Escamotea Los Pinos por qué extingue LFC
Niega el Ejecutivo información sobre LFC; argumenta que fue reservada
Los datos son requeridos por la Cámara de Diputados
Roberto Garduño
El gobierno del presidente Felipe Calderón informó a la Cámara de Diputados que la documentación referente a Luz y Fuerza del Centro solicitada para elaborar el análisis sobre la probable controversia constitucional contra el decreto de extinción de la empresa fue reservada por la Secretaría de Energía.
La Presidencia, mediante la Secretaría de Gobernación, informó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados su determinación de salvaguardar los documentos que días atrás solicitó el grupo plural de legisladores encargado de analizar y proponer la viabilidad de una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, ante el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Así, la mesa directiva informó a la Junta de Coordinación Política del órgano camaral la determinación del Ejecutivo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas Gutiérrez, prosiguió con el trámite y envió un oficio a cada coordinador de los grupos parlamentarios, explicando esta decisión del Ejecutivo.
El argumento de Gobernación señala que la Secretaría de Energía se amparó en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el cual se niega la información.
Grupo plural de legisladores
Tras la acción que dio por extinta la paraestatal, la Cámara aprobó un punto de urgente y obvia resolución por el cual se constituyó el grupo plural de legisladores que, con asistencia de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, estudia la elaboración de la controversia o de la acción de inconstitucionalidad.
Los diputados federales dicen en el punto que da por conformado el grupo que los trabajadores no originaron el quebranto financiero de la empresa. Demandan al Ejecutivo deslindar responsabilidades y no satanizar al sindicato.
Las dudas jurídicas a que dio origen el decreto presidencial tienen que ver con las irregularidades de la acción policiaca porque, exponen los diputados, lo correcto debería haber sido primero el decreto y después los actos de la Policía Federal.
Dicen que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 aparecen presupuestados para LFC 35 mil millones de pesos, lo que significa que la Cámara de Diputados deberá ser parte de la decisión del destino de la compañía, ya que, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, el Legislativo es el que aprueba el presupuesto de la Federación. De tal suerte, que el gobierno no puede hacer uso de los recursos de manera discrecional.
El gobierno del presidente Felipe Calderón informó a la Cámara de Diputados que la documentación referente a Luz y Fuerza del Centro solicitada para elaborar el análisis sobre la probable controversia constitucional contra el decreto de extinción de la empresa fue reservada por la Secretaría de Energía.
La Presidencia, mediante la Secretaría de Gobernación, informó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados su determinación de salvaguardar los documentos que días atrás solicitó el grupo plural de legisladores encargado de analizar y proponer la viabilidad de una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, ante el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Así, la mesa directiva informó a la Junta de Coordinación Política del órgano camaral la determinación del Ejecutivo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas Gutiérrez, prosiguió con el trámite y envió un oficio a cada coordinador de los grupos parlamentarios, explicando esta decisión del Ejecutivo.
El argumento de Gobernación señala que la Secretaría de Energía se amparó en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el cual se niega la información.
Grupo plural de legisladores
Tras la acción que dio por extinta la paraestatal, la Cámara aprobó un punto de urgente y obvia resolución por el cual se constituyó el grupo plural de legisladores que, con asistencia de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, estudia la elaboración de la controversia o de la acción de inconstitucionalidad.
Los diputados federales dicen en el punto que da por conformado el grupo que los trabajadores no originaron el quebranto financiero de la empresa. Demandan al Ejecutivo deslindar responsabilidades y no satanizar al sindicato.
Las dudas jurídicas a que dio origen el decreto presidencial tienen que ver con las irregularidades de la acción policiaca porque, exponen los diputados, lo correcto debería haber sido primero el decreto y después los actos de la Policía Federal.
Dicen que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 aparecen presupuestados para LFC 35 mil millones de pesos, lo que significa que la Cámara de Diputados deberá ser parte de la decisión del destino de la compañía, ya que, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, el Legislativo es el que aprueba el presupuesto de la Federación. De tal suerte, que el gobierno no puede hacer uso de los recursos de manera discrecional.
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