Desenmascara el IFAI a Relaciones Exteriores
Daniel Lizárraga
MÉXICO, D.F., 15 de abril (apro).- Justo en momentos en que se recrudecieron los combates entre las fuerzas armadas y el narcotráfico, que a su paso dejaron una estela de civiles muertos, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) desmontó una maniobra ilegal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante la cual pretendía reservar durante 12 años el informe que el Subcomité de Protección contra la Tortura de la ONU entregó a México desde 2008.
La sesión plenaria del IFAI, celebrada el pasado 17 de marzo, no fue como otras. Y es que tres de los cinco comisionados, Sigrid Artz, María Elena Pérez Jaén y Ángel Trinidad Zaldívar, manifestaron su indignación por el comportamiento de la Cancillería en momentos difíciles para el país por la presencia del Ejército en las calles. Pero ante todo se preguntaron qué es lo que realmente esconde el gobierno del presidente Felipe Calderón.
El informe de la ONU fue publicado en periódicos de la ciudad de México en espacios muy pequeños, pero la postura adoptada por el IFAI seguramente trascenderá en los próximos meses, ya que los propios comisionados exhortaron a la Cancillería a no utilizar más artimañas para retrasar la atención de solicitudes de acceso a la información, y solicitaron una reunión inmediata con la titular de la SRE, Patricia Espinosa.
“Este tipo de interpretaciones (para reservar el informe de la ONU) fueron hechas por un leguleyo, un discutidor que aplica el derecho sin rigor y con desenfado”, acusó el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, autor del proyecto de resolución sobre el caso.
Entre el 28 de agosto y el 22 de septiembre de 2008, el Subcomité de Protección contra la Tortura estuvo en México de visita oficial. En su agenda de trabajo consta que visitaron prisiones en Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Nuevo León, estado de México y el Distrito Federal.
Además, se reunieron con funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como con representantes de organizaciones no gubernamentales.
Los enviados de la ONU estuvieron en México cuando ya se habían cumplido dos años de guerra contra el narcotráfico. Cuando el presidente Felipe Calderón colocó en la primera línea de fuego a las fuerzas armadas.
Para ese entonces –septiembre del 2008–, el promedio de asesinatos y ejecuciones en diversos puntos del país era de 16 cada 24 horas, de acuerdo con una investigación de El Universal.
El 4 de septiembre de ese mismo año, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseguró ante la Cámara de Diputados que la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico, no sólo recurre a “acciones de alto impacto” como las decapitaciones y las narcomantas para aterrorizar o generar alarma social, sino que también cuenta con una base social que le da impunidad.
Meses después, en febrero de 2009, el Informe del Subcomité de Protección contra la Tortura fue entregado al gobierno de México. La ONU –de acuerdo con la normatividad internacional– le dio la categoría de confidencial; sin embargo, México –como cualquier otro país– tiene la facultad de hacerlo o no público, ya sea por decisión específica o en cumplimiento de sus leyes.
Alrededor de siete meses después, ante el silencio absoluto de la Cancillería respecto del informe, una de las organizaciones no gubernamentales involucrada en la defensa de las garantías individuales, Todos los Derechos para Todos, solicitó acceder al expediente.
La opacidad del gobierno mexicano era ya un hecho ante los ojos de las asociaciones que habían dialogado con la misión de la ONU.
En la petición, el representante de Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez Morales, refirió que el Subcomité de Prevención contra la Tortura elaboró un informe con “una serie de recomendaciones al gobierno mexicano”.
A pesar de que el activista precisó incluso qué despacho debería tener ese expediente entre sus archivos, la Cancillería tardó 20 días hábiles para señalar que por el momento no era posible localizar el informe entregado por la ONU y, aprovechando las ventajas que le da la Ley Federal de Transparencia, solicitó una prórroga de 20 días hábiles para localizarlo.
Al cumplirse este segundo plazo –aproximadamente tres semanas después–, la Unidad de Enlace de la Cancillería reportó a la organización Todos los Derechos para Todos que el informe requerido estaba reservado por 12 años, toda vez que las observaciones hechas al gobierno eran confidenciales y que permitir el acceso a las mismas afectaría las relaciones internacionales de México, pues violaría el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.
Los activistas no aceptaron la respuesta de la Cancillería, por lo que tramitaron un recurso de revisión ante el IFAI.
En los alegatos enviados al comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, acusaron a la SRE de haber hecho una interpretación equívoca del Protocolo Facultativo contra la Tortura, ya que si bien se menciona que los informes se entregan en calidad de confidenciales, también es cierto que los países –en este caso México– pueden publicar las observaciones.
Como una prueba de que el abrir los archivos de la ONU no afecta las relaciones internacionales, la organización Todos los Derechos para Todos señaló que Suecia y Malvidas (un país situado en el Océano Índico, al sudoeste de Sri Lanka y la India, al sur de Asia) publicaron las observaciones hechas por el Subcomité de Protección contra la Tortura, sin que hasta el momento se hayan resentido efectos en su economía o en el desarrollo de los tratados comerciales.
Pero la Cancillería nunca aceptó haberse equivocado. En sus alegatos enviados al IFAI apuntó que México no había solicitado la apertura del archivo a la ONU y, aún más, afirmó que con anterioridad el grupo de trabajo encargado de atender las observaciones sobre la tortura decidió no difundir el informe a fin de “generar un proceso de confianza” entre las autoridades involucradas.
En la referida sesión pública, el comisionado Ángel Trinidad pidió una reunión con la SRE, ya que no sólo tergiversaron los alcances de un acuerdo, sino que también hicieron todo lo posible para no entregar la información, lo que va en contra de los principios de máxima publicidad y de rendición de cuentas que deberían existir en un gobierno democrático.
Al explicar qué encontró en este caso, admitió sentir una “enorme molestia” por la actitud de la SRE. Por enésima ocasión –enfatizó– se hace notar por estas malas respuestas al apoyarse en una decisión de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, que no le hace honor a su nombre.
“Pareciera ser que les gusta poner nombres rimbombantes para luego no cumplir lo que ofrecen. El sostener que el informe está reservado es una interpretación hecha por algún leguleyo. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se trata de un discutidor que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente, negando los principios fundamentales de la abogacía”, acusó.
Para Ángel Trinidad, queda claro que la ONU entregó el informe como confidencial, pero México es quien finalmente determina si éste es público o reservado.
No obstante, en sus alegatos –de acuerdo con el expediente 5290/09– la SRE dice que la publicidad del informe entorpecería la atención de las observaciones de la ONU hechas a México.
“De verdad no puedo entender cómo es que entregar esta información entorpece las observaciones de la ONU. Queremos tener la democracia de Suecia, pero tenemos la opacidad absoluta en nuestro país”, puntualizó el comisionado, quien desde el año pasado sustituyó a Alonso Lujambio, ahora secretario de Educación Pública.
La Cancillería pasó de ser un sujeto obligado de la Ley Federal de Transparencia a un sujeto desobligado, porque insiste en no entregar lo que se le ordena, incluso por encima de los principios básicos de la democracia, como los derechos humanos, continuó el comisionado, para rematar con esta pregunta: “¿Tienen algo que ocultar?”.
Y él mismo respondió: “Yo esperaría que no. Busquemos un acercamiento con la canciller, porque no sólo nos hace quedar mal dentro de México, sino también afuera.”
De su lado, la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, advirtió que la confidencialidad en este documento es insostenible.
“Me sorprende –explicó– que el grupo de trabajo para la instrumentación de las recomendaciones cierre el expediente para presuntamente generar un proceso de confianza entre las autoridades involucradas, pero ese mismo grupo no puede ejercer la reserva de documentos como una facultad discrecional. Por el contrario, eso siempre tiene un límite, y ese límite es la Ley Federal de Transparencia.”
En su oportunidad, la comisionada María Marván apuntó que esta no es la primera vez que la SRE interpreta los tratados internacionales en sentido inverso. El año pasado –añadió– sucedió algo similar con una solicitud sobre límites territoriales.
Y la comisionada Sigrid Artz comentó que desde el año 2002 existe en México una oficina que representa al alto comisionado de la ONU. En este contexto, agregó, el presidente de México firmó acuerdos para fortalecer los derechos humanos.
“Por eso a mí, francamente, me causa una enorme sorpresa la resistencia de la Cancillería. Quizá hay algo que puede incomodar en ese informe y no se quiere hacer frente a ello”, comentó.
En tanto, la comisionada María Elena Pérez Jaén dijo no entender cómo es que la Cancillería puede manejar respuestas de este tipo cuando se trata de una institución con profesionales y cientos de servidores públicos, a diferencia de otras instancias.
“El informe solicitado a la Cancillería –detalló– es de mucha relevancia dentro del contexto de inseguridad en el que está México. No es posible que pretendan reservar esa información por 12 años. Cada país está en libertad de publicar o no esas observaciones sobre la práctica de la tortura.
“Como digo en estos casos, esta respuesta de Relaciones Exteriores es una perla, pero de plástico. Este informe es importante, sobre todo ante problemas como los de Monterrey, en donde un presunto narcotraficante es detenido y a las pocas horas lo encuentran ejecutado”, añadió.
Antes de que se ordenara por unanimidad a la SRE entregar el informe elaborado por la ONU, el comisionado Ángel Trinidad remató sus intervenciones al señalar que en la propia Ley Federal de Transparencia se establece que no puede reservarse la información que contenga delitos graves contra la humanidad.
“Si en este caso se trata de un informe para la prevención de la tortura, no había por qué reservarlo. Por lo visto, no podemos confiar en la forma en que se maneja la Dirección de Derechos Humanos y Democracia de Relaciones Exteriores”, concluyó.
MÉXICO, D.F., 15 de abril (apro).- Justo en momentos en que se recrudecieron los combates entre las fuerzas armadas y el narcotráfico, que a su paso dejaron una estela de civiles muertos, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) desmontó una maniobra ilegal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante la cual pretendía reservar durante 12 años el informe que el Subcomité de Protección contra la Tortura de la ONU entregó a México desde 2008.
La sesión plenaria del IFAI, celebrada el pasado 17 de marzo, no fue como otras. Y es que tres de los cinco comisionados, Sigrid Artz, María Elena Pérez Jaén y Ángel Trinidad Zaldívar, manifestaron su indignación por el comportamiento de la Cancillería en momentos difíciles para el país por la presencia del Ejército en las calles. Pero ante todo se preguntaron qué es lo que realmente esconde el gobierno del presidente Felipe Calderón.
El informe de la ONU fue publicado en periódicos de la ciudad de México en espacios muy pequeños, pero la postura adoptada por el IFAI seguramente trascenderá en los próximos meses, ya que los propios comisionados exhortaron a la Cancillería a no utilizar más artimañas para retrasar la atención de solicitudes de acceso a la información, y solicitaron una reunión inmediata con la titular de la SRE, Patricia Espinosa.
“Este tipo de interpretaciones (para reservar el informe de la ONU) fueron hechas por un leguleyo, un discutidor que aplica el derecho sin rigor y con desenfado”, acusó el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, autor del proyecto de resolución sobre el caso.
Entre el 28 de agosto y el 22 de septiembre de 2008, el Subcomité de Protección contra la Tortura estuvo en México de visita oficial. En su agenda de trabajo consta que visitaron prisiones en Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Nuevo León, estado de México y el Distrito Federal.
Además, se reunieron con funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como con representantes de organizaciones no gubernamentales.
Los enviados de la ONU estuvieron en México cuando ya se habían cumplido dos años de guerra contra el narcotráfico. Cuando el presidente Felipe Calderón colocó en la primera línea de fuego a las fuerzas armadas.
Para ese entonces –septiembre del 2008–, el promedio de asesinatos y ejecuciones en diversos puntos del país era de 16 cada 24 horas, de acuerdo con una investigación de El Universal.
El 4 de septiembre de ese mismo año, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseguró ante la Cámara de Diputados que la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico, no sólo recurre a “acciones de alto impacto” como las decapitaciones y las narcomantas para aterrorizar o generar alarma social, sino que también cuenta con una base social que le da impunidad.
Meses después, en febrero de 2009, el Informe del Subcomité de Protección contra la Tortura fue entregado al gobierno de México. La ONU –de acuerdo con la normatividad internacional– le dio la categoría de confidencial; sin embargo, México –como cualquier otro país– tiene la facultad de hacerlo o no público, ya sea por decisión específica o en cumplimiento de sus leyes.
Alrededor de siete meses después, ante el silencio absoluto de la Cancillería respecto del informe, una de las organizaciones no gubernamentales involucrada en la defensa de las garantías individuales, Todos los Derechos para Todos, solicitó acceder al expediente.
La opacidad del gobierno mexicano era ya un hecho ante los ojos de las asociaciones que habían dialogado con la misión de la ONU.
En la petición, el representante de Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez Morales, refirió que el Subcomité de Prevención contra la Tortura elaboró un informe con “una serie de recomendaciones al gobierno mexicano”.
A pesar de que el activista precisó incluso qué despacho debería tener ese expediente entre sus archivos, la Cancillería tardó 20 días hábiles para señalar que por el momento no era posible localizar el informe entregado por la ONU y, aprovechando las ventajas que le da la Ley Federal de Transparencia, solicitó una prórroga de 20 días hábiles para localizarlo.
Al cumplirse este segundo plazo –aproximadamente tres semanas después–, la Unidad de Enlace de la Cancillería reportó a la organización Todos los Derechos para Todos que el informe requerido estaba reservado por 12 años, toda vez que las observaciones hechas al gobierno eran confidenciales y que permitir el acceso a las mismas afectaría las relaciones internacionales de México, pues violaría el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.
Los activistas no aceptaron la respuesta de la Cancillería, por lo que tramitaron un recurso de revisión ante el IFAI.
En los alegatos enviados al comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, acusaron a la SRE de haber hecho una interpretación equívoca del Protocolo Facultativo contra la Tortura, ya que si bien se menciona que los informes se entregan en calidad de confidenciales, también es cierto que los países –en este caso México– pueden publicar las observaciones.
Como una prueba de que el abrir los archivos de la ONU no afecta las relaciones internacionales, la organización Todos los Derechos para Todos señaló que Suecia y Malvidas (un país situado en el Océano Índico, al sudoeste de Sri Lanka y la India, al sur de Asia) publicaron las observaciones hechas por el Subcomité de Protección contra la Tortura, sin que hasta el momento se hayan resentido efectos en su economía o en el desarrollo de los tratados comerciales.
Pero la Cancillería nunca aceptó haberse equivocado. En sus alegatos enviados al IFAI apuntó que México no había solicitado la apertura del archivo a la ONU y, aún más, afirmó que con anterioridad el grupo de trabajo encargado de atender las observaciones sobre la tortura decidió no difundir el informe a fin de “generar un proceso de confianza” entre las autoridades involucradas.
En la referida sesión pública, el comisionado Ángel Trinidad pidió una reunión con la SRE, ya que no sólo tergiversaron los alcances de un acuerdo, sino que también hicieron todo lo posible para no entregar la información, lo que va en contra de los principios de máxima publicidad y de rendición de cuentas que deberían existir en un gobierno democrático.
Al explicar qué encontró en este caso, admitió sentir una “enorme molestia” por la actitud de la SRE. Por enésima ocasión –enfatizó– se hace notar por estas malas respuestas al apoyarse en una decisión de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, que no le hace honor a su nombre.
“Pareciera ser que les gusta poner nombres rimbombantes para luego no cumplir lo que ofrecen. El sostener que el informe está reservado es una interpretación hecha por algún leguleyo. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se trata de un discutidor que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente, negando los principios fundamentales de la abogacía”, acusó.
Para Ángel Trinidad, queda claro que la ONU entregó el informe como confidencial, pero México es quien finalmente determina si éste es público o reservado.
No obstante, en sus alegatos –de acuerdo con el expediente 5290/09– la SRE dice que la publicidad del informe entorpecería la atención de las observaciones de la ONU hechas a México.
“De verdad no puedo entender cómo es que entregar esta información entorpece las observaciones de la ONU. Queremos tener la democracia de Suecia, pero tenemos la opacidad absoluta en nuestro país”, puntualizó el comisionado, quien desde el año pasado sustituyó a Alonso Lujambio, ahora secretario de Educación Pública.
La Cancillería pasó de ser un sujeto obligado de la Ley Federal de Transparencia a un sujeto desobligado, porque insiste en no entregar lo que se le ordena, incluso por encima de los principios básicos de la democracia, como los derechos humanos, continuó el comisionado, para rematar con esta pregunta: “¿Tienen algo que ocultar?”.
Y él mismo respondió: “Yo esperaría que no. Busquemos un acercamiento con la canciller, porque no sólo nos hace quedar mal dentro de México, sino también afuera.”
De su lado, la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, advirtió que la confidencialidad en este documento es insostenible.
“Me sorprende –explicó– que el grupo de trabajo para la instrumentación de las recomendaciones cierre el expediente para presuntamente generar un proceso de confianza entre las autoridades involucradas, pero ese mismo grupo no puede ejercer la reserva de documentos como una facultad discrecional. Por el contrario, eso siempre tiene un límite, y ese límite es la Ley Federal de Transparencia.”
En su oportunidad, la comisionada María Marván apuntó que esta no es la primera vez que la SRE interpreta los tratados internacionales en sentido inverso. El año pasado –añadió– sucedió algo similar con una solicitud sobre límites territoriales.
Y la comisionada Sigrid Artz comentó que desde el año 2002 existe en México una oficina que representa al alto comisionado de la ONU. En este contexto, agregó, el presidente de México firmó acuerdos para fortalecer los derechos humanos.
“Por eso a mí, francamente, me causa una enorme sorpresa la resistencia de la Cancillería. Quizá hay algo que puede incomodar en ese informe y no se quiere hacer frente a ello”, comentó.
En tanto, la comisionada María Elena Pérez Jaén dijo no entender cómo es que la Cancillería puede manejar respuestas de este tipo cuando se trata de una institución con profesionales y cientos de servidores públicos, a diferencia de otras instancias.
“El informe solicitado a la Cancillería –detalló– es de mucha relevancia dentro del contexto de inseguridad en el que está México. No es posible que pretendan reservar esa información por 12 años. Cada país está en libertad de publicar o no esas observaciones sobre la práctica de la tortura.
“Como digo en estos casos, esta respuesta de Relaciones Exteriores es una perla, pero de plástico. Este informe es importante, sobre todo ante problemas como los de Monterrey, en donde un presunto narcotraficante es detenido y a las pocas horas lo encuentran ejecutado”, añadió.
Antes de que se ordenara por unanimidad a la SRE entregar el informe elaborado por la ONU, el comisionado Ángel Trinidad remató sus intervenciones al señalar que en la propia Ley Federal de Transparencia se establece que no puede reservarse la información que contenga delitos graves contra la humanidad.
“Si en este caso se trata de un informe para la prevención de la tortura, no había por qué reservarlo. Por lo visto, no podemos confiar en la forma en que se maneja la Dirección de Derechos Humanos y Democracia de Relaciones Exteriores”, concluyó.
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