De arrogancias y aberraciones
José Blanco
Las iglesias andan trepando el cerro de la arrogancia desde que la ignorancia y el oportunismo político de los congresos estatales les han dado los aparejos necesarios. Desde ese pedestal aberrante hablan hoy sobre las decisiones de la ALDF que buscan corregir una de tantas discriminaciones que pueblan la república.
El prelado Norberto Rivera fue como siempre profuso en descalificativos cuando siente que son atacados sus anacrónicos dogmas: ruina, soberbia, perversidad, aberración, fueron algunos de los que espetó para referirse a las reformas legales sobre el matrimonio, con adopción, de los homosexuales. Algo semejante dijo el obispo de la farándula Onésimo Cepeda, aunque ignoro si fue en una fiesta de sociales, en una parranda, en una corrida taurina, o jugando al golf, deporte que, seguramente, practican sus fieles de Ecatepec.
No sólo en México las iglesias andan con esas aberraciones. El cardenal arzobispo emérito de Barcelona, Ricard Maria Carles dijo en una entrevista a TV3 que “obedecer antes la ley que a la conciencia lleva a Auschwitz”. Y agregó, con toda la ignorancia y la desmesurada proclividad por la discriminación propia del ethos religioso: “Porque no eran delincuentes los que hicieron Auschwitz, sino gente a la que se forzó o que creyó que tenía que obedecer primero las leyes del Gobierno nazi que a su conciencia”. Vaya intento de tomadura de pelo la del cardenal catalán: debemos creer que sus dotes divinas le permitieron ver –aún post mortem– el estado de las conciencias de cada uno de los miles de militares alemanes que asesinaron judíos. O bien nos los pinta como ejemplares ciudadanos que obedecen la ley más allá de su conciencia.
No sabe el cardenal que el Estado nazi no era un estado de derecho, por cuanto había alemanes judíos, que no tenían derechos, frente a los alemanes no judíos. En un estado brutalmente inicuo como ese, por supuesto, cabría la objeción de conciencia frente a la ley, aunque el riesgo habría sido mortal. Un estado de derecho, para serlo, entre otras cosas tiene que eliminar toda forma de discriminación, y la de los judíos era una discriminación extrema.
En sociedades simples, inscritas en un estado de derecho, es posible que, para determinadas circunstancias, quepa la objeción de conciencia. Puede así establecerse la excepción. Pero para las sociedades que han devenido complejas, heterogéneas, plurales, eso no basta porque lo regular, sociológicamente hablando, es la mezcla viva y contemporánea de los distintos. La ley tiene que reconocerlo so pena de caer en formas diversas de inadmisible discriminación, como las que se viven en México.
Es claro que el mexicano es un Estado al que le faltan numerosas reformas –especialmente en el tema de la discriminación–, para ser un estado de derecho. Para nadie es un secreto que en México existen formas diversas de ese horror inadmisible que es la discriminación: contra las mujeres, contra los indígenas, contra formas de relación no heterosexual, contra quienes padecen algún tipo de incapacidad.
Las reformas aprobadas por la ALDF son un breve paso más hacia el estado de derecho sensu stricto, pero por lo visto las iglesias no pueden abandonar su índole discriminante y autoritaria. Son ciegas al mundo existente; sólo saben expedir licencias de validez celestial a quienes siguen sus arcaicos delirios morales sobre un decrépito deber ser, pero... el Estado laico está para impedir que nadie imponga su visión del mundo al conjunto de la sociedad. El Estado somos todos, y esos todos somos muy diversos.
Lean Onésimo y Norberto las tesis del ultracatólico filósofo italiano Rocco Buttiglione, nominado en 2004 a la cartera de Seguridad, Libertad y Justicia de la Unión Europea. Sometido a examen por los eurodiputados de cara a ese nombramiento, mantuvo esta postura: la homosexualidad, dijo, “es un pecado índice de desorden moral”; argumentó recordando la diferencia establecida por Kant entre moralidad y ley. “Muchas cosas pueden considerarse inmorales que no pueden prohibirse”, dijo. “Yo puedo pensar que la homosexualidad es un pecado, pero eso no tiene una repercusión sobre la política. De la misma forma que pueden pensar que soy un pecador pero no tiene ninguna consecuencia”; y declaró categóricamente: somos “una comunidad de ciudadanos” en la que podemos tener “opiniones distintas”. “El Estado no tiene ningún derecho de meterse en estos temas y nadie tiene que ser discriminado, como se recoge en el Tratado y en la Constitución europea”.
Los curas Onésimo y Norberto pueden pensar y expresar lo que quieran, pero es su obligación, como la de cualquier ciudadano, someterse a la disposición de la ley.
Una enumeración rápida incluiría: la familia nuclear (una madre, un padre y unos hijos); la familia extensa; la familia estable, con o sin hijos, y sin matrimonio; la monoparental (en algunos casos resultado de hijos procreados por curas); la integrada por personas del mismo sexo; las familias alternativas colectivas que conviven bajo el mismo techo. Agregue usted que las tecnologías médicas actuales permiten arreglos para la procreación que dan lugar a numerosos tipos de familia y de parentescos distintos al de la familia nuclear.
Son, los anteriores, conceptos sociológicos referidos a otras tantas realidades. Toca al legislador entender esas realidades y legislar en consecuencia. Pero estos curas tienen la lunática creencia de que sus anacronismos morales deben convertirse en la ley.
Todos los ciudadanos deben tener el derecho a formar el tipo de familia que prefieran.
El prelado Norberto Rivera fue como siempre profuso en descalificativos cuando siente que son atacados sus anacrónicos dogmas: ruina, soberbia, perversidad, aberración, fueron algunos de los que espetó para referirse a las reformas legales sobre el matrimonio, con adopción, de los homosexuales. Algo semejante dijo el obispo de la farándula Onésimo Cepeda, aunque ignoro si fue en una fiesta de sociales, en una parranda, en una corrida taurina, o jugando al golf, deporte que, seguramente, practican sus fieles de Ecatepec.
No sólo en México las iglesias andan con esas aberraciones. El cardenal arzobispo emérito de Barcelona, Ricard Maria Carles dijo en una entrevista a TV3 que “obedecer antes la ley que a la conciencia lleva a Auschwitz”. Y agregó, con toda la ignorancia y la desmesurada proclividad por la discriminación propia del ethos religioso: “Porque no eran delincuentes los que hicieron Auschwitz, sino gente a la que se forzó o que creyó que tenía que obedecer primero las leyes del Gobierno nazi que a su conciencia”. Vaya intento de tomadura de pelo la del cardenal catalán: debemos creer que sus dotes divinas le permitieron ver –aún post mortem– el estado de las conciencias de cada uno de los miles de militares alemanes que asesinaron judíos. O bien nos los pinta como ejemplares ciudadanos que obedecen la ley más allá de su conciencia.
No sabe el cardenal que el Estado nazi no era un estado de derecho, por cuanto había alemanes judíos, que no tenían derechos, frente a los alemanes no judíos. En un estado brutalmente inicuo como ese, por supuesto, cabría la objeción de conciencia frente a la ley, aunque el riesgo habría sido mortal. Un estado de derecho, para serlo, entre otras cosas tiene que eliminar toda forma de discriminación, y la de los judíos era una discriminación extrema.
En sociedades simples, inscritas en un estado de derecho, es posible que, para determinadas circunstancias, quepa la objeción de conciencia. Puede así establecerse la excepción. Pero para las sociedades que han devenido complejas, heterogéneas, plurales, eso no basta porque lo regular, sociológicamente hablando, es la mezcla viva y contemporánea de los distintos. La ley tiene que reconocerlo so pena de caer en formas diversas de inadmisible discriminación, como las que se viven en México.
Es claro que el mexicano es un Estado al que le faltan numerosas reformas –especialmente en el tema de la discriminación–, para ser un estado de derecho. Para nadie es un secreto que en México existen formas diversas de ese horror inadmisible que es la discriminación: contra las mujeres, contra los indígenas, contra formas de relación no heterosexual, contra quienes padecen algún tipo de incapacidad.
Las reformas aprobadas por la ALDF son un breve paso más hacia el estado de derecho sensu stricto, pero por lo visto las iglesias no pueden abandonar su índole discriminante y autoritaria. Son ciegas al mundo existente; sólo saben expedir licencias de validez celestial a quienes siguen sus arcaicos delirios morales sobre un decrépito deber ser, pero... el Estado laico está para impedir que nadie imponga su visión del mundo al conjunto de la sociedad. El Estado somos todos, y esos todos somos muy diversos.
Lean Onésimo y Norberto las tesis del ultracatólico filósofo italiano Rocco Buttiglione, nominado en 2004 a la cartera de Seguridad, Libertad y Justicia de la Unión Europea. Sometido a examen por los eurodiputados de cara a ese nombramiento, mantuvo esta postura: la homosexualidad, dijo, “es un pecado índice de desorden moral”; argumentó recordando la diferencia establecida por Kant entre moralidad y ley. “Muchas cosas pueden considerarse inmorales que no pueden prohibirse”, dijo. “Yo puedo pensar que la homosexualidad es un pecado, pero eso no tiene una repercusión sobre la política. De la misma forma que pueden pensar que soy un pecador pero no tiene ninguna consecuencia”; y declaró categóricamente: somos “una comunidad de ciudadanos” en la que podemos tener “opiniones distintas”. “El Estado no tiene ningún derecho de meterse en estos temas y nadie tiene que ser discriminado, como se recoge en el Tratado y en la Constitución europea”.
Los curas Onésimo y Norberto pueden pensar y expresar lo que quieran, pero es su obligación, como la de cualquier ciudadano, someterse a la disposición de la ley.
Una enumeración rápida incluiría: la familia nuclear (una madre, un padre y unos hijos); la familia extensa; la familia estable, con o sin hijos, y sin matrimonio; la monoparental (en algunos casos resultado de hijos procreados por curas); la integrada por personas del mismo sexo; las familias alternativas colectivas que conviven bajo el mismo techo. Agregue usted que las tecnologías médicas actuales permiten arreglos para la procreación que dan lugar a numerosos tipos de familia y de parentescos distintos al de la familia nuclear.
Son, los anteriores, conceptos sociológicos referidos a otras tantas realidades. Toca al legislador entender esas realidades y legislar en consecuencia. Pero estos curas tienen la lunática creencia de que sus anacronismos morales deben convertirse en la ley.
Todos los ciudadanos deben tener el derecho a formar el tipo de familia que prefieran.
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