Monstruoso absurdo
Carlos Martínez García
Sí, tiene razón el ombudsman nacional, es absurdo. Han pasado 10 días del punzante incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, y no hay responsables de la monstruosidad que segó la vida de 46 infantes.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, está en lo cierto cuando hace un llamado a las autoridades de los distintos niveles para que no haya impunidad en el asunto de la terrible conflagración, y subraya que es absurda la hasta ahora inexistencia de un responsable.
El solo funcionamiento de la guardería es un escándalo. Ese galerón, habilitado como lugar para cuidado de niños y niñas de madres trabajadoras, nada más pudo llevar el título de guardería, y funcionar como tal, por la suma de voluntades, indiferencias, incapacidad y corruptelas de funcionarios municipales, estatales y federales. Esos funcionarios incurrieron en una, varias o todas las actitudes antes enlistadas. Y las mismas se conjugaron trágicamente para cortar de tajo vidas en sus primeros meses y años.
No fue un accidente, sino la conjunción de factores construidos por la negligencia de quienes tenían a su cargo la subrogada, por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), guardería y la ceguera voluntaria de los servidores (¿?) públicos que se negaron a ver el caudal de irregularidades que se conjuraban contra los menores.
La reacción inicial de Daniel Karamante, director del IMSS, ante la tragedia, fue explicar a una comunidad dolida por las muertes infantiles que la guardería ABC había cumplido recientemente y con satisfacción las revisiones de protección civil y en otros rubros esenciales para su funcionamiento.
La conclusión obvia, para quienes atónitos escuchamos lo dicho por Karam, era que entonces los renglones a revisar y la misma normatividad estaban fuera de una lógica en la que se busca proteger a los usuarios de esos servicios.
Después, tal como publicó La Jornada (11 de junio), Daniel Karam se desdice y da un vuelco a sus pareceres iniciales: "existen diferencias abismales entre la realidad que se vivía en la estancia y el documento que le autorizaba su programa de protección civil. No había extintores ni salida de emergencia, e incluso existen dudas sobre si contaba con el personal suficiente para cuidar a los niños".
Sí, tiene razón el ombudsman nacional, es absurdo. Han pasado 10 días del punzante incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, y no hay responsables de la monstruosidad que segó la vida de 46 infantes.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, está en lo cierto cuando hace un llamado a las autoridades de los distintos niveles para que no haya impunidad en el asunto de la terrible conflagración, y subraya que es absurda la hasta ahora inexistencia de un responsable.
El solo funcionamiento de la guardería es un escándalo. Ese galerón, habilitado como lugar para cuidado de niños y niñas de madres trabajadoras, nada más pudo llevar el título de guardería, y funcionar como tal, por la suma de voluntades, indiferencias, incapacidad y corruptelas de funcionarios municipales, estatales y federales. Esos funcionarios incurrieron en una, varias o todas las actitudes antes enlistadas. Y las mismas se conjugaron trágicamente para cortar de tajo vidas en sus primeros meses y años.
No fue un accidente, sino la conjunción de factores construidos por la negligencia de quienes tenían a su cargo la subrogada, por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), guardería y la ceguera voluntaria de los servidores (¿?) públicos que se negaron a ver el caudal de irregularidades que se conjuraban contra los menores.
La reacción inicial de Daniel Karamante, director del IMSS, ante la tragedia, fue explicar a una comunidad dolida por las muertes infantiles que la guardería ABC había cumplido recientemente y con satisfacción las revisiones de protección civil y en otros rubros esenciales para su funcionamiento.
La conclusión obvia, para quienes atónitos escuchamos lo dicho por Karam, era que entonces los renglones a revisar y la misma normatividad estaban fuera de una lógica en la que se busca proteger a los usuarios de esos servicios.
Después, tal como publicó La Jornada (11 de junio), Daniel Karam se desdice y da un vuelco a sus pareceres iniciales: "existen diferencias abismales entre la realidad que se vivía en la estancia y el documento que le autorizaba su programa de protección civil. No había extintores ni salida de emergencia, e incluso existen dudas sobre si contaba con el personal suficiente para cuidar a los niños".
No hay comentarios.:
Publicar un comentario