Comentario :

El mensaje màs relevante de ayer en el marco del centenario de la UNAM , en la Càmara de Diputados , sin lugar a dudas el del diputado Jaime Càrdenas del PT , desgraciadamentre , los medios , salvo honrosas excepciones siguen en ese bloqueo constante a todo aquello que huela a AMLO

Los reactivitos y “El Diario” de Juárez


Son por lo general pequeñitos —sobre todo de estatura moral— que nunca han sido activos, pero sí reactivos. Todos, como sus jefes —oficiales y extraoficiales— tienen la piel muy delicadita. Por ello se les para la crestita al menor roce de un pétalo de crítica al gobierno al que sirven. Incluso suelen ser más hipócritamente sensibles que sus mismos patrones.

El prototipo del reactivito encarna ahora a la perfección en el ínclito vocero del Gabinete de Seguridad. Ilustre desconocido hasta hace poco, quien ahora goza sus 15 minutos de fama. Me dicen, por cierto, que en su cubículo del ITAM, este politólogo graduado en Harvard era francamente brillante. No lo dudo. Como tampoco dudo que en su nuevo cargo ha sido desastroso.

Porque, a ver: de parte de quién los periodistas habríamos de aceptar —con tonito de yuppie perdonavidas— un regaño de alguien que ni remotamente ha estado jamás en una situación de riesgo y que no conoce el país más allá de la pantalla de su compu, ¿ves?

Además, ofensivo, porque con sensibilidad hipopotámica dice que el asesinato de Luis Carlos Santiago es por motivos personales. Si está tan seguro, ¿por qué no nos presenta a los criminales en uno de esos shows que al gobierno le salen tan bien?

Por añadidura, la respuesta calderonista a través del señor Poiré es absolutamente tramposa al rasgarse las vestiduras diciendo que “no cabe en modo alguno por parte de ningún actor el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales”. Primero porque El Diario de Juárez establece claramente que no se trata de una rendición o siquiera una claudicación; así que lo que molesta e irrita al gobierno es el hecho mismo de que el editorial se dirija a “las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez… frente al vacío de poder que respiramos los chihuahuenses”.

Pero lo que verdaderamente ha provocado las iras en el Olimpo sexenal ha sido —no nos hagamos señor Poiré— un párrafo del mismísimo editorial al que con todo propósito ni se refieren. Y es el que establece: “…el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió —sin una estrategia adecuada— a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo, ni las consecuencias que esta confrontación podría traer al país. Introducidos sin pedirlo en el conflicto, los mexicanos —y de manera particular los juarenses— han estado al garete de decisiones erróneas que terminaron llevándoselos en medio, con los resultados hasta ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías”. Este fue en la realidad el revulsivo para los reactivitos.

Y ahora que me acuerdo, ¿no es un acto de hipocresía gigantesco indignarse por un pacto con criminales, cuando eso y no otra cosa han hecho en el caso Diego? Ahí, además de imponer un bozal a muchos medios, atropellaron la ley al retirar a la PGR de una investigación obligada con el pretexto de no entorpecer la negociación de la familia con los secuestradores. ¿No es eso pactar con criminales?

El Diario de Juárez y la impunidad

Adolfo Sánchez Rebolledo

La respuesta del gobierno federal a El Diario de Juárez es inaudita: en lugar de recoger el guante para apoyar a los periodistas acosados por la delincuencia, el vocero oficial prefirió el regaño fácil, la apresurada descalificación de una voz autorizada que reclama con desesperación menos discursos y más efectividad. En pocas palabras: la autoridad no se hizo cargo de la gravedad del asunto y lo trasladó, una vez más, al esquema que le permite asegurar que el Estado está ganando la guerra a la delincuencia organizada. Al gobierno no le preocupa tanto que El Diario “pacte” una supuesta tregua informativa con los asesinos de los dos reporteros que han caído en los dos últimos años, sino la caracterización de la situación que se vive en ese estado fronterizo. Le resulta intolerable que se diga que “ustedes (la delincuencia) son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido”. Y menos admisible le resulta al gobierno esta descarnada opinión: “la historia es bien conocida: el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada– a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias que esta confrontación podría traer al país… En ese contexto, los periodistas también fueron arrastrados a esta lucha sin control (… pues) nunca recibieron de su gobierno los ‘mecanismos de protección especial’ que subrayó como indispensables”. Como era previsible, el debate se ha centrado en el tema de la libertad de expresión, asunto vital si los hay. Pero no se trata sólo de un episodio entre otros importantes de la secular lucha por garantizar ese derecho. En rigor, para comprender mejor las razones de la valiente denuncia de El Diario, convendría recordar que estamos ante una situación límite originada en una terrible historia que, podría decirse, condiciona, determina desde hace años, la vida toda en esa región.

En la ciudad ya no hay zonas seguras (para hallarlas hay que cruzar la frontera), aunque la violencia radica y se multiplica en los barrios marginales donde años de marginación han forjado una sociedad gelatinosa, fragmentada, sin horizontes. Allí se reclutan y adiestran los “halcones”, los pandilleros-soldados de las bandas, implacable poder reinante en buena parte de la frontera: es la base “sociológica” sobre la cual se alza el imperio de la violencia que se extiende copando los cuerpos de seguridad, la justicia. Los ciudadanos de esta urbe (y otras regiones del norte) llevan años sufriendo las consecuencias de ese crecimiento exponencial del delito asociado al control de su territorio como puerta de paso hacia el gran mercado de las drogas: en Juárez se despliega el fenómeno ominoso de los feminicidios que escandalizan al mundo pero no iluminan a las autoridades, siempre lentas, descuidadas, insensibles y, al final, solapadoras. Y no fue por falta de avisos oportunos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró en un amplio informe de 2002 que “desde 1993 las mujeres que viven en Ciudad Juárez tienen miedo”, subrayando “el aumento del delito” impulsado por “el crimen organizado y el narcotráfico”. Si algo se hizo para impedir la pérdida de cohesión social es obvio que no tuvo éxito, como se demuestra con la reiteración de las finalidades contenidas en el Plan Todos somos Juárez, que busca disminuir la violencia atendiendo a los jóvenes como punto de partida de la recomposición social. Pero la criminalidad no baja. En una nota reciente, El Diario de Juárez informa que “tan sólo en esta frontera, de 2 mil 236 asesinatos que se han cometido en lo que va de 2010, sólo ha judicializado 67, apenas 3 por ciento de los casos, y no todos han sido resueltos ni sentenciados”.

Este fracaso se explica por el distanciamiento del Estado respecto de la población y sus problemas. Se trata de una crisis real, pues la impunidad se sustenta en una larga historia de complicidades políticas amparadas por la corrupción y, si hemos de creer al general Carrillo Olea, colaborador de este diario, por el desmantelamiento en los años 90 de los aparatos de inteligencia, concomitante, añado, con la caída brutal de la economía y la expansión de las migraciones hacia el norte. Ese es el tema de fondo que acompaña y limita el curso de la guerra cotidiana contra los cárteles, la razón por la cual se pervierten otras formas de actuación de la justicia en general y se tambalean los supuestos estratégicos que animan a las autoridades.

El gobierno federal y las autoridades estatales y municipales siguen sumergidos en la falta de transparencia y la desinformación. La respuesta oficial a El Diario de Juárez se resiste a reconocer los hechos, menos aún a comprender el estado de ánimo de las víctimas. Pero ya son demasiados los casos de interpretación errónea como para considerarlos simples accidentes en un terreno escarpado: es la ceguera derivada del subjetivismo, la confusión entre interpretación y propaganda. De nuevo, la soledad del poder frente a la sociedad civil.

Tamaulipas, sin ley

José Gil Olmos


MÉXICO, D.F., 22 de septiembre (apro).- La semana santa pasada algunos de los habitantes de Ciudad Mante vivieron una situación inédita. Por dos días seguidos Los Zetas se apropiaron de la ciudad, regalaron dinero, despensas y, por si fuera poco, ofrecieron sus servicios de protección, con la promesa de que pelearían por lo justo contra el cártel del Golfo (CDG): su plaza en Tamaulipas.

En camionetas con la letra “Z” grabada de manera profesional en una de las puertas, los miembros de ese grupo del crimen organizado transitaron durante dos días completos por toda la ciudad, sin que nadie les marcara un alto. Ni la policía ni el Ejército, que supuestamente vigila de manera permanente el estado de Tamaulipas, hicieron acto de presencia, mientras Los Zetas iban y venían de un lado a otro en plena campaña de promoción de imagen.

Los convoyes con las poderosas camionetas repletas de hombres fuertemente armados se metieron por las colonias populares para acercarse a la gente. Se dividieron en grupos para abarcar todo y repartir lo que traían.

Algunos de ellos traían dinero en efectivo y distribuyeron a manos llenas billetes de 200 y 500 pesos a la gente más pobre que se les acercaba y que tomaba el dinero entre sus manos mientras escuchaban lo que les decían Los Zetas: “nosotros no secuestramos, no matamos ni decapitamos, son los del cártel del Golfo, por eso vinimos a protegerlos”.

Otro grupo comenzó a repartir bolsas con una despensa básica: arroz, frijoles, aceite, azúcar, etcétera., que daban a las familias que salían de sus casas. Los hombres armados decían que ellos no habían empezado la guerra, sino los del cártel del Golfo o “chapitos”, quienes, afirmaron, quieren apropiarse del estado.

Algunos otros miembros del grupo de Los Zetas llevaban consigo grandes cantidades de flores, que ofrecían a la gente junto con el dinero o las despensas, insistiendo en su mensaje de “grupo defensor” de los tamaulipecos.

Las hojas que repartieron tenían un mensaje de declaración de guerra, misma que inició desde febrero o marzo pasados, cuando el cártel del Golfo y La Familia Michoacana, así como el cártel de Sinaloa, unieron sus fuerzas para combatir a Los Zetas y sacarlos de Tamaulipas a punta de balazos.

“Nosotros Los Zetas les recordamos que antes de que ellos llegaran éste era un pueblo tranquilo y los del CDG han venido a sembrar el terror amenazando primeramente a gente inocente en la plaza principal, golpeando a comerciantes y robándoles toda su mercancía.

“Estas personas sin escrúpulos que dicen ser buenos y que vienen a limpiar a Mante, se han aliado a varios cárteles para poder tener el valor de hacernos frente, sólo que en su dizque ‘lucha’ han matado gente inocente; las personas tienen miedo salir a trabajar, los niños de ir a la escuela y los jóvenes no pueden ir a divertirse.

“Este pueblo está muriendo a causa del terror que infunden los CDG. No es justo para ustedes que están ajenos a nuestros negocios, por eso vamos a defender esa paz con Z que se tenía en Mante; dénnos la oportunidad de trabajar para devolver a Ciudad Mante su tranquilidad. Ustedes ya nos conocen, somos gente que los va a cuidar, por eso ayúdennos reportándonos al número XXXXXXXX cualquier convoy de carros o personas relacionadas al CDG. Por favor eviten hacer bromas o consideraremos que están de su parte.

“Este mensaje también va para todos aquellos que están sembrando pánico en internet; nadie nos ha corrido, aquí seguimos y defenderemos lo justo, tenemos tiempo aquí en Mante y sabemos quién es quién, cuídense aquellos que andan mal, que a los inocentes no se les molestará para nada. Atte. ‘Z’”.

Después de realizar su acto de campaña, quizá inédito en la historia del país, Los Zetas se retiraron como llegaron: sin ser tocados por ninguna de las autoridades municipales, estatales o federales.

El cártel del Golfo, por su parte, también realizó una estrategia mediática distribuyendo panfletos u hojas simples en las que acusaba a Los Zetas de haber provocado el clima de violencia en Tamaulipas.

La situación en esta entidad se ha tornado cada vez más difícil para sus habitantes, porque a diferencia de otros estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa o Sonora, en Tamaulipas se vive una situación tan violenta que no pueden vivir tranquilamente en ninguna parte del estado.

La entidad tiene una vieja historia en el trafico de enervantes --primero fueron el tabaco y alcohol, después la mariguana y ahora las drogas duras--, pero nunca nadie se había apropiado del estado estableciendo su propia ley.

En mayo pasado, José Mario Guajardo Valera, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Valle Hermoso, fue asesinado, y a mediados de junio el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno estatal, Rodolfo Torre Cantú, murió acribillado en la carretera Soto La Marina.

Después vino el escándalo internacional en el municipio tamaulipeco de San Fernando, donde elementos de la Marina encontraron 72 cadáveres que presuntamente pertenecían a inmigrantes indocumentados asesinados por Los Zetas.

Tamaulipas, pues, es un estado donde la ley está en entredicho. Los grupos del crimen organizado han hecho de sus pueblos y ciudades territorios delimitados a punta de balazos. Si en alguna ocasión se pusieron en duda y hasta se criticaron las apreciaciones de funcionarios norteamericanos de que en algunas zonas de México se vive un “estado fallido” por los grupos criminales con características de “insurgencia”, lamentablemente en Tamaulipas se comprueban.

Da TEPJF impunidad a Peña Nieto por spots

Usando la excusa de que ya fueron retirados del aire, el tribunal electoral se negó a sancionar los spots en los cuales Enrique Peña Nieto promociona su imagen con el pretexto de su informe de gobierno, dando completa impunidad al priista. .El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio impunidad a Enrique Peña Nieto al negarse a sancionar los promocionales que el priista emitió por motivo de su quinto informe de gobierno, en los cuales se promueve su imagen.


De acuerdo con El Universal, la excusa del tribunal fue que como ya se retiraron del aire los spots "ya no hay materia" para emitir una medida cautelar.


Cabe recordar que el uso de la televisión para promover la imagen de los funcionarips públicos está prohibido por ley.


Los magistrados del tribunal señalaron que el plazo que marca la ley para emitir una sanción es muy amplio, por lo cual es tarea del legislativo reformar la ley para evitar impunidad como la que le acaban de otorgar a Peña Nieto, y sobre la cual algunos de los magistrados coincidieron en que el daño que se hizo ya es irreparable.

Peña Nieto: reglas a modo

Jesús Cantú


MÉXICO, D.F., 21 de septiembre.- Ante la posibilidad de perder la sucesión en su entidad y, por ende, su eventual candidatura a la Presidencia de la República, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, modificó (en vísperas de que venciera el plazo constitucional para ello) las reglas para asegurarse de que las condiciones lo favorezcan.

La controvertida reforma aprobada el 14 de septiembre en el Congreso local afecta los procesos electorales en cuatro frentes: complica la creación de alianzas electorales entre diferentes fuerzas políticas al dejar únicamente vigente la vía de las coaliciones; reduce a la mitad el periodo de campañas y a una sexta parte el de las precampañas; disminuye el financiamiento público para la obtención del voto, y, finalmente, amplía en 45 días el periodo para que el gobernador mantenga en los medios de comunicación social la propaganda gubernamental.

La discusión se centra en la eliminación de la figura de las candidaturas comunes, por la expresa oposición del gobernador Peña Nieto a una posible alianza entre el PAN y el PRD para la contienda por la gubernatura, pero en realidad la estrategia para disminuir las posibilidades de éxito de una eventual alianza opositora es integral y busca debilitarla en varios flancos.

La forma más sencilla de concretar la alianza electoral era, hasta antes de la reforma, la candidatura común, que sí tenía un factor de inequidad (no todos los que señala la iniciativa de reforma) ya que mantenía el acceso del candidato común a radio y televisión de cada uno de los partidos que lo postulaban, es decir, sumaba los tiempos que le correspondían a éstos y no establecía un límite, pues a partir de la reforma del 2007 dichos tiempos ya no forman parte de los topes de gastos de campaña.

Al eliminar la figura de la candidatura común, la única vía para concretar la alianza es la coalición, que en el Código Electoral del Estado de México tiene requisitos que también pueden traducirse en inequidad en la contienda. El código señala que cuando una coalición postule candidato a gobernador del estado, “deberá acreditar ante los órganos del instituto y ante las mesas directivas de casilla tantos representantes como corresponda a uno solo de los partidos coaligados”, lo cual casi obliga a lograr la coalición total, pues los candidatos postulados únicamente por uno de los partidos coaligados no tendrán representación en ninguno de los órganos electorales, ni siquiera en las casillas, ya que la misma la ostentará el candidato de la coalición a gobernador.

Por otra parte, respecto al financiamiento público, asienta que “disfrutará del monto que corresponda a la suma de los montos asignados a cada uno de los partidos coaligados”, y más adelante indica que el convenio de coalición contendrá, “en su caso, la forma de distribución del financiamiento público que les corresponda, estableciendo cada uno de éstos el monto de las aportaciones para el desarrollo de las campañas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes”.

Lo anterior puede interpretarse en el sentido de que el instituto entregará el financiamiento a la coalición, y ésta, a su vez, retendrá la aportación de cada instituto político a la coalición y luego entregará el resto, lo que nuevamente conduce casi inexorablemente a ir en coalición total, pues de lo contrario la demora en la entrega del dinero puede traducirse en retrasos para la realización de las campañas de los candidatos no coaligados.

A nivel nacional, la legislación en esta materia se estableció tras el proceso presidencial de 1988 y tenía como objetivo dificultar, hasta donde fuera posible, la construcción de alianzas entre fuerzas opositoras, para evitar que se repitiera el fenómeno que condujo a la construcción del Frente Democrático Nacional, que en esa elección postuló a Cuauhtémoc Cárdenas. En el Estado de México, afortunadamente, se habían mantenido las candidaturas comunes, pero en materia de coaliciones se establecieron limitantes incluso mayores a las federales, como la señalada en materia de financiamiento.

Este no es el único obstáculo adicional que establece la Constitución o el código estatal. Otro muy significativo es el incluido en el artículo 12 constitucional, que señala: “Quien haya participado en un proceso interno de selección de un partido político como aspirante o precandidato, no podrá ser registrado como candidato por otro partido político o coalición en el proceso electoral correspondiente”. Este párrafo podría ser utilizado para cerrarles la puerta a candidatos como Mario López Valdez, en Sinaloa, o José Rosas Aispuro, en Durango, que previamente “aspiraron” a ser postulados por el PRI.

Pero estos obstáculos no eran suficientes para enfrentar una elección competida, por lo cual la reforma estrechó aún más los márgenes para la oposición y, por ello, canceló la posibilidad de las candidaturas comunes, al menos por dos razones: una, el impacto para los votantes duros de un partido político es muy distinto si tiene que cruzar un recuadro donde además del logotipo de su partido aparece el de uno de sus principales opositores, lo que es inevitable en el caso de las coaliciones; y dos, como las reglas para las coaliciones casi obligan a postular candidatos a todos los puestos de elección popular, el costo para las dirigencias partidistas se eleva mucho, pues prácticamente obliga a dejar de competir en distritos y municipios donde la contienda se da realmente entre PAN y PRD y no con el PRI.

Así, por una parte, se reducen las posibilidades de que la coalición se concrete al aumentar las dificultades; y en caso de que se lograra, impacta directamente sobre los votantes, particularmente los más duros, que eventualmente pasan a las filas del abstencionismo.

Todavía eso no brindaba suficientes garantías y, por ello, se incorporaron otras reformas, como la reducción del periodo de las campañas electorales de 90 a 45 días en el caso del candidato a gobernador, y de 60 a 35 para diputados locales y ayuntamientos. Esta reforma tiene un doble impacto: por una parte, le permite al gobernador en funciones mantener su propaganda gubernamental 45 días más; y, por el otro, reduce sustancialmente las posibilidades de un candidato de la alianza opositora sin mucho posicionamiento en Edomex, pues no tendrá el tiempo suficiente para hacerlo, especialmente porque también se redujo el tiempo de las precampañas a únicamente 10 días. Así, la presencia de los candidatos se limita a sólo 55 días, ni siquiera dos meses, en un estado con 125 municipios y casi 10 millones y medio de electores.

Tampoco esto era suficiente, y en el caso de que lograsen concretar la alianza y el candidato fuese popular, todavía había que estrecharle más su margen de maniobra, y esto se logra con otra iniciativa dirigida a reducir y limitar el destino del financiamiento público para la obtención del voto. La reducción en realidad es menor, pues la legislación del Estado de México es muy generosa y actualmente establece que para dichas actividades se otorgará a los partidos políticos una cantidad equivalente al doble del que reciben para actividades ordinarias, es decir, 200% más, y lo reduce a 190%.

Pero adicionalmente se establece que dicho financiamiento debe “aplicarse exclusivamente al desarrollo de las actividades directamente relacionadas con la obtención del voto dentro de la campaña electoral de que se trate”, lo cual eventualmente lo reducirá todavía más, dado que el límite de gastos de campaña puede ser inferior a la suma de los recursos que por dicha modalidad recibirán los partidos coaligados, lo cual obligaría a regresar dicho dinero.

Peña Nieto sabe de sobra el impacto que tendría sobre sus aspiraciones presidenciales una eventual derrota en la contienda electoral del 3 de julio del 2011, y, por ello, no está dispuesto a correr ningún riesgo. Así, por lo pronto, colocó en las normas constitucionales y legales las disposiciones necesarias para asegurar al candidato de su partido condiciones ventajosas o, al menos, no tan competitivas.

El Diario de Juárez y la derrota de Calderón

Jenaro Villamil


MÉXICO, D.F., 21 de septiembre (apro).- Una conmoción fuera y dentro del país ocasionó el editorial publicado el domingo 19 de septiembre por El Diario de Juárez, bajo el título “¿Qué Quieren de nosotros?”. No es la primera vez que un medio impreso del norte del país decidía interpelar al crimen organizado para enfrentar la ola de intimidaciones y matanzas que alcanzaron ya al personal del propio rotativo.

De los casi 70 reporteros y trabajadores gráficos que han muerto en los últimos diez años, casi 60% trabajaban para medios de comuinicación de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Sonora o Durango, “plazas” disputadas por los cárteles del narcotráfico. Algunos periódicos como El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, decidieron desde hace años dejar de firmar las notas relacionadas con el narcotráfico para no poner en riesgo a sus reporteros. Otros, como Zeta, han acusado abiertamente la complicidad entre políticos y narcotraficantes.

Lo diferente es que, a raíz del asesinato de su fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco, El Diario decidió hacer pública su interpelación a los cárteles que se disputan la plaza y descalificar con toda crudeza el operativo policíaco-militar ordenado por el gobierno de Felipe Calderón. Ciudad Juárez se mostró así como el ejemplo más claro de una “guerra” cuya estrategia no está clara y que ha llevado al hartazgo de la población civil.

La respuesta del gobierno de Calderón al editorial de El Diario recordó a la tristemente célebre reacción del presidente frente a la matanza de jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar. Todos recuerdan cuando el primer mandatario dijo que la masacre fue el resultado de “un pleito de pandillas”. En lugar de ponerse del lado de las víctimas y dimensionar el tamaño del descontento ciudadano, el calderonismo asumió el papel de policía represivo y decidió incriminar a las víctimas sin que existiera una investigación acabada. El error provocó un airado reclamo público de una de las madres de las víctimas de Salvárcar durante una gira de Calderón a Ciudad Juárez.

A través de su vocero en materia de seguridad, Alejandro Poiré, el gobierno de Calderón repitió la misma actitud con El Diario. Indignado por las críticas, Poiré lanzó un reclamo que pretendió ser un mensaje para todos los demás medios impresos que han sido víctimas de las presiones de los cárteles y sus sicarios:

“No cabe en modo alguno por parte de ningún actor el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales que son justamente los que provocan la angustia de la población”, sentenció Poiré.

“Que quede bien claro: negociar, postergar o suspender la lucha contra el crimen organizado, lejos de desaparecer la amenaza de la violencia, implicaría someterse a la ley de quienes agreden para intentar eludir la acción del Estado y perpetuar su acción impune, y eso no ocurrirá”, agregó.

Hasta estas frases, la posición del gobierno federal tenía una lógica, quizá cuestionable en su eficacia, pero legal en su planteamiento. El problema fue que el propio Poiré decidió erigirse en ministerio público y cuestionar la condición de víctima del fotógrafo Santiago Orozco, para minimizar la legitimidad de la denuncia de El Diario.

Poiré afirmó en rueda de prensa que las primeras investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, el atentado contra el reportero gráfico tuvo como móvil las razones “de índole personal, más que por sus actividades profesionales”.

La respuesta del subdirector editorial Pedro Torres se hizo en la tarde del mismo 20 de septiembre: “Con qué calidad moral nos van a decir esto si no hay garantías para la seguridad”. Torres criticó que a cinco días del asesinato de Santiago Orozco las autoridades judiciales pretenden dar por buena una versión que elimine la línea del crimen organizado. Recordó que a casi dos años del asesinato del reportero Armando Rodríguez Carreón, trabajador también de El Diario, las autoridades no han avanzado en nada.

“Nos dijeron que tenían solucionado el caso y que hasta tenían identificados a los autores materiales e intelectuales del asesinato… No tienen nada”, afirmó.

Esta es la otra cara del alegato de El Diario y de decenas de otros medios mexicanos que se han enfrentado a las intimidaciones del narcotráfico. ¿De qué sirve denunciar ante las autoridades y a las fiscalías creadas si no se ha resuelto uno solo de los crímenes contra periodistas ni tampoco se han eliminado las amenazas de los cárteles?

¿Con qué confianza puede acudir un medio a las autoridades si éstas pretenden minimizar y reducir a “asuntos personales” los supuestos móviles?

El sismo que viene…

Marco Rascón

Lo telúrico es lo de menos. Un país paralizado es más riesgoso que el que vive bajo la lava hirviente o el deslizamiento de las placas tectónicas.

El tiempo es lo de menos en este cuerno lleno de acechanzas, cenizas, volcanes, ríos desbordados, que ahora estallan con violencia crónica como el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que propició muchos de los cambios de México. Estamos preñados de tragedias que, a diferencia de hace 25 años, están en manos de las instituciones, los gobiernos paternales que vigilan celosamente que nadie se organice, que nada cambie ni se altere. La obsesión es un regreso continuo a la normalidad.

Lo cierto es que la vieja y la nueva estabilidad, venida del régimen revolucionario y de la alternancia, se están yendo al carajo y que, a 25 años, hay un sismo de la identidad nacional que se necesita, y viene de la unidad inaguantable, los odios crecientes, complicidades oscuras y un cementerio de virtudes que las fiestas conmemorativas no lograron cambiar ni apaciguar. Todos los fantasmas de nuestros desacuerdos y traiciones están de nuevo presentes y ya ni los valores comunes, como la Independencia o la Revolución, mantienen la unidad del país.

Los abusos de la vieja unidad nacional impuesta en el viejo régimen; matriz de exclusiones, represión y corrupciones, nos llevaron a cambios simulados que hoy son el reino de los demagogos y simuladores, artistas de las derrotas y de alternativas groseras que esperan hacer lo que no hicieron en mejores condiciones y en su momento. Para un país paralizado no hay mejor venta que las esperanzas, pues éstas no son compromisos claros o convocatorias, ni planes, ni ideas, sino simplemente la espera de que algo suceda sin que hagamos nada. En ese sentido, 2012 no es nada; es menos que los fuegos artificiales de este 2010 y es igual a la espera de la segunda llegada del Mesías.

Esperar así es una derrota; nada tiene que ver con el humanismo ni con la historia. Es la pasividad que el poder de los injustos requiere para perpetuarse; es la adormidera de la ilusión esparcida en las plazas para entrar por una calle con el puño en alto y salir por otra, con las manos vacías.

Eso no es movimiento ni lucha, sino continuar construyendo sin cimientos para que cualquier viento derrumbe los esfuerzos. Lo peor es que lo que supuestamente nos representaría frente a la libertad del voto y como opción está hecha de llamados a la esperanza, a repetir los mismos errores, a creer que con la vulgaridad de los insultos y la presentación de la ambición como actos de humildad será suficiente para acabar con los males del país.

Hay un sismo predecible en puerta; y es que la izquierda –que por un proceso histórico llegó a gobernar la capital del país– perderá el bastión antes de 2012. El sismo de la izquierda será perder antes de la batalla. La discordia está sembrada y llena de cálculos y simulaciones. No está en disputa la Presidencia, a la que con sus actos renuncian, sino el Distrito Federal, al que dividen y provocan. Para las oligarquías, si la izquierda a partir de 2000 fue funcional, hoy ya no es necesaria, pues ahora hasta los priístas son los que denuncian abusos del poder, nepotismos y corrupciones, como en Zacatecas, sin que exista fuerza o intención para la réplica.

Igual que el partido del viejo régimen se esparció entre todas las fuerzas políticas del país para sobrevivir, hoy todas sus partes fragmentadas trabajan uniéndose para la restauración. Desde todos los sectores políticos se gesta la restauración y la salida autoritaria a la crisis nacional. Es la idea más perversa de todas: la que grita que cualquier cambio y esfuerzo terminará donde mismo, sirviendo de combustible para perpetuar los mismos y viejos intereses que han hecho de México un país atrasado, sin identidad y sin rumbo. La que el priísmo restaurador señala con regocijo.

El sismo que viene será provocado por la incapacidad y la desesperación que abraza a quien lo hundió; por llegar a la falsa conclusión de que la única manera de vivir y soportar la decadencia presente es renunciando a la memoria.

El sismo que viene, también es hundimiento, implosión de fuerzas y un optimismo basado en la idea de que los cambios no tienen raíces y que el priísmo es la genialidad de regresar al poder, apoyado por los adversarios delirantes, incapaces de unir y construir.

De manera real y figurativa, vivimos entre volcanes, tierras de huracanes, víctimas de las sequías y las inundaciones, colapsados y damnificados crónicos, entre la guerra sin frentes ni retaguardias e indignados por las comparaciones estando peores. Lo que queda en pie es el mismo pueblo trashumante que lo fundó: sus macehuales, trabajadores y cultivadores; sus artesanos y sus artistas; sus poetas, músicos y creadores de valores y cultura; las fuerzas de miles de manos frente al dolor, los solidarios; los mismos que el 19 y 20 de septiembre de 1985 vieron la ciudad destruida y la levantaron.

http://www.marcorascon.org/

La Reacción

Pedro Miguel

Imagínense que el gobierno estadunidense festejara en escala nacional el asalto confederado a la guarnición de Fort Sumter y rindiera tributo, de esa forma, a la causa de los esclavistas del Sur. Piensen por un momento cómo se vería el reyezuelo peninsular si echara el Palacio de la Zarzuela por la ventana un 14 de abril, día de la proclamación de la segunda República Española. Háganse la imagen de la fiesta que podría organizar el actual régimen cubano un 4 de septiembre, fecha en la que Fulgencio Batista instauró, en 1933, su primera dictadura.

Algo así tuvo que hacer, los pasados 15 y 16 de septiembre, la Reacción mexicana: rendir tributo ceremonial a Hidalgo, a la Corregidora, a Morelos, a Aldama, a Allende, a Guerrero y al pueblo insurgente, es decir, rendir tributo al bando de sus enemigos naturales.

Es cierto que la Reacción ha colado, por aquí y por allá, toques poco sutiles de su descontento ante una obligación tan ingrata: el administrador en turno recreó la atrocidad y volvió a poner en exhibición pública los cráneos de los primeros próceres, como lo hizo, en su momento, el virrey Francisco Javier Venegas y Saavedra; los príncipes de la Iglesia sacan los restos de Iturbide de su clóset póstumo para rendirle homenaje asumidamente monárquico, y el régimen se gasta un dineral en un monigote monumental con la cara de Benjamín Argumedo, un incondicional de la violencia por la violencia, como ha demostrado serlo el propio Calderón: más allá de toda duda, el nombre aparecía en la página web del escultor, posteriormente censurada (http://twitpic.com/2pfwqm/full), asociado al adefesio. Menos recatadas, las autoridades municipales de Querétaro (panistas, but of course), en presumible adelanto de lo que harán el 20 de noviembre, han adornado desde ya las calles con retratos de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta (http://bit.ly/c9w9bK).

Si por ellos fuera, los oligarcas y sus administradores estarían rindiendo un abierto homenaje, en estas fechas patrias, a Cortés y a Alvarado, a Calleja y a Francisco Picaluga, a Santa Anna, a Houston y a Lorenzo de Zavala, a Lorencez y a Maximiliano, a John Pershing y a Jesús Guajardo, a León Toral y a la cristera Teresita Bustos. Pero no son tan tontos: saben que, en la disputa por la memoria colectiva, la correlación de fuerzas no les es favorable y que la destrucción de la historia debe ir, por definición, a la zaga de la destrucción del país.

Podría parecer que en el segundo de esos terrenos la Reacción gobernante ha logrado grandes avances: ya perdió el control territorial de la franja norte y hoy en día la población, las empresas y los medios de esa zona saben que las autoridades efectivas son los señores de la droga: no se puede culpar al Diario de Juárez por dirigirse a los narcos para pedirles que aclaren las condiciones de su dominio pues, durante décadas, los juarenses se han dirigido a las autoridades formales, federales, estatales y municipales, para demandarles que pongan un alto a la violencia homicida, que hagan justicia y que garanticen la vida de los habitantes, y como respuesta han obtenido prepotencia, desinterés y, en el mejor de los casos, balbuceos incoherentes; como ejemplo, el anterior encargo del actual procurador general de la República, Arturo Chávez y Chávez, en cuyas policiales narices fueron asesinadas centenares de mujeres y creció el descontrol que ahora se expresa en Chihuahua en todo su esplendor. Tienen razón los periodistas juarenses: posiblemente los capos de la droga no sean mucho peores que Calderón y García Luna y, en todo caso, la discusión sería bizantina porque, a fin de cuentas, y si se juzga con hechos, son los primeros quienes detentan el dominio efectivo de la plaza.

La Reacción no puede ir mucho más allá: ¿qué habrá de quedarle, después de transferir el sector energético y las telecomunicaciones a las trasnacionales, las funciones de gobierno, a un manojo de contratistas privados, la educación, a la mafia sindical, y el control territorial, a la delincuencia? ¿Con qué aparato se festejará a sí misma? ¿Quién mandará a construir las estatuas de Calderón, Fox, Zedillo y Salinas? ¿El Chapo Guzmán, titular del cártel de Sinaloa, Antonio Brufau, presidente de Repsol, o Emilio Azcárraga, propietario de Televisa, o los tres juntos, por medio de una comisión de delegados?

La Reacción está en su mejor momento, es decir, el momento en el que empieza a podrirse por dentro y a agotar el combustible de la rentabilidad nacional. En gran medida, su destino ha dejado de depender de ella misma. Ya se ha visto de lo que es capaz y hasta dónde ha llegado. La indiferencia y la abulia han sido llevadas a los límites en los cuales tendrían que extinguirse. Si es así, ahora la iniciativa le corresponde a la sociedad organizada.

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Rayuela

En una coyuntura como la de El Diario, de Ciudad Juárez, lo menos que se pide a la autoridad es sensibilidad y un poco de sentido común. ¿O no, señor Poiré?

E D I T O R I A L

Ciudad Juárez: llover sobre mojado

Tras el asesinato del fotógrafo de El Diario de Juárez Luis Carlos Santiago Orozco, ocurrido el 16 de septiembre, ese medio señaló en un editorial la ausencia en Ciudad Juárez de autoridades formales que procuren justicia y velen por la seguridad pública, y pidió a los cabecillas de la delincuencia organizada –“las autoridades de facto en esta ciudad”– que “expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”.

El texto, tan inusual y descarnado como fundamentado en la dura realidad –dos trabajadores del diario asesinados en dos años, hasta ahora con total impunidad, no es un mero asunto de “percepciones”–, suscitó el disgusto del gobierno federal: el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, emitió un regaño indirecto a la publicación. Dijo que “no cabe de modo alguno, por parte de ningún actor, pactar (o) promover una tregua o negociar con criminales” y recomendó a los periodistas amenazados que recurran a “la adopción de códigos y protocolos para el manejo de información sobre seguridad con base en experiencias internacionales y apego a esquemas de autorregulación de contenidos para evitar la apología del delito”. Por su parte, el subsecretario de Gobernación Felipe Zamora Castro negó que exista un vacío de autoridad o autoridades de facto, lamentó que “la situación a veces orilla a que en algún momento personas que se sienten agraviadas lleguen a pensar distinto”, y aseguró que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas ya se había puesto en contacto con la procuraduría chihuahuense para coadyuvar en las investigaciones.

Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua –en cuyo vehículo fue acribillado el joven fotógrafo–, desmintió ayer mismo las aseveraciones oficiales, criticó la demora de la Procuraduría General de la República (PGR) en atraer el caso del homicidio de Santiago Orozco y destacó que ese retraso dificulta la ubicación y detención de los responsables.

El hecho irrebatible que da contexto al homicidio referido, al reclamo de El Diario de Juárez y a los subsecuentes ataques de la administración calderonista contra ese medio es la escalada de violencia criminal que consume a Ciudad Juárez, fenómeno que se remonta a las postrimerías del salinato, con los primeros feminicidios perpetrados en esa urbe fronteriza, y que ha ido creciendo y generalizándose en forma sostenida sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal haya sido capaz de revertir tal tendencia. Con la militarización de la ciudad, ordenada por la actual administración, la violencia se ha multiplicado y extendido, y el Ejecutivo federal no ha podido o querido poner un alto a la flagrante impunidad con la que operan las organizaciones delictivas.

Por supuesto, los medios y los periodistas juarenses en general, y El Diario de Juárez en particular, no son los únicos afectados; mujeres, hombres, niños y jóvenes mueren diariamente, a un rito de ocho por día en los meses recientes, en la ciudad, y más allá de los homicidios, las extorsiones de la delincuencia se han convertido en un flagelo regular para los empresarios juarenses. Tal escenario no es, por lo demás, exclusivo de esa urbe fronteriza, sino una realidad en extensas regiones del país.

A contrapelo del discurso oficial, de las visitas blindadas del titular del Ejecutivo federal y de los aparatosos despliegues de policías federales y efectivos militares, en Ciudad Juárez el Estado ha dejado de existir en tanto factor de protección a la vida y las garantías individuales y de procuración de justicia. El reclamo de El Diario de Juárez a la autoridad y sus preguntas directas a la delincuencia organizada son, en esa medida, un recurso tan desesperado como legítimo; las reconvenciones gubernamentales al periódico resultan, en cambio, una expresión de desparpajo y de cinismo que se suma, en la lista de agravios, a la ineptitud o a la falta de voluntad para cumplir con la obligación fundamental de proteger la seguridad de los juarenses: son, por así decirlo, llover sobre mojado.

AMLO rechaza alianza con PRD-PAN

El presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador advirtió que no aceptará la alianza entre el PRD y el PAN en el Estado de México, debido a que no existe garantía de que ese partido y Calderón no respaldarán al final, al PRI y a Enrique Peña Nieto.
"Vamos a definir con claridad que no estamos a favor de la alianza del PRD con el PAN, nosotros no aceptamos eso, se tiene que conformar un agrupamiento distinto con un proyecto para transformar al Estado de México de verdad", informó.

Expresó que es lo mismo que sucedio en 1988 cuando el PAN ayudó al PRI para que llegara Carlos Salinas a la presidencia de la República y lo mismo ocurrió en 2006, cuando el PRI le ayudó al blanquiazul.

"Son lo mismo, lo que no quieren es un verdadero cambio, se pueden pelear en lo del estado de México, pero no quieren cambiar la política económica que es lo mero principal", aseguró AMLO.

Astillero

El Coloso de Troya

Huertismo escultural

Shalalismo histórico

Diario de Juárez pide tregua

Julio Hernández López

La identidad del Coloso de las Fiestas Patrias añadió certezas a la conmemorativa saga felipista de despilfarro, frivolidad, irresponsabilidad e inducción contrarrevolucionaria. El enigmático cuerpo en partes –¡en época de descuartizados!– que fue llevado a la Plaza de la Constitución para ser armado y levantado como aparatosa presunción de una suerte de Hombre Nuevo, proveniente de luchas varias, pero decidido a avanzar y triunfar, resultó tener el rostro de Benjamín Argumedo, el León de la Laguna, cuyos cambios de bando combatiente en la Revolución Mexicana acabaron ubicándolo en el catálogo negativo, en la estantería de quienes habiendo peleado desde flancos revolucionarios terminaron siendo considerados traidores o, cuando menos, inconsecuentes crónicos: Argumedo, preservado en el recuerdo más por un corrido que por su tino histórico, combatió a Madero y Villa, reconoció a Huerta y terminó sus días peleando al lado de Zapata.

A pesar de ese carácter, cuando menos polémico o dudoso, la cara de Argumedo fue usada por el escultor Juan Carlos Canfield para el famoso Coloso de la noche del 15. Él mismo lo reconoció así en su página de Internet, aunque, con sentido culposo, quitó la referencia horas después de que en las redes sociales comenzó una intensa discusión sobre el tema; aun así no pudo evitar reconocer en otros espacios que había usado el rostro del general lagunero como “referencia”, todo ello como parte de una serie de enredos y tropiezos que coronó ayer la SEP al dictaminar, mentirosamente, que: “El rostro del Coloso no retrata ningún personaje en particular”. A la mendacidad absoluta, la oficina de prensa de Alonso Lujambio pretendió añadir un regaño o advertencia a quienes critican o disienten, pues la tal SEP “considera indebido que se busque politizar la producción artística de los creadores del Coloso con alegatos que quieren generar división donde no debe haberla”. ¿“No retrata ningún personaje en particular”? Lean lo que en una entrevista declaró el escultor Canfield: “Yo le comento, con toda sinceridad, que nuestro director escénico es Jorge Vargas, él es del estado de Durango y al principio, dado que teníamos que darle una identidad al Coloso, Jorge sugirió que tomáramos únicamente el rostro de Benjamín Argumedo, por el tremendo carácter que tiene este retrato”.

No es un dato desdeñable ni aislado el de la personalidad tomada como base para la construcción de una obra que se pensó en términos de recrear y consolidar la conciencia histórica de los mexicanos. Mucho menos si esa reivindicación o exaltación encubierta tiene como compañía otros esfuerzos de la administración calderonista por disminuir, confundir o combatir la visión histórica, hasta ahora dominante, que proviene justamente de la victoria de las posiciones independentistas, nacionalistas, revolucionarias y populares, a contrapelo de las entreguistas, conservadoras, elitistas y reaccionarias a las que el panismo gobernante se adhiere activamente. Calderón dedicó el año entero a desinflar cualquier espíritu genuino de celebración épica relacionada con la Independencia y la Revolución mexicanas, convirtiendo su organización en botín político y económico, fuente de nuevas riquezas particulares, motivo de más desánimo popular. Por ello se pretendió instaurar como tema oficial del bicentenario una pésima tonadilla (letra de Jaime López y música de Aleks Syntek), cuya ejecución fue repudiada el propio 15; por ello se pervirtió el significado de la serpiente en el escudo nacional, según las cartas ansiosas de legitimación que Felipe envió a millones de domicilios asegurando que “representa a los enemigos del país. Y el hecho de que la serpiente esté siendo devorada por el águila, significa que el pueblo mexicano vence a sus enemigos”. Felipe ansioso de legitimar su guerra sangrienta, al grado de acomodar el sentido de las fiestas patrias y la interpretación de los símbolos patrios a sus obsesiones belicistas.

A la extrema desesperación ha llevado a Ciudad Juárez el Padre de la Patria Fallida, el comandante Calderón. Luego que un joven fotógrafo fuera asesinado en una plaza comercial y otro fuera herido, el Diario de Juárez ha llegado a un punto doloroso: pedir tregua al narcotráfico gobernante y solicitar indicaciones respecto a lo que ha de publicarse o no. En su editorial de ayer, disponible en http://bit.ly/aAt6ns y titulado: “¿Qué quieren de nosotros?”, los directivos de esa publicación expresan: “... queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos. Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido”.

Las palabras de los periodistas juarenses se producen al mismo tiempo que va confirmándose la versión, dada a conocer por algunos de los secuestrados en Durango y luego supuestamente rescatados por las labores de inteligencia de la Secretaría federal de Seguridad Pública: no hubo tales hazañas liberadoras, pues los captores soltaron a los periodistas y éstos, luego de correr por las calles, encontraron a policías federales, en una peculiar sucesión de acontecimientos que han hecho cuando menos a uno de los camarógrafos involucrados hablar de montajes, procesos éstos de fabulación de los que ha sido insistentemente acusado el secretario García Luna.

Y, mientras las desgracias de origen natural golpean con fuerza en lugares como Veracruz, dañados estructural e institucionalmente por la corrupción y el desorden gubernamentales, y mientras la Iglesia católica entra en Oaxaca a tratar de mediar en el conflicto de San Juan Copala para impedir la masacre anunciada que el ulisismo no quiere impedir, ¡hasta mañana, con los priístas buscando diseminar por el país los candados contra alianzas partidistas que están produciendo en Toluca!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Dinero

El aniversario número 26 de La Jornada

¿Quién manda en Ciudad Juárez?

Mexicana de Aviación

Enrique Galván Ochoa

En su edición de ayer domingo publicó El Diario de Ciudad Juárez un editorial insólito dirigido a los capos del narcotráfico: “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se lo hemos exigido”. El principal periódico de la ciudad, fundado en 1976 por Oswaldo Rodríguez Borunda, ha sufrido el asesinato de dos reporteros –Armando Rodríguez hace casi dos años, y Luis Carlos Santiago Orozco, el jueves de la semana anterior–, acribillados en ataques que las procuradurías federal y estatal no han resuelto. Añade el editorial: “Ésta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar”. El Diario tiene ediciones hermanas en distintas ciudades de Chihuahua y en El Paso, Texas. Agrega: “Somos comunicadores, no adivinos. Por tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”. Después del asesinato del primer reportero, los directivos del periódico se reunieron con el presidente Calderón a solicitar garantías, recibieron una promesa, es obvio que no fue cumplida. De ahí la lógica del editorial: si el gobierno no puede proteger a los periodistas, que digan los capos cuáles son sus demandas, para saber a qué atenerse. A ese punto han llegado las cosas.

Días aciagos

Ésas son las circunstancias sin precedente que prevalecen en el ejercicio de la actividad periodística de México cuando La Jornada llegó el domingo a su aniversario número 26. Hubo un tiempo en que el periodismo era actividad de periodistas, pero nos ha tocado ver cómo grandes grupos empresariales han ido tomando el control de los medios de difusión, con frecuencia los aprovechan no para los mejores fines. A uno de estos grupos se atribuye la intención de imponer al próximo presidente de la República. Ahora se agrega la violencia como amenaza constante y sin ninguna protección o garantía del gobierno. Han sido asesinados más de 60 periodistas en la década del panismo. ¿No son circunstancias lamentables y terribles?

Nuestro aniversario

La Jornada es un periódico que pertenece a una especie en extinción: los dueños somos periodistas. Su fundador, Carlos Payán, es un creador, un personaje que tuvo el talento de reunir a periodistas e intelectuales en una aventura que comenzó sin un solo peso en caja, y nuestra directora general, Carmen Lira, antes fue reportera y corresponsal, tanto en Washington como en zonas de guerra, y subdirectora del periódico. Sigue haciendo periodismo. Recientemente logró una entrevista exclusiva con Fidel Castro que fue reproducida en todo el mundo. Le ha tocado una época muy difícil, en lo político y lo económico, pero aun así, mantiene al periódico a flote, y sin mengua de su línea editorial. Es fácil decirlo, pero se necesitan compromiso, valor y una gran energía para no desviar el camino. Por eso escribo estas líneas, en días aciagos para México y para el ejercicio de nuestra profesión. Quiero felicitar a la admirable periodista Carmen Lira por el aniversario de La Jornada, así como a todos mis compañeros.

Mexicana de Aviación

Se acumularon a lo largo del puente bicentenario varios expedientes que esperan solución. Sobresale el de Mexicana de Aviación. Lo último que se supo fue que Tenedora K se salió del negocio, no perdió mucho, había adquirido en mil pesos las acciones de la aerolínea. No se ve a ningún otro interesado por el momento, sin embargo, las autoridades anuncian que volverá a volar la próxima Navidad. Ha perdido varios aviones que fueron recuperados por las firmas que los habían arrendado a Gastón Azcárraga, por tanto, ya no podrá cubrir todas las rutas. Dejó un tiradero el superempresario egresado de la Universidad Harvard.

@Vox Populi

Asunto: acciones de Telmex

Hace unos días recibí una llamada de la compañía Actel, con el propósito de comprarme la acciones de Teléfonos de México que tengo. Mi duda es si usted considera que es buen tiempo para vender dichas acciones o si es conveniente conservarlas un tiempo más.

Beatriz Vadillo / Distrito Federal

R: Depende de varios factores: ¿cuánto le ofrece esa compañía? Llévelas a Inbursa a que le digan su precio de mercado; así podrá comparar. ¿Necesita usted el dinero? En estos momentos los inversionistas están vendiendo acciones y bonos y compran oro y plata. Parece que viene otra crisis.

Asunto: antenas celulares

Instalaron cerca de casa una antena repetidora de celular. A diferencia de otras, es muy baja, ya que simplemente está instalada sobre el techo de una casa. Tengo la certeza estas antenas causan daño a la salud, pero ¿dónde me quejo?

Jorge Iturbe / Distrito Federal

R: El tema está a debate, hay opiniones en el sentido de que no son dañinas. Sin embargo, en San Francisco, California, las autoridades obligaron a las empresas a poner una etiqueta con información sobre la radiación que emanan hasta los teléfonos celulares, de ese modo podrán los consumidores conocer los riesgos. En México un grupo de usuarios comenzó una campaña contra las antenas, pero chocó con los intereses de las compañías. Puedes comenzar tu peregrinar en la Secretaría de Salud del Gobierno del DF.

Los mensajes no publicados en este espacio aparecen en el foro.

galvanochoa@yahoo.com • Foro:http://dinero.tv/foro/index.php

México SA

El México “que nos hace falta”

Terremoto y discurso de ocasión

Calderón repite la farsa de MMH

Carlos Fernández-Vega


Con motivo del 25 aniversario luctuoso de los sismos de 1985, el inquilino de Los Pinos aseguró que el México que nos hace falta” es aquel que surgió durante el terremoto: “el de la solidaridad, la fraternidad, más humano, de la unidad y el trabajo colectivo para superar los retos que nos ha tocado vivir; el que no se arredra ante la adversidad y encuentra el camino para salir adelante”, es decir, reclama aquel México que él, su gobierno, los poderes fácticos que lo mantienen sentado en la residencia oficial y la clase política en su conjunto temen, abominan y mantienen permanentemente sedado.

Cinco lustros después de aquella tragedia, en su discurso de ocasión Felipe Calderón dejó a un lado el hecho de que el surgimiento de ese México solidario y movilizado se dio ante la vergonzosa incapacidad e inmovilidad gubernamentales para atender el desastre, con un ridículo cuan temeroso inquilino de Los Pinos encerrado bajo mil candados en la residencia oficial y sin voluntad para atender las urgencias nacionales, obsesionado no con la reconstrucción ni la superación de la emergencia, no con salvar vidas ni enterrar a nuestros muertos, sino con la peligrosa posibilidad de que la sociedad movilizada rebasara al aparato de Estado, lo que –muy a su pesar– sucedió de inmediato.

El fatuo discurso dominical de Calderón enaltece al México que él mismo aborrece, lo que demuestra con su propio ejercicio cotidiano de lo que llama gobierno (antisocial, sectario, excluyente, ineficiente, corrupto, enfermo). Para la ocasión, el inquilino de Los Pinos subrayó que “el temblor de 1985 despertó el México que nos hace falta, el de la solidaridad, unidad y trabajo colectivo para superar los retos que ha enfrentado el país; pero también, dijo, del México que no se arredró ante la adversidad y encuentra el camino para salir adelante. Frente a los desastres naturales, como los que se están viviendo en estos momentos en diversos puntos de la geografía nacional, los mexicanos hemos sabido siempre cerrar filas como el gran pueblo que somos, y hemos dado una respuesta unida y eficaz. Esa es la fuerza que nos mueve a tender la mano a quienes sufren una emergencia, y la fuerza que nos impulsa a hacer de la prevención una tarea de todos. Esa, también, debe ser la fuerza que nos mueva para hacer frente, unidos, a todos nuestros desafíos”.

¡Cómo se repite la farsa! Aterrorizado, Miguel de la Madrid permaneció cuatro días encerrado en Los Pinos, y dejó que el espontáneo movimiento solidario se hiciera bolas con la emergencia, el tiradero, la organización, el salvamento, los muertos y los heridos. Lo único que autorizó fue que los soldados tomaran las calles, lo que sólo entorpeció las labores de rescate. Fue la sociedad en su conjunto, no el gobierno, la que vigorosamente atendió la emergencia, ofreció esperanza y comenzó a dar salidas y soluciones al desastre. Cuatro largos, decisivos días duró el “asalto” del movimiento solidario; después, el temeroso aparato de Estado se dedicó a combatirlo, a minimizarlo, a sedarlo, a corromperlo (de allí surgieron oscuros “liderazgos populares” que prevalecen con todo y video difusión de pacas de dinero con sus respectivas ligas) para tomar las riendas y “normalizar” la situación a golpe de discursos y corrupción. Veinticinco años después, que involucran a cinco gobiernos (de MMH a Calderón) aún hay damnificados del terremoto, familias enteras que se mantienen sin recibir la “oportuna respuesta” prometida tras aquel aciago 19 de septiembre de 1985, sin olvidar que buena parte de la clase política que hoy dice gobernar y asegura que sacará del hoyo al país, de una u otra suerte formó parte del aparato de gobierno de aquel entonces.

La magnitud del terremoto “nos tomó por sorpresa, y tuvimos que actuar sin el apoyo de un plan de emergencia a la altura de las circunstancias. Al ver el desquiciamiento de la ciudad me di cuenta de que lo primero que tenía que hacer era transmitir la sensación de que había mando, pues lo peor que puede ocurrir ante situaciones como éstas es dejar que cundan la anarquía, la agitación y el desorden. Resultaba necesario conservar la serenidad, pero al mismo tiempo mostrar decisión” (Memorias de Miguel de la Madrid, Cambio de rumbo. Testimonio de una Presidencia, 1982-1988, FCE).

El pánico real del ex mandatario, del aparato de Estado, él mismo lo resume en uno de sus apuntes en el mismo libro: “sea como fuere, los terremotos provocaron una movilización social masiva que, desde nuestro punto de vista, abría la posibilidad de que brotara, en forma espontánea o provocada, la violencia social; en los primeros cinco u ocho días posteriores (al terremoto) percibí esta posibilidad, pues la energía generada por la movilización, al combinarse con los sentimientos de dolor, coraje o insatisfacción por la insuficiencia institucional para atender la situación, creaban el fermento necesario para desatar la violencia. Afortunadamente, la realidad fue otra. En el caos surgieron los líderes naturales, pero éstos y sus seguidores se dejaron orientar por las instituciones para prestar su ayuda” (el subrayado es mío), o lo que es lo mismo, se dejaron “orientar” por el burocratismo, el clientelismo político, y –el sello de la casa– la corrupción a manos llenas.

Pues bien, aterrorizado, Felipe Calderón acumula cuatro años encerrado en Los Pinos. Como MMH, ha sido un fracaso, con un gobierno igual de excluyente que de ineficiente, dedicado no sólo a desatender las urgencias nacionales, sino a profundizarlas. Según su propio dicho, la magnitud del crimen organizado que dice combatir también lo tomó “por sorpresa” y sin un plan de emergencia. Ha sido igual de inmóvil que de incapaz, pero eso sí, se ha mantenido muy activo en eso de “orientar” a los “líderes naturales” para desactivar eventuales movimientos sociales, y ha sido afanoso en eso de sedar permanentemente a la sociedad para evitar que reaccione, que se organice y responda.

Entonces, ¿en serio Felipe Calderón quiere ese México solidario y movilizado que despertó en los sismos de 1985?

Las rebanadas del pastel

¿Quiere el inquilino de Los Pinos un México solidario, fraterno, más humano, de unidad y, sobre todo justo? Bien, fuera discursos y que empiece con el caso de la guardería ABC de Hermosillo, con enjuiciar a los suyos como responsables de la muerte de 49 bebés, y que atienda de inmediato los justos reclamos de las madres de los niños que quedaron marcados por aquel incendio. Lo demás es puro bla, bla, bla.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega

¡Viva Salinas!

John M. Ackerman

Del mismo modo en que Manuel Ávila Camacho traicionó el programa e ideario de Lázaro Cárdenas del Río para retornar al caciquismo de Plutarco Elías Calles, Felipe Calderón también se ha propuesto frenar el proceso de democratización y entregar el poder al más retrógrado cacique político del momento: Carlos Salinas. Andrés Manuel López Obrador agregó vivas” a “los héroes anónimos”, a los indígenas, a las mujeres, y a los jóvenes en su arenga desde la Plaza de las Tres Culturas el pasado 15 de septiembre. A Calderón, sin duda, no le faltaron ganas de colocar a Salinas junto a los héroes de la patria en su proclama desde Palacio Nacional.

Habría que discrepar del gran maestro del periodismo nacional, don Miguel Ángel Granados Chapa, cuando afirma que Ernesto Zedillo es “el ex presidente con quien más afinidades tiene el actual titular del Ejecutivo”. La comparación más adecuada no tendría que ser con el burócrata gris y corrupto de Zedillo, sino con el gobierno autoritario y represor de Salinas. Si Salinas eliminó la rectoría del Estado en la economía y transformó los monopolios públicos en oligopolios privados para beneficiar a sus amigos y prestanombres, Calderón hoy también beneficia amigos y familiares y auspicia una fantástica concentración de la riqueza nacional en pocas manos. Recordemos que Carlos Slim le debe la acumulación de su fortuna al gobierno de Salinas, y que hoy el millonario se ha convertido en el hombre más rico del mundo bajo el amparo de Calderón.

Si Salinas atacó a campesinos e indígenas con sus ominosas reformas para privatizar el ejido y vender el país con su tratado de libre comercio, hoy Calderón ha emprendido una verdadera cruzada anti-obrera contra electricistas, obreros, mineros, maestros independientes y más recientemente los trabajadores de Mexicana de Aviación.

Ambos presidentes comparten una vocación represora en contra de dirigentes sociales, toleran todo tipo de violaciones a los derechos humanos y solapan de forma cínica la impunidad y la corrupción. Ambos sexenios también se han caracterizado por un masivo derroche de recursos públicos para una populista propaganda gubernamental. Y como colofón ridículo de las coincidencias, las únicas dos ocasiones en que México ha “ganado” el concurso Miss Universo han sido precisamente durante los sexenios de Salinas y Calderón. La reciente condecoración de Rigoberta Menchú también trae a la memoria los hipócritas elogios que Salinas ofreció a la premio Nobel latinoamericana.

El delfín actual de Salinas, Enrique Peña Nieto, hoy se conduce con una gran soberbia al grado de imponer una contrarreforma electoral en el estado de México, reminiscente de aquella otra de 1989-1990 impulsada por Salinas. Con razón el ex presidente hoy celebra a Calderón: “Son tiempos de cambio. Me parece que han sido positivos”.

A pesar de las coincidencias, también existe una diferencia fundamental entre Ávila Camacho y Calderón Hinojosa. En la reunión histórica de los ex presidentes del 11 de septiembre de 1942, Ávila Camacho logró conciliar dos polos políticos, Cárdenas desde la izquierda y Calles desde la derecha, con el fin de demostrar la “unidad nacional” frente a la entrada formal de México en la Segunda Guerra Mundial. En contraste, la reunión del 15 de septiembre pasado convocó a dos ex presidentes, Salinas y Vicente Fox, que comparten una misma ideología y proyecto antipopular. Resulta evidente que la “unidad” que promueve Calderón no es una unión plural y diversa como la de antaño, sino solamente un “cierre de filas” entre la misma clase política de siempre, con la notable exclusión de la izquierda política. Aquí Calderón, una vez más, aplica la lección de su maestro de “no ver ni oír” a un amplio sector de la sociedad.

Entrevistado en Palacio Nacional, Salinas recuperó lo dicho por Ávila Camacho cuando este último declaró aquel 11 de septiembre: “Estamos aquí los de ayer y los de hoy; mientras estemos unidos, no habrá enemigo que nos derrote”. ¿Quién podría ser hoy el “enemigo” al que se refiere Salinas? ¿El narcotráfico? Difícil de pensar. ¿La corrupción? Imposible de creer.

Es evidente que el “enemigo” de hoy sigue siendo el mismo que con toda fuerza en las elecciones presidenciales de 1988 y de 2006 ha expresado su rotundo rechazo al neoliberalismo. El mismo enemigo que en ambas ocasiones tuvo que ser contenido con todo el peso de “las instituciones” y que desde la pasada década de los ochenta ha sido sistemáticamente excluido del desarrollo nacional: el pueblo de México. Es una lástima que Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo no llegaron al convite de Calderón el pasado 15 de septiembre, ya que hubiera sido magnífico observar reunidos en el mismo balcón a los responsables históricos del actual desastre nacional.

La sociedad no puede seguir tolerando el renovado activismo político del peor presidente que México padeció en el siglo XX. Como bien lo dijo Fox en su campaña presidencial, “con Salinillas ni al baño”, sólo que aquí Fox volvió a fallar: al menos ya fueron juntos a Palacio Nacional.

http://www.johnackerman.blogspot.com/

“Ya no queremos más muertos; indíquenos qué esperan de nosotros”

“Tregua”, pide El Diario al crimen en Ciudad Juárez

En su editorial de ayer se dirige a las autoridades de facto de esa frontera

Rubén Villalpando

Ciudad Juárez, Chih., 19 de septiembre. El Diario, que se publica en Juárez, pidió en su edición de este domingo a las bandas del crimen organizado que se disputan la plaza, que “nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”.

El rotativo señaló en un mensaje a los grupos delictivos que éstos son, “en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido. Es por ello que, frente a esta realidad inobjetable, nos dirigimos a ustedes para preguntarles, porque lo menos que queremos es que otro más de nuestros colegas vuelva a ser víctima de sus disparos”.

Añadió que no obstante que “todo el gremio periodístico de esta frontera ha sufrido las consecuencias de esta guerra en la que ustedes y el gobierno federal se hallan, El Diario ha sido, sin duda, el medio más lastimado hasta el momento, porque ninguno ha resentido la muerte de dos de sus colaboradores, como nosotros (Armando Rodríguez Carreón, asesinado hace dos años, y Luis Carlos Santiago Orozco, muerto el jueves anterior).

“Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio.”

El Diario aclaró que “ésta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar”.

Sostuvo de igual manera que “para los que estamos al frente de esta empresa editora, si bien nuestros objetivos y misión de bien informar a la comunidad siguen siendo los mismos de hace 34 años, en estos momentos no le hallamos sentido a seguir poniendo en riesgo la seguridad de tantos compañeros para que sus vidas tan valiosas sean utilizadas como vehículos de mensajes, cifrados o no, entre las diversas organizaciones, o de éstas hacia las autoridades oficiales.

“Hasta en la guerra hay reglas. Y en cualquier conflagración existen protocolos o garantías hacia los bandos en conflicto para salvaguardar la integridad de los periodistas que las cubren. Por ello les reiteramos, señores de las diversas organizaciones del narcotráfico, que nos expliquen qué quieren de nosotros para dejar de pagar tributo con la vida de nuestros compañeros”, publicó este domingo.

Asimismo, el periódico acotó que “para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, (el presidente Felipe Calderón Hinojosa) se metió –sin una estrategia adecuada– a una guerra contra el crimen organizado, sin conocer además las dimensiones del enemigo ni las consecuencias que esta confrontación podría traer al país.

“Introducidos sin pedirlo en el conflicto, los mexicanos –y de manera particular los juarenses– han estado al garete de decisiones erróneas que terminaron llevándoselos en medio, con los resultados ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías.

“En ese contexto, los periodistas también fueron arrastrados a esta lucha sin control, sin que el Presidente pensara en aquel compromiso proferido en la sala de juntas de El Diario (cuando como candidato ofreció una entrevista al rotativo), porque los trabajadores de los medios han sido amenazados, han realizado investigaciones sobre el crimen organizado y han estado en medio de esta guerra como testigos privilegiados a la vez que intimidados, pero aun así, nunca recibieron de su gobierno los ‘mecanismos de protección especial’ que (en la entrevista citada) subrayó como indispensables.”

Recordó que “hace apenas unos días los colegios de médicos adelantaron la posibilidad de hacer una huelga de sus servicios como medida de presión hacia los gobiernos para conseguir respuestas, tras de que varios de sus colegas han sido secuestrados y algunos asesinados a pesar de que se pagó el rescate por ellos.

“Otros, como los comerciantes y empresarios, también han contemplado acciones de presión, como aplicar una huelga de pagos de impuestos y derechos, de los que vive el gobierno.

“Es tanta la falta de justicia, es tanta la desolación e impotencia que sienten todos los sectores, que no sería descabellado comenzar a aplicar acciones que realmente le duelan a quienes tienen la obligación de hacer más por salvaguardar la seguridad de la ciudad, del estado y del país”, señala el rotativo.

El Diario reprochó a Felipe Calderón que enviara recientemente “una carta a cada una de las familias de la nación en la que, entre otras cosas y de manera retórica, subraya que el blanco del color de nuestra bandera nacional es el de ‘la paz que hemos conquistado’. Tal afirmación es una burla para los juarenses, que se ahogan en un baño de sangre y que de paz es de lo que menos saben en estos tiempos”.

También reclamó a la secretaria de Educación y Cultura estatal, Guadalupe Chacón Monárrez, que declarara el sábado “que somos los culpables del terrorismo sicológico que se vive en la ciudad. Ahora resulta que, además de víctimas, en la mente de la funcionaria somos los victimarios al culparnos de terroristas por sólo cumplir con nuestra tarea de informar a la comunidad de lo que está sucediendo en esta frontera”.

A continuación, se reproduce íntegramente editorial del periódico:

¿Qué quieren de nosotros?

De la Redacción

El Diario 19-09-2010 00:21

Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias.

Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos.

Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido.

Es por ello que, frente a esta realidad inobjetable, nos dirigimos a ustedes para preguntarles, porque lo menos que queremos es que otro más de nuestros colegas vuelva a ser víctima de sus disparos.

Aun cuando todo el gremio periodístico de esta frontera ha sufrido las consecuencias de esta guerra en la que ustedes y el Gobierno federal se hallan, El Diario ha sido, sin duda, el medio más lastimado hasta el momento porque ninguno ha resentido la muerte de dos de sus colaboradores, como nosotros.

Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio.

Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar.

Frente al vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en el que no hay las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas y El Diario puede dar cuenta de ello.

Para los que estamos al frente de esta empresa editora, si bien nuestros objetivos y misión de bien informar a la comunidad siguen siendo los mismos de hace 34 años, en estos momentos no le hallamos sentido a seguir poniendo en riesgo la seguridad de tantos compañeros para que sus vidas tan valiosas sean utilizadas como vehículos de mensajes, cifrados o no, entre las diversas organizaciones, o de éstas hacia las autoridades oficiales.

Hasta en la guerra hay reglas. Y en cualquier conflagración existen protocolos o garantías hacia los bandos en conflicto, para salvaguardar la integridad de los periodistas que las cubren. Por ello les reiteramos, señores de las diversas organizaciones del narcotráfico, que nos expliquen qué quieren de nosotros para dejar de pagar tributo con la vida de nuestros compañeros.

Y es que del mensaje que uno de estos grupos dejó en una manta colocada ayer por la mañana en la esquina de Ejército Nacional y Tecnológico, se puede colegir que se adjudica el asesinato del reportero gráfico Luis Carlos Santiago Orozco, registrado el jueves por la tarde en un centro comercial.

La pancarta contiene un recado amenazador dirigido a supuestos comandantes y un comisario, en el que les advierten que les pasará lo mismo que a nuestro fotógrafo si no regresan una cantidad de dinero.

Desde que comenzaron a aparecer estos mensajes en mantas o pintas sobre paredes, El Diario no lo ha tomado como un juego, sobre todo porque han demostrado tener veracidad ya que varias de estas advertencias se han cumplido.

En cambio, a la vuelta de casi dos años del asesinato de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón, nos hallamos demasiado escépticos de que las supuestas autoridades de justicia que están por terminar su mandato nos entreguen un esclarecimiento confiable.

Han sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda.

El periódico no se va a conformar de buenas a primeras con el primer indiciado que le aseguren se trata del autor del atentado contra “El Choco”, porque contamos con información de que se anda buscando un “chivo” expiatorio para cargarle la culpabilidad de este crimen que para nosotros es tan delicado.



Si con ello pretendieran bajarle la presión al asunto, resultaría contraproducente porque lo único que conseguirían sería atraer una desconfianza mayor de la que, de hecho, ya mantienen entre el grueso de la ciudadanía ante los altos índices de impunidad que se registran.

En todo caso, para que El Diario aceptara un resultado a estas alturas tendría que ser avalado asimismo por organismos internacionales de periodistas, así como de derechohumanistas.

Hace cuatro años y medio, cuando Felipe Calderón Hinojosa aún se hallaba en campaña por la carrera presidencial, acudió a las instalaciones de El Diario para ofrecer una entrevista sobre diversos temas.

En ese encuentro con los trabajadores de la comunicación de este medio, el hoy presidente de la República respondió a una pregunta que se le planteó en torno a las garantías que ofrecería su administración federal para el buen desarrollo de la libertad de expresión y de sus representantes.

Calderón dijo que “en el caso de los asesinatos (de periodistas), así como yo estoy protegido por mi condición de candidato, creo que en la medida en que una actividad se desarrolle en beneficio de la comunidad y encierre peligrosidad también debe haber mecanismos que la protejan. Un periodista que ha sido amenazado o que realice una investigación contra el crimen organizado debe tener mecanismos de protección especial y qué bueno que se creó la fiscalía especial en esa materia”.

A la vuelta de estos años, la historia es bien conocida: el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada–, a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias que esta confrontación podría traer al país.

Introducidos sin pedirlo en el conflicto, los mexicanos –y de manera particular los juarenses– han estado al garete de decisiones erróneas que terminaron llevándoselos en medio, con los resultados ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías.

En ese contexto, los periodistas también fueron arrastrados a esta lucha sin control, sin que el presidente pensara en aquel compromiso proferido en la sala de juntas de El Diario, porque los trabajadores de los medios han sido amenazados, han realizado investigaciones sobre el crimen organizado y han estado en medio de esta guerra como testigos privilegiados a la vez que intimidados, pero aun así nunca recibieron de su gobierno los “mecanismos de protección especial” que subrayó como indispensables.

Las únicas armas de defensa que hemos tenido quienes nos dedicamos al oficio, han sido la búsqueda de la verdad, el manejo de las palabras, así como nuestras máquinas de escribir –hoy computadoras– y cámaras fotográficas.

El Estado como protector de los derechos de los ciudadanos –y, por ende, de los comunicadores– ha estado ausente en estos años de belicosidad, aun cuando haya aparentado hacerlo a través de diversos operativos que en la práctica han sido soberanos fracasos.

El viernes pasado, tras el crimen del fotoperiodista Luis Carlos Santiago Orozco, El Diario publicó un editorial en el que enfatizaba esta ausencia al cuestionar “¿A quién exigimos justicia?” En ese mismo tenor se hallan los ciudadanos que no saben ya a quién recurrir para pedir ayuda.

Hace apenas unos días los colegios de médicos adelantaron la posibilidad de hacer una huelga de sus servicios como medida de presión hacia los gobiernos para conseguir respuestas, tras de que varios de sus colegas han sido secuestrados y algunos asesinados a pesar de que se pagó el rescate por ellos.

Otros, como los comerciantes y empresarios también han contemplado acciones de presión, como aplicar una huelga de pagos de impuestos y derechos, de los que vive el gobierno.

Es tanta la falta de justicia, es tanta la desolación e impotencia que sienten todos los sectores, que no sería descabellado comenzar a aplicar acciones que realmente le duelan a quienes tienen la obligación de hacer más por salvaguardar la seguridad de la ciudad, del estado y del país.

En contraste, el mayor obligado en proteger a los ciudadanos se pierde en disquisiciones estériles en torno a si México está igual o peor que Colombia hace veinte años, afirmación emitida por la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, avalada por medios tan serios como el Washington Post, o bien, se encarga de ofrecer circo a los connacionales a través del oneroso gasto utilizado en las celebraciones por el Bicententario, recursos que mejor debería haber empleado en reforzar las pálidas estrategias de seguridad.

No contento con lo anterior, el primer mandatario pontifica sobre la paz en el país como si se tratara de algo real, al enviar una carta a cada una de las familias de la nación en la que, entre otras cosas y de manera retórica, subraya que el blanco del color de nuestra bandera nacional es el de “la paz que hemos conquistado”.

Tal afirmación es una burla para los juarenses que se ahogan en un baño de sangre y que de paz es de lo que menos saben en estos tiempos.

En Ciudad Juárez hemos llegado a un punto en el que es necesario –y urgente– adoptar otro tipo de medidas para obligar a las autoridades establecidas por ley, a ofrecer respuestas más contundentes, porque la capacidad de tolerancia de tantos ciudadanos dolidos ha rebasado ya sus límites.

El Diario, por lo pronto, asume la postura manifestada en los primeros párrafos, de llamar a los grupos en pugna a que expresen qué es lo que quieren de nosotros como comunicadores.

De víctimas a verdugos

Como si los atropellos, atentados y demás intimidaciones en contra de los medios de comunicación no fueran suficientes, ayer la secretaria de Educación y Cultura del Gobierno estatal, Guadalupe Chacón Monárrez, vino a ponerle más sal a la herida al declarar que somos los culpables del terrorismo psicológico que se vive en la ciudad.

Ahora resulta que, además de víctimas, en la mente de la funcionaria somos los victimarios al culparnos de terroristas por sólo cumplir con nuestra tarea de informar a la comunidad de lo que está sucediendo en esta frontera.

El terrorismo, y esto debe quedarle muy claro a la secretaria de Educación, viene de otras fuentes, no de los medios de comunicación que somos el vehículo para informar de lo que sucede en esta ciudad.

De manera específica Chacón Monárrez se refirió al caso de la escuela primaria y el kínder del norponiente en donde no sólo los padres de familia, sino los mismos maestros, viven con el temor de que algo pueda pasarles ante las amenazas recibidas de parte de un grupo de extorsionadores.

Fueron los propios padres de familia los que se acercaron a este periódico para expresar el miedo que sentían –y sienten– por la seguridad de sus hijos. Las amenazas no las vertió El Diario como tampoco este medio es el que infundió entre los progenitores la iniciativa por denunciar las intimidaciones recibidas.

Ante esta situación, ¿qué esperaba la funcionaria? ¿Que sólo escucháramos a los padres de familia y los regresáramos a sus casas? ¿O que los mandáramos a poner la denuncia correspondiente ante Averiguaciones Previas cuando ellos mismos manifestaron que no confían en la autoridad porque no hace nada al respecto?

El reportero que los escuchó hizo lo que tenía qué hacer: escribir la nota correspondiente y entregarla al editor, quien también cumplió con su función y su responsabilidad de publicarla porque se trataba de un asunto de trascendencia en el que estaba de por medio la integridad de numerosas personas, sobre todo niños.

El terrorismo no lo propició la información divulgada, de la cual se hicieron eco el resto de los medios de la ciudad, sino quienes amagaron a los menores, a sus padres y a los maestros. Pero, sobre todo, lo han venido ocasionando quienes, teniendo la responsabilidad y la capacidad de frenar estos hechos, no lo han hecho, ya sea por omisión, por negligencia o incluso por colusión.

Dice la secretaria de Educación que ella no se puede imaginar que alguien les falte al respeto a los niños, y que pudo tratarse de una broma de mal gusto. Se nota que la funcionaria no vive en esta ciudad, en donde menores de edad, infantes y hasta bebés han sido masacrados. Quien no perdona la burla es ella con sus comentarios, que seguramente no serán del agrado de tantos padres de familia que han perdido a sus hijos de violenta manera.

Tiene toda la razón Hernán Ortiz, antropólogo e investigador de la UACJ, quien le respondió a Chacón Monárrez que no se debe culpar a los medios del terrorismo que desde hace tiempo padecemos, sino a la incompetencia que han demostrado los gobiernos, en lo cual coincide con nuestros comentarios vertidos párrafos atrás.

“Quiero decirle a los medios, con todo respeto, que no nos convirtamos en copartícipes de esto, ya que el terrorismo psicológico se logra a través de la comunicación”, dijo la funcionaria.

¿Qué es lo que nos quiere decir con lo anterior? ¿Que dejemos de publicar? ¿O que sólo divulguemos noticias “buenas” o “positivas”, como en otras ocasiones se ha polemizado al respecto? Los medios recogemos y publicamos todo lo que acontece en la ciudad, ya será el lector el que le dé la connotación de “bueno” o “malo” a lo que lee, escucha o ve.

En todo caso, es la secretaria de Educación la que tiene la gran responsabilidad de que los niños que en estos momentos se estén educando, salgan con una mentalidad bien formada para que no sean los delincuentes del mañana.

Es una cortina de humo lo que ha levantado Chacón Monárrez, para esconder la incapacidad de autoridades que no han hecho bien su labor.