Cifra reportada por la gerencia comercial los días previos al cierre

Empresas privadas deben a LFC $2 mil 160 millones

Presentan adeudos hasta de ocho años de antigüedad, pero mantienen el servicio

Colusión con funcionarios y amparos, las tácticas usadas

Desde el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza hasta hoy, el erario ha dejado de captar 2 mil 400 millones de pesos, correspondientes a la facturación de grandes consumidoresFoto José Carlo González /Archivo




Fabiola Martínez

En los días previos al cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la gerencia comercial de este organismo reportó cuentas por cobrar por al menos 2 mil 160 millones de pesos, correspondientes a empresas privadas que presentan adeudos hasta de ocho años de antigüedad. Sin embargo, mantienen el servicio de energía eléctrica debido a convenios formales e informales autorizados por altos funcionarios de este organismo y también por amparos en el Poder Judicial.

Además de las altas deudas de dependencias públicas y embajadas, en las “cuentas especiales” (clasificadas así por el alto nivel de consumo) hay una factura por cobrar por 212 millones de pesos (del ramo textil), tres por más de 100 millones, una por 71, dos por más de 60, tres en el rango de los 50 y tres más por más de 40 millones de pesos.

También, cuatro en el nivel de 30 a 40 millones de pesos, nueve empresas con adeudos de entre 20 y 30, una veintena más con facturas por pagar entre 10 y 20 millones y 19 con deudas de entre 5 y 10 millones de pesos.

La mayoría corresponde a la industria de la transformación: fábricas de textiles, hule, plástico, papel, madera, hierro, aluminio, químicos y piel, aunque en la lista de morosos también hay escuelas, gasolineras, hoteles, panaderías, productores de hielo, bodegas, lavanderías, oficinas, cines, cremerías y más.

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Prevé el encarecimiento del servicio eléctrico; comenzó la firma de sindicalizados para ampararse

El segundo golpe por la extinción de LFC vendrá contra los usuarios, dice el SME

Electricistas frente al Senado de la República, el pasado viernes 23 de octubreFoto Yazmín Ortega Cortés

Patricia Muñoz Ríos

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) informó ayer que los trabajadores ya empezaron a firmar las demandas de amparo individuales y colectiva contra el decreto que extingue la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC), y señaló que, luego del “golpe” que se propinó al gremio con esta medida, vendrá otro contra los usuarios, que verán encarecerse el servicio de energía eléctrica y serán quienes paguen la liquidación de la paraestatal.

Este domingo, los trabajadores del SME no descansaron. Participaron temprano en un mitin de apoyo organizado en el Zócalo capitalino por el Movimiento Nacional por la Esperanza; estuvieron también en un festival cultural que se efectuó en el Ángel de la Independencia, y alrededor de las 18 horas iniciaron una tardeada en el centro deportivo que la organización tiene en el sur de esta ciudad, para recolectar víveres y recursos para su lucha.

En la Plaza de la Constitución, el vocero de la organización, Fernando Amezcua, comentó que en esta lucha del SME “no hay marcha atrás” y que no parará hasta que recuperen su fuente de trabajo y salga la policía de las instalaciones donde debería haber trabajadores. Sostuvo que una vez fijadas las posiciones tanto del gobierno como del Sindicato Mexicano de Electricistas, no queda más que la vía jurídica y de la movilización.


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Organizaciones laborales desglosan el embate oficial hacia diversos gremios

Gobiernos de AN han mantenido un ataque frontal contra los sindicatos independientes

Colecta de la organización Flor y Canto para trabajadores electricistas, en el Ángel de IndependenciaFoto María Luisa Severiano



Patricia Muñoz Ríos

El gobierno actual, igual que el anterior, mantiene un ataque frontal contra el sindicalismo independiente, además de que las autoridades laborales han fallado indistintamente en contra de los trabajadores en diversas disputas que se han presentado en este sexenio, e incluso han autorizado recorte de contratos colectivos, prestaciones y sistemas de pensiones, advierten diversas organizaciones laborales.

Denuncian que no ha sido sólo el embate contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ya que también la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ha fallado contra las huelgas mineras, ha permitido el recorte de prestaciones para trabajadores del sector aéreo, ha archivado por tres años consecutivos las demandas de incremento salarial de los sobrecargos, favoreciendo a la patronal, además de que no ha obligado a que los patrones cumplan sus compromisos laborales, como en el caso de Vidriera del Potosí.

En cambio, cuando un tribunal ordenó que se quitara la toma de nota a Carlos Romero Deschamps como secretario general del sindicato petrolero, las autoridades laborales cumplieron, pero en pocos días le dieron otra.

El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, la Alianza de Tranviarios, la sección 9 del SNTE, el Frente Auténtico del Trabajo, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, entre otras organizaciones, apuntaron lo anterior al confirmar que muchos de estos casos se revisarán hoy en el Tribunal Internacional de Libertad Sindical. Al respecto, el catedrático y experto del sector laboral José Alfonso Bouzas planteó que “la precarización del trabajo ha sido una constante en el régimen del presidente Felipe Calderón, mientras que el líder de la Alianza de Tranviarios, Benito Bahena, sostuvo que éste ha sido uno de los sexenios donde la política antiobrera ha alcanzado su clímax.

Bouzas advirtió que prácticamente se están acabando los sindicatos independientes y la gran mayoría de los gremios están bajo contratos de protección. Sin embargo, a los dirigentes de estos sindicatos fantasmas las autoridades laborales sí les dan la toma de nota, se les permiten relecciones eternas, no se objeta el manejo de sus recursos e incluso en algunos casos, como en el sindicato petrolero y el del magisterio, no se cuestionan las millonarias transferencias de recursos gubernamentales para estas organizaciones y hasta los funcionarios son amigos de los líderes.

Pedro Hérnandez, representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la sección 9 del SNTE, recordó, por ejemplo, que hace cinco años Elba Esther Gordillo se declaró lideresa vitalicia de esta organización; sin embargo, ella sí es amiga del gobierno en turno. Explicó que hay un fallo de un tribunal para que se convoque a elecciones en esta sección 9, porque Gordillo Morales impuso hace un año a una persona cercana a ella al frente de esta representación, pero no se quiere respetar esta determinación judicial.

En México ocurren graves violaciones a la libertad sindical; se ponen trabas a sindicatos en constitución, como la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, el Sindicato 20 de Noviembre del Valle de México o el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud.

Héctor de la Cueva, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, apuntó que la autonomía de los sindicatos auténticos es vulnerada constantemente por la intromisión abierta del Estado, pues en general el registro o reconocimiento de sus direcciones electas están sujetos a la mayor arbitrariedad de las autoridades laborales.

Los trabajadores mexicanos se ven obligados a recorrer un verdadero vía crucis para contar con un sindicato auténtico y casi nunca lo consiguen; muchas veces pierden su trabajo y arriesgan incluso su integridad física, por lo que resulta una cruel ironía, una contradicción y una simulación inadmisible que el año pasado el gobierno mexicano haya sido admitido como integrante del comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyó.