Mediación en riesgo
gloria leticia díaz
gloria leticia díaz
Después de poco más de tres meses de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) solicitara la creación de la Comisión de Mediación –a fin de localizar a dos líderes guerrilleros presuntamente retenidos por fuerzas gubernamentales–, ésta corre el riesgo de desaparecer por la falta de voluntad política de la administración de Felipe Calderón, publica la edición 1658 de Proceso.
El vocero de la comisión, el escritor Carlos Montemayor, advierte que ante las limitaciones que él y sus colegas han tenido en sus labores de mediación, plantearán al EPR y al gobierno federal si es factible proseguir los esfuerzos para localizar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.
“Los avances han sido mínimos –explica en entrevista el autor de La guerrilla recurrente–, pues los representantes gubernamentales con quienes nuestra comisión se ha estado entrevistando sólo se han reducido a un ofrecimiento de participación en expedientes procesales, y en ningún sentido a responder ni aclarar, ni abundar en los tres documentos que les presentamos a ellos y que hicimos públicos el 13 de junio pasado”.
En esos documentos, la Comisión de Mediación sistematizó las demandas y quejas interpuestas por los familiares de los eperristas desaparecidos en instancias federales y estatales, judiciales y de derechos humanos; la ausencia de resultados de las dependencias; consideraciones de derecho internacional sobre desaparición forzada de personas (incluyendo los casos de Reyes Amaya y Cruz Sánchez), y finalmente seis observaciones y preguntas al gobierno mexicano surgidas durante las indagaciones.
En el documento Precisiones necesarias, uno de los tres que presentó la comisión el 13 de junio, se le cuestiona al subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, la reticencia del Ministerio Público Federal para integrar averiguaciones previas por la desaparición forzada de los eperristas, pese a que el delito de lesa humanidad está tipificado en la legislación mexicana.
También se pide aclarar quién es Alejandro Punaro, de quien la comisión recibió informes iniciales en el sentido de que se ostentó en octubre como “representante” del presidente de la República ante los familiares de los desaparecidos, y también como representante del Ejército y del Cisen para ejercer “presiones” y realizar “detenciones arbitrarias” de personas que consideraba vinculadas al EPR, destaca Proceso en su número 1658.
El vocero de la comisión, el escritor Carlos Montemayor, advierte que ante las limitaciones que él y sus colegas han tenido en sus labores de mediación, plantearán al EPR y al gobierno federal si es factible proseguir los esfuerzos para localizar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.
“Los avances han sido mínimos –explica en entrevista el autor de La guerrilla recurrente–, pues los representantes gubernamentales con quienes nuestra comisión se ha estado entrevistando sólo se han reducido a un ofrecimiento de participación en expedientes procesales, y en ningún sentido a responder ni aclarar, ni abundar en los tres documentos que les presentamos a ellos y que hicimos públicos el 13 de junio pasado”.
En esos documentos, la Comisión de Mediación sistematizó las demandas y quejas interpuestas por los familiares de los eperristas desaparecidos en instancias federales y estatales, judiciales y de derechos humanos; la ausencia de resultados de las dependencias; consideraciones de derecho internacional sobre desaparición forzada de personas (incluyendo los casos de Reyes Amaya y Cruz Sánchez), y finalmente seis observaciones y preguntas al gobierno mexicano surgidas durante las indagaciones.
En el documento Precisiones necesarias, uno de los tres que presentó la comisión el 13 de junio, se le cuestiona al subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, la reticencia del Ministerio Público Federal para integrar averiguaciones previas por la desaparición forzada de los eperristas, pese a que el delito de lesa humanidad está tipificado en la legislación mexicana.
También se pide aclarar quién es Alejandro Punaro, de quien la comisión recibió informes iniciales en el sentido de que se ostentó en octubre como “representante” del presidente de la República ante los familiares de los desaparecidos, y también como representante del Ejército y del Cisen para ejercer “presiones” y realizar “detenciones arbitrarias” de personas que consideraba vinculadas al EPR, destaca Proceso en su número 1658.
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