E D I T O R I A L
Copala: señales preocupantes y desatendidas
Los asesinatos del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Timoteo Alejandro Ramírez, y de su esposa, Cleriberta Castro, arrojan elementos adicionales de tensión y de multiplicación de la violencia en el conflicto que se vive en esa región de Oaxaca. Ayer, por medio de un comunicado, el gobierno estatal de Ulises Ruiz sostuvo que estos crímenes pudieron deberse a dos posibles móviles: venganza personal o conflictos con otras organizaciones sociales de la región, en un claro intento por desacreditar a las versiones de integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala, que calificaron los asesinatos del dirigente indígena y su esposa como crimen de Estado.
Acusaciones y deslindes aparte, es claro que existe una responsabilidad ineludible de las autoridades, las cuales han exhibido una actitud cuando menos omisa ante la multiplicación de signos de violencia en la región triqui. Lo anterior se hizo patente con la inacción gubernamental ante las advertencias lanzadas por la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) –organización priísta de corte paramilitar que mantiene un férreo cerco sobre la comunidad de Copala– de que no dejarían pasar la caravana humanitaria, que fue finalmente atacada por un grupo armado el pasado 27 de abril, en un suceso que arrojó varios heridos y en el que perdieron la vida la activista Beatriz Alberta Cariño y el internacionalista finlandés Jyri Antero Jaakkola.
El ataque al convoy referido debió evidenciar a las autoridades de los distintos niveles de gobierno la explosividad del conflicto y el riesgo de que se presentaran nuevos hechos de violencia y más asesinatos. Pero la desatención y la inacción gubernamentales que siguieron a los sucesos mencionados, así como los intentos por minimizar el conflicto e incluso por desacreditar la presencia de extranjeros en la región, sellaron en la opinión pública la percepción de una voluntad oficial de encubrimiento para alguno de los bandos involucrados en el conflicto regional, y de un designio de emplear y fomentar la división del pueblo triqui para minar la viabilidad del municipio autónomo, que ha cumplido ya el primer trienio.
Las consideraciones referidas plantean una disyuntiva preocupante: si se atiende a la versión oficial de que los asesinatos comentados obedecen a pugnas intestinas, se asiste a una expresión de ingobernabilidad y descontrol en Oaxaca que vuelve impresentable el desempeño de las autoridades; si son ciertas, por el contrario, las acusaciones que atribuyen estos crímenes a grupos oficialistas, entonces la actitud omisa mostrada hasta ahora sería la menor de las responsabilidades gubernamentales en esos hechos.
En suma, lo sucedido en esa región pone en relieve la necesidad impostergable de esclarecer estos hechos, y subrayan, asimismo, la obligación de las autoridades estatales y federales de garantizar el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos del pueblo triqui, y no sólo por elementales razones de justicia y legalidad, sino también porque de otra manera difícilmente se podrán conjurar escenarios de violencia aún peores en esa zona de Oaxaca.
Acusaciones y deslindes aparte, es claro que existe una responsabilidad ineludible de las autoridades, las cuales han exhibido una actitud cuando menos omisa ante la multiplicación de signos de violencia en la región triqui. Lo anterior se hizo patente con la inacción gubernamental ante las advertencias lanzadas por la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) –organización priísta de corte paramilitar que mantiene un férreo cerco sobre la comunidad de Copala– de que no dejarían pasar la caravana humanitaria, que fue finalmente atacada por un grupo armado el pasado 27 de abril, en un suceso que arrojó varios heridos y en el que perdieron la vida la activista Beatriz Alberta Cariño y el internacionalista finlandés Jyri Antero Jaakkola.
El ataque al convoy referido debió evidenciar a las autoridades de los distintos niveles de gobierno la explosividad del conflicto y el riesgo de que se presentaran nuevos hechos de violencia y más asesinatos. Pero la desatención y la inacción gubernamentales que siguieron a los sucesos mencionados, así como los intentos por minimizar el conflicto e incluso por desacreditar la presencia de extranjeros en la región, sellaron en la opinión pública la percepción de una voluntad oficial de encubrimiento para alguno de los bandos involucrados en el conflicto regional, y de un designio de emplear y fomentar la división del pueblo triqui para minar la viabilidad del municipio autónomo, que ha cumplido ya el primer trienio.
Las consideraciones referidas plantean una disyuntiva preocupante: si se atiende a la versión oficial de que los asesinatos comentados obedecen a pugnas intestinas, se asiste a una expresión de ingobernabilidad y descontrol en Oaxaca que vuelve impresentable el desempeño de las autoridades; si son ciertas, por el contrario, las acusaciones que atribuyen estos crímenes a grupos oficialistas, entonces la actitud omisa mostrada hasta ahora sería la menor de las responsabilidades gubernamentales en esos hechos.
En suma, lo sucedido en esa región pone en relieve la necesidad impostergable de esclarecer estos hechos, y subrayan, asimismo, la obligación de las autoridades estatales y federales de garantizar el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos del pueblo triqui, y no sólo por elementales razones de justicia y legalidad, sino también porque de otra manera difícilmente se podrán conjurar escenarios de violencia aún peores en esa zona de Oaxaca.
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