Evaporadas, millonarias utilidades de Pemex
JESUSA CERVANTES
Creadas por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, diversas empresas filiales de Petróleos Mexicanos evaden los mecanismos de fiscalización legislativos y operan en la absoluta impunidad, con el argumento de que no son parte de la administración pública. La Auditoría Superior de la Federación le corrige la plana a la paraestatal y le exige que compruebe el destino de casi 7 mil millones de pesos en utilidades, registradas entre 2006 y 2007, tan sólo de una refinería en Texas, de la que es dueña en 50%.
JESUSA CERVANTES
Creadas por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, diversas empresas filiales de Petróleos Mexicanos evaden los mecanismos de fiscalización legislativos y operan en la absoluta impunidad, con el argumento de que no son parte de la administración pública. La Auditoría Superior de la Federación le corrige la plana a la paraestatal y le exige que compruebe el destino de casi 7 mil millones de pesos en utilidades, registradas entre 2006 y 2007, tan sólo de una refinería en Texas, de la que es dueña en 50%.
Por medio de un complicado entramado financiero de 11 empresas, cinco de ellas creadas al final del sexenio de Miguel de la Madrid y el resto en el de Carlos Salinas de Gortari, Pemex comercializa importaciones y exportaciones de crudo y sus derivados en el mundo sin rendir cuentas de ingresos y egresos. Incluso, en 1993 compró a Shell 50% de Deer Park Refining Limited Parthnership, una refinería en Houston, Texas, que a la fecha no ha entregado su parte de ganancias a la paraestatal mexicana.
A petición de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó por vez primera un análisis del manejo de los recursos de la refinería mexicana radicada en el extranjero. Los resultados contenidos en la revisión de la cuenta pública de 2007 fueron preocupantes: de los más de 9.2 mil millones de pesos en utilidades obtenidas por Deer Park entre 2006 y 2007, casi 2 mil 297 millones de pesos se pagaron en impuestos a Estados Unidos. Del resto, poco menos de 6 mil 918 millones de pesos, "no se aclaró el destino".
Además, el manejo de los recursos financieros tanto de la refinería mexicana en Texas como del entramado financiero de las 11 empresas que hoy integran el Grupo PMI (Pemex Internacional), están fuera del alcance de la fiscalización de la Cámara de Diputados y el destino de sus utilidades lo determinan tres funcionarios que ocupan los principales puestos de PMI, quienes a su vez designan operadores en cada una de las empresas.
Según lo reportado por PMI a la ASF, esas 11 empresas y la refinería en el extranjero no son parte de la administración pública, por lo que no están obligadas a rendir cuentas al Congreso de la Unión. De hecho, desde 1990 la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto a cargo de Ernesto Zedillo Ponce de León confirmó el criterio de PMI. Ya como presidente de la República, Zedillo conservó el mismo esquema, que ha sido avalado por los gobierno panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, lo que mantiene en la opacidad el manejo de los millonarios recursos de Pemex a nivel internacional.
Pero el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón, le recordó a Pemex que:
"Al ser Pemex una entidad paraestatal sujeta a control presupuestal directo por parte de la Cámara de Diputados, como cualquier otra inversión que tiene ese organismo descentralizado, los ingresos que debería obtener Pemex por los recursos invertidos en Deer Park, por un lado, tendrían que ser considerados ingresos públicos y registrados como tales en la Ley de Ingresos de la Federación y de la Cuenta Pública, y por otro lado la aplicación o utilización de los mismos constituyen gasto público que debe ser autorizado por la Cámara de Diputados y también registrado en la Cuenta Pública del ejercicio de que se trate."
"Al ser Pemex una entidad paraestatal sujeta a control presupuestal directo por parte de la Cámara de Diputados, como cualquier otra inversión que tiene ese organismo descentralizado, los ingresos que debería obtener Pemex por los recursos invertidos en Deer Park, por un lado, tendrían que ser considerados ingresos públicos y registrados como tales en la Ley de Ingresos de la Federación y de la Cuenta Pública, y por otro lado la aplicación o utilización de los mismos constituyen gasto público que debe ser autorizado por la Cámara de Diputados y también registrado en la Cuenta Pública del ejercicio de que se trate."
Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1691 que empezó a circular este domingo 29 de marzo.