Editorial
Reforma energética peligrosa
Sin realizar cambio alguno en los documentos que le fueron turnados por el Senado de la República, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer los siete dictámenes que componen la llamada reforma energética, en una sesión caótica y crispada que a fin de cuentas reflejó a su manera el estado de ánimo del país en torno a esos cambios legales. Con ello, los legisladores desatendieron el reclamo de los miles de ciudadanos que integran el Movimiento en Defensa del Petróleo, y que fue replanteado ayer mismo ante diputados federales por su dirigente, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de incorporar en alguna parte de las minutas restricciones explícitas a la entrega de bloques petroleros exclusivos a compañías privadas, pues no hacerlo implicaría “ceder pedazos de nuestro territorio a empresas extranjeras”.
Una vez que se dio a conocer el resultado de la votación legislativa, el político tabasqueño reiteró el plan de acción que había dado a conocer el pasado domingo, en el que destaca la elaboración, junto con abogados constitucionalistas, de un programa de amparos ciudadanos en contra de la reforma energética y la comparecencia ante foros internacionales para exponer sus deficiencias. Al mismo tiempo, López Obrador convocó a su movimiento a reorganizarse y vigilar, “contrato por contrato, obra por obra”, los tratos del gobierno calderonista con las corporaciones trasnacionales.
Ciertamente, la cerrazón que la coalición gobernante PAN-PRI exhibió en el Senado ante el planteamiento del ex candidato presidencial hacía previsible la aprobación, pero no fue una decisión afortunada, pues con ella se canceló la posibilidad de desactivar el principal factor de confrontación política entre los muchos que enfrenta la vida republicana del país y se dio fundamento a la sospecha del movimiento ciudadano de que el grupo gobernante, a pesar de haber omitido las expresiones más evidentemente privatizadoras contenidas en la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal en abril pasado, no ha cejado en sus empeños por transferir la riqueza petrolera de la nación a intereses empresariales locales y foráneos. Peor aún, la tajante negativa a incluir una prohibición expresa de asignar en exclusiva y por tiempo indeterminado bloques del territorio mexicano a corporaciones petroleras hace pensar que no sólo están en peligro los hidrocarburos, sino también la soberanía territorial.
Los hechos indican que el grupo en el poder ha transferido a manos privadas todos los bienes públicos y todas las atribuciones estatales que ha podido, y ha sido sistemáticamente omiso, por decir lo menos, en la defensa de la soberanía nacional. Hay, por ello, razones de peso para temer que los resquicios que persisten en la legislación aprobada serán tarde o temprano, a menos que se produjera una reconfiguración radical del poder político, utilizados para enajenar propiedad nacional, ceder soberanía y beneficiar a los estamentos corporativos del gran capital internacional, a pesar de los empeños del gobierno federal por negar la intención de entregar Pemex a particulares; cabe recordar, al respecto, que ayer mismo la dirección de la paraestatal reiteró que con la reforma “ni se cede territorio a empresas extranjeras ni renta petrolera”.
Con todo, para el calderonismo sería muy peligroso actuar, en el campo de los hidrocarburos, en sentido contrario al de la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional. Porque si la opinión pública llegara a descubrir que, pese a sus promesas, el gobierno ha acordado contratos que impliquen cesión de renta petrolera o de control territorial, la actual administración no sólo tendría que enfrentar una protesta política y social ampliada, renovada y fortalecida, sino que cargaría, por añadidura, con un descrédito monumental y con una imagen irremisible de mendacidad, lo que ahondaría gravemente el déficit de legitimidad que arrastra de origen.
En suma, la apuesta realizada con esta reforma por la coalición político-mediático-empresarial que detenta el poder resulta sumamente riesgosa. A pesar de las mentiras, calumnias e insidias, y pese a la represión de que ha sido objeto, la movilización popular en defensa del petróleo y su dirigencia han dado muestras de responsabilidad, civilidad, mesura y prudencia; no han incurrido en llamados a la violencia y antes bien han decidido mantenerse por la vía de los cauces institucionales y legales, como puede apreciarse en el plan de acción desglosado ayer, frente al Palacio Legislativo, por López Obrador. Pero si los hechos demuestran que los temores y sospechas en torno a la reforma energética eran fundados, el descontento popular –ahondado para colmo por los efectos de una crisis económica gravísima, que las voces del régimen abordan en forma irresponsable y frívola– podría resultar incontenible y rebasar a sus actuales dirigencias, con lo que el gobierno se habría puesto a sí mismo en un entorno de ingobernabilidad.
Una vez que se dio a conocer el resultado de la votación legislativa, el político tabasqueño reiteró el plan de acción que había dado a conocer el pasado domingo, en el que destaca la elaboración, junto con abogados constitucionalistas, de un programa de amparos ciudadanos en contra de la reforma energética y la comparecencia ante foros internacionales para exponer sus deficiencias. Al mismo tiempo, López Obrador convocó a su movimiento a reorganizarse y vigilar, “contrato por contrato, obra por obra”, los tratos del gobierno calderonista con las corporaciones trasnacionales.
Ciertamente, la cerrazón que la coalición gobernante PAN-PRI exhibió en el Senado ante el planteamiento del ex candidato presidencial hacía previsible la aprobación, pero no fue una decisión afortunada, pues con ella se canceló la posibilidad de desactivar el principal factor de confrontación política entre los muchos que enfrenta la vida republicana del país y se dio fundamento a la sospecha del movimiento ciudadano de que el grupo gobernante, a pesar de haber omitido las expresiones más evidentemente privatizadoras contenidas en la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal en abril pasado, no ha cejado en sus empeños por transferir la riqueza petrolera de la nación a intereses empresariales locales y foráneos. Peor aún, la tajante negativa a incluir una prohibición expresa de asignar en exclusiva y por tiempo indeterminado bloques del territorio mexicano a corporaciones petroleras hace pensar que no sólo están en peligro los hidrocarburos, sino también la soberanía territorial.
Los hechos indican que el grupo en el poder ha transferido a manos privadas todos los bienes públicos y todas las atribuciones estatales que ha podido, y ha sido sistemáticamente omiso, por decir lo menos, en la defensa de la soberanía nacional. Hay, por ello, razones de peso para temer que los resquicios que persisten en la legislación aprobada serán tarde o temprano, a menos que se produjera una reconfiguración radical del poder político, utilizados para enajenar propiedad nacional, ceder soberanía y beneficiar a los estamentos corporativos del gran capital internacional, a pesar de los empeños del gobierno federal por negar la intención de entregar Pemex a particulares; cabe recordar, al respecto, que ayer mismo la dirección de la paraestatal reiteró que con la reforma “ni se cede territorio a empresas extranjeras ni renta petrolera”.
Con todo, para el calderonismo sería muy peligroso actuar, en el campo de los hidrocarburos, en sentido contrario al de la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional. Porque si la opinión pública llegara a descubrir que, pese a sus promesas, el gobierno ha acordado contratos que impliquen cesión de renta petrolera o de control territorial, la actual administración no sólo tendría que enfrentar una protesta política y social ampliada, renovada y fortalecida, sino que cargaría, por añadidura, con un descrédito monumental y con una imagen irremisible de mendacidad, lo que ahondaría gravemente el déficit de legitimidad que arrastra de origen.
En suma, la apuesta realizada con esta reforma por la coalición político-mediático-empresarial que detenta el poder resulta sumamente riesgosa. A pesar de las mentiras, calumnias e insidias, y pese a la represión de que ha sido objeto, la movilización popular en defensa del petróleo y su dirigencia han dado muestras de responsabilidad, civilidad, mesura y prudencia; no han incurrido en llamados a la violencia y antes bien han decidido mantenerse por la vía de los cauces institucionales y legales, como puede apreciarse en el plan de acción desglosado ayer, frente al Palacio Legislativo, por López Obrador. Pero si los hechos demuestran que los temores y sospechas en torno a la reforma energética eran fundados, el descontento popular –ahondado para colmo por los efectos de una crisis económica gravísima, que las voces del régimen abordan en forma irresponsable y frívola– podría resultar incontenible y rebasar a sus actuales dirigencias, con lo que el gobierno se habría puesto a sí mismo en un entorno de ingobernabilidad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario