Diego en el laberinto
Marco Rascón
Si el príncipe calla, el pueblo especula, diría Maquiavelo. No hay mesa ni bar, café o mercado, donde no seamos inquiridos unos a otros con la misma pregunta ¿Quién crees que fue?”
Razones económicas hay: los medios pasan una y otra vez la propiedad de Diego Fernández de Cevallos donde se afirma que desapareció, pero no se sabe si es a manera de testigo o también de garantía para el monto del rescate. Ha sido público que el despacho de abogados encabezado por Diego Fernández de Cevallos camina paralelamente entre el litigio contra instituciones del Estado y el influyentismo político. Él mismo ha sido defensor público sobre el derecho a ser legislador y litigante al mismo tiempo. Esto ha significado que las derrotas jurídicas por indemnizaciones han sido ganancias millonarias para su despacho. Lo que pierde como político lo ha ganado como abogado.
Razones de la guerra también existen: Diego Fernández de Cevallos pertenece al mismo partido que como gobierno le ha declarado la “guerra al crimen organizado” y que lleva ya en dos años más de 23 mil muertos, de los cuales más de 90 por ciento (según el mismo Felipe Calderón, jefe supremo de las fuerzas armadas) son bajas de los criminales, y el restante 10 por ciento, sólo daños colaterales menores, policías y militares, muchos de ellos que no se sabe aún de qué lado de la guerra estaban. En esta guerra, superan los muertos a los apresados; hay un limbo de arraigados que espera que los investigadores les reúnan pruebas de culpabilidad. Mientras, no los presentan al juez, pero tampoco están libres por falta de evidencias tangibles. Las cárceles explotan por el hacinamiento y, si las prisiones son el reflejo de un país y su impartición de justicia, en México no podemos esperar que haya un solo rehabilitado. Las prisiones aquí son el infierno de los mexicanos en la tierra.
Razones de la política: en sentido estricto, es el tercer secretario de Gobernación. Luego de la muerte de Juan Camilo Mouriño, a Diego le propuso el mismo presidente asumir el cargo. No aceptó, declinó, pero no dejó la vacante y propuso a Fernando Gómez Mont en Gobernación y a Arturo Chávez Chávez como procurador, ambos integrantes de su poderoso despacho. Desde ahí, muy a su estilo, rudo en el decir, pragmático en el actuar, se proyectó el convenio con Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes para prevenir alianzas contra el PRI entre PRD y PAN. Diego se manifestó en contra y el firmante por el gobierno, su subordinado, Fernando Gómez Mont, al no ser honrada su palabra por el presidente de su partido, renunció al PAN. En ése y otros temas, Diego Fernández ha discrepado de la conducción presidencial y, aplicando la ley 16 del manual de Robert Greene sobre las 48 leyes del poder –que aconseja “[utilizar] la ausencia para incrementar el respeto y el honor”–, se ha declarado en retiro. Al momento de su desaparición (para mantenernos en los términos oficiales), Diego era parte de la discrepancia sobre las alianzas de su partido y tenía gran influencia en la política gubernamental desde secretarías de Estado claves. Por eso hoy, pese a su práctica de desaparecer como en 1994 en la campaña presidencial, está más presente que nunca y tendrá relevancia si el 4 de julio próximo hay una gran derrota, de la cual él está deslindado.
La guerrilla: el EPR ya se deslindó, pero el atentado contra Arturo Acosta Chaparro un par de días después de la desaparición, quien, según versiones de los mismos familiares de Diego, había sido contratado para las negociaciones, ha sugerido que la guerrilla de izquierda podría ser la autora. Días antes una declaración de Alfonso Navarrete Prida, ex procurador mexiquense, anticipaba sobre la existencia de una narcoguerrilla.
Intereses particulares: se habla de que Diego tenía muchos agraviados por litigios y, por tanto, es una venganza. Esto le gusta sugerirlo al mismo gobierno, pues dejaría todas las cosas como están; es decir, la guerra, la política, la guerrilla y sólo Diego perdería un poco de su riqueza material.
Sin embargo, en el contexto, la desaparición se da horas antes del viaje a la cumbre en España y la visita de Estado a Washington. Una agenda largamente preparada es modificada y sirve para dar contexto a que los congresistas estadunidenses nos aplicaran el “atole con el dedo” que don Porfirio repartía en el Zócalo con motivo del centenario de la Independencia: Ovaciones y ninguna respuesta; buena amistad, pero los negocios son otra cosa.
Los autores del delito, o son profundamente despolitizados, como afirma Felipe Calderón, o tocan como el burro la flauta, pues el hecho da para todo: financiamiento, sentar al gobierno a negociar y hasta cobrar facturas políticas internas en el PAN.
El gobierno y los familiares demandan: ¡que nadie especule! Mientras tanto, Peña Nieto, con el caso Paulette, aprovechó los reflectores apuntados a Diego Fernández de Cevallos en el laberinto y salir del reto colocado por la niña, que dejó constancia pública del tamaño que tienen y de lo que viene, si ésos nos gobiernan.
http://www.marcorascon.org/
Razones económicas hay: los medios pasan una y otra vez la propiedad de Diego Fernández de Cevallos donde se afirma que desapareció, pero no se sabe si es a manera de testigo o también de garantía para el monto del rescate. Ha sido público que el despacho de abogados encabezado por Diego Fernández de Cevallos camina paralelamente entre el litigio contra instituciones del Estado y el influyentismo político. Él mismo ha sido defensor público sobre el derecho a ser legislador y litigante al mismo tiempo. Esto ha significado que las derrotas jurídicas por indemnizaciones han sido ganancias millonarias para su despacho. Lo que pierde como político lo ha ganado como abogado.
Razones de la guerra también existen: Diego Fernández de Cevallos pertenece al mismo partido que como gobierno le ha declarado la “guerra al crimen organizado” y que lleva ya en dos años más de 23 mil muertos, de los cuales más de 90 por ciento (según el mismo Felipe Calderón, jefe supremo de las fuerzas armadas) son bajas de los criminales, y el restante 10 por ciento, sólo daños colaterales menores, policías y militares, muchos de ellos que no se sabe aún de qué lado de la guerra estaban. En esta guerra, superan los muertos a los apresados; hay un limbo de arraigados que espera que los investigadores les reúnan pruebas de culpabilidad. Mientras, no los presentan al juez, pero tampoco están libres por falta de evidencias tangibles. Las cárceles explotan por el hacinamiento y, si las prisiones son el reflejo de un país y su impartición de justicia, en México no podemos esperar que haya un solo rehabilitado. Las prisiones aquí son el infierno de los mexicanos en la tierra.
Razones de la política: en sentido estricto, es el tercer secretario de Gobernación. Luego de la muerte de Juan Camilo Mouriño, a Diego le propuso el mismo presidente asumir el cargo. No aceptó, declinó, pero no dejó la vacante y propuso a Fernando Gómez Mont en Gobernación y a Arturo Chávez Chávez como procurador, ambos integrantes de su poderoso despacho. Desde ahí, muy a su estilo, rudo en el decir, pragmático en el actuar, se proyectó el convenio con Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes para prevenir alianzas contra el PRI entre PRD y PAN. Diego se manifestó en contra y el firmante por el gobierno, su subordinado, Fernando Gómez Mont, al no ser honrada su palabra por el presidente de su partido, renunció al PAN. En ése y otros temas, Diego Fernández ha discrepado de la conducción presidencial y, aplicando la ley 16 del manual de Robert Greene sobre las 48 leyes del poder –que aconseja “[utilizar] la ausencia para incrementar el respeto y el honor”–, se ha declarado en retiro. Al momento de su desaparición (para mantenernos en los términos oficiales), Diego era parte de la discrepancia sobre las alianzas de su partido y tenía gran influencia en la política gubernamental desde secretarías de Estado claves. Por eso hoy, pese a su práctica de desaparecer como en 1994 en la campaña presidencial, está más presente que nunca y tendrá relevancia si el 4 de julio próximo hay una gran derrota, de la cual él está deslindado.
La guerrilla: el EPR ya se deslindó, pero el atentado contra Arturo Acosta Chaparro un par de días después de la desaparición, quien, según versiones de los mismos familiares de Diego, había sido contratado para las negociaciones, ha sugerido que la guerrilla de izquierda podría ser la autora. Días antes una declaración de Alfonso Navarrete Prida, ex procurador mexiquense, anticipaba sobre la existencia de una narcoguerrilla.
Intereses particulares: se habla de que Diego tenía muchos agraviados por litigios y, por tanto, es una venganza. Esto le gusta sugerirlo al mismo gobierno, pues dejaría todas las cosas como están; es decir, la guerra, la política, la guerrilla y sólo Diego perdería un poco de su riqueza material.
Sin embargo, en el contexto, la desaparición se da horas antes del viaje a la cumbre en España y la visita de Estado a Washington. Una agenda largamente preparada es modificada y sirve para dar contexto a que los congresistas estadunidenses nos aplicaran el “atole con el dedo” que don Porfirio repartía en el Zócalo con motivo del centenario de la Independencia: Ovaciones y ninguna respuesta; buena amistad, pero los negocios son otra cosa.
Los autores del delito, o son profundamente despolitizados, como afirma Felipe Calderón, o tocan como el burro la flauta, pues el hecho da para todo: financiamiento, sentar al gobierno a negociar y hasta cobrar facturas políticas internas en el PAN.
El gobierno y los familiares demandan: ¡que nadie especule! Mientras tanto, Peña Nieto, con el caso Paulette, aprovechó los reflectores apuntados a Diego Fernández de Cevallos en el laberinto y salir del reto colocado por la niña, que dejó constancia pública del tamaño que tienen y de lo que viene, si ésos nos gobiernan.
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