La prueba de Enlace
Enrique Calderón Alzati / ii
Hace dos semanas escribí un artículo sobre la prueba de Enlace, en el que me propuse resaltar la importancia de este instrumento de evaluación educativa, que se ha venido aplicando desde hace algunos años y que en el presente se realizó en marzo para los estudiantes del sector medio superior y esta semana para los alumnos de educación básica, por lo que constituye un tema de interés público que merece ser ventilado públicamente, sobre todo ante la existencia de opiniones tan encontradas como diversas. El artículo generó una serie de simpáticos comentarios sobre su contenido, los cuales agradezco por el tiempo que se tomaron sus autores en leerlo y escribirlos; agradezco también un par de lecciones de ortografía que me fueron enviados y que desde luego me invitan a ser más cuidadoso.
Por ello, he considerado importante escribir un segundo artículo sobre el mismo tema, proporcionando alguna información que quizás no es del dominio público, de acuerdo con lo que he podido observar.
Antes de hablar de la prueba, es importante referirme al sistema educativo en su conjunto, para señalar algunas deficiencias relevantes, como la gran diferencia que se observa entre los niveles educativos de los estados del norte de la República con los del centro y del sur, o entre las zonas urbanas y las regiones rurales, diferencias que son inocultables y socialmente injustas, por las consecuencias que ello tiene en el desarrollo económico y en la calidad de vida de esas regiones. Tales diferencias no son nuevas, pero con los años se han venido incrementando, al grado de estar conformando hoy varios Méxicos socialmente distintos. El sindicato nacional de maestros, los sucesivos funcionarios públicos que han dirigido la SEP, y los gobiernos estatales, no son todos ajenos al crecimiento de este problema.
Por otra parte, existe la idea maniquea de que el gobierno es terriblemente malo, confundiendo el término gobierno con el de la cúpula gobernante, lo cual impide ver que en ese gobierno pueda existir gente comprometida con el cambio y la justicia social; negar esto es negar nuestra historia. Hidalgo y Morelos surgieron de la institución más corrupta de su tiempo; Juárez, Melchor Ocampo y Guillermo Prieto trabajaron como funcionarios de gobiernos muy cuestionables, antes de llegar a ejercer el poder para dejar su huella en la historia; varios caudillos de la Revolución sirvieron en el porfirismo antes de romper con él; el general Lázaro Cárdenas surgió de las filas del callismo y eliminó los intereses representados por éste. ¿Acaso no es posible que del sector educativo surjan los elementos de cambio que el país necesita? Desde luego que en los últimos que pudiéramos pensar sería en el señor Lujambio o en la señora Gordillo.
Un tercer elemento al que quizás valdría la pena darle la importancia que tiene es que, por el hecho de formar parte de alianzas y acuerdos internacionales, los países socios de México han estado obligando a nuestros gobernantes a mejorar los niveles de conocimientos, competencias y aspiraciones de su población, por la sencilla razón de que a ellos les interesa el crecimiento del mercado mexicano para sus productos, trátese de autos, celulares o alimentos industrializados, para lo cual necesitan que los mexicanos tengamos mejor educación y mejores condiciones de vida, seguramente no por otra cosa, de manera que las organizaciones que realizan las tareas de evaluación, al igual que las personas que las coordinan, son respaldadas más por esas agencias que por los funcionarios educativos y líderes sindicales; yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con algunas de las ideas y razones que sustentan los modelos liberales que le han sido impuestos a México, pero como dije en mi artículo anterior, ello constituye un tema de discusión ajena al sistema educativo, por lo cual las herramientas de evaluación educativa en un contexto de competencias productivas constituyen un elemento estratégico para el futuro del país; tratar de hacerlas a un lado, porque es el gobierno el que las aplica, es algo así como darle patadas al pesebre.
Imaginemos por un momento que al aplicar el examen de Enlace 2009-2010 los estudiantes de algún estado, como Querétaro o Baja California, por ejemplo, salieran mal en la evaluación, ello constituiría una llamada de atención a la población de esas entidades sobre la existencia de algún tipo de problema y daría pie a demandas públicas para corregirlo; al mismo tiempo, los resultados estarían indicando a los gobiernos respectivos la necesidad de dar mayor atención a la educación (que buena falta hace en todo el país) y asignar más recursos a sus sistemas educativos.
No entiendo muy bien por qué estas razones puedan parecer descabelladas o de mala fe. México no va a tener mejor educación de un golpe, sino como resultado de muchos esfuerzos que puedan ir siendo preparados, articulados y mejorados por maestros y especialistas comprometidos (que no funcionarios ineptos). Después de haberla analizado, la prueba de Enlace aplicada hace un año me parece excelente (para las áreas de español y matemáticas); la recién aplicada habrá que estudiarla y, si está mal, lo cual podría ser posible en virtud de los cambios realizados en esa institución, habrá que demandar su mejora, pero nunca su eliminación.
Por ello, he considerado importante escribir un segundo artículo sobre el mismo tema, proporcionando alguna información que quizás no es del dominio público, de acuerdo con lo que he podido observar.
Antes de hablar de la prueba, es importante referirme al sistema educativo en su conjunto, para señalar algunas deficiencias relevantes, como la gran diferencia que se observa entre los niveles educativos de los estados del norte de la República con los del centro y del sur, o entre las zonas urbanas y las regiones rurales, diferencias que son inocultables y socialmente injustas, por las consecuencias que ello tiene en el desarrollo económico y en la calidad de vida de esas regiones. Tales diferencias no son nuevas, pero con los años se han venido incrementando, al grado de estar conformando hoy varios Méxicos socialmente distintos. El sindicato nacional de maestros, los sucesivos funcionarios públicos que han dirigido la SEP, y los gobiernos estatales, no son todos ajenos al crecimiento de este problema.
Por otra parte, existe la idea maniquea de que el gobierno es terriblemente malo, confundiendo el término gobierno con el de la cúpula gobernante, lo cual impide ver que en ese gobierno pueda existir gente comprometida con el cambio y la justicia social; negar esto es negar nuestra historia. Hidalgo y Morelos surgieron de la institución más corrupta de su tiempo; Juárez, Melchor Ocampo y Guillermo Prieto trabajaron como funcionarios de gobiernos muy cuestionables, antes de llegar a ejercer el poder para dejar su huella en la historia; varios caudillos de la Revolución sirvieron en el porfirismo antes de romper con él; el general Lázaro Cárdenas surgió de las filas del callismo y eliminó los intereses representados por éste. ¿Acaso no es posible que del sector educativo surjan los elementos de cambio que el país necesita? Desde luego que en los últimos que pudiéramos pensar sería en el señor Lujambio o en la señora Gordillo.
Un tercer elemento al que quizás valdría la pena darle la importancia que tiene es que, por el hecho de formar parte de alianzas y acuerdos internacionales, los países socios de México han estado obligando a nuestros gobernantes a mejorar los niveles de conocimientos, competencias y aspiraciones de su población, por la sencilla razón de que a ellos les interesa el crecimiento del mercado mexicano para sus productos, trátese de autos, celulares o alimentos industrializados, para lo cual necesitan que los mexicanos tengamos mejor educación y mejores condiciones de vida, seguramente no por otra cosa, de manera que las organizaciones que realizan las tareas de evaluación, al igual que las personas que las coordinan, son respaldadas más por esas agencias que por los funcionarios educativos y líderes sindicales; yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con algunas de las ideas y razones que sustentan los modelos liberales que le han sido impuestos a México, pero como dije en mi artículo anterior, ello constituye un tema de discusión ajena al sistema educativo, por lo cual las herramientas de evaluación educativa en un contexto de competencias productivas constituyen un elemento estratégico para el futuro del país; tratar de hacerlas a un lado, porque es el gobierno el que las aplica, es algo así como darle patadas al pesebre.
Imaginemos por un momento que al aplicar el examen de Enlace 2009-2010 los estudiantes de algún estado, como Querétaro o Baja California, por ejemplo, salieran mal en la evaluación, ello constituiría una llamada de atención a la población de esas entidades sobre la existencia de algún tipo de problema y daría pie a demandas públicas para corregirlo; al mismo tiempo, los resultados estarían indicando a los gobiernos respectivos la necesidad de dar mayor atención a la educación (que buena falta hace en todo el país) y asignar más recursos a sus sistemas educativos.
No entiendo muy bien por qué estas razones puedan parecer descabelladas o de mala fe. México no va a tener mejor educación de un golpe, sino como resultado de muchos esfuerzos que puedan ir siendo preparados, articulados y mejorados por maestros y especialistas comprometidos (que no funcionarios ineptos). Después de haberla analizado, la prueba de Enlace aplicada hace un año me parece excelente (para las áreas de español y matemáticas); la recién aplicada habrá que estudiarla y, si está mal, lo cual podría ser posible en virtud de los cambios realizados en esa institución, habrá que demandar su mejora, pero nunca su eliminación.
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