Justo cuando están al aire una serie de spots por parte del PAN , donde le dicen a la gente que apoyen al presidente en la lucha contra el narco votando por ese partido y que el no hacerlo , o votar por otro partido significaría entregarle el país a los criminales , el ejército y la policía federal , llevan a cabo este operativo en Michoacán donde detienen a seis alcaldes priistas , a dos panistas , a dos perredistas , a uno de la coalición pri-pan-verde , a un juez y a 17 funcionarios más de medio pelo del gobierno de Michoacan .

El operativo de ayer , según mi muy particular punto de vista , total y absolutamente un acto electorero , con miras al 5 de julio proximo .

En un país con tantas cuentas pendientes , como lo es el caso de pederastia más que comprobado de Mario Marín en Puebla , los asesinatos completamente documentados por parte de Ulises Ruín en Oaxaca , los fraudes igualmente documentados en PEMEX como lo es la compra del buque tanque "El Sr. De Los Mares" , los contratos de la familia Mouriño también con PEMEX y reconocidos por el ahora occiso Juan C. Mouriño , la indigena de 60 años , Jacinta , sentenciada a 21 años de cárcel por haber secuestrado a seis policias federales y tantos y tantos otros crimenes de todos los ordenes que siguen impunes , ahora , a unas pocas semanas de las elecciones intermedias del cinco de Julio , el gobierno de facto de Calde-Rón nos quiere mostrar una mano dura , pero que ejerce a su conveniencia , y que no hace otra cosa que venir a corrovorarnos a todos los mexicanos que en México , primero con el pri y ahora en los nueve años que lleva el pan en el poder , que la justicia se ejerce selectivamente .

El empeño de Calde-Rón por ganar la mayoría en la cámara de diputados , nos indica su desesperación por entregarle el petróleo prometido a las transnacionales ; ya me imagino de que tamaño deben estar las presiones después de que el año pasado , gracias a Andrés Manuel López Obrador y su movimiento no lo pudo hacer .

Calde-Rón . por el mismo camino que su antecesor Fox , interviniendo de manera grosera e ilegal en los procesos electorales y el 2012 a la vuelta de la ezquina ¡aguas! .

Supuestos vínculos con el crimen organizado; policías y soldados hicieron las aprehensiones

Inusitada detención en Michoacán de 10 alcaldes, 17 funcionarios y un juez

Destacan la captura de Citlalli Fernández, asesora del gobernador, y de Ramón Ponce, jefe de asesores del procurador estatal

El director del Instituto de Formación Policial, otro arrestado



La Jornada Michoacán, Ernesto Elorriaga y Gustavo Castillo
Corresponsal y Reportero

Este martes, Michoacán vivió un hecho sin precedente, cuando policías federales y efectivos del Ejército detuvieron –como parte de una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR)– en un solo día a diez alcaldes, 17 servidores públicos y a un juez de primera instancia, por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Poco antes de las seis de la mañana se hizo notorio el despliegue de policías y militares en 11 municipios, incluida la capital del estado. Pocos minutos después comenzaron las detenciones en Morelia, Apatzingán, Tepalcatepec, Arteaga, Uruapan, Coahuayana, Aquila, Buenavista, Ciudad Hidalgo, Tumbiscatío y Zitácuaro.

Además de los alcaldes, destaca la captura de la asesora del gobernador Leonel Godoy, Citlalli Fernández, quien anteriormente se desempeñó como secretaria de Seguridad Pública, y la detención de Ramón Ponce, coordinador del subprocurador y jefe de asesores del actual procurador de Justicia de Michoacán.

Según versiones de funcionarios locales, desde la noche del lunes se registró en la entidad un inusual movimiento de tropas y unidades policiacas. Se desplazaron camionetas y camiones blindados, así como helicópteros de la Policía Federal Preventiva (PFP), además de vehículos de la 21 y 43 zonas militares, ubicadas en Morelia y Apatzingán, respectivamente.

En la madrugada de este martes, una de las primeras acciones corrió a cargo de policías federales que se trasladaron en cinco camionetas de la PFP y allanaron el domicilio de Citlalli Fernández. La funcionaria no se encontraba en su casa, pero al mediodía se entregó a las fuerzas federales.

Al filo de las siete de la mañana, Mario Bautista, director del Instituto Estatal de Formación Policial, fue arrestado por agentes federales en su domicilio, ubicado en la colonia Adolfo López Mateos. Asimismo, desde temprana hora se instalaron retenes en los accesos a la ciudad de Morelia para impedir la fuga de los implicados; incluso en Apatzingán sobrevolaron dos helicópteros de la PFP en los cuales se transportó a los ediles perredistas Genaro Guízar Valencia y a su correligionario Osvaldo Esquivel Lucatero.

En tanto, el alcalde de Uruapan, el panista Antonio González Rodríguez, fue detenido por personal militar. Los soldados arribaron a la sede del ayuntamiento y tras una breve conversación lo trasladaron al cuartel local.

Por lo que hace al edil de Zitácuaro, el priísta Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, según versiones de funcionarios locales, "los militares lo detuvieron con lujo de violencia". Sin embargo, en la ciudad de México, su colaborador Carlos Alzati informó que él se había puesto a las órdenes de sus captores para responder a las imputaciones.

El coordinador de asesores de la Procuraduría de Justicia del estado, Ramón Ponce Ponce –quien se desempeñó como subprocurador de la región Uruapan–, fue detenido al mediodía en la puerta principal de la procuraduría estatal.

Algunos ediles, como Audel Méndez Chávez, de Coahuayana, y Adán Tafolla Ortiz, de Tumbiscatío, estaban inaugurando obras cuando fueron detenidos, lo que generó momentos de tensión entre los militares y la policía municipal, hechos que no pasaron a mayores.



El director del Sistema Estatal de Financiamiento, Ricardo Rubí, a su llegada al Distrito FederalFoto SSP





A las 12 horas se había confirmado la detención de los alcaldes de Uruapan, el panista Antonio González Rodríguez; Apatzingán, Genaro Guízar Valencia; Arteaga, Jairo Rivas Páramo; Buenavista, Osvaldo Esquivel Lucatero; Ciudad Hidalgo, el panista José Luis Ávila Franco, y Tepalcatepec, Uriel Farías Álvarez.

Uno a uno, los detenidos fueron concentrados en el aeropuerto de Apatzingán para ser trasladados primero a Morelia y luego a la ciudad de México. Después de las 13 horas, la PGR confirmó las detenciones y pasadas las seis de la tarde afirmó que los 28 detenidos habían sido capturados tras una investigación de seis meses en la que se les responsabiliza de tener vínculos con la delincuencia organizada, y de manera específica, con el cártel de La Familia.

También fueron detenidos, el director del Instituto de Formación Policial, Mario Bautista, quien había fungido como secretario de Seguridad Pública en Michoacán; el empresario y director del Sistema Estatal de Financiamiento Industrial, Ricardo Rubí Bustamante; el jefe de agentes de la Dirección de Gobernación estatal, Juan Gaona Gómez, y Victorino Jacobo Pérez, director de Seguridad Pública en Arteaga.

A la lista de detenidos se sumó Roberto Rubio Vázquez, secretario de Seguridad Pública de Tumbiscatío; las jefas de grupo de la policía ministerial de Morelia, Irlanda Sánchez Román y Gabriela Mata Chávez; José Lino Zamora Hernández, encargado de la comandancia de Lázaro Cárdenas; Noé Medina Martínez, primer comandante en Protección Ciudadana en Morelia, y Faraón Martínez Molina, primer comandante regional de Zitácuaro.

También, Abel Salazar Gómez, ex síndico del municipio de Lázaro Cárdenas; Dionicio Salvador Valencia Palomares, director de Obras Públicas de Arteaga; Alfredo Ramírez García, jefe de grupo de la policía ministerial de Lázaro Cárdenas; Baldomero Morales Rivera, policía municipal de Lázaro Cárdenas, y Jaime Liera Álvarez, ex subprocurador de Justicia en esa entidad, quien actualmente se desempeña como juez de primera instancia en el municipio de La Piedad.

Por la noche, Juan Rivero Legarreta, abogado del presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac, acusó al Ministerio Público Federal "de violar todas las garantías constitucionales de los alcaldes, ya que no se les ha permitido tener a una persona de su confianza a su lado desde que fueron aprehendidos; no hay quien los asista durante sus declaraciones ministeriales y su aprehensión es contra toda garantía, pues si tuvieran algún elemento de prueba el caso habría sido turnado a un juez para que librara una orden de captura. Lo que buscan es presionarlos para que declaren falsedades".