En el PAN, delincuentes y cínicos
ÁLVARO DELGADO
MÉXICO, D.F., 29 de junio (apro).- Salvo excepciones que confirman la regla, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha actuado de manera parcial en temas cruciales para la competencia política y una de las más reciente pruebas de esa lógica facciosa lo representan la impunidad otorgada a César Nava y a Demetrio Sodi, candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) a diputado federal y delegado en Miguel Hidalgo.
Ambos obtuvieron, de manera ilegal y antiética, una ventaja sobre los otros contendientes con la difusión de su imagen y plataforma electoral en Televisa, y el IFE, aunque reconoció que se trató de propaganda electoral, resolvió no emitir ninguna sanción contra ellos y la televisora, contumaz violadora de la ley.
Los casos todo mundo los conoce: Sodi apareció en medio en el partido de futbol Pumas-Puebla transmitido por Televisa, el sábado 23 de mayo, para hacer proselitismo durante un minuto y medio --un episodio sobre el que dio diversas versiones y que acreditó que, además de violar la ley, es un mentiroso--, y Nava apareció en la portada de la revista Poder y negocios, propiedad de esa empresa televisiva, que difundió abundantes spots.
El artículo 41 constitucional prohíbe a partidos políticos contratar o adquirir tiempos en radio y televisión, una prescripción también para personas físicas y morales que pretendan influir en las preferencias electorales.
Nava y Sodi alegan que no existen contratos con Televisa que acrediten que compraron tiempo para promoverse en spots, pero el señalamiento que se les hace es de delincuentes e inmorales, no de estúpidos. Y ya se sabe: Estos pactos, como los criminales, no se firman ni se protocolizan ante notario.
Pero no pueden pasar desapercibidos dos elementos establecidos en Código Electoral: El artículo 350 que prohíbe a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión "la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita".
Dos: La violación, por dolo o culpa, de las obligaciones del PAN, de Sodi y Nava de actuar conforme a la ley, según lo dispone el artículo 342 del Cofipe, en relación con el 36 y el 38, justamente por los que el PRD fue multado por el plantón del Paseo de la Reforma en 2006.
Al final, por votación dividida y en casos por separado, Nava y Sodi fueron exonerados por el IFE por conductas ilegales, con lo cual se puede anticipar que, de ganar, actuarán en defensa de los intereses que los impulsaron.
El caso de Sodi es patético: De ser electo deberá el cargo no a los ciudadanos ni necesariamente al PAN, sino al banquero Roberto Hernández, vecino de la delegación Miguel Hidalgo, quien es uno de los accionistas de Televisa y, literalmente, su mecenas. ¿O sabe algún lector de qué ha vivido Sodi desde que dejó de ser senador? En enero de 2006, según dijo, tenía en el banco sólo 30 mil pesos.
Amigo íntimo de defraudadores electorales, como Felipe Calderón, Sodi anticipa que habrá un fraude en las elecciones del 5 de enero como, aseguró, se cometió hace tres años: "Cuando fui candidato a jefe de gobierno me robaron 750 mil votos, y nos van a querer volver a hacer fraude en la ciudad", declaró el miércoles 21 de mayo.
¿Puede haber alguien que apoye a quien, además de actuar de manera ilegal y mentirosa, se dice víctima de un fraude y que no hizo ni hace nada para defender la voluntad popular?
Pero como Nava y Sodi proliferan en el país los panistas con conductas delincuenciales, sólo que cuentan con menos suerte que ellos o como el exalcalde de Chihuahua capital y candidato a diputado federal, Juan Blanco, contra quien existen pruebas contundentes de haber cometido varios delitos en la asignación del relleno sanitario municipal. Los acusadores directos son nada menos que sus cómplices, Ernesto Reyes Quiñónez y Armando Acosta Nava, dueños de empresa SIRSSA.
Un ejemplo de este perfil de panistas es José Ignacio Seara Rosiñol, hijo del alcalde con licencia de Ciudad del Carmen, Campeche, y candidato a diputado federal José Ignacio Seara Sierra, quien fue capturado, junto con cinco cómplices, cuando efectuaba un secuestro provisto de armas largas y con el uso de un vehículo oficial que estaba bajo la custodia de su madre, María Elena Rosiñol, presidenta del DIF Municipal.
Seara Rosiñol está registrado como militante activo del PAN, sólo que al estallar el escándalo de su captura por delincuente, el 11 de junio, Germán Martínez, presidente del PAN, mandó darlo de baja del Registro Nacional de Miembros.
Otro caso: El 13 de abril fueron detenidos en El Paso, Texas, Osvaldo Tostado González y Gabriel González González, su concuño, acusados de pretender comprar y traficar ilegalmente con armas que tienen un valor de 2 millones de dólares.
Pero ambos jaliscienses, del municipio e Tonalá, son también militantes formales del PAN, como consta en el registro Nacional de Miembros, y los dos son muy allegados a prominentes miembros de se partido.
Osvaldo Tostado González, por ejemplo, se desempeñaba como asistente del regidor José Castro Raygoza; es tío de la regidora María de Jesús Reynoso Tostado; tío, además, de Erandi Laura Rico Tostado, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá; tío, también, de Vladimir Rico Tostado, secretario particular del Alcalde de Tonalá, el también panista Agustín Ordóñez Hernández, y es cuñado de Mario Reyna Bustos, director del Instituto Jalisciense de las Artesanías.
González González, por su parte, era el permisionario del hipódromo-palenque El Carril, de Tonalá, donde, el lunes 1 de agosto de 2005, ocurrió la refriega en la que hubo cuatro muertos y 25 heridos.
Un dato más: Ordóñez Hernández es alcalde sustituto de Jorge Luis Vizcarra Mayorga, quien está preso desde el 3 de septiembre del 2008 y sometido a proceso como presunto responsable de los delitos de homicidio calificado contra su compadre Carlos Romo Guízar, quien fue director de Mejoramiento Urbano de Tonalá, asesinado en abril del 2007, delincuencia organizada y abuso de autoridad.
De esta banda de delincuentes, que controlaba el juego ilegal, formaban parte también Miguel Magaña Orozco, exdirector de la policía municipal, y Ricardo Sigala Orozco, exsecretario general del Ayuntamiento.
Los nombres del alcalde con licencia Vizcarra Mayorga --amigo del gobernador Emilio González Márquez y de Germán Martínez, presidente del PAN-- y de su segundo en el ayuntamiento tonateca, Sigala Orozco, siguen vigente en el padrón del PAN para quien quiera consultarlo.
Apuntes
Sigue el desplome de la economía, pero Germán Martínez, el Juanito de Calderón, se empeña en tratar de convencer de que la crisis es importada. No. La ineptitud no viene de fuera…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
ÁLVARO DELGADO
MÉXICO, D.F., 29 de junio (apro).- Salvo excepciones que confirman la regla, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha actuado de manera parcial en temas cruciales para la competencia política y una de las más reciente pruebas de esa lógica facciosa lo representan la impunidad otorgada a César Nava y a Demetrio Sodi, candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) a diputado federal y delegado en Miguel Hidalgo.
Ambos obtuvieron, de manera ilegal y antiética, una ventaja sobre los otros contendientes con la difusión de su imagen y plataforma electoral en Televisa, y el IFE, aunque reconoció que se trató de propaganda electoral, resolvió no emitir ninguna sanción contra ellos y la televisora, contumaz violadora de la ley.
Los casos todo mundo los conoce: Sodi apareció en medio en el partido de futbol Pumas-Puebla transmitido por Televisa, el sábado 23 de mayo, para hacer proselitismo durante un minuto y medio --un episodio sobre el que dio diversas versiones y que acreditó que, además de violar la ley, es un mentiroso--, y Nava apareció en la portada de la revista Poder y negocios, propiedad de esa empresa televisiva, que difundió abundantes spots.
El artículo 41 constitucional prohíbe a partidos políticos contratar o adquirir tiempos en radio y televisión, una prescripción también para personas físicas y morales que pretendan influir en las preferencias electorales.
Nava y Sodi alegan que no existen contratos con Televisa que acrediten que compraron tiempo para promoverse en spots, pero el señalamiento que se les hace es de delincuentes e inmorales, no de estúpidos. Y ya se sabe: Estos pactos, como los criminales, no se firman ni se protocolizan ante notario.
Pero no pueden pasar desapercibidos dos elementos establecidos en Código Electoral: El artículo 350 que prohíbe a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión "la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita".
Dos: La violación, por dolo o culpa, de las obligaciones del PAN, de Sodi y Nava de actuar conforme a la ley, según lo dispone el artículo 342 del Cofipe, en relación con el 36 y el 38, justamente por los que el PRD fue multado por el plantón del Paseo de la Reforma en 2006.
Al final, por votación dividida y en casos por separado, Nava y Sodi fueron exonerados por el IFE por conductas ilegales, con lo cual se puede anticipar que, de ganar, actuarán en defensa de los intereses que los impulsaron.
El caso de Sodi es patético: De ser electo deberá el cargo no a los ciudadanos ni necesariamente al PAN, sino al banquero Roberto Hernández, vecino de la delegación Miguel Hidalgo, quien es uno de los accionistas de Televisa y, literalmente, su mecenas. ¿O sabe algún lector de qué ha vivido Sodi desde que dejó de ser senador? En enero de 2006, según dijo, tenía en el banco sólo 30 mil pesos.
Amigo íntimo de defraudadores electorales, como Felipe Calderón, Sodi anticipa que habrá un fraude en las elecciones del 5 de enero como, aseguró, se cometió hace tres años: "Cuando fui candidato a jefe de gobierno me robaron 750 mil votos, y nos van a querer volver a hacer fraude en la ciudad", declaró el miércoles 21 de mayo.
¿Puede haber alguien que apoye a quien, además de actuar de manera ilegal y mentirosa, se dice víctima de un fraude y que no hizo ni hace nada para defender la voluntad popular?
Pero como Nava y Sodi proliferan en el país los panistas con conductas delincuenciales, sólo que cuentan con menos suerte que ellos o como el exalcalde de Chihuahua capital y candidato a diputado federal, Juan Blanco, contra quien existen pruebas contundentes de haber cometido varios delitos en la asignación del relleno sanitario municipal. Los acusadores directos son nada menos que sus cómplices, Ernesto Reyes Quiñónez y Armando Acosta Nava, dueños de empresa SIRSSA.
Un ejemplo de este perfil de panistas es José Ignacio Seara Rosiñol, hijo del alcalde con licencia de Ciudad del Carmen, Campeche, y candidato a diputado federal José Ignacio Seara Sierra, quien fue capturado, junto con cinco cómplices, cuando efectuaba un secuestro provisto de armas largas y con el uso de un vehículo oficial que estaba bajo la custodia de su madre, María Elena Rosiñol, presidenta del DIF Municipal.
Seara Rosiñol está registrado como militante activo del PAN, sólo que al estallar el escándalo de su captura por delincuente, el 11 de junio, Germán Martínez, presidente del PAN, mandó darlo de baja del Registro Nacional de Miembros.
Otro caso: El 13 de abril fueron detenidos en El Paso, Texas, Osvaldo Tostado González y Gabriel González González, su concuño, acusados de pretender comprar y traficar ilegalmente con armas que tienen un valor de 2 millones de dólares.
Pero ambos jaliscienses, del municipio e Tonalá, son también militantes formales del PAN, como consta en el registro Nacional de Miembros, y los dos son muy allegados a prominentes miembros de se partido.
Osvaldo Tostado González, por ejemplo, se desempeñaba como asistente del regidor José Castro Raygoza; es tío de la regidora María de Jesús Reynoso Tostado; tío, además, de Erandi Laura Rico Tostado, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá; tío, también, de Vladimir Rico Tostado, secretario particular del Alcalde de Tonalá, el también panista Agustín Ordóñez Hernández, y es cuñado de Mario Reyna Bustos, director del Instituto Jalisciense de las Artesanías.
González González, por su parte, era el permisionario del hipódromo-palenque El Carril, de Tonalá, donde, el lunes 1 de agosto de 2005, ocurrió la refriega en la que hubo cuatro muertos y 25 heridos.
Un dato más: Ordóñez Hernández es alcalde sustituto de Jorge Luis Vizcarra Mayorga, quien está preso desde el 3 de septiembre del 2008 y sometido a proceso como presunto responsable de los delitos de homicidio calificado contra su compadre Carlos Romo Guízar, quien fue director de Mejoramiento Urbano de Tonalá, asesinado en abril del 2007, delincuencia organizada y abuso de autoridad.
De esta banda de delincuentes, que controlaba el juego ilegal, formaban parte también Miguel Magaña Orozco, exdirector de la policía municipal, y Ricardo Sigala Orozco, exsecretario general del Ayuntamiento.
Los nombres del alcalde con licencia Vizcarra Mayorga --amigo del gobernador Emilio González Márquez y de Germán Martínez, presidente del PAN-- y de su segundo en el ayuntamiento tonateca, Sigala Orozco, siguen vigente en el padrón del PAN para quien quiera consultarlo.
Apuntes
Sigue el desplome de la economía, pero Germán Martínez, el Juanito de Calderón, se empeña en tratar de convencer de que la crisis es importada. No. La ineptitud no viene de fuera…
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