Tan sólo anoche en el programa de tercer "gramo" los levantacejas de televisa afirmaban rotundamente que las manifestaciones en las calles no lograban nada , haciendo clara referencia a la que hoy tendrá lugar en el DF por parte del SME a la cual se sumarán muchos sindicatos incluyendo el movimiento de AMLO , en ese eterno afán que tienen los medios plegados al poder de poner a la opinión pública en contra de estos movimientos y de desestimar los resultados de las mismas y de desalentar a quien se deje . Aqui , con la decisión de la Suprema Corta , quedó demostrado que algo puede lograrse . La presión que ejerció el movimiento de la APPO fué tanto que a estos personajes ensotanados no les quedó más remedio que aceptar que en Oaxaca hubo violaciones gravísimas a los derechos humanos , incluyendo asesinatos ; lástima que la Suprema Corta de la Nación no se atrevió a llegar hasta Fox y lástima también que su decisión no sea vinculante , pero tocará ahora al PRI la decisión de desaforar a Ulises Ruiz y poder meterlo a la carcel , lo cual se ve muy dificil ya que este simulacro de gobernador es priista .
Existen otros dos ejemplos de que cuando los movimientos sociales que enarbolan causas justas salen a las calles , si obtienen resultados positivos más temprano que tarde , lo tenemos con el desafuero de AMLO , las personas que salieron a manifestarse en el 2005 fué tan voluminoso (más de dos millones de personas) que Fox tuvo que retractarse ; el otro es más reciente y fue apenas hace más o menos un año , cuando el movimiento de AMLO logró impedir la privatización de PEMEX .
¿Recuerdan que Andrés Manuel López Obrador fué desaforado por intentar abrir una calle para comunicar un hospital , cuyo unico propósito era el de impedir que compitiera en las elecciones del 2006 ? bueno , pues ¿saben que va a pasar con Ulises Ruíz ? : absolutamente nada , quedará impune por obra y gracia del PRI , del PAN y de Felipe Calderón , al igual que Mario Marín , gobernador de Puebla y al igual que muchos otros crimenes que se han cometido en nuestro país en 70 años del priato y en 9 años del panismo .
Es responsable de violación grave de garantías individuales
Ulises Ruiz dejó correr la violencia en Oaxaca: SCJN
Su omisión causó “desorden generalizado” en la capital estatal, señala
Rechaza el tribunal atribuir culpa a Fox, Medina Mora y Abascal
PRD, PT y ONG: se quedó corto el fallo sobre los hechos de 2006
Ministros exculpan a Fox y funcionarios de su gabinete de los hechos de 2006 y 2007
Jesús Aranda
El gobernador Ulises Ruiz es responsable de violaciones graves de garantías individuales ocurridas en Oaxaca, resolvió ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por siete votos a cuatro.
Los ministros consideraron que el mandatario estatal no cumplió con su obligación de mantener el orden público y que su omisión derivó en “desorden generalizado” en la capital del estado y su zona conurbada de mayo de 2006 a enero de 2007 y en julio de este último año.
En una sesión en la que algunos ministros cambiaron de opinión y votaron en contra de sus afirmaciones previas, el máximo tribunal rechazó por ocho votos a tres la propuesta de los ministros Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío de incluir al ex presidente Vicente Fox; a Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública federal, y a Carlos Abascal, quien fue titular de Gobernación, entre los culpables de permitir que la falta de gobernabilidad en la entidad diera lugar a acciones de particulares que derivaron en la afectación de derechos fundamentales.
Exentos de responsabilidad
También quedaron exentos de cualquier acusación el general Héctor Sánchez Gutiérrez, ex coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), actual diputado federal.
A su vez, el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, reprochó al mandatario oaxaqueño pretender “trasladar el problema a la autoridad federal”.
Ningún integrante del pleno apoyó a Silva Meza en su intención de responsabilizar también al presidente Felipe Calderón –argumentó que la violación de garantías continuó después del relevo presidencial–, y sólo hubo apoyo para agregar, entre las garantías individuales violentadas, el derecho a la información.
Quedaron en palabras también las intervenciones de ministros que afirmaron el pasado miércoles que las autoridades federales incurrieron en omisión al no atender a tiempo la petición del Ejecutivo y el Congreso oaxaqueños de apoyar a la fuerza pública local para resolver el conflicto social que se vivía.
Después de dos días de sesiones, en los que cada ministro fijó su postura sobre la investigación solicitada en 2006 por la Cámara de Diputados, el pleno resolvió con velocidad inusitada una investigación que duró año y medio y fue sintetizada en un proyecto de 923 cuartillas.
Los ministros sólo coincidieron en señalar que hubo violación generalizada de garantías.
La votación mayoritaria sólo responsabilizó a mandos policiacos estatales: al director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; al director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y al director de la Policía Auxiliar, Joaquín Darío Berges.
También responsabilizó a policías locales y federales que incurrieron directamente en el uso excesivo de la fuerza en los operativos en que tomaron parte.
Ayer la voz discordante fue la del ministro Silva Meza, quien enfatizó que los hechos en Oaxaca “pasarán a formar parte como páginas negras del libro de la historia de nuestro país”.
Acusó a Daniel Cabeza de Vaca, entonces procurador general de la República, de haber mentido en el informe que entregó sobre los hechos, al aseverar que no habían participado agentes federales en tres cateos. También censuró al Ejército por negarse a informar los nombres y cargos de los soldados que participaron en los operativos, aun cuando estuvieran en calidad de comisionados en la PFP.
Infructuosamente, Silva Meza convocó a sus compañeros a reivindicar el derecho que tienen las víctimas a la reparación, para actuar en contra de los servidores públicos que hayan vulnerado sus garantías individuales.
Tampoco se sumaron a su exigencia de considerar violado el derecho a la verdad, “entendido como un mecanismo de reparación de derechos humanos, como una medida de no repetición.
“Al estudiar el caso Oaxaca, a la luz de lo ocurrido en Atenco, podríamos concluir que estamos frente a una responsabilidad de Estado agravada, lo cual vuelve imposible exculpar a quienes estuvieron encargados del mando de las fuerzas federales en ambas ocasiones”, dijo, y añadió que los dos casos, que fueron analizados por la Corte, “sucedieron con pocos meses de diferencia; que en el ámbito federal involucra a varias autoridades: el mismo titular del Ejecutivo, el mismo secretario de Gobernación, el mismo titular de Seguridad Pública federal, el mismo procurador”.
La resolución que señala la responsabilidad de Ruiz, aprobada por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero, será enviada, una vez que se redacte la versión final del dictamen, al presidente de la República, al Congreso, a los gobernadores, a los procuradores –incluido el General de la República– y a los titulares de Seguridad Pública federal, estatales y municipales.
La Suprema Corte ordenó también que la resolución se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado de Oaxaca.
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