Analizará su probable responsabilidad en el caso ABC
Va la Cámara por el juicio político contra Molinar
Aprueban partidos abrir una valoración técnica-jurídica sobre el asunto
Toman como base el documento elaborado por el ministro Zaldívar
Una hora después recula Acción Nacional y trata de desviar el tema
Roberto Garduño y Enrique Méndez
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad –incluido el PAN– instruir a la dirección jurídica del órgano legislativo a proporcionarle –en un plazo de cinco días hábiles– los argumentos legales, jurídicos, de opinión y valoración técnica sobre el procedimiento a seguir en caso de iniciarse el procedimiento de juicio político en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, si se configura su probable responsabilidad en el caso de la tragedia de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.
Los argumentos del principal órgano de gobierno de la Cámara de Diputados establecen que en el denominado estado de derecho el ámbito de acción de los poderes públicos está determinado por la ley, y los servidores públicos, por elección o designación, deben responder ante ésta por el uso de las facultades que expresamente se les confiere; además, la responsabilidad de los servidores públicos no se concreta debidamente ante la ley cuando las obligaciones son meramente declarativas y por tanto no son exigibles, generando impunidad.
Por tal cúmulo de razones, la Junta de Coordinación Política valoró el contenido del Dictamen de la Facultad de Investigación 1/2009, sobre el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, elaborado por el ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, en torno a la responsabilidad de servidores públicos y en lo particular en lo referente a la imputada a Juan Molinar Horcasitas, de quien se señala lo siguiente:
“Le es atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia ocurrida en la guardería ABC… Juan Molinar Horcasitas, en el periodo de sus gestiones, tenía el deber ineludible de supervisar y ejercer un control efectivo de la actuación de sus subordinados, por lo que las acciones u omisiones que le resulten imputables (…) en lo concreto, irradian hacia el titular del instituto.”
La Junta de Coordinación advierte que por tratarse de un asunto de interés general es necesario valorar todas las condiciones técnicas y jurídicas necesarias con objeto de explorar la procedencia del juicio político en contra del citado funcionario federal.
“En este contexto, la Junta de Coordinación Política, en el ámbito de sus atribuciones, ha considerado necesario suscribir el presente acuerdo a efecto de que los órganos técnicos de la Cámara de Diputados exploren y analicen la posibilidad técnica y jurídica para iniciar juicio político en contra del C. Juan Francisco Molinar Horcasitas en los términos de lo dispuesto por el Título IV de la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”
Roberto Garduño y Enrique Méndez
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad –incluido el PAN– instruir a la dirección jurídica del órgano legislativo a proporcionarle –en un plazo de cinco días hábiles– los argumentos legales, jurídicos, de opinión y valoración técnica sobre el procedimiento a seguir en caso de iniciarse el procedimiento de juicio político en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, si se configura su probable responsabilidad en el caso de la tragedia de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.
Los argumentos del principal órgano de gobierno de la Cámara de Diputados establecen que en el denominado estado de derecho el ámbito de acción de los poderes públicos está determinado por la ley, y los servidores públicos, por elección o designación, deben responder ante ésta por el uso de las facultades que expresamente se les confiere; además, la responsabilidad de los servidores públicos no se concreta debidamente ante la ley cuando las obligaciones son meramente declarativas y por tanto no son exigibles, generando impunidad.
Por tal cúmulo de razones, la Junta de Coordinación Política valoró el contenido del Dictamen de la Facultad de Investigación 1/2009, sobre el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, elaborado por el ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, en torno a la responsabilidad de servidores públicos y en lo particular en lo referente a la imputada a Juan Molinar Horcasitas, de quien se señala lo siguiente:
“Le es atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia ocurrida en la guardería ABC… Juan Molinar Horcasitas, en el periodo de sus gestiones, tenía el deber ineludible de supervisar y ejercer un control efectivo de la actuación de sus subordinados, por lo que las acciones u omisiones que le resulten imputables (…) en lo concreto, irradian hacia el titular del instituto.”
La Junta de Coordinación advierte que por tratarse de un asunto de interés general es necesario valorar todas las condiciones técnicas y jurídicas necesarias con objeto de explorar la procedencia del juicio político en contra del citado funcionario federal.
“En este contexto, la Junta de Coordinación Política, en el ámbito de sus atribuciones, ha considerado necesario suscribir el presente acuerdo a efecto de que los órganos técnicos de la Cámara de Diputados exploren y analicen la posibilidad técnica y jurídica para iniciar juicio político en contra del C. Juan Francisco Molinar Horcasitas en los términos de lo dispuesto por el Título IV de la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”
El ex director del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar HorcasitasFoto Guillermo Sologuren /ArchivoEl acuerdo fue impulsado por Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, y avalado por Alberto Pérez Cuevas (PAN), Alejandro Encinas (PRD), Juan José Guerra Abud (PVEM), Cora Cecilia Pinedo (Nueva Alianza) y Jaime Cárdenas (PT).
El blanquiazul lo piensa mejor
Una vez transcurrida una hora, las diferencias en torno al contenido se convirtieron en acusaciones entre el PRI y el PAN. Pérez Cuevas trató de acotar el término de la orden a las instancias jurídicas de la Cámara de Diputados: “El análisis que se realiza, y que se pide que lo hagan los órganos técnico-jurídicos, versará no sólo sobre lo del caso ABC, como se ha manifestado ya, porque finalmente hay otros antecedentes, o por lo menos el tema central en el cual se basa, que es el análisis del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; tiene que ver con otros análisis, como es el caso Atenco, como en el tema del caso Lydia Cacho y como en el asunto de la violación de los derechos humanos en Oaxaca”.
El legislador panista se inquietó cuando se le dijo que el acuerdo firmado sólo se refería a Juan Francisco Molinar Horcasitas, y que corroborara si la rubrica era suya o no.
“Pues ese acuerdo entregado lo desconocemos, porque no se entregó; el que se entregó ahí se modificó. Se modificó el acuerdo… mi firma sí es, lo que no es lo del acuerdo.”
El debate llega al terreno de las elecciones del 4 de julio
En respuesta, Ramírez Marín adujo que Pérez Cuevas debatió con él en materia de técnica jurídica, y el acuerdo en el seno de la Junta de Coordinación se había alcanzado entre todos los legisladores presentes. “El diputado solicitó que se incluyera en el texto del acuerdo la siguiente observación para en su caso iniciar el procedimiento de juicio político contra Juan Molinar.”
Incluso, llevó el debate al terreno de la disputa electoral, pues al preguntarle su postura en torno a las grabaciones que involucran a los gobernadores de Veracruz y de Oaxaca, repuso: “El que se mete a una guerra sucia tiene que prepararse y ponerse un impermeable para que le arrojen lo que venga…”
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