México SA
Carlos Fernández-Vega
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■ Obstinación en la reforma petrolera

■ Más contratos de la empresa de los Mouriño con Pemex

Que sí, que el PAN quiere “negociar” la “reforma” petrolera con otras fuerzas políticas; que está en “la mejor disposición para alcanzar acuerdos”, y que como innegable muestra de su buena voluntad para alcanzar tal objetivo ha puesto tres condiciones “básicas e irrenunciables”, es decir, las mismas que desde el pasado 8 de abril han provocado todo tipo de desencuentros y polarización en el Legislativo y la sociedad.

De acuerdo con el panista Cristián Castaño Contreras, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, su partido negociará con una sonrisa y plena disposición siempre y cuando se mantengan intocadas las tres condiciones “básicas e irrenunciables”, todas ellas referentes a la impugnada cuan descarada participación del capital privado en la industria petrolera nacional, de acuerdo con los previsto en la “reforma” calderonista, o lo que es lo mismo lo que provocó la toma de tribunas, el sobrecalentamiento del ambiente político, el enfrentamiento y el abierto rechazo de dos de las principales fuerza políticas del país.

Si esa es la mejor interpretación de lo que panistas como Germán Martínez llaman “negociar”, pues mejor que ni la saquen a relucir, porque si algo terminó por romper el de por sí delgado hilo de los acuerdos legislativos fue la insistencia del inquilino de Los Pinos de privatizar áreas clave de la estratégica industria petrolera nacional. Entonces, si en Acción Nacional no han registrado de qué se trata y cuál es el balance, sería más productivo que se limitara a aceptar la derrota y retirara la iniciativa de “reforma” que, tras una inagotable cadena de errores y peores consecuencias, presentó Felipe Calderón al Senado de la República el pasado 8 de abril.

De cualquier suerte y sin proponérselo, Castaño Contreras dio en el clavo; sin esa tercia de condiciones, dijo, “ya no tendría mucho sentido impulsar una iniciativa” como la calderonista, ergo tendrán que retirarla para evitar mayores males al país, a la industria petrolera y al ambiente político.

Quien de plano no retira nada y, por el contrario, toma todo, es el zombi de Bucareli, Juan Camilo el preferido de Los Pinos, a quien por si hubiera dudas le han dado una nueva encuerada, de tal suerte que por tercera ocasión consecutiva y por el mismo motivo el empresario-funcionario deberá disculparse con las amas de casa, cuya opinión tanto le preocupa. Retomo una nota de El Universal, publicada ayer en su edición electrónica: “Pemex informó, a través de una solicitud de información, que además de los 16 contratos firmados con la empresa Ivancar, perteneciente a la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, existen otros 108 contratos firmados con la empresa ESGES, también propiedad de la familia. En la sesión pública del IFAI, Pemex (…) reveló que entre la empresa ESGES y la paraestatal, ‘sí existe un vínculo de carácter comercial derivado de la suscripción de 37 contratos de franquicia, 37 contratos de suministro y 34 contratos de crédito’”. Ojo: se trata sólo de los contratos con Petróleos Mexicanos; faltan muchos más con otras dependencias del sector público, entre ellas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Nacional Financiera, la Comisión Nacional del Agua, Fonatur y el IMSS, de tal suerte que hay que reiterar, como dicen los clásicos, que el nene no se va, pero tampoco puede quedarse.

Y si de panistas se trata, habrá que reconocerles que la mejor promoción que recibe la consulta ciudadana sobre la “reforma” petrolera calderonista, a desarrollarse el domingo 27 de julio, es la que de forma gratuita y sin desperdicio de micrófono llevan a cabo los blanquiazules. No hay que olvidar que los golpes de pecho en ellos característicos hicieron de El Crimen del Padre Amaro uno de los filmes más vistos de 2002, no obstante la medianía de la cinta. Los priístas hicieron lo propio allá por 1999, al descalificar e impedir, sin éxito, la exhibición de la muy resultona La Ley de Herodes. Ahora le toca a la consulta popular.

Lo extraño de la hepática reacción de los blanquiazules en torno a la consulta popular del próximo 27 de julio es que en tiempos no muy remotos, por medio de su grupo parlamentario en San Lázaro, promovieron cambios constitucionales para establecer las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, entre otros puntos de democracia directa. En este sentido, cuando menos son tres los intentos panistas que registra la memoria de la Cámara de Diputados: 29 de abril de 2004, 25 de noviembre de 2004 y 3 de febrero de 2005 (no fueron los únicos: PRI, PRD, PT y PVEM aparecen palomeados entre 2004 y 2006).

Para qué tanta alharaca, si ellos mismos promovieron cambios legales para mejorar y definir una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Como lo señala un análisis de la propia Cámara de Diputados, “en años recientes se ha contemplado la posibilidad de implementar un mayor grado de participación de la sociedad en su conjunto, de la ciudadanía, en los temas de interés nacional, a través de reformas al marco constitucional y legal. Se considera que de este modo la población en su mayoría no seguirá delegando en su totalidad las funciones de decisión al gobierno, e irá asumiendo, en cierto grado, la responsabilidad y el derecho de involucrase en las tareas ya sean de carácter político, jurídico o económico, que puedan beneficiar o perjudicar al país, según sea la percepción de la propuesta planteada”.

En al menos 24 estados de la República existen mecanismos de participación ciudadana directa. Esta, subraya el referido análisis, conforma “un sistema democrático avanzado, de mayor auge en países donde la democracia directa se presenta en las decisiones más relevantes”. Por medio de ella, se da “una forma más evolucionada de hacer política, ya que existe un compromiso no sólo de la parte gubernamental por llevar a cabo bien las cosas, sino de la sociedad en su conjunto. Una democracia directa siempre va a plantear compromisos más fortalecidos de ambas partes, tanto de la clase política como de los gobernados”. ¿Entonces?

Las rebanadas del pastel

Con la exasperante lentitud que lo caracteriza, el director de RTC, Norberto Tapia, tardíamente “reaccionó” a la denuncia de “veto” televisivo que en su contra presentó Santiago Creel. En cambio, más rápida que una saeta Televisa brincó a la palestra para solucionar el entuerto, producto –dicen en la fábrica de sueños– de un lamentable error y la mano larga de un “editor beligerante”.