8 jun 2009


México SA

La anulación del voto sí cuenta, la abstención no

El IFE debe convocar, no influir

Carlos Fernández-Vega


La ciudadanía está entrampada. El sistema electoral mexicano está armado de tal manera que los votantes salgan raspados cualquiera que sea su decisión, pues la "democracia" se extingue cuando la papeleta ingresa al cajón dispuesto para tal fin. A partir de ese momento, se acabó la "supremacía ciudadana", mientras los candidatos "triunfadores" velozmente pasan de la constancia de "mayoría" al incumplimiento de sus pomposas "promesas de campaña", y de allí a sus "estilos personales de gobernar", que nada tienen que ver con las urgencias e intereses de los electores.

La ley electoral otorga todas las garantías y ofrece múltiples salidas a los partidos políticos y a sus candidatos, así como a las autoridades del ramo; a los ciudadanos, quienes financian a unos y otros, ni una sola: no pueden condicionar o revocar el mandato, no se reconoce legalmente el plebiscito, y si quieren reclamar por el incumplimiento y desviación de aquellos que obtuvieron "constancia de mayoría" la respuesta oficial es mágica: "háganlo dentro de tres años, en las próximas elecciones, y cóbrenles con el voto". Para ser una "democracia", la ausencia de alternativas para los votantes más huele a un pasado que supuestamente quedó atrás.

Si anulas el voto, "permites que otros decidan por ti". Si sufragas por alguno de los candidatos impuestos por los partidos políticos, de todas maneras decidirán por ti. Si anulas el voto, de todas maneras llegarán al hueso; si avalas con tu voto a cualquiera de los candidatos, de todas maneras llegarán al hueso; si anulas el voto para protestar por la mafia del sistema político nacional, de todas maneras se queda la mafia, y si votas a favor de alguien, de todas maneras se queda la mafia. Espléndida "democracia ciudadana", en la que la ley no contempla ningún mecanismo correctivo para partidos políticos voraces ni candidatos incumplidores, e igual de voraces. ¿Qué hacer, entonces?


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Dinero

Picudos, los dueños de la guardería de Hermosillo

Cualquier responsabilidad será tapada

Cloruro de sodio

Enrique Galván Ochoa

Vicente Fox nombró a Santiago Levy en el cargo de director general del IMSS el mismo día que tomó posesión, el primero de diciembre de 2000. Había estado al servicio del PRI como subsecretario de Hacienda y era –sigue siendo– un tecnócrata que puede servir a cualquier gobierno. Fox y Levy emprendieron el desmantelamiento y privatización del instituto. Servicios que venía prestando a sus asegurados y trabajadores fueron transferidos al sector privado, al amparo de una de las banderas favoritas del neoliberalismo: en manos de empresarios privados todo funciona como relojito. En 2001, Levy ya se había encarrerado en una de las modalidades del outsourcing: la subrogación de servicios. Uno de los favorecidos fue el grupo de picudos que en 2001 recibió el contrato para operar la guardería ABC, de Hermosillo, en donde hasta ayer por la tarde habían muerto 41 niños y 12 permanecían sumamente graves. El viernes estalló un incendio en una bodega que ocupaba –improvisadamente, a fin de recibir el contrato–, en la que se encontraban alrededor de 140 menores.

Negocios fatales

Entre los favorecidos del negocio, según datos el Registro Público de la Propiedad de Sonora, se encuentran conocidos socialités del pripanismo regional: el empresario turístico Gildardo Francisco Urquides Serrano –participante activo del proyecto México 2030, del calderonismo–, Sandra Lucía Téllez Nieves y Matilde Gómez del Campo Tonella. Esta última, de acuerdo con los medios locales de información, es tía política de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala. También está emparentada con el gobernador Eduardo Tours. La versión no ha sido desmentida.

Responsabilidades

El recientemente designado director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, llegó a Hermosillo a tapar responsabilidades. Confirmó que la guardería ABC, subrogada al IMSS, fue concesionada desde 2001 y el contrato estará vigente hasta el último día de este 2009. En Sonora hay 88 guarderías, 79 dentro del esquema de subrogación y sólo 11 operan bajo el régimen ordinario, lo que habla de la eficacia de su desmantelamiento. La última evaluación que se hizo a esta guardería fue el 26 de mayo (¡qué casualidad, hace dos semanas!) y se cumplió con todos los requisitos (de seguridad), explicó en conferencia de prensa. Esto es (se verificó), que existieran los señalamientos, que existiera una ruta de evacuación, que existiera una salida de emergencia, que existieran extinguidores (sic) cargados, es decir, parte de la normatividad del Seguro Social es verificar con mucho cuidado estas disposiciones. El jefe de Bomberos del municipio, Martín Lugo, difiere: aunque hay alarmas contra incendios, no se activaron porque no estaban colocadas en lugares apropiados. El siniestro, dijo, habría iniciado en una bodega contigua. La tragedia sobrevino cuando el humo entró por la losa de la parte superior a la estancia y, debido al calor, se derritió el techo falso de poliuretano, que primero empezó a despedir un gas que intoxicó a los niños y luego cayó sobre ellos. Los padres de familia tienen su propia versión: ellos mismos tuvieron que hacer agujeros en las paredes a mazazos y con sus autos para auxiliar a los menores, porque no podían abrir el acceso principal ni las supuestas puertas de emergencia. Si acaso, tenían un extintor (...) No había salida de emergencia. La Procuraduría General de la República ya atrajo el caso a fin de que se archive convenientemente.


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Clase Política

Paredes y la nueva refinería

Miguel Ángel Rivera


Los intereses políticos y la guerra sucia electoral no deben ser pretexto para detener las estrategias de desarrollo del país, sostuvo la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, al exigir que se respete la decisión de construir la refinería de Pemex en Hidalgo.

La dirigente priísta destacó que se tienen los argumentos técnicos suficientes para construir la refinería en la región. La experiencia y calidad de los trabajadores de Pemex, además del prestigio institucional del gobernador Miguel Ángel Osorio Chong.

La cosecha

En tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, es inaceptable que las dependencias gubernamentales muestren subejercicios en el gasto público y se intente esconder la ineficiencia mediante transferencias multimillonarias del gasto no ejercido a fideicomisos y cuentas de Tesorería, que sólo propician la falta de transparencia y discrecionalidad en el ejercicio del gasto público, afirmó el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, al comentar presuntas irregularidades en el presupuesto, denunciadas la semana pasada por la Auditoría Superior de la Federación.

Un funcionario que pronto podría estar bajo juicio es el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, pero no por cuestiones políticas, sino por demanda de particulares. En este caso, ha trascendido que el cuerpo jurídico de Grupo Azteca prepara una demanda por daño moral y con ello buscar que se le finquen responsabilidades administrativas, civiles e incluso, si el caso lo amerita, también de orden penal.


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