Ombligo Verde, en Cancún, donde el piadoso alcalde, Gregorio Sánchez Martínez, Greg, pretendía hacerse un palacio municipal frente a la catedral que de todos modos levantarán allí los Legionarios de Cristo.
La victoria de los grupos ambientalistas de Cancún, encabezados por Tulio Arroyo, coincide con la investigación que la PGR abrió contra Greg, por un préstamo de 10 millones de dólares que al parecer éste aún le debe al empresario Steve Santander. Greg tiene pendiente, además, un proceso judicial por haber cambiado ilegalmente el uso de suelo del malecón de Cancún para vendérselo a la inmobiliaria Roca Capital SA.
Así, la candidatura de Sánchez Martínez al gobierno de Quintana Roo, que lanzaron jubilosos Manuel Camacho y los líderes de PRD, PT y Convergencia, parece haberse esfumado, ya que según la nota de Hugo Martoccia, corresponsal de La Jornada en Cancún, ahora PAN y PRD postularán al panista Carlos Joaquín, sobrino de don Nassim Joaquín, el poderoso comerciante que desde Cozumel funge hace décadas como patriarca del Caribe mexicano.
Segunda: el oportuno diluvio que azotó el valle (ahora lago) de Chalco puso al descubierto que Enrique Peña Nieto, en términos de eficacia y compromiso con los desprotegidos, es más pequeño que su famoso copete, mismo que nunca se le despeinó mientras acudía a las zonas de desastre rodeado de cámaras televisivas, en tanto sus colaboradores entregaban la ayuda de emergencia sólo a aquellos damnificados que aceptaban pegar en sus viviendas una calcomanía con una leyenda humillante: “el gobierno del estado cumple”.
Tal vez por esa frivolidad extrema que caracteriza a Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari ya destapó al veracruzano Fidel Herrera como candidato del PRI al 2012, pero no para que el antiguo partido regrese a Los Pinos, sino para que pierda los comicios y el PAN siga otro sexenio en el poder, como avisó ayer en este diario Luis Javier Garrido, al explicar que el verdadero sentido de las alianzas PAN-PRD, que impulsan Manuel Camacho, Felipe Calderón y Jesús Ortega, es sacar a Andrés Manuel López Obrador de la carrera por la Presidencia.
Anteayer, en la Cámara de Diputados, el matrimonio que desde 2006 forman los chuchos y el PAN volvió a hacer de las suyas cuando una mayoría integrada por legisladores perredistas, panistas, priístas y de Convergencia aprobó que Pemex dé a empresas particulares contratos para participar en toda la cadena de producción de hidrocarburos. Únicamente los del Partido del Trabajo y 13 diputados del PRD leales a López Obrador –entre los cuales no estaba Alejandro Encinas– subieron a la tribuna para intentar detener el albazo, que acelera el despojo de los recursos petroleros de todos los mexicanos.
Pero mientras Camacho se reincorpora a las huestes salinistas –hecho que exige prontas definiciones del movimiento de López Obrador, antes que el desaliento termine de cundir entre sus bases–, el jefe de la policía capitalina, Manuel Mondragón y Kalb, se transforma en un fantasma, incapaz de contener el aumento exponencial de asaltos a mano armada y a la luz del día en todos los ámbitos de la ciudad.
Las denuncias de abusos policiacos y administrativos en la macrópolis que todavía gobierna Marcelo Ebrard insinúan que empiezan a vislumbrarse riesgos en la continuidad del proyecto alternativo impulsado por la (ex) izquierda desde 1997. Algunos ejemplos. Un joven estudiante (cuyo nombre me guardo por su seguridad) toma un taxi y, por alguna causa, discute con el chofer. Éste lo ataca a tubazos. El joven se queja en la delegación correspondiente, pero el abogado que asesora a la empresa del taxista compra al agente del Ministerio Público y el muchacho herido es enviado a un reclusorio.
Al llegar al presidio, es obligado a “limpiar” las letrinas con la lengua, hasta que su familia consigue 4 mil pesos para salvarlo de tal vejación. Al cabo de 50 días tras las rejas, el joven es absuelto de todos los cargos y recobra la libertad. ¿Quién lo resarcirá por el daño moral que sufrió? Nadie. En cambio, arriba, en la punta de la pirámide social, un grupo de condóminos de Tlalpan, que viven hace muchos años en unos bonitos edificios de Insurgentes Sur, se alarman al ver que su vecino, un magnate que amasó una gran fortuna vendiendo barbacoa, ha resuelto convertir su negocio en una gasolinera, que dará servicio las 24 horas del día.
Los vecinos se organizan y protestan. La ley prohíbe que una gasolinera se construya a 50 metros de un conjunto habitacional. Acuden ante el delegado, perredista por supuesto, y éste les da largas. Envían cartas a Ebrard. Jamás reciben respuesta. Así que salen a la calle a manifestarse, reclamar justicia y ejercer sus derechos constitucionales. ¿Ah, sí? El magnate, Jorge Talavera, dueño del restaurante Don Enrique, los demanda a cada uno por “daño moral”, y les exige el pago de dos millones de pesos por cabeza. Como prueba de los “delitos” que según el ricachón cometieron los inconformes, exhibe ante el juez quincuagésimo octavo civil las crónicas periodísticas que Agustín Salgado publicó en La Jornada, para documentar el desarrollo del conflicto.
Otra. Por debajo de la puerta me echan una carta dirigida a un inquilino anterior y enviada por la firma Profesionales en recuperación SC, que saluda a su destinatario con estas palabras (en enormes mayúsculas): “En 48 horas vamos a ejecutar en este domicilio una acción cobro vía exhorto!!” Luego, en letras más pequeñas, reitera: “Esta ejecución de cobro vía exhorto se ejecutará, con usted de encontrarse presente o con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio”.
La carta, impresa como machote, sigue así: “Fuera de nuestra costumbre, y sólo por usted (!), abriremos de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas a fin darle oportunidad de que liquide su adeudo antes de 48 horas para cancelar el exhorto de cobro. A la fecha su cuenta HSBC presenta un saldo de $25672.84 pesos (pero) si liquida antes de 48 horas le aplicaremos un descuento del 85%”.
Y firma: “Lic. José Luis Ruiz Mateos” (¿familiar del secretario panista de Economía, Gerardo Ruiz Mateos?) Llamo al teléfono 01-800-821-5921 y al 01-800-222-9999, que vienen con la carta, y me atiende un pobre diablo, que se complace en aterrorizarme, diciendo: “tenemos un permiso especial del MP que nos permite (sic) abrir su puerta con ayuda de un cerrajero y escoger los bienes que le vamos a embargar”.
Después, vuelvo a llamar, pero con voz de anciano y confieso que estoy muy asustado porque la carta dice que en 48 horas habrá una ejecución en mi domicilio. El abogado que me oye, en el fondo tiene buen corazón y me aconseja que no me preocupe. “Si usted no ha sido condenado por un juez a pagar la cantidad que adeuda otra persona, no le pueden violar su cerradura, ni entrar a su casa ni embargarle sus bienes”.
Un jurista de excelencia, que en 1995 defendió al tonto del pueblo, me alecciona: “te dicen que te descuentan 85 por ciento para que les firmes un papel en el que reconoces tu deuda. Ellos necesitan tu firma para demandarte y lograr que un juez señale los bienes que te van a embargar. No les hagas caso”. Así que ya lo saben: estos profesionales en recuperación, en realidad, son viles cómplices de los ladrones que reparten tarjetas de crédito a granel, para después despojarnos de todo. Pasen la voz y, de verdad, si quieren regalarse horas de intenso placer leyendo, consíganse Marcas de nacimiento, novela de la canadiense Nancy Huston. No tiene desperdicio.
jamastu@gmail.com
La victoria de los grupos ambientalistas de Cancún, encabezados por Tulio Arroyo, coincide con la investigación que la PGR abrió contra Greg, por un préstamo de 10 millones de dólares que al parecer éste aún le debe al empresario Steve Santander. Greg tiene pendiente, además, un proceso judicial por haber cambiado ilegalmente el uso de suelo del malecón de Cancún para vendérselo a la inmobiliaria Roca Capital SA.
Así, la candidatura de Sánchez Martínez al gobierno de Quintana Roo, que lanzaron jubilosos Manuel Camacho y los líderes de PRD, PT y Convergencia, parece haberse esfumado, ya que según la nota de Hugo Martoccia, corresponsal de La Jornada en Cancún, ahora PAN y PRD postularán al panista Carlos Joaquín, sobrino de don Nassim Joaquín, el poderoso comerciante que desde Cozumel funge hace décadas como patriarca del Caribe mexicano.
Segunda: el oportuno diluvio que azotó el valle (ahora lago) de Chalco puso al descubierto que Enrique Peña Nieto, en términos de eficacia y compromiso con los desprotegidos, es más pequeño que su famoso copete, mismo que nunca se le despeinó mientras acudía a las zonas de desastre rodeado de cámaras televisivas, en tanto sus colaboradores entregaban la ayuda de emergencia sólo a aquellos damnificados que aceptaban pegar en sus viviendas una calcomanía con una leyenda humillante: “el gobierno del estado cumple”.
Tal vez por esa frivolidad extrema que caracteriza a Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari ya destapó al veracruzano Fidel Herrera como candidato del PRI al 2012, pero no para que el antiguo partido regrese a Los Pinos, sino para que pierda los comicios y el PAN siga otro sexenio en el poder, como avisó ayer en este diario Luis Javier Garrido, al explicar que el verdadero sentido de las alianzas PAN-PRD, que impulsan Manuel Camacho, Felipe Calderón y Jesús Ortega, es sacar a Andrés Manuel López Obrador de la carrera por la Presidencia.
Anteayer, en la Cámara de Diputados, el matrimonio que desde 2006 forman los chuchos y el PAN volvió a hacer de las suyas cuando una mayoría integrada por legisladores perredistas, panistas, priístas y de Convergencia aprobó que Pemex dé a empresas particulares contratos para participar en toda la cadena de producción de hidrocarburos. Únicamente los del Partido del Trabajo y 13 diputados del PRD leales a López Obrador –entre los cuales no estaba Alejandro Encinas– subieron a la tribuna para intentar detener el albazo, que acelera el despojo de los recursos petroleros de todos los mexicanos.
Pero mientras Camacho se reincorpora a las huestes salinistas –hecho que exige prontas definiciones del movimiento de López Obrador, antes que el desaliento termine de cundir entre sus bases–, el jefe de la policía capitalina, Manuel Mondragón y Kalb, se transforma en un fantasma, incapaz de contener el aumento exponencial de asaltos a mano armada y a la luz del día en todos los ámbitos de la ciudad.
Las denuncias de abusos policiacos y administrativos en la macrópolis que todavía gobierna Marcelo Ebrard insinúan que empiezan a vislumbrarse riesgos en la continuidad del proyecto alternativo impulsado por la (ex) izquierda desde 1997. Algunos ejemplos. Un joven estudiante (cuyo nombre me guardo por su seguridad) toma un taxi y, por alguna causa, discute con el chofer. Éste lo ataca a tubazos. El joven se queja en la delegación correspondiente, pero el abogado que asesora a la empresa del taxista compra al agente del Ministerio Público y el muchacho herido es enviado a un reclusorio.
Al llegar al presidio, es obligado a “limpiar” las letrinas con la lengua, hasta que su familia consigue 4 mil pesos para salvarlo de tal vejación. Al cabo de 50 días tras las rejas, el joven es absuelto de todos los cargos y recobra la libertad. ¿Quién lo resarcirá por el daño moral que sufrió? Nadie. En cambio, arriba, en la punta de la pirámide social, un grupo de condóminos de Tlalpan, que viven hace muchos años en unos bonitos edificios de Insurgentes Sur, se alarman al ver que su vecino, un magnate que amasó una gran fortuna vendiendo barbacoa, ha resuelto convertir su negocio en una gasolinera, que dará servicio las 24 horas del día.
Los vecinos se organizan y protestan. La ley prohíbe que una gasolinera se construya a 50 metros de un conjunto habitacional. Acuden ante el delegado, perredista por supuesto, y éste les da largas. Envían cartas a Ebrard. Jamás reciben respuesta. Así que salen a la calle a manifestarse, reclamar justicia y ejercer sus derechos constitucionales. ¿Ah, sí? El magnate, Jorge Talavera, dueño del restaurante Don Enrique, los demanda a cada uno por “daño moral”, y les exige el pago de dos millones de pesos por cabeza. Como prueba de los “delitos” que según el ricachón cometieron los inconformes, exhibe ante el juez quincuagésimo octavo civil las crónicas periodísticas que Agustín Salgado publicó en La Jornada, para documentar el desarrollo del conflicto.
Otra. Por debajo de la puerta me echan una carta dirigida a un inquilino anterior y enviada por la firma Profesionales en recuperación SC, que saluda a su destinatario con estas palabras (en enormes mayúsculas): “En 48 horas vamos a ejecutar en este domicilio una acción cobro vía exhorto!!” Luego, en letras más pequeñas, reitera: “Esta ejecución de cobro vía exhorto se ejecutará, con usted de encontrarse presente o con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio”.
La carta, impresa como machote, sigue así: “Fuera de nuestra costumbre, y sólo por usted (!), abriremos de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas a fin darle oportunidad de que liquide su adeudo antes de 48 horas para cancelar el exhorto de cobro. A la fecha su cuenta HSBC presenta un saldo de $25672.84 pesos (pero) si liquida antes de 48 horas le aplicaremos un descuento del 85%”.
Y firma: “Lic. José Luis Ruiz Mateos” (¿familiar del secretario panista de Economía, Gerardo Ruiz Mateos?) Llamo al teléfono 01-800-821-5921 y al 01-800-222-9999, que vienen con la carta, y me atiende un pobre diablo, que se complace en aterrorizarme, diciendo: “tenemos un permiso especial del MP que nos permite (sic) abrir su puerta con ayuda de un cerrajero y escoger los bienes que le vamos a embargar”.
Después, vuelvo a llamar, pero con voz de anciano y confieso que estoy muy asustado porque la carta dice que en 48 horas habrá una ejecución en mi domicilio. El abogado que me oye, en el fondo tiene buen corazón y me aconseja que no me preocupe. “Si usted no ha sido condenado por un juez a pagar la cantidad que adeuda otra persona, no le pueden violar su cerradura, ni entrar a su casa ni embargarle sus bienes”.
Un jurista de excelencia, que en 1995 defendió al tonto del pueblo, me alecciona: “te dicen que te descuentan 85 por ciento para que les firmes un papel en el que reconoces tu deuda. Ellos necesitan tu firma para demandarte y lograr que un juez señale los bienes que te van a embargar. No les hagas caso”. Así que ya lo saben: estos profesionales en recuperación, en realidad, son viles cómplices de los ladrones que reparten tarjetas de crédito a granel, para después despojarnos de todo. Pasen la voz y, de verdad, si quieren regalarse horas de intenso placer leyendo, consíganse Marcas de nacimiento, novela de la canadiense Nancy Huston. No tiene desperdicio.
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