Rechaza México someter violaciones de militares a tribunales civiles
JUAN GASPARINI
GINEBRA, 11 de junio (apro).- El gobierno de México rechazó hoy en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la eliminación de la figura del arraigo y se negó a realizar una reforma al sistema judicial para someter los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares a tribunales civiles.
La postura de la administración de Felipe Calderón fue duramente criticada por representantes de organizaciones no gubernamentales durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la que se llevó a cabo la parte final del llamado Examen Periódico Universal (EPU) que evaluó a México en esta materia.
En febrero pasado, el gobierno de Calderón se sometió al nuevo mecanismo de control de la ONU en materia de derechos humanos. Aceptó 83 recomendaciones que le formularon los Estados miembros de la ONU, dejó ocho en suspenso, los cuales se concentraron en requerimientos para abolir el arraigo y reformar la justicia militar, con el fin de garantizar que todas las violaciones de los derechos humanos sean atendidas por tribunales civiles.
José Guevara, jefe de la Unidad Derechos Humanos del Ministerio del Interior, asumió en la ONU que el arraigo "es una medida cautelar que se aplica unicamente para casos de delincuencia organizada y está sujeto a estrictos controles legales"; que "sólo podrá ser dictada por un juez cuando sea necesario para el exito de la investigación, la protección de personas o bienes juridicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia".
Manifestó que en el arraigo está prohibida "la incomunicación, intimidación o tortura", y al inculpado "se le deben informar los hechos que se le atribuyen y los derechos que lo asisten", con "pleno acceso a su abogado".
Sin embargo, entre las ong`s que participaron en las deliberaciones, Agnieska Raczynska, a nombre de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, afirmó tener documentados "casos en los que falsamente, por motivos de corte político, se les imputan delitos graves a lideres de movimientos sociales con legítimas demandas, y se les acusa de pertenecer a la delincuencia organizada".
Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifestó su preocupación por actos que, dijo, criminalizan la protesta social. Citó la desaparición reciente, "tortura y ejecución", de los defensores indigenas Raúl Luca Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Dijo que los crimenes ocurieron en el municipio de Ayutla, estado de Guerrero, donde proliferan "amenazas, persecuciones y judicialización de defensores de derechos humanos", que han tenido que cerrar oficinas e interrumpir su labor.
En presencia de los generales del Ejército, Jaime Antonio López Portillo y José Luis Chávez, que asistieran a la anterior vista oral del EPU en febrero pasado, y que volvieron ahora para estas conclusiones del proceso en Ginebra, José Guevara desestimó realizar reformas en la justicia militar, porque sus decisiones "pueden ser recurridas ante la justicia civil mediante el juicio de amparo".
Dio por inamovible "la jurisdicción militar sobre conductas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus funciones", al estar "prevista por la propia Constitución y tiene por objeto preservar la disciplina militar".
Al respecto, Juliette De Rivero, de Human Rights Watch, afirmó que tiene registrado "un drastico incremento de abusos militares". Demandó se ponga fin "al clima de impunidad" y responsabilizó al procurador de las Fuerzas Armadas por no proporcionar "ni un solo ejemplo de los últimos 10 años en el cual los tribunales militares hayan condenado a un miembro de las Fuerzas Armadas acusado de cometer una violación de derechos humanos".
A su vez, Luis Arriaga Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juarez, afirmó que "la propia Constitución mexicana, limita el fuero de guerra sólo a delitos contra la disciplina militar". Añadió que "la jurisdicción militar ha sido aplicada indebidamente para investigar delitos que atentan contra civiles y los afectan en sus derechos fundamentales".
El gobierno de México pareció también dar por finalizadas las investigaciones sobre las masacres perpetradas en el pasado reciente, pero las ong`s le refrescaron la memoria.
Humberto Guerrero, de Conectas Dereitos Humanos, recordó a "los 1,200 desaparecidos por la represión gubernamental de los años 60-70, de los cuales aun hoy se desconoce su paradero".
Explicó a los 192 Estados miembros de la ONU que lo escuchaban, la fallida experiencia de la Fiscalía Especial creada para esclarecer aquella "guerra sucia", clausurada en 2006 sin ninguna "sentencia final ni sanción de los responsables".
Guerrero se unió al reclamo anticipado por escrito un día antes en Ginebra de un gran colectivo de ong`s mexicanas e internacionales, que pedían "restablecer la Fiscalia Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o crear una oficina similar", y así cerrarle el camino al olvido.
JUAN GASPARINI
GINEBRA, 11 de junio (apro).- El gobierno de México rechazó hoy en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la eliminación de la figura del arraigo y se negó a realizar una reforma al sistema judicial para someter los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares a tribunales civiles.
La postura de la administración de Felipe Calderón fue duramente criticada por representantes de organizaciones no gubernamentales durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la que se llevó a cabo la parte final del llamado Examen Periódico Universal (EPU) que evaluó a México en esta materia.
En febrero pasado, el gobierno de Calderón se sometió al nuevo mecanismo de control de la ONU en materia de derechos humanos. Aceptó 83 recomendaciones que le formularon los Estados miembros de la ONU, dejó ocho en suspenso, los cuales se concentraron en requerimientos para abolir el arraigo y reformar la justicia militar, con el fin de garantizar que todas las violaciones de los derechos humanos sean atendidas por tribunales civiles.
José Guevara, jefe de la Unidad Derechos Humanos del Ministerio del Interior, asumió en la ONU que el arraigo "es una medida cautelar que se aplica unicamente para casos de delincuencia organizada y está sujeto a estrictos controles legales"; que "sólo podrá ser dictada por un juez cuando sea necesario para el exito de la investigación, la protección de personas o bienes juridicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia".
Manifestó que en el arraigo está prohibida "la incomunicación, intimidación o tortura", y al inculpado "se le deben informar los hechos que se le atribuyen y los derechos que lo asisten", con "pleno acceso a su abogado".
Sin embargo, entre las ong`s que participaron en las deliberaciones, Agnieska Raczynska, a nombre de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, afirmó tener documentados "casos en los que falsamente, por motivos de corte político, se les imputan delitos graves a lideres de movimientos sociales con legítimas demandas, y se les acusa de pertenecer a la delincuencia organizada".
Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifestó su preocupación por actos que, dijo, criminalizan la protesta social. Citó la desaparición reciente, "tortura y ejecución", de los defensores indigenas Raúl Luca Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Dijo que los crimenes ocurieron en el municipio de Ayutla, estado de Guerrero, donde proliferan "amenazas, persecuciones y judicialización de defensores de derechos humanos", que han tenido que cerrar oficinas e interrumpir su labor.
En presencia de los generales del Ejército, Jaime Antonio López Portillo y José Luis Chávez, que asistieran a la anterior vista oral del EPU en febrero pasado, y que volvieron ahora para estas conclusiones del proceso en Ginebra, José Guevara desestimó realizar reformas en la justicia militar, porque sus decisiones "pueden ser recurridas ante la justicia civil mediante el juicio de amparo".
Dio por inamovible "la jurisdicción militar sobre conductas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus funciones", al estar "prevista por la propia Constitución y tiene por objeto preservar la disciplina militar".
Al respecto, Juliette De Rivero, de Human Rights Watch, afirmó que tiene registrado "un drastico incremento de abusos militares". Demandó se ponga fin "al clima de impunidad" y responsabilizó al procurador de las Fuerzas Armadas por no proporcionar "ni un solo ejemplo de los últimos 10 años en el cual los tribunales militares hayan condenado a un miembro de las Fuerzas Armadas acusado de cometer una violación de derechos humanos".
A su vez, Luis Arriaga Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juarez, afirmó que "la propia Constitución mexicana, limita el fuero de guerra sólo a delitos contra la disciplina militar". Añadió que "la jurisdicción militar ha sido aplicada indebidamente para investigar delitos que atentan contra civiles y los afectan en sus derechos fundamentales".
El gobierno de México pareció también dar por finalizadas las investigaciones sobre las masacres perpetradas en el pasado reciente, pero las ong`s le refrescaron la memoria.
Humberto Guerrero, de Conectas Dereitos Humanos, recordó a "los 1,200 desaparecidos por la represión gubernamental de los años 60-70, de los cuales aun hoy se desconoce su paradero".
Explicó a los 192 Estados miembros de la ONU que lo escuchaban, la fallida experiencia de la Fiscalía Especial creada para esclarecer aquella "guerra sucia", clausurada en 2006 sin ninguna "sentencia final ni sanción de los responsables".
Guerrero se unió al reclamo anticipado por escrito un día antes en Ginebra de un gran colectivo de ong`s mexicanas e internacionales, que pedían "restablecer la Fiscalia Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o crear una oficina similar", y así cerrarle el camino al olvido.
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