Luis Javier Garrido

El cincho

Las horas decisivas para la defensa del petróleo han llegado, pues a pesar de los resultados de la Consulta Popular, la alianza PAN-PRI parece decidida a ir adelante en su tentativa de fraude a la Constitución para entregar la industria.

1. La iniciativa del PRI o ley Beltrones, que el PAN y el PRI han acordado sea la base de la contrarreforma en materia petrolera, es anticonstitucional desde los dos aspectos fundamentales que supone toda ley. Lo es porque tiene como objetivo fundamental privatizar la industria petrolera mexicana entregándosela al capital trasnacional, pero también porque la vía que prevé para alcanzar estos objetivos consigna mecanismos violatorios de la Constitución que transgreden el principio de legalidad y comprometen en múltiples aspectos la integridad soberana de la nación.

2. El escenario es cada vez más crítico, pues mientras Juan Camilo Mouriño y Felipe Calderón se pavonean por el país confiados en que el PRI les hará la tarea sucia de imponerle a México la privatización de la industria petrolera que le tienen ofrecida a diversos consorcios trasnacionales –y que les dejaría a ellos enormes beneficios–, los legisladores del tricolor se hallan enmarañados en un gravísimo problema, pues están a punto de cometer un atentado en contra de la nación, ya que a fin de despojarla de un recurso estratégico están avalando en la legislación secundaria mecanismos que se sustentan en facultades anticonstitucionales que le están dando al Ejecutivo y que transgreden el principio de legalidad.

3. La propuesta alterna en materia energética que presentarán a las Cámaras el Frente Amplio Progresista, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y el Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador, anunciada el viernes 30, se torna, por consiguiente, fundamental para que el país pueda en esta cuestión prioritaria reorientarse por la vía de la legalidad constitucional, lo que es clave para que México pueda hacer frente a la gravísima situación económica que vive en este verano de 2008 y que se agrava por la crítica situación derivada de la intentona privatizadora del petróleo.

4. El objetivo de las iniciativas de Calderón y de Beltrones en materia petrolera es el mismo, pues no buscan fortalecer a Pemex, sino burlar los principios establecidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que decreta el dominio exclusivo de la nación sobre los hidrocarburos, al crear mecanismos en leyes secundarias que les permitan ir entregando a retazos la industria, como se ha señalado con claridad, pero lo que no se ha subrayado de manera suficiente son los riesgos que entrañan a su vez los mecanismos de camuflaje diseñados en ambas propuestas.

5. Los medios que las iniciativas presentadas por Beltrones prevén para lograr su objetivo son violatorios de la Constitución en diversos aspectos que no logran ocultar. La propuesta priísta supone que el Ejecutivo puede crear empresas filiales de Pemex a nivel federal o local para realizar los servicios de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos, y por lo mismo viola la Constitución al menos en dos aspectos centrales, pues, por un lado, a) el Ejecutivo federal no tiene atribuciones para crear por acuerdo organismos descentralizados, aún y cuando se busque presentar a éstos como “filiales de Pemex”, ni mucho menos las tiene la propia paraestatal y, por otra parte, b) esta iniciativa olvida que la industria petrolera es federal y no puede entregarse ninguna de sus fases a los gobiernos de los estados.

6. El titular del Ejecutivo no tiene atribuciones para crear de manera discrecional organismos públicos ni empresas del Estado, pues esto es competencia del Congreso que tiene que hacerlo mediante una ley. La “discrecionalidad” supone la prexistencia de facultades constitucionales, pero en México se ha entendido ésta de manera equivocada como una facultad metaconstitucional, es decir, como un acto atrabiliario e ilegal del Ejecutivo, y eso es precisamente lo que caracteriza las iniciativas tanto del PAN como de Beltrones: que ambas son presidencialistas y establecen en la legislación secundaria procesos para desmantelar a Pemex, sustentados en decisiones presidenciales contrarias a la Constitución.

7. Este principio se ha violado en el pasado reciente al crear de facto el Ejecutivo entidades públicas al margen del Congreso, desde el caso escandaloso del Centro Nacional para la Cultura y las Artes en 1990, que durante cuatro sexenios ha funcionado al margen de la legalidad del país, pero ello no puede sentar un precedente para que se le den al Ejecutivo en leyes secundarias atribuciones que en la Constitución son privativas del Congreso.

8. No debe olvidarse que la ideología neoliberal, que preconiza el desmantelamiento de los estados nacionales, tiene como base el principio de la desregulación, es decir, de la supresión de los marcos jurídicos nacionales de aquellos principios que constituyen un obstáculo para los intereses trasnacionales. Salvador Vega, secretario de la Función Pública, lo decía de manera descarada hace dos días señalando que los cambios al régimen de Pemex no buscaban fortalecer la empresa, sino darle “facilidad de gestión”, pues el actual marco constitucional constituye “un cincho para contratar” con la iniciativa privada (La Jornada del jueves 31). La clave de la contrarreforma es por consiguiente ésa: la Constitución es un cincho, es decir, un freno para que Pemex pueda ceder sus funciones en materia petrolera a las empresas privadas, y lo que se busca es burlarla.

9. La segunda cuestión no es menos grave porque la conformación de paraestatales locales en los estados petroleros, demandada en la ponencia del gobernador veracruzano Fidel Herrera en los Foros del Senado y prevista en la ley Beltrones, violentaría por otro lado el principio del federalismo, pues la Constitución mexicana establece la exclusividad del Estado federal en el manejo de sus recursos petroleros, y llevaría además a lo que ha sido un proyecto de la ultraderecha estadunidense para todos los estados nacionales fuertes: su fragmentación o “balcanización”. Conduciría no sólo a dividir a Pemex para destruirlo, sino a fragmentar al Estado mexicano, haciendo realidad la tesis del “nuevo federalismo”, lanzada hace un cuarto de siglo por Ronald Reagan.

10. La propuesta alterna en materia energética entraña, por lo tanto, el desafío de lograr rencauzar el manejo de la industria petrolera en el marco constitucional: única vía para edificar un Pemex fuerte y al servicio de la nación.