Miguel Concha
Contra la criminalización de la protesta social
Contra la criminalización de la protesta social
Mañana por la mañana tendrá lugar en el monumento del Ángel de la Independencia un acto público contra la criminalización y la represión de la protesta social. Forma parte de las actividades de la 36 Asamblea de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que ya interrelaciona a más de 62 organizaciones de defensa y protección de las garantías individuales en más de 20 entidades de la República, y dio inicio el pasado viernes en esta ciudad. Con él se da continuidad a la campaña Protestar es un derecho, reprimir es un delito, que a escala nacional lanzó la Red desde el 4 de febrero de este año.
A su invitación abierta para participar en el acto de este domingo se han venido sumando académicos, líderes de opinión, integrantes de movimientos sociales, miembros de otras organizaciones de derechos humanos y ambientales, así como personas que a lo largo del año han apoyado esta importante causa. Como se recordará, en aquella fecha la Red publicó un informe, en el que documenta y sistematiza 60 distintos casos en 17 entidades federativas, 32 de ellos referidos a la imposición y el desarrollo arbitrario de supuestos proyectos económicos de beneficio para la comunidad, y 28 relacionados con casos específicos de criminalización de la protesta social. De su análisis, la Red concluye que en nuestro país se vive una lacerante violencia estructural, ejercida por las instituciones públicas y el sistema social, que se manifiesta tanto en la desigualdad como en la represión. Dicha violencia se ha venido incluso ampliando mediante cambios legislativos que la profundizan, como la flexibilización laboral, la restricción al derecho de huelga y las reformas al artículo 27 constitucional, a la Ley del ISSSTE, a la del IMSS, y a la nueva normatividad en las estaciones migratorias, etcétera, a las que habría que añadir algunas de las modificaciones en materia de justicia penal aprobadas este año por el constituyente permanente, y la iniciativa de la llamada Ley de la Policía Federal, que de nueva cuenta envió el pasado martes el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.
A su invitación abierta para participar en el acto de este domingo se han venido sumando académicos, líderes de opinión, integrantes de movimientos sociales, miembros de otras organizaciones de derechos humanos y ambientales, así como personas que a lo largo del año han apoyado esta importante causa. Como se recordará, en aquella fecha la Red publicó un informe, en el que documenta y sistematiza 60 distintos casos en 17 entidades federativas, 32 de ellos referidos a la imposición y el desarrollo arbitrario de supuestos proyectos económicos de beneficio para la comunidad, y 28 relacionados con casos específicos de criminalización de la protesta social. De su análisis, la Red concluye que en nuestro país se vive una lacerante violencia estructural, ejercida por las instituciones públicas y el sistema social, que se manifiesta tanto en la desigualdad como en la represión. Dicha violencia se ha venido incluso ampliando mediante cambios legislativos que la profundizan, como la flexibilización laboral, la restricción al derecho de huelga y las reformas al artículo 27 constitucional, a la Ley del ISSSTE, a la del IMSS, y a la nueva normatividad en las estaciones migratorias, etcétera, a las que habría que añadir algunas de las modificaciones en materia de justicia penal aprobadas este año por el constituyente permanente, y la iniciativa de la llamada Ley de la Policía Federal, que de nueva cuenta envió el pasado martes el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.
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