Justicia envilecida
Una de las novelas históricas que se recomienda a los estudiantes de derecho en los primeros cursos es Las brujas de Salem, de Arthur Miller (1953), porque describe un caso concreto de justicia envilecida. Trata del juicio irregular seguido en 1692 en la aldea de Salem, actual estado de Massachusetts, a más de 200 personas por ser sospechosas de practicar brujería o estar vinculadas con brujos.
Miller rescata este episodio de la historia de Estados Unidos para compararlo con el Macarthismo, época en la que se desató una cacería de brujas contra políticos opositores al régimen, acusándolos de promover el equivalente a la brujería ideológica de ese momento: el comunismo. Desde entonces, el término “cacería de brujas” alude a las persecuciones judiciales estilo Salem: señalamientos desde el poder con base en acusaciones falsas, procesos irregulares montados sobre prejuicios y listas negras de presuntos implicados elaboradas con testimonios de fantasmas y espectros (precursores, en más de un sentido, de los actuales “testigos protegidos”).
En México, la justicia envilecida tiene varias manifestaciones y expresiones. Una de ellas, la más practicada y conocida, es la utilización de los órganos de impartición de justicia como instrumento de persecución política, en un entorno de crispación electoral. La causa propiciatoria contemporánea no es la erradicación de la brujería ni el destierro del comunismo, sino el narcotráfico. Sin embargo, el esquema mental y político sigue siendo el mismo de la Salem puritana de hace más de tres siglos: Los que están conmigo son leales combatientes en la guerra contra las drogas, los que están en mi contra son aliados del narcotráfico.
Es temporada electoral y, por lo tanto, es hora también de la cacería de brujas. Veamos si no.
¿No es justicia envilecida tratar de distraer un hecho tan grave y delicado como la fuga de 53 reos en un penal de Zacatecas con la “filtración” de una averiguación en curso para tender una cortina de humo?
¿No es justicia pervertida divulgar una indagación que está protegida por el principio de la secrecía, dando a conocer únicamente los elementos del fiscal y ocultando los argumentos de defensa del señalado?
¿No es justicia simulada mantener en reserva una indagatoria durante cuatro meses y después activarla en medio de una campaña electoral?
¿No es torcer la justicia disponer durante meses de un testigo y luego convertirlo en presunto indiciado en unas cuantas horas?
¿No es politizar la justicia convertir al secretario de Gobernación en un agente del Ministerio Público que lo mismo exonera a un gobernador del PAN en Morelos que inculpa a un ciudadano en Zacatecas?
¿No es envilecer la justicia deslizar en los medios que siete u ocho gobernadores de partidos distintos al PAN serán “exhibidos” por sus vínculos con el narcotráfico antes de las elecciones del próximo 5 de julio, con tal de causar daño en las preferencias electorales de sus partidos?
¿No es justicia pervertida encubrir gobiernos del PAN, como el de Baja California, que después de haber sido señalado públicamente por un general en funciones de alto rango, Aponte Polito, como protector del crimen organizado, se haya procedido a cambiar de adscripción al denunciante y se haya mantenido en su lugar a los denunciados?
¿No es justicia selectiva encausar únicamente las averiguaciones relacionadas directa o indirectamente con miembros de la oposición y mandar a reserva aquellas donde se involucra la responsabilidad del gobierno actual o de sus aliados, como el enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox, los mineros muertos en Pasta de Conchos, las inundaciones en Tabasco, las denuncias de miembros del SNTE, entre otras?
Se ha planteado en diversas ocasiones sacar del ámbito del Poder Ejecutivo al órgano de procuración de justicia. Que sea autónomo e independiente de este poder, a fin de no utilizarlo con fines políticos y electorales, y que en su integración intervengan otros poderes. Esta es una reforma de justicia urgente, al igual que aquella que plantea que los legisladores y funcionarios con licencia pierdan de manera automática el fuero constitucional, sin requerir un proceso especial de por medio.
Es importante que esta temporada de politización de la justicia no distraiga a la Salem mexicana de los problemas de fondo: la cada vez más aguda crisis económica y social, que a su vez es un caldo de cultivo para el incremento de la inseguridad y el crimen. Es el cambio de rumbo económico, no la cacería de brujas, lo que evitará una descomposición mayor del país.
Una de las novelas históricas que se recomienda a los estudiantes de derecho en los primeros cursos es Las brujas de Salem, de Arthur Miller (1953), porque describe un caso concreto de justicia envilecida. Trata del juicio irregular seguido en 1692 en la aldea de Salem, actual estado de Massachusetts, a más de 200 personas por ser sospechosas de practicar brujería o estar vinculadas con brujos.
Miller rescata este episodio de la historia de Estados Unidos para compararlo con el Macarthismo, época en la que se desató una cacería de brujas contra políticos opositores al régimen, acusándolos de promover el equivalente a la brujería ideológica de ese momento: el comunismo. Desde entonces, el término “cacería de brujas” alude a las persecuciones judiciales estilo Salem: señalamientos desde el poder con base en acusaciones falsas, procesos irregulares montados sobre prejuicios y listas negras de presuntos implicados elaboradas con testimonios de fantasmas y espectros (precursores, en más de un sentido, de los actuales “testigos protegidos”).
En México, la justicia envilecida tiene varias manifestaciones y expresiones. Una de ellas, la más practicada y conocida, es la utilización de los órganos de impartición de justicia como instrumento de persecución política, en un entorno de crispación electoral. La causa propiciatoria contemporánea no es la erradicación de la brujería ni el destierro del comunismo, sino el narcotráfico. Sin embargo, el esquema mental y político sigue siendo el mismo de la Salem puritana de hace más de tres siglos: Los que están conmigo son leales combatientes en la guerra contra las drogas, los que están en mi contra son aliados del narcotráfico.
Es temporada electoral y, por lo tanto, es hora también de la cacería de brujas. Veamos si no.
¿No es justicia envilecida tratar de distraer un hecho tan grave y delicado como la fuga de 53 reos en un penal de Zacatecas con la “filtración” de una averiguación en curso para tender una cortina de humo?
¿No es justicia pervertida divulgar una indagación que está protegida por el principio de la secrecía, dando a conocer únicamente los elementos del fiscal y ocultando los argumentos de defensa del señalado?
¿No es justicia simulada mantener en reserva una indagatoria durante cuatro meses y después activarla en medio de una campaña electoral?
¿No es torcer la justicia disponer durante meses de un testigo y luego convertirlo en presunto indiciado en unas cuantas horas?
¿No es politizar la justicia convertir al secretario de Gobernación en un agente del Ministerio Público que lo mismo exonera a un gobernador del PAN en Morelos que inculpa a un ciudadano en Zacatecas?
¿No es envilecer la justicia deslizar en los medios que siete u ocho gobernadores de partidos distintos al PAN serán “exhibidos” por sus vínculos con el narcotráfico antes de las elecciones del próximo 5 de julio, con tal de causar daño en las preferencias electorales de sus partidos?
¿No es justicia pervertida encubrir gobiernos del PAN, como el de Baja California, que después de haber sido señalado públicamente por un general en funciones de alto rango, Aponte Polito, como protector del crimen organizado, se haya procedido a cambiar de adscripción al denunciante y se haya mantenido en su lugar a los denunciados?
¿No es justicia selectiva encausar únicamente las averiguaciones relacionadas directa o indirectamente con miembros de la oposición y mandar a reserva aquellas donde se involucra la responsabilidad del gobierno actual o de sus aliados, como el enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox, los mineros muertos en Pasta de Conchos, las inundaciones en Tabasco, las denuncias de miembros del SNTE, entre otras?
Se ha planteado en diversas ocasiones sacar del ámbito del Poder Ejecutivo al órgano de procuración de justicia. Que sea autónomo e independiente de este poder, a fin de no utilizarlo con fines políticos y electorales, y que en su integración intervengan otros poderes. Esta es una reforma de justicia urgente, al igual que aquella que plantea que los legisladores y funcionarios con licencia pierdan de manera automática el fuero constitucional, sin requerir un proceso especial de por medio.
Es importante que esta temporada de politización de la justicia no distraiga a la Salem mexicana de los problemas de fondo: la cada vez más aguda crisis económica y social, que a su vez es un caldo de cultivo para el incremento de la inseguridad y el crimen. Es el cambio de rumbo económico, no la cacería de brujas, lo que evitará una descomposición mayor del país.
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