Juicio sin fin
jenaro villamil
Se ha prolongado ya por cuatro años el juicio por daño moral que interpuso el diputado federal hidalguense Gerardo Sosa contra los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa, colaborador de Proceso, y el escritor Alfredo Rivera, por la publicación de un libro sobre su trayectoria política. En la audiencia más reciente, y ante un juez impasible, la parte acusadora intentó presionar a los dos informadores incluyendo en el expediente sus datos personales e hizo uso indebido de un peritaje sicológico. Por lo pronto, se anunció que el Consejo de la Judicatura revisará si el juez està permitiendo que los abogados de Sosa Castelán prolonguen el juicio deliberadamente.
En un hecho sin precedentes, decenas de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos e intelectuales fueron testigos, el 18 de agosto, de la audiencia pública en la que el juez vigésimo noveno de lo civil en el Distrito Federal, Miguel Ángel Robles Villegas, consintió el peritaje psicológico en contra de Alfredo Rivera y del columnista Miguel Ángel Granados Chapa para acreditar supuestas “intenciones” subjetivas de los demandados a fin de “producir efectos negativos” en contra del diputado federal hidalguense Gerardo Sosa Castelán, a través del libro La Sosa Nostra. Porrismo y Gobierno coludidos en Hidalgo.
El desahogo de esta prueba pericial constituyó una más de las muchas irregularidades que se han concatenado en el juicio por daño moral que Sosa Castelán interpuso contra Rivera, autor del libro citado, y Granados, autor del pròlogo.
Han transcurrido cuatro años desde el 6 de agosto de 2004, cuando el político priista interpuso la demanda, y el juez no ha dictado su sentencia en primera instancia, pero entre tanto ha admitido lo que la abogada defensora Perla Gómez califica como “chicanas jurídicas”.
jenaro villamil
Se ha prolongado ya por cuatro años el juicio por daño moral que interpuso el diputado federal hidalguense Gerardo Sosa contra los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa, colaborador de Proceso, y el escritor Alfredo Rivera, por la publicación de un libro sobre su trayectoria política. En la audiencia más reciente, y ante un juez impasible, la parte acusadora intentó presionar a los dos informadores incluyendo en el expediente sus datos personales e hizo uso indebido de un peritaje sicológico. Por lo pronto, se anunció que el Consejo de la Judicatura revisará si el juez està permitiendo que los abogados de Sosa Castelán prolonguen el juicio deliberadamente.
En un hecho sin precedentes, decenas de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos e intelectuales fueron testigos, el 18 de agosto, de la audiencia pública en la que el juez vigésimo noveno de lo civil en el Distrito Federal, Miguel Ángel Robles Villegas, consintió el peritaje psicológico en contra de Alfredo Rivera y del columnista Miguel Ángel Granados Chapa para acreditar supuestas “intenciones” subjetivas de los demandados a fin de “producir efectos negativos” en contra del diputado federal hidalguense Gerardo Sosa Castelán, a través del libro La Sosa Nostra. Porrismo y Gobierno coludidos en Hidalgo.
El desahogo de esta prueba pericial constituyó una más de las muchas irregularidades que se han concatenado en el juicio por daño moral que Sosa Castelán interpuso contra Rivera, autor del libro citado, y Granados, autor del pròlogo.
Han transcurrido cuatro años desde el 6 de agosto de 2004, cuando el político priista interpuso la demanda, y el juez no ha dictado su sentencia en primera instancia, pero entre tanto ha admitido lo que la abogada defensora Perla Gómez califica como “chicanas jurídicas”.
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