Fuera Peña Nieto

John M. Ackerman

 

El viernes pasado en la Universidad Iberoamericana los derechos de Enrique Peña Nieto no fueron tocados ni con el pétalo de una rosa. El candidato pudo entrar sin problema al auditorio universitario, exponer sus ideas con calma, contestar una veintena de preguntas y todavía tomar el micrófono un momento más para aclarar su responsabilidad en el caso de la represión policiaca en San Salvador Atenco. Posteriormente salió del recinto, paseó rápidamente por la universidad y finalmente abordó su vehículo con el pulgar en alto sin que absolutamente nadie obstruyera su paso.

La valiente protesta de los estudiantes fue totalmente pacífica.

Los gritos generalizados de ¡fuera!, ¡asesino! y ¡cobarde!, así como las cartulinas que señalaban a Peña como corrupto y represor fueron auténticas expresiones de repudio protegidas por el derecho constitucional a la libertad de expresión. Ningún candidato o funcionario público tiene el derecho a que le aplaudan los ciudadanos. Los ciudadanos tampoco tienen la obligación de dirigirse con respeto o buenas maneras hacia los políticos.

Algunas voces lamentan que los insultos sustituyan a los argumentos y las razones. Pero en este caso existen razones de sobra para que los jóvenes se indignen ante la presencia del candidato priísta en su casa de estudios. Es precisamente la inteligencia y el análisis crítico lo que permite a la población darse cuenta de lo que implicaría el retorno de los dinosaurios al trono. Es también la claridad y la congruencia lo que exige que nos acordemos de las mujeres violadas y los jóvenes asesinadas en el operativo policiaco en Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006. En todo caso, los que no tienen argumentos serían los cada vez menos jóvenes pasivos e irreflexivos que se limitan a consumir acríticamente las mentiras de las principales televisoras.

En la Ibero Peña Nieto reconoció y se enorgulleció de su responsabilidad por el operativo en Atenco: Fue una acción determinada que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública. El mismo día en la mañana, en el programa radiofónico de Carmen Aristegui, Peña también descalificó el caso presentado contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional por su posible responsabilidad en la crisis humanitaria que se vive en el país.

Queda claro que la rendición de cuentas no sería un punto fuerte en un eventual gobierno del PRI. Peña daría continuidad absoluta a la política de la impunidad y encubrimiento de altos funcionarios que se ha afianzado a lo largo del sexenio actual.

El presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, ha pedido a las autoridades de la Ibero que investiguen quiénes fueron los manifestantes. Pero los reportes periodísticos y videos demuestran que los únicos acarreados en el acto en la Ibero fueron los cientos de jóvenes que llegaron a la universidad en camiones desde las ocho de la mañana cargando cartulinas impresas profesionalmente con lemas en favor del candidato del PRI. De acuerdo con las crónicas, los allegados a Peña alcanzaron a llenar casi tres cuartas partes del auditorio y dejaron fuera a la mayor parte de la comunidad universitaria que tenía interés en presenciar el acto.

Recordemos que el priísta ya había cancelado su asistencia a la Ibero en dos ocasiones anteriores. Asimismo, eligió el viernes para el encuentro actual porque es el día de menor afluencia estudiantil, ya que la mayor parte de las clases solamente se celebran de lunes a jueves. Hubo reportes de que los priístas incluso ofrecían dinero a los estudiantes a cambio de tener un buen comportamiento en el acto. Igualmente, al terminar el acto, Peña fue quien decidió salir por la puerta de atrás del auditorio y cancelar su participación en el programa de RadioIbero, aun cuando contaba con la protección de más de una veintena de escoltas.

El candidato no tuvo interés alguno en entablar un diálogo auténtico y espontáneo con los estudiantes. Quien le faltó el respeto a la comunidad y los principios universitarios no fueron los alumnos de la Ibero, sino el candidato del PRI.

En una verdadera democracia, los candidatos presidenciales deben estar en contacto constante con la población, dialogar con los ciudadanos y debatir frecuentemente con sus adversarios.

Pero Peña prefiere esconderse en una burbuja mediática y comprar lealtades y complicidades.

Los priístas suelen decir que en política, todo lo que se puede comprar con dinero es barato. Ello porque al llegar al poder el enorme gasto en la campaña siempre es más que recompensado con el botín del presupuesto y el poder público. Pero en este caso los alumnos de la Ibero han dado un inspirador ejemplo de dignidad ciudadana al demostrar que algunas cosas, como la conciencia, la inteligencia y la memoria histórica, son tan valiosas que simplemente no tienen precio.

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Cinismo y relevo generacional

John M. Ackerman

 

Una generación de escritores y pensadores que dedicaron sus vidas a exhibir los abusos del poder y combatir el cinismo de la clase política se nos está yendo. En los últimos dos años han partido Luis Javier Garrido, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, Guillermo O’Donnell, Germán Dehesa, Bolívar Echeverría, José Saramago y Rafael Jacobo, entre muchos otros grandes intelectuales, a quienes debemos los pocos avances que hoy existen en materia democrática en el país. La muerte de estas figuras deja un enorme vacío que muy difícilmente podrá ser llenado a corto plazo.

Mientras, los poderosos están de plácemes. Llenan el silencio post mortem de nuestros héroes caídos con el ruido distractor de los comentaristas mediáticos que prefieren vociferar y quedar bien, antes que pensar y sacudir las conciencias. Nos encontramos ahogados en un mar de análisis sin profundidad cuyo principal objetivo es apagar la flama de la esperanza ciudadana y convencernos de que otro mundo es simplemente imposible. Los manipuladores saben perfectamente bien que la depresión y los fatalismos del pueblo son los mejores aliados del status quo.

Pero, a contrapelo de esta apuesta por la pasividad ciudadana, ha surgido una nueva generación de jóvenes que no están dispuestos a rendirse ante los amagos del poder. Con su interpelación a Felipe Calderón el lunes pasado en Guadalajara, Tonatiuh Moreno habló a nombre de millones de jóvenes empresarios hartos de la soberbia y la sordera del actual Presidente de la República. Las valientes palabras de Valentina Rosendo, en el acto de disculpa pública del Estado Mexicano por haber permitido su abuso sexual por militares en Guerrero, demostraron a todos los jóvenes indígenas del país que es posible resistirse al poder policiaco-militar que cada día se adueña de franjas más amplias de la nación.

Los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes no cejan en su firme insistencia de la renuncia del gobernador Ángel Aguirre y en el fortalecimiento de las escuelas normales del país, demuestran que ni siquiera las balas asesinas de las mal llamadas fuerzas del orden pueden callar a la nueva generación de luchadores sociales. La interrupción del solemne segundo Informe del gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo, por el zapatazo de Omar Jaír Pineda en protesta por las acciones ilegales de la Minera San Xavier también evidencia que hay límites claros a la cantidad de mentiras y simulaciones que la ciudadanía está dispuesta a soportar.

Desde 2008, el grito de espurio del joven premio Nacional de la Juventud, Andrés Gómez Emilsson, al escuchar al Presidente de la República repetir sus mentiras de siempre durante la ceremonia de premiación, reveló las grandes cuarteaduras que existen en la cortina de hierro de la manipulación de las principales empresas televisivas. En 2009, la valiente denuncia del joven Ramsés Villareal a los agentes ministeriales federales que lo detuvieron, amagaron y golpearon para que confesara un crimen que nunca cometió, también sirve de lúcido ejemplo para tantos jóvenes que hoy en el contexto de la “guerra contra el narco” son tratados como criminales y delincuentes únicamente por su edad. El año pasado, la denuncia contra Calderón, presentada por el brillante joven abogado Netzaí Sandoval, ante la Corte Penal Internacional también evidenció que la nueva generación está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para acabar con la impunidad en el país.

Hoy existen más razones que nunca para que los jóvenes se indignen, denuncien y griten la verdad a los cínicos que hoy detentan el poder. Nadie cree, por ejemplo, que los 25 millones de pesos en efectivo transportados por funcionarios del gobierno del estado de Veracruz hayan sido realmente para pagar a un proveedor de servicios para la feria de la Candelaria y el carnaval de Veracruz. Esta historia es igual de increíble que la de Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, quien aclaraba después de la tragedia del casino Royale que los cuantiosos pagos en efectivo que recibía eran por la venta de quesos oaxaqueños. En ambos casos por lo visto se entrecruzan complicados asuntos de corrupción, financiamiento político-electoral irregular y narcotráfico.

Hoy más que nunca queda claro a la nueva generación que hace falta una transformación radical en la política nacional. Se abre entonces una excelente oportunidad para que los candidatos a los miles de cargos de elección popular que se disputan este año se acerquen a la población para escuchar los cuestionamientos, recibir las interpelaciones con humildad y tomar en cuenta las críticas. De lo contrario, es muy poco probable que el país aguante más que un par de años sin un fuerte estallido social en contra del cinismo y la sordera de la clase política entera.
Luis Javier Garrido, in memoriam, ejemplo de valentía y lucidez.
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IFE indolente

 

John M. Ackerman

 

La reacción del IFE frente a las denuncias sobre el probable rebase del tope de campaña de Enrique Peña Nieto es una copia fiel de su comportamiento durante las elecciones presidenciales de 2006. Una vez más, en lugar de encontrar razones para actuar en favor de la equidad y el estado de derecho, el instituto recurre a pretextos para mantenerse pasivo e indolente. Tal como ocurrió hace seis años, la autoridad incumple con la neutralidad y facilita la imposición de un resultado electoral a las espaldas de la ciudadanía.

En 2006, el IFE dejó pasar una ofensiva campaña mediática calumniosa, los anuncios televisivos ilegales patrocinados por el sector privado y la intervención indebida del gobierno federal, entre otras conocidas violaciones. Todos recordamos cómo el instituto también se negó rotundamente a ordenar un amplio recuento de la votación presidencial.

En todos esos casos, Luis Carlos Ugalde y los otros consejeros pretextaron que la ley no les permitía hacer otra cosa. Como cualquier corrupto burócrata de ventanilla, pedían a los denunciantes darse otra vuelta el próximo día para formarse de nuevo en la fila.

El viernes pasado, la recientemente nombrada consejera electoral María Marván resucitó el fantasma de Ugalde. Indignada con la osadía de la coalición progresista y el PAN de denunciar los gastos de Peña, de manera tajante afirmó que en el IFE no podemos hacer absolutamente nada. De acuerdo con la consejera, quien se queja de irregularidades sabe perfectamente que el proceso de fiscalización de las campañas es hasta que acaban y el instituto electoral no puede hacer ni más ni menos de lo que le pone la ley.

El consejero presidente Leonardo Valdés ha cometido una pifia similar. En un artículo de prensa escribió que es imposible determinar ahora, durante el periodo de campañas, el rebase de topes de gastos de campaña de candidato alguno: el IFE no está facultado para auditar los gastos de partidos y candidatos antes de que termine la propia campaña.

No nos dejemos engañar. El Cofipe señala que en casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad [de Fiscalización] podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes (artículo 85). Asimismo, el artículo 84 de la misma norma ordena a todos los partidos presentar un informe preliminar de sus gastos de campaña antes del 15 de junio.

Y cuando se trata de irregularidades que ponen en riesgo la equidad y la legalidad del proceso electoral en su conjunto, ni siquiera es necesario recurrir a los burocráticos lineamientos del proceso fiscalizador. El Cofipe indica que cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral (artículo 362). Si la queja presenta indicios claros de que la ley pudo haber sido violada, el IFE está obligado a admitir, investigar y resolver el caso. El instituto debe proceder de manera inquisitiva y exhaustiva en estos procesos, de acuerdo con los criterios del TEPJF.

Es completamente falso entonces que la ley prohíba que el IFE revise antes de la elección los gastos de Peña. Esto queda aún más claro con la pantomima del acuerdo entre el PRI y el IFE para que la autoridad electoral envíe auditores para revisar los papeles del viejo partido de Estado. Ahora resulta que la autoridad siempre sí puede hacer algo, pero siempre y cuando el proceso sea dirigido y convocado por el mismo partido. Queda claro que no es la ley, sino la voluntad lo que limita la acción del instituto electoral.

Ahora bien, lo importante no es que el IFE vaya y revise los papeles que PRI le quiera mostrar, sino que la autoridad verifique de manera independiente los costos de la campaña de Peña Nieto. Solamente el observador más ingenuo podría creer que todo el derrochador gasto para el arranque de la campaña hubiera sido pagado y facturado en favor del PRI. Además de los papeles y los movimientos bancarios formales, evidentemente también fluyen vastas cantidades de dinero en efectivo que sirven para engrasar la campaña. Las donaciones en especie y los descuentos de parte de personas físicas y morales, algunos incluso de dudosa procedencia, también seguramente están a la orden del día.

El IFE se enorgullece de que se han seleccionado 50 distritos electorales al azar para ser monitoreados directamente a nivel de calle por auditores del instituto. Sin embargo, esta revisión no es permanente y el IFE dará previo aviso 48 horas antes de cada visita. Dos días es más que suficiente tiempo para inmediatamente retirar cualquier propaganda fuera de la ley y así esconder el despilfarro. Y una vez que se sepa cuáles son los 50 distritos que estarán bajo vigilancia especial, los partidos tendrán un cheque en blanco para gastar a manos llenas en los otros 250.

También habría que preguntarnos hasta qué punto estos auditores se limitarán a tomar fotos y pasear por las calles, o si fungirán como verdaderos detectives para descubrir la compra y coacción del voto durante las semanas previas a la elección, así como para perseguir el acarreo y las prácticas ominosas, como el carrusel, durante la jornada electoral. La sospecha es que una vez más en el IFE imperarán la desidia y el formalismo burocrático por encima de la exhaustividad y el compromiso con la investigación.

En cualquier democracia y de acuerdo con nuestra propia Constitución, no debe ganar quien acarrea, engaña y compra más votos y propaganda, sino quien recibe más sufragios libremente emitidos. Recordémosles a los consejeros del IFE que el presidente electo no lo determinarán ellos el próximo 1º de julio, sino el TEPJF posteriormente, una vez que haya podido evaluar la autenticidad del proceso electoral. Si el instituto no actúa ahora para defender la legalidad, no cabe duda de que una vez más se podría poner en duda la legitimidad y la validez de la elección presidencial.

Justicia ya para Regina Martínez, ni una muerte más. En solidaridad con los estudiantes de Michoacán

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Peña Nieto: el candidato de Calderón

John M. Ackerman

Todo parece indicar que finalmente no se cumplirá la amenaza de ruptura de la coalición PRI-PAN que se vislumbraba al principio del proceso electoral. Desde la reunión privada que sostuvieron Felipe Calderón y Pedro Joaquín Coldwell en Los Pinos el 27 de febrero, ha habido un reapprochment entre estos dos partidos que se han repartido el poder federal desde 1988. Cada día resulta más evidente que la campaña de Josefina Vásquez Mota existe más para negociar posiciones e impunidades con el PRI que para conquistar la silla presidencial. Calderón, por su parte, parece más preocupado por su legado histórico y su futuro personal que por la continuidad del PAN en el poder o por honrar la memoria de su padre.

Hasta hace mes y medio sonaban los tambores de guerra. Parecía que el PAN y el gobierno federal se preparaban para combatir con todo el regreso de los dinosaurios al trono. La PGR abrió expedientes contra ex gobernadores tanto en Tamaulipas como en Coahuila. El sorpresivo relevo en la Fepade aparentemente tenía el fin de golpear mejor al adversario.

Felipe Calderón mismo aprovechaba cualquier foro para vincular al PRI con el narcotráfico y apoyar a su partido. Sus declaraciones sobre las elecciones de Michoacán, su entrevista con The New York Times en octubre y su comentario con consejeros de Banamex sobre los “cuatro puntos de diferencia” preparaban el escenario para una inédita intervención presidencial en las campañas.

Pero de repente todo cambió. En su reciente aparición en la mesa de análisis Tercer grado, de Televisa, Calderón hasta se atrevió a defender públicamente a Enrique Peña Nieto. A invitación expresa de uno de sus interlocutores, el Presidente se negó a incluir al priísta como uno de aquellos políticos supuestamente hipócritas que ahora abogan por privatizar a Pemex, pero se negaron a hacerlo cuando Calderón presentó su iniciativa al Congreso. En ese mismo programa, también quedó claro que Calderón se encuentra más interesado en impulsar la candidatura presidencial de Margarita Zavala en 2018 que la de Vázquez Mota en 2012.

Pocos días después, el Presidente aprovechó la muerte de Miguel de la Madrid, padre de las políticas neoliberales enarboladas desde hace tres décadas por el PRIAN, para terminar de cerrar filas con el PRI. Organizó una pomposa ceremonia luctuosa de Estado en Palacio Nacional con la asistencia de la cúpula del viejo partido de Estado, con Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, desde luego, a la cabeza.

Habría que recordar que ni siquiera Vicente Fox organizó un acto oficial cuando falleció José López Portillo en 2004. Calderón, en contraste, aprovechó la ocasión para elogiar al ex presidente: “Un hombre sereno y ecuánime, un hombre de familia; un hombre que amaba profundamente a nuestro México”. Tal como lo ha señalado José Gil Olmos, este velorio fue “realizado como lo hacían los grupos de la mafia italiana que, entre coronas de flores y abrazos, refrendaban la sucesión del poder aprovechando la muerte de alguno de los capos.”

Por si quedaba duda, en la última semana se han multiplicado los signos de la cicatrización del PRIAN. En el Congreso de la Unión, ambos partidos actuaron como bloque para aprobar el nuevo convenio transfronterizo en materia petrolera entre México y Estados Unidos que, en palabras de Duncan Wood, ofrece “emocionantes nuevas vías para la cooperación entre Pemex y empresas petroleras privadas”. También impusieron el vergonzante aumento de cuotas para el FMI y el BID, así como la aprobación de Gerardo Laveaga como comisionado del Ifai.

Vicente Fox ha dicho públicamente lo que al parecer es el sentir de cada vez más panistas: “Peña Nieto prácticamente tiene ganada la Presidencia”, así que mejor alinearse con el poder que quedarse en un barco a punto de naufragar. Vázquez Mota misma también ya empieza a hacerle favores a Peña Nieto, al condicionar a la aceptación del priísta su propia participación en el debate convocado por Carmen Aristegui.

En 2006, Calderón no tuvo empacho en debatir con Roberto Madrazo sin la presencia del candidato puntero, Andrés Manuel López Obrador, y el desenlace fue sumamente positivo para su campaña. Hoy, sin embargo, Vázquez Mota prefiere proteger al puntero en lugar de ponerlo contra la pared o, en su caso, exhibirlo por no querer debatir con sus rivales.

Los nuevos anuncios negativos del PAN parecieran poner en duda la hipótesis de que Peña Nieto sea desde ahora el candidato de la continuidad. Sin embargo, no existe comparación alguna entre estos espots y aquellos utilizados contra López Obrador en 2006. Denunciar el incumplimiento de unos cuantos “compromisos” no es lo mismo que la amenaza de un inminente derrumbe financiero o golpe de Estado que constituyen un “peligro para México”. La pésima gestión de Peña Nieto en el estado de México y sus múltiples deslices durante el proceso electoral evidentemente darían para mucho más que unas imágenes de bardas grafiteadas y aguas turbias.

La diferencia entre las dos campañas “de contraste” no puede ser atribuida a la legislación electoral, ya que, al contrario de lo que comúnmente se piensa, la reforma electoral de 2007 no restringe las campañas negativas, sino las facilita. Antes de la reforma, la ley prohibía la “diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación y denigración”. Hoy, sin embargo, el texto constitucional únicamente prohíbe la “calumnia” y la “denigración de instituciones y partidos”.

Se ha comentado que en algún momento Calderón juró en el sepulcro de su padre que jamás entregaría el poder al PRI. Hoy, el antiguo cristero don Luis Calderón Vega se revuelve en su tumba.

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El debate necesario

John M. Ackerman


Los mexicanos merecemos un buen debate, plural y enérgico, sobre el pasado y futuro de la nación. El mejor momento para realizarlo es precisamente ahora, en el arranque de las campañas presidenciales y en la antesala de la jornada electoral más grande en la historia. Extraña y decepciona entonces que algunos actores busquen retornar a la época de las pasarelas en lugar de construir escenarios para la confrontación de las ideas.

Se equivocan quienes sostienen que los mexicanos no saben debatir, bien porque supuestamente rehúyen la confrontación o bien porque su “incivilidad política” no permite un diálogo con respeto. Muy por el contrario, el principal obstáculo al debate no viene del pueblo, sino precisamente de los “ilustrados” que se niegan a bajar de su pedestal.

El cuestionario divulgado a plana entera el martes pasado constituye un perfecto botón de muestra. Pedro Aspe, Claudio X. González, Luis Rubio, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Juan Ramón de la Fuente, René Drucker y Sergio Aguayo, entre otros, cuentan con poderosas redes de influencia que pudieron haber utilizado para generar espacios para un verdadero intercambio plural de ideas. En lugar de ello, prefirieron constituirse en un jurado de notables para aplicar un interrogatorio con preguntas capciosas y sesgadas. Siguiendo el ejemplo del vicepresidente de Estados Unidos, quien llamó a los candidatos, por separado, a “dialogar” en un hotel de Polanco, y del papa Benedicto XVI, quien los convocó a misa en el Parque Bicentenario de Silao, hoy los abajo-firmantes también quieren tener su oportunidad para llamar al banquillo de los acusados a quienes buscan la silla presidencial.

No nos confundamos. El cuestionario de los intelectuales no es neutral ni desinteresado, sino ofrece una clara agenda conservadora para la “transformación” del país. Algunos ejemplos: ¿Estaría de acuerdo en mantener al Ejército haciendo tareas de seguridad pública mientras no haya policías capaces de cumplir adecuadamente esta función? ¿Debería el gobierno tener una participación más activa en la inversión en infraestructura, haciendo uso de la recientemente aprobada Ley de Asociaciones Público-Privadas? ¿Estaría de acuerdo en promover la reforma constitucional necesaria que permita la inversión privada minoritaria en Pemex y CFE?

Los redactores aclaran que entre los mismos firmantes existen diferentes respuestas. Sin embargo, donde hay consenso es en la redacción de las preguntas, y es precisamente allí donde queda clara la intencionalidad del esfuerzo. Por ejemplo, desde otra perspectiva se pudieron haber formulado otras preguntas: ¿En cuanto tiempo se compromete a retirar definitivamente a los militares de las calles y poner fin a la política de encubrimiento e impunidad de las fuerzas de seguridad? ¿Estaría de acuerdo con poner un alto a la corrupción y la captura del Estado por intereses particulares por medio de la abrogación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y una sólida defensa del artículo 27 constitucional?

Evidentemente los firmantes no estarían de acuerdo con esta redacción alternativa. Con toda razón, tanto el PAN como el PRI de inmediato propusieron utilizar las preguntas del desplegado para los debates del IFE. Sorprende que figuras relacionadas con la izquierda política, e incluso potenciales integrantes del gabinete de López Obrador, también plasmaron sus firmas.

Mientras, el pasado miércoles, en una sentencia (SUP-RAP-94/2012) que destaca por su pobre argumentación jurídica y abierta parcialidad hacia el candidato presidencial del PRI, el TEPJF ha prohibido al IFE convocar a más de dos debates, así como ratificado la decisión del IFE de condicionar al consenso de todos los aspirantes su participación en otros encuentros. Recordemos que en 2006 el IFE participó activamente en la organización de dos debates adicionales, ninguno requerido por la ley, sin haber primero recibido la venia o el consenso de los aspirantes presidenciales. Hoy, sin embargo, la autoridad cambia de criterio y primero pedirá permiso al candidato puntero antes de participar en la organización de ejercicios adicionales.

Hasta la UNAM se ha sumado a la moda de organizar pasarelas en lugar de debates. El rector José Narro ha anunciado que la UNAM “no es plaza pública” y que se limitará a invitar a los candidatos a exponer sus ideas de manera individual en un programa de Tv UNAM. Así, en lugar de aprovechar la enorme creatividad, inteligencia y participación de la comunidad universitaria, la máxima casa de estudios se contenta con organizar otra pasarela televisada. De acuerdo con el rector, lo importante es que los candidatos establezcan “compromisos” en lugar de recurrir solamente a “lemas y promesas”. Sin embargo, el formato propuesto asegura precisamente que la superficialidad sea la regla.

Incluso figuras tan destacadas y respetadas como Carmen Aristegui han llegado a confundirse. La periodista no ha dudado en fijar lugar, fecha y hora para la un debate semanal entre los coordinadores generales de campaña. Pero no se ha atrevido a hacer lo mismo para los candidatos presidenciales, contentándose con “dejar la ventana abierta” para esa posibilidad.

Si de nadie surge la exigencia de que los candidatos debatan más allá de los dos encuentros impuestos por la ley, terminaremos ahogados en una eterna pasarela de espots y entrevistas que solamente servirán para alimentar el abstencionismo y el desánimo ciudadano. Eso beneficiará al candidato puntero a corto plazo, pero a la larga nos llevaría a una situación grave si la ciudadanía empieza a retirar su apoyo al sistema político en general.

Jorge Carpizo, constructor de instituciones, académico brillante y colega generoso, in memoriam.

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Es sumamente importantes que nos enteremos de todas las cosas que nos oculta la televisión , pero no basta con eso , lo importante es que aprendamos y no repitamos el error , que , como siempre nos pasa , llegadas las elecciones , con una buena campaña publicitaria , bien diseñada con expertos , todo nos lo volvamos a creer y volvamos a lo mismo , tenemos que romper ese circulo vicioso , tenemos que aprender .

Hoy en día PRI , PAN y el PRD chucho , se han convertido en lo más pernicioso de la política , solo nos queda una y tal vez la última opción para sacar a este país del estado en que se encuentra , esta opción está representada por ANDRÉS MANULE LÓPEZ OBRADOR .

Muchos me dirán que el PRD , secuestrado por los chuchos , es una caricatura de partido , corrupto hasta la medula de los huesos , que ya no representa a nada ni a nadie y yo les diré que tienen razón , lamentablemente AMLO necesita de sus siglas para poder ser más competitivo en la próxima campaña electoral , lo cual es justo , se lo merece por todo lo que ha trabajado a lo largo de los ultimos cinco años y medio , amén de que es un fundador del mismo y tiene tanto derecho o más como cualquiera que me digan para postularse a través de el , y ni que decir acerca de que cuenta con la mayor intención de voto dentro de ese partido . Pero es importante que todos sepamos que AMLO , precisamente por esa corrupción galopante que invade al PRD , es que , practicamnete se ha deslindado de este y gane o pierda el próximo 1 de Julio , casi estoy seguro , renunciará a el .

En resumidas cuentas , AMLO y el PRD no representan lo mismo , AMLO es reconocido precisamente por su conguencia y por su honestidad , no olvidemos esto cuando vayamos a votar el próximo 1 de Julio .

Lealtad, transparencia y justicia

John M. Ackerman


México no progresará hasta que los funcionarios públicos de alto nivel sean nombrados con base en su conocimiento, experiencia y honestidad, en lugar de su lealtad personal al jefe en turno. El actual desastre nacional es resultado directo del sectarismo, amiguismo y falta de visión de Estado que han caracterizado los nombramientos de Felipe Calderón desde el principio de su sexenio.

Hoy un médico ineficaz dirige la Secretaría de Educación Pública, un economista inexperto la Secretaría de Salud, un académico gris la Secretaría de Gobernación y un contador terco la Secretaría de la Función Pública, para mencionar solamente algunos ejemplos. Aquellos integrantes del gabinete que han logrado fama, como Juan Molinar Horcasitas, Alonso Lujambio y Javier Lozano, no lo hicieron gracias a su capacidad, sino por su beligerancia y falta de ética y profesionalismo. Pero el ejemplo más claro de que no existe un contexto de exigencia con respecto a resultados concretos en el gobierno actual es la permanencia de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Es a todas luces inaceptable que este funcionario siga en su puesto a pesar de su contundente fracaso en garantizar la seguridad de los mexicanos, así como su grosera falta de respeto a los derechos humanos de la población.

Pero al parecer no le importa a Calderón el desempeño de sus empleados, sino únicamente su servilismo y fidelidad. Recordemos las palabras desmedidas de Roberto Gil Zuarth a la hora de dejar la secretaría particular de la Presidencia de la República: “Quiero ser como usted, señor Presidente… debemos dar gracias de que la mano invisible de Dios nos dio al mejor Presidente”. Asimismo, el extraño comportamiento del ombudsman nacional, Raúl Plascencia, en el caso de Florence Cassez solamente se puede entender como un pago de factura a Calderón y el PAN por el apoyo a su nombramiento como titular de la CNDH.

No sorprende entonces que Calderón ahora busque colocar a Gerardo Laveaga como comisionado en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Laveaga ha fungido como director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), principal órgano gubernamental a cargo de la profesionalización de los policías en el país, desde 2001, y ha sido sumamente leal a Calderón. Recordemos, por ejemplo, el papel que jugó el año pasado como golpeador mediático de oficio contra los más de 20 mil ciudadanos mexicanos que presentaron información sobre la crisis humanitaria que se vive en el país a la Corte Penal Internacional en La Haya.

Como titular del Inacipe desde hace más de una década, Laveaga es también directamente responsable del hecho de que los montajes mediáticos, la fabricación de culpables y la falta de respecto al debido proceso hoy son la norma en materia de procuración de justicia. Llama la atención, por ejemplo, que el viernes pasado el Inacipe haya organizado una mesa redonda sobre el caso Cassez, donde todos los ponentes descalificaron el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar.

Solamente el senador más ciego, o leal a Calderón, podría imaginar que Laveaga cumpla con los requisitos legales para ser nombrado comisionado del Ifai. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala claramente que los comisionados deben “haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta ley” (artículo 35, IV). El problema es que, aparte de su cuestionable desempeño como titular del Inacipe, Laveaga no cuenta con experiencia alguna en el ámbito de la transparencia gubernamental.

El único texto que el funcionario ha publicado sobre la materia (“Los límites de la transparencia”: http://bit.ly/zDgO3G) es una vil apología de los constantes esfuerzos de la PGR por utilizar artimañas jurídicas para incumplir las resoluciones del Ifai. En el ensayo, Laveaga también demuestra enorme intolerancia hacia los que piensan diferente, al llamar “fundamentalistas” a quienes consideran que el gobierno debería divulgar versiones públicas, excluyendo datos personales, de las averiguaciones previas terminadas.

La buena noticia es que Calderón aparentemente cometió un enorme error, visto desde su muy particular lógica de poder, en uno de los nombramientos más importantes de su sexenio. A finales de 2009, incluyó a Zaldívar en una de las ternas enviados al Senado para seleccionar un nuevo ministro de la SCJN. Pero en lugar de actuar como un político y devolverle el favor al Presidente, en la mayoría de los casos Zaldívar se ha comportado de manera autónoma y actuado con base en sus principios.

Fue Zaldívar quien redactó la nueva tesis de la primera sala de la SCJN que confirma la inatacabilidad de las resoluciones del Ifai y así cierra la puerta a las evasivas de la PGR. Es también Zaldívar quien ha redactado un proyecto de sentencia ejemplar en el caso Cassez. Este caso no es menos que el equivalente al histórico caso Miranda, que en Estados Unidos, a mediados del siglo XX, revolucionó el debido proceso y ayudó a empujar a los policías a investigar en lugar de torturar, presionar y exhibir a sus detenidos. Bien necesitan aprender urgentemente la misma lección los policías mexicanos, y García Luna en particular.

La propuesta de Laveaga para el Ifai constituye la contracara de las presiones que ha ejercido el Ejecutivo sobre la SCJN en el caso Cassez. En ambos casos, Calderón privilegia la lealtad personal por encima del bienestar general. Pero tanto el Senado como la SCJN tienen hoy la oportunidad de poner un alto al autoritarismo y sectarismo presidencial, así como defender la división de poderes y los principios democráticos que tanto ha costado construir al pueblo mexicano.

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El PAN y la decadencia moral

John M. Ackerman
12 de marzo de 2012


MÉXICO, D.F. (Proceso).- Manuel Clouthier, Rogelio Sada Zambrano, Javier Corral y Manuel Espino tienen razón: Los días en que el PAN defendía valores democráticos y enarbolaba una propuesta de renovación moral han concluido. Felipe Calderón consolidó el cambio histórico, iniciado en 1988 a partir del pacto con Carlos Salinas de Gortari, que ha convertido a este partido en una simple mafia política basada en intereses personales y redes de complicidad. La inclusión tanto de Fernando Larrazabal como de la hermana del presidente de la República en las listas plurinominales para el Congreso es solamente el indicador más reciente de esta decadencia moral. El caso de Florence Cassez también nos recuerda que la falsificación y la impunidad han sido el sello del gobierno federal calderonista desde su inicio.

El actual cisma en el PAN no es menor, sino que recuerda la desbandada histórica de 1992, cuando renunciaron al partido destacados dirigentes agrupados en el Foro Democrático y Doctrinario. En ese momento, Bernando Bátiz, Jesús González Schmal y Pablo Emilio Madero encabezaron un amplio movimiento de denuncia de la colusión del PAN con las medidas antidemocráticas y represivas del gobierno de Salinas, así como de la “burocratización” del partido y la “intransigencia con los grupos y opiniones divergentes”. En su carta, destinada a la dirección del blanquiazul, estos dirigentes señalaron que el PAN ya no era “el partido de inspiración humanista que defendía los derechos humanos contra los abusos de la autoridad y que buscaba una justa distribución de la riqueza, que se oponía con valor y con espíritu de libertad e independencia al régimen y que movía voluntades con ideas, con principios y con programas propios, inspirados en su doctrina. Hoy el PAN es prosalinista, proliberal y pragmático”.

Ahora, sin embargo, la situación del PAN es aún peor. Los 12 años al mando del gobierno federal han terminado por corromper los escasos restos de ética que le quedaban. La actitud evasiva, descalificadora y despreciativa del nuevo secretario de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan Ríos, en su comparecencia en la Cámara de Diputados el 7 de marzo, revela que el tema de la renovación moral y el combate a la corrupción ya fueron abandonados hace mucho por este grupo político. Los informes de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia Internacional también revelan anualmente el nulo avance en la materia bajo las administraciones panistas.

Recordemos que en 2009 Calderón llegó al extremo de presentar una iniciativa que desaparecería a la Secretaría de la Función Pública (SFP). El cinismo y la insolencia de altos funcionarios como Juan Molinar Horcasitas, Ernesto Cordero, Alonso Lujambio y Luis Téllez son otros claros botones de muestra del abandono de cualquier principio democrático a favor del más puro pragmatismo.

El PRI tampoco ofrece nada nuevo en esta materia. Los enormes boquetes en las finanzas del Estado de México y Coahuila, las maletas de dinero del gobierno de Veracruz y las acusaciones de complicidad con el narcotráfico que pesan sobre exgobernadores de Tamaulipas son apenas unos cuantos ejemplos que demuestran que el “nuevo” PRI es el mismo PRI de siempre. Este partido también se exhibe con la inclusión en sus listas plurinominales al Congreso de tan cuestionables figuras como los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, los ejecutivos de TV Azteca Jorge Mendoza y Tristán Canales, así como la esposa de Jorge Hank Rohn, María Elvia Amaya, y “el rey de la basura”, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

Hasta Ulises Beltrán ha tenido que aceptar, en su encuesta presidencial más reciente, que únicamente 29% de los encuestados creen que Enrique Peña Nieto “es más honrado para manejar el dinero del pueblo”. Aun los que hoy dicen que votarían por el PRI saben perfectamente que el viejo partido de Estado no se ha reformado. No es la esperanza sino precisamente la desesperación ante el fracaso tan contundente de los gobiernos panistas lo que en su caso los llevaría a votar por el PRI.

En este contexto, llama poderosamente la atención que ni un solo intelectual, académico o periodista letrado se haya atrevido a apoyar públicamente las aspiraciones presidenciales de Enrique Peña Nieto. Existen, desde luego, numerosas figuras en los medios, las universidades y las instituciones públicas que en los hechos trabajan arduamente para que los dinosaurios regresen al poder, pero curiosamente les da vergüenza hacerlo abiertamente.

Esta realidad refleja una de las grandes debilidades del exgobernador del Estado de México. A pesar de todo el ropaje y la sobreproducción mediática que lo rodean, Peña Nieto ha fracasado de manera rotunda en generar la confianza de la clase pensante del país.

Esto sin duda tendrá un impacto importante una vez que inicien las campañas presidenciales. A la hora de los debates y el intercambio de propuestas, ninguna voz de peso podrá salir a dar la cara por el candidato priista ofreciendo argumentos de fondo para apoyar su candidatura. En estas condiciones, debería ser relativamente sencillo desarmar la gran mentira que lo rodea.

El presidenciable que potencialmente podría sacar mayor ventaja de este talón de Aquiles del candidato puntero sería Andrés Manuel López Obrador. El candidato de las izquierdas cuenta con un vasto caudal de intelectuales y académicos que apoyan su causa, e incluso ha invitado a numerosas figuras a participar directamente en la elaboración de su plataforma electoral.

Tristemente, este poder de las ideas ha sido despreciado tanto por los principales medios electrónicos como por los partidos de izquierda. Cada día existen menos espacios en radio y televisión que incluyan debates plurales y profundos sobre la realidad nacional. Asimismo, las listas plurinominales del PRD, el PT y el MC tampoco destacan por la pulcritud y el nivel intelectual de las figuras propuestas. La determinación de candidaturas por la vía de encuestas también ha dejado a la izquierda con un candidato para el Gobierno del Distrito Federal carente de propuestas claras y convicciones progresistas.

Una vez más tendrá que ser la ciudadanía, y en particular los universitarios, quienes lleven la voz cantante para elevar el nivel de debate y obligar a los candidatos a comprometerse con una verdadera renovación moral de la política en el país.

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Procuración politizada

John M. Ackerman


Los casos más graves de politización de la procuración de justicia no son los que conocemos, sino aquellos que ignoramos. El michoacanazo, los casos de Greg Sánchez y Jorge Hank Rohn, así como las investigaciones penales actualmente en curso en Coahuila y Tamaulipas, constituyen apenas la punta del iceberg. El verdadero escándalo no es que la PGR haya decidido investigar y exhibir a estos políticos, sino que no lo haya hecho antes y de manera más sistemática y generalizada.

¿Cuántas veces Felipe Calderón habrá ordenado por razones políticas que “se archivara” algún expediente penal en contra de un alto funcionario? ¿Por qué ninguno de los políticos de primera línea hoy investigados por la PGR pertenece al PAN? La politización de la justicia ha sido la regla a lo largo de la historia reciente del país. Más grave que los intentos actuales de Calderón por amedrentar a sus adversarios de hoy son sus pactos de complicidad e impunidad con sus amigos de ayer.

Pero al destapar la cloaca de la corrupción en los más altos niveles del priísmo, Calderón también evidencia la complicidad y tolerancia del panismo con estas mismas irregularidades. Recordemos, por ejemplo, que Calderón ganó la votación presidencial en Coahuila en 2006 gracias al apoyo que recibió tanto de Elba Esther Gordillo como de sectores del PRI que abandonaban a Roberto Madrazo. Más allá del escándalo de la deuda ilegal del estado, uno solamente puede imaginar la cantidad de tropelías que se habrán cometido en este bastión del PRI durante el último sexenio con el aval y la protección de la Presidencia de la República en gratitud por el apoyo electoral.

México necesita más, no menos, investigaciones serias de la probable complicidad de altos funcionarios e importantes empresarios con la delincuencia organizada y el narcotráfico. Los niveles de impunidad e infiltración que hoy permanecen en el país no pueden ser resultado únicamente de la acción de policías, ministerios públicos y jueces corruptos en lo individual. Al contrario, responden a políticas de Estado y sistemas de complicidad que son fomentados y tolerados desde los más altos niveles.

La semana pasada el general Guillermo Galván confesó, en el marco del 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que en muchas partes del territorio nacional “el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado” y que “en algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado”. Pero esta situación no es solamente responsabilidad del PRI, sino también del partido que hoy gobierna a escala federal.

Las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la PGR para el ejercicio fiscal de 2010 nos ayudan a entender las razones del fracaso tan monumental en materia de seguridad pública. Durante 2010, por cada 100 averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público Federal (MPF) únicamente 34 se consignaron ante un juez. En otras palabras, 66 por ciento de las investigaciones se quedaron totalmente sin materia, bien porque las personas investigadas o detenidas no tuvieron nada que ver con los delitos investigados o bien por la total ineptitud de los agentes de la MPF en acreditar los delitos y los responsables. Así mismo, durante el mismo año, casi 7 mil mandamientos judiciales fueron cancelados porque el delito correspondiente había prescrito y la autoridad no había actuado a tiempo.

La ASF también descubrió que la PGR simplemente no cuenta con un registro confiable de la detención y puesta a disposición de personas ante el MPF durante todo 2010. Resulta que durante el proceso de cambio en los sistemas para el registro de esta información los datos se perdieron o nunca se registraron.

El auditor Juan Manuel Portal también acreditó algo que muchos ya sospechábamos: la PGR simplemente no cuenta con una “estrategia” antidrogas. El Programa Nacional para el Control de Drogas 2007-2012 que se redactó a principios del sexenio nunca fue debidamente aprobado ni se le ha dado seguimiento institucional. La PGR también hoy opera con un reglamento interno totalmente desactualizado e inoperativo, que no corresponde a la nueva Ley Orgánica de la institución, publicada el 29 de mayo de 2009.

Los recientes despidos del fiscal especial para la atención a delitos electorales, José Luis Vargas, y del visitador general de la PGR, César Chávez, no constituyen entonces un giro hacia una mayor politización en la institución, sino son apenas los ejemplos más recientes de la gran debilidad institucional que ha carcomido este órgano estatal desde el principio del actual sexenio. Si bien el caso de Vargas ha recibido más atención mediática, el de Chávez es también grave, ya que durante 2011 había logrado aumentar en 300 por ciento la cantidad de observaciones emitidas a funcionarios de la PGR por irregularidades administrativas y penales. Al parecer, a la procuradora Marisela Morales le incomodó ese esfuerzo por intentar una depuración interna más enérgica.

La buena noticia, sin embargo, es que el rompimiento temporal del pacto de complicidad e impunidad entre PRI y PAN ha permitido que salga a la luz pública información muy importante sobre la corrupción política en el país. El resultado podría ser positivo si la sociedad logra transformar su nuevo conocimiento en exigencias específicas a favor de mayor rendición de cuentas de la clase política entera.

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Ciudadanía anulada


John M. Ackerman
14 de febrero de 2012 · Sin comentarios
Análisis


AMLO, EPN y JVM.
Foto: O. López, G. Canseco, M. Pérez


MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ahora que las tres principales fuerzas políticas han definido sus candidatos presidenciales, habría que preguntarnos si vale la pena votar por alguno de ellos o mejor abstenerse o anular nuestra boleta el próximo 1 de julio. Resulta evidente que ninguno de los tres candidatos podrá por sí solo salvarnos del naufragio nacional. El poder del Estado nunca fue lo que algunos imaginaban que era, y hoy, después de 30 años de entreguistas políticas neoliberales, se encuentra más debilitado y vulnerable que nunca. Independientemente de quién sea el próximo mandatario, difícilmente podrá hacer grandes cambios por pura fuerza de voluntad.

El impulso para el cambio social tendrá que venir de otra parte. Tal y como ha sido a lo largo de la historia, los ciudadanos, y no los políticos, enseñarán el camino. A principios del siglo XX, fueron Emiliano Zapata y Pancho Villa, no Francisco I. Madero, los principales responsables de que la Revolución Mexicana hubiera desembocado en una de las Constituciones más avanzadas de su época en materia de derechos sociales. Durante la “transición” actual, por más que sus panegiristas quieran vestir a Ernesto Zedillo, Vicente Fox o José Woldenberg como los arquitectos del cambio político, en realidad han sido los combativos movimientos estudiantiles, campesinos, obreros e indígenas los que han obligado al sistema a transformarse.

Dicen que la historia la escriben los vencedores, y la nuestra no es ninguna excepción. Los pocos avances que tenemos hoy en materia democrática se nos presentan como si fueran el resultado de la visión ilustrada de los hombres y mujeres del poder. Mientras, los verdaderos héroes que ofrendaron sus vidas, sudor e inteligencia son enviados al basurero de la historia.

Aun cuando algunos de los actuales candidatos cuentan con perfiles “ciudadanos”, como Isabel Miranda de Wallace, Juan Manuel Márquez o Purificación Carpinteyro, en el momento en que aceptan ser candidatos para algún cargo de elección popular automáticamente tienen que jugar con las reglas de la política. Y si llegan a conquistar el poder, deben devolver el favor no solamente a sus electores, sino también a sus respectivos padrinos.

Ante esta situación, la salida más fácil y cómoda es simplemente mandar al diablo las elecciones en un acto de supuesta pureza ciudadana para no ensuciarse las manos con los juegos del poder. “Anulemos el voto para enviar un mensaje de repudio a la clase política nacional”, dicen algunos; “ni siquiera vale la pena salir a votar”, dicen otros.

El detalle es que, independientemente de lo que cualquiera de nosotros decida hacer en el terreno electoral el próximo 1 de julio, el gobierno seguirá existiendo, como bien lo ha señalado Octavio Rodríguez Araujo. Y mientras haya gobierno, siempre existirá el enorme riesgo de que se abuse del poder estatal para reprimir a la población, enriquecer a los funcionarios públicos y consolidar el control de los monopolios, el imperialismo y los poderes fácticos sobre la economía nacional.

La orientación y los compromisos del gobierno federal en estas materias tienen una gran relevancia para los movimientos sociales que nos tendrán que guiar durante el próximo sexenio. Tenemos la obligación de preguntarnos cuál de los tres candidatos presidenciables estará más dispuesto a tomar en cuenta y escuchar las demandas ciudadanas o, en su caso, simplemente será utilizado para reprimir a los inconformes, como en Atenco, en Ciudad Juárez o en Chilpancingo. Para esta evaluación habría que tomar en cuenta tanto el talante autoritario y las trayectorias de cada candidato como los compromisos políticos que pesarán a la hora de tomar decisiones clave.

La gran pregunta no es entonces cuál de los tres candidatos es “mejor”, ni siquiera cuál es el “menos peor”, sino cuál encabezará un gobierno más propicio para el florecimiento de una sociedad combativa y exigente. La mayor parte de los que anularán su voto, o simplemente se abstendrán de participar en los comicios como acto de protesta, implícitamente mantienen la tesis de que las cosas tienen que empeorar antes de que mejoren, de que lo mejor para el país sería seguir por el mismo camino de la ignominia neoliberal con el fin de que eventualmente detone un violento estallido social.

Otros “anulistas” más bien parecen ser derechistas “de clóset”. No se atreven a confesarlo públicamente, pero al final de cuentas prefieren la continuidad del PRIAN a la llegada del “populismo” de izquierda. Llama la atención, por ejemplo, que muchos de los que promovían el voto nulo en las elecciones intermedias de 2009 eran los mismos que defendían el “voto útil” a favor de Fox en el año 2000 bajo el argumento de que la alternancia podría ayudar a dinamizar el sistema político nacional.

¿Acaso no es tan importante hoy echar al PRIAN de Los Pinos como lo fue echar al PRI hace 12 años? Si la respuesta es negativa, entonces se evidenciaría un claro sesgo que, inspirado en una sentencia atribuida a Benito Juárez, daría pie a un nuevo dicho: “Para mis amigos, gracia y ‘voto útil’; para mis enemigos, ‘voto nulo’ a secas”.

Todavía existe una última oportunidad para enderezar el camino de nuestra fallida transición democrática. No se trata de elegir a un nuevo salvador de la patria, sino simplemente de dar una oportunidad a la izquierda política para que pruebe su suerte al mando del país. Tanto la historia del PRD como la trayectoria personal de Andrés Manuel López Obrador revelan una gran apertura hacia las más diversas expresiones sociales. En contraste, los perfiles de Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, así como la experiencia con el PAN y el PRI durante los últimos 30 años, garantizan una total continuidad de las políticas actuales.

Las elecciones presidenciales no son para escoger dioses ni emitir cheques en blanco, sino únicamente para decidir quién gobernará durante los próximos seis años. En lugar de anular nuestra ciudadanía deberíamos participar activamente en esta decisión, así como, simultáneamente, exigir a cada paso y en cada momento el cumplimiento de una agenda social de avanzada por el nuevo gobierno federal.

Cinismo y relevo generacional

John M. Ackerman

Una generación de escritores y pensadores que dedicaron sus vidas a exhibir los abusos del poder y combatir el cinismo de la clase política se nos está yendo. En los últimos dos años han partido Luis Javier Garrido, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, Guillermo O’Donnell, Germán Dehesa, Bolívar Echeverría, José Saramago y Rafael Jacobo, entre muchos otros grandes intelectuales, a quienes debemos los pocos avances que hoy existen en materia democrática en el país. La muerte de estas figuras deja un enorme vacío que muy difícilmente podrá ser llenado a corto plazo.

Mientras, los poderosos están de plácemes. Llenan el silencio post mortem de nuestros héroes caídos con el ruido distractor de los comentaristas mediáticos que prefieren vociferar y quedar bien, antes que pensar y sacudir las conciencias. Nos encontramos ahogados en un mar de “análisis” sin profundidad cuyo principal objetivo es apagar la flama de la esperanza ciudadana y convencernos de que otro mundo es simplemente imposible. Los manipuladores saben perfectamente bien que la depresión y los fatalismos del pueblo son los mejores aliados del status quo.

Pero, a contrapelo de esta apuesta por la pasividad ciudadana, ha surgido una nueva generación de jóvenes que no están dispuestos a rendirse ante los amagos del poder. Con su interpelación a Felipe Calderón el lunes pasado en Guadalajara, Tonatiuh Moreno habló a nombre de millones de jóvenes empresarios hartos de la soberbia y la sordera del actual Presidente de la República. Las valientes palabras de Valentina Rosendo, en el acto de disculpa pública del Estado Mexicano por haber permitido su abuso sexual por militares en Guerrero, demostraron a todos los jóvenes indígenas del país que es posible resistirse al poder policiaco-militar que cada día se adueña de franjas más amplias de la nación.

Los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes no cejan en su firme insistencia de la renuncia del gobernador Ángel Aguirre y en el fortalecimiento de las escuelas normales del país, demuestran que ni siquiera las balas asesinas de las mal llamadas “fuerzas del orden” pueden callar a la nueva generación de luchadores sociales. La interrupción del solemne segundo Informe del gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo, por el “zapatazo” de Omar Jaír Pineda en protesta por las acciones ilegales de la Minera San Xavier también evidencia que hay límites claros a la cantidad de mentiras y simulaciones que la ciudadanía está dispuesta a soportar.

Desde 2008, el grito de “espurio” del joven premio Nacional de la Juventud, Andrés Gómez Emilsson, al escuchar al Presidente de la República repetir sus mentiras de siempre durante la ceremonia de premiación, reveló las grandes cuarteaduras que existen en la cortina de hierro de la manipulación de las principales empresas televisivas. En 2009, la valiente denuncia del joven Ramsés Villareal a los agentes ministeriales federales que lo detuvieron, amagaron y golpearon para que confesara un crimen que nunca cometió, también sirve de lúcido ejemplo para tantos jóvenes que hoy en el contexto de la “guerra contra el narco” son tratados como criminales y delincuentes únicamente por su edad. El año pasado, la denuncia contra Calderón, presentada por el brillante joven abogado Netzaí Sandoval, ante la Corte Penal Internacional también evidenció que la nueva generación está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para acabar con la impunidad en el país.

Hoy existen más razones que nunca para que los jóvenes se indignen, denuncien y griten la verdad a los cínicos que hoy detentan el poder. Nadie cree, por ejemplo, que los 25 millones de pesos en efectivo transportados por funcionarios del gobierno del estado de Veracruz hayan sido realmente para pagar a un proveedor de servicios para la feria de la Candelaria y el carnaval de Veracruz. Esta historia es igual de increíble que la de Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, quien aclaraba después de la tragedia del casino Royale que los cuantiosos pagos en efectivo que recibía eran por la venta de quesos oaxaqueños. En ambos casos por lo visto se entrecruzan complicados asuntos de corrupción, financiamiento político-electoral irregular y narcotráfico.

Hoy más que nunca queda claro a la nueva generación que hace falta una transformación radical en la política nacional. Se abre entonces una excelente oportunidad para que los candidatos a los miles de cargos de elección popular que se disputan este año se acerquen a la población para escuchar los cuestionamientos, recibir las interpelaciones con humildad y tomar en cuenta las críticas. De lo contrario, es muy poco probable que el país aguante más que un par de años sin un fuerte estallido social en contra del cinismo y la sordera de la clase política entera.

Luis Javier Garrido, in memoriam, ejemplo de valentía y lucidez.

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Chantaje mediático

John M. Ackerman


Cada seis años, Televisa aprovecha la coyuntura electoral para chantajear a las autoridades y expandir su poder sobre las conciencias y la economía mexicanas. En 2006, este gigante mediático logró la aprobación de la famosa ley Televisa, que fue redactada por sus propios ejecutivos para facilitar su dominación sobre la televisión comercial. Hoy, la televisora de Chapultepec busca comprar la mitad de las acciones de la telefónica Iusacell con el fin de saldar una alianza monopólica con su principal competidor en la televisión, Tv Azteca, y así luchar juntos en contra de las empresas de Carlos Slim en el mercado de la comunicación móvil.

Pero la verdadera competencia económica no se logra con dotar a los mismos monstruos de siempre con nuevas armas de alto poder para que entre ellos se destruyan “en igualdad de condiciones”. Al contrario, las autoridades tendrían que tomar medidas definitorias para desmontar estos poderes oligopólicos que tienen postrada a la economía nacional, así como fomentar una verdadera democratización del acceso a la información.

Nuestra supuesta “transición democrática” ha dado el poder a los dos grandes consorcios mediáticos. En los últimos 11 años de gobiernos de la alternancia, las ganancias de Televisa y Tv Azteca se han multiplicado. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) (www.amedi.org.mx) ha informado que las ganancias de Televisa solamente en el mercado de televisión abierta se han duplicado de 11 mil 555 millones de pesos en 1999 a 22 mil 750 en 2010. Para Tv Azteca, el aumento fue de 6 mil 916 a 11 mil 554 en el mismo periodo.

La reforma electoral de 2007, que prohíbe la compra o “adquisición” de espacios televisivos por los partidos políticos o para hacer propaganda comicial, buscó limitar el poder omnímodo de estas dos empresas. Sin embargo, la desidia, la timidez y la complicidad de las autoridades responsables de asegurar el cumplimiento de la reforma han generado una situación en que las televisoras ahora son más poderosas que nunca.

Asimismo, la pérdida de ingresos que implicó la reforma electoral ha sido más que compensada por el estratosférico aumento en el gasto de publicidad de los gobiernos federal y estatales, así como por la generación de un lucrativo mercado negro en materia de entrevistas y coberturas especiales para políticos y candidatos.

La compra por Televisa de Iusacell, propiedad del Grupo Salinas, controladora de Tv Azteca, implicaría la conversión del actual duopolio televisivo en un sólido monopolio que llevaría a una degradación aún mayor de la calidad tanto de los contenidos audiovisuales como del servicio de telecomunicaciones. Como bien señaló Joe Philips, director de la división de Competencia Económica de la OCDE por casi tres décadas, en su última visita a nuestro país: “Cuando las empresas tienen una vida tranquila, cuando no existe una competencia vigorosa, invierten menos, innovan menos y ven reducida de manera significativa su productividad. Ése es el problema principal con la economía mexicana hoy”.

Televisa, Tv Azteca, y desde luego también Telcel y Telmex, viven demasiado “tranquilos” como resultado de su control absoluto sobre sus mercados correspondientes. Juntas Televisa y Tv Azteca controlan 95 por ciento de la audiencia televisiva. Si la Comisión Federal de Competencia (CFC) autoriza la compra de Iusacell pondría uno de los últimos clavos al ataúd del artículo 28 constitucional, que prohíbe tajantemente tanto los monopolios como las “prácticas monopólicas” en el país.

Las implicaciones políticas de una decisión en este sentido también podrían ser mayúsculas. Por presiones de Felipe Calderón y el PAN, las recientes reformas a la Ley Federal de Competencia Económica no incluyeron modificación alguna en el estatus jurídico de la CFC. Hoy este órgano regulador del Estado mexicano sigue siendo un “órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía”. Es decir, se encuentra totalmente subordinado al titular del Poder Ejecutivo federal por medio del secretario Bruno Ferrari. La CFC ni siquiera es un “organismo descentralizado”, con un nivel de autonomía media, como el Conacyt, y mucho menos un organismo autónomo en forma, como el IFE o la CNDH.

Si bien la ley señala que la CFC cuenta con “autonomía técnica y operativa” y “autonomía para dictar sus resoluciones”, no queda duda de que las políticas y alianzas del Poder Ejecutivo tienen una influencia contundente en sus decisiones. De allí podemos entender la visita de Calderón a los directivos de Televisa la semana pasada en el contexto de las fuertes presiones contra Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC. Todo parece indicar que se prepara una salida salomónica en que la CFC podría autorizar la compra de Iusacell a cambio de que las televisoras acepten algunos controles mínimos a sus prácticas abusivas en el mercado de televisión de paga, tal como han sugerido los directores de Dish y MVS.

Una decisión en ese sentido podría evitar represalias de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego en contra de Calderón y el PAN de cara a las elecciones presidenciales de 2012. Pero sería una derrota contundente para la sociedad, al postergar las decisiones firmes que se requieren en la materia. Así, una vez más se hipotecaría nuestro derecho a ser informados de manera plural y responsable en un momento histórico tan importante para el país.

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El enemigo en casa

John M. Ackerman


Así como Vicente Fox heredó a Felipe Calderón un aparato estatal debilitado y carcomido por la corrupción y el crimen organizado, Calderón heredará a su sucesor instituciones públicas infiltradas e intervenidas por el gobierno estadunidense. El próximo Presidente se enfrentará a una doble tarea de limpieza: expulsar simultáneamente a los narcotraficantes y a los intereses extranjeros.

Calderón suele representar la situación en que encontraba el gobierno como una en que los criminales no solamente entraban a robar a la casa, sino ya pernoctaban en ella y desde allí operaban su negocio y cometían todo tipo de fechorías. Aun así, el actual Presidente prefirió la salida fácil de atacar mediáticamente a algunos de sus adversarios en la calle, en lugar de declarar una verdadera “guerra” contra el enemigo en casa. Esta estrategia ciega, torpe y criminal ha sido auspiciada y apoyada de principio a fin por el gobierno de Estados Unidos.

En lugar de insistir en una verdadera limpieza interna, los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama accedieron a la petición de Calderón de hacerse de la vista gorda con respecto a la corrupción y la constante violación de los derechos humanos. Esto a cambio de que Calderón les abriera la puerta para participar y dirigir los operativos antinarco en el territorio nacional. La “apertura” en otros ámbitos, como el económico y el energético, también se incluyó como regalo adicional a cambio de los “espejitos” del silencio y la complicidad estadunidenses ante el grave estado de la administración pública federal.

Si bien este trueque ha beneficiado a corto plazo a Calderón en su desesperada búsqueda de legitimidad y reconocimiento externos, a largo plazo tendrá efectos sumamente graves para todos los mexicanos. El constante debilitamiento de las instituciones estatales ha sido aprovechado gustosamente por los estadunidenses para aumentar cada día su intervención en los asuntos internos del país. Así como los gobiernos neoliberales abandonaron Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro y Mexicana de Aviación con el fin de provocar su quiebra y así “justificar” su intervención, hoy Calderón sigue el mismo guión con respecto a las instituciones de seguridad pública.

En su artículo del pasado 24 de octubre, Ginger Thompson, de The New York Times, nos regala otra joya periodística al revelar la existencia de una red de informantes secretos del gobierno estadunidense dentro del territorio nacional, que incluye “integrantes de las corporaciones de seguridad pública, políticos con cargos de elección popular y operadores de cárteles” (artículo disponible aquí: http://nyti.ms/rRXKbW). Recordemos que fue la misma Thompson quien en meses recientes dio a conocer tanto los vuelos de aviones espías no tripulados sobre México (http://nyti.ms/g4y4xP) como la existencia de “centros de fusión de inteligencia” similares a los utilizados por EU en Irak y Afganistán (http://nyti.ms/pcDBPy).

En esta ocasión el mensaje es aún más preocupante, porque los informantes de la periodista afirman que el gobierno mexicano ni siquiera está enterado de la existencia de esta red secreta. No se informa a las autoridades mexicanas para evitar problemas con las “leyes que prohíben que fuerzas de seguridad americanas [sic] operen en territorio mexicano”. Es decir, funcionarios estadunidenses confiesan que violan de manera sistemática y flagrante nuestras leyes al participar en acciones de procuración de justicia y espionaje en el país.

Pero, más allá de conducir investigaciones ilegales en territorio nacional, queda claro que los agentes estadunidenses también participan de manera directa tanto en actos de corrupción de funcionarios gubernamentales como de complicidad con el crimen organizado. Aquellos políticos y policías que participan en esta red de informantes y reciben alguna remuneración por sus servicios, no solamente serían corruptos, sino también traidores a la patria. Asimismo, aquellos agentes estadunidenses que contratan y establecen relaciones de confianza con “informantes” de la delincuencia organizada a espaldas del gobierno mexicano están siendo cómplices de la comisión de los delitos cometidos por sus “contactos”.

Ahora bien, en lugar de ordenar inmediatamente una investigación sobre la posible comisión de delitos por agentes extranjeros, el gobierno mexicano ha afirmado que, supuestamente, está perfectamente informado sobre estas acciones y que todas se llevan a cabo “estrictamente de acuerdo con la normatividad nacional”. Tales declaraciones son tan poco creíbles como aquellas de la canciller Espinosa sobre los aviones espías, en las que afirmaba que el gobierno mexicano mantenía el control directo sobre todos los vuelos. Con este tipo de desinformación el Poder Ejecutivo federal encubre los actos delictivos cometidos por los agentes extranjeros en el territorio nacional.

No sorprende que el gobierno de Estados Unidos defienda sus intereses y busque operar libremente en el país, así como incidir directamente en las acciones del gobierno mexicano. Lo que sí llama la atención es la complicidad del gobierno de Calderón, así como su total desapego de los principios básicos de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

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Los compromisos de Peña Nieto

John M. Ackerman
13 de septiembre de 2011 · Sin comentarios
Análisis


MÉXICO, D.F. (Proceso).- Enrique Peña Nieto gusta de presumir que ha cumplido con los “compromisos” establecidos al principio de su mandato. No se cansa de presentar la realización de las obras públicas más elementales, cuya construcción es obligación de cualquier mandatario, como si fueran generosos regalos de un líder “eficaz” y “cercano a la gente”. Pero los compromisos que lucieron durante su VI Informe de Gobierno no fueron los que pudiera ofrecer a la ciudadanía mexiquense, sino aquellos que ha establecido con la oligarquía y la clase política dominantes responsables de la actual tragedia nacional.
Peña Nieto se negó a acudir al Congreso del Estado de México para rendir su informe y exponerse a los cuestionamientos de la oposición. Tampoco permitió la entrada al acto celebrado en el teatro Morelos de ningún ciudadano común, o con vestimenta que pudiera desentonar o interrumpir el espectáculo mediático producido por Televisa. Todos los hombres se vistieron de negro, la mayoría con corbatas rojas, y las damas con vestidos conservadores y sobrios. Se impusieron la lógica autoritaria de la uniformidad y las alabanzas por encima de la democracia y la pluralidad.
En su discurso, Peña Nieto habló de la necesidad de transitar de una democracia “exclusivamente electoral” a una que “dé resultados y construya acuerdos”, como si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no fuera directamente responsable de la crisis nacional actual. Habría que recordar que el PRI gobierna la mitad de los estados de la República, incluyendo algunos de los más violentos, como Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Durango. El estado de descomposición que existe en el país surge no solamente de la ineptitud de Felipe Calderón, sino también de la total inefectividad institucional que se ha manifestado en aquellas entidades.
El viejo partido de Estado domina además la Cámara de Diputados desde 2009, donde ha impuesto una lógica autoritaria e intolerante. De la bancada del PRI surgió la nueva propuesta de Ley de Seguridad Nacional, que busca imponer nada menos que un Estado policiaco-militar represivo en todo el país (aquí mi análisis: http://www.proceso.com.mx/?p=268592). El PRI impulsa igualmente la propuesta de “reforma política” de Peña Nieto, que pretende resucitar los tiempos autoritarios con una nueva “cláusula de gobernabilidad” que eliminaría la voz de la oposición política en la Cámara de Diputados. El PRI también es el principal responsable de la falta de acuerdo sobre los nuevos consejeros electorales del IFE, algo que pone en riesgo la validez de las próximas elecciones presidenciales (ver mi comentario sobre el tema: http://www.proceso.com.mx/?p=270859). Y todo esto sin mencionar el aval del PRI a los proyectos de reforma a la Ley Federal de Trabajo y de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas presentados por Calderón.
La idea de que uno de los problemas centrales de la política actual sea la falta de “acuerdos” es también palmariamente falsa. La razón del contundente fracaso de la “alternancia” en los últimos 11 años no es la falta de acuerdos, sino el exceso de los mismos con los factores reales de poder. Los gobiernos del PAN han destacado precisamente por su exagerada disposición para pactar con Televisa, el gobierno estadunidense, la Iglesia católica, el SNTE, El Chapo Guzmán, los grandes monopolios empresariales, y el mismo viejo partido de Estado. Vicente Fox y Calderón han encabezado gobiernos de “unidad” que han incorporado de manera muy “eficaz” todas las grandes mafias e intereses poderosos del país. El problema central no ha sido la ausencia de pactos y acuerdos, sino el hecho que éstos han dejado fuera a la ciudadanía.
Queda claro que un eventual gobierno federal encabezado por Peña Nieto implicaría una absoluta continuidad con el fallido gobierno de Calderón. En el sexto informe de Peña Nieto estuvieron en primera fila todos los señores y señoras que actualmente gobiernan el país y que se frotan las manos pensando en las nuevas oportunidades que se abren para ellos con su eventual victoria en los comicios presidenciales. Diego Fernández de Cevallos, Elba Esther Gordillo, Televisa, Manlio Fabio Beltrones y Javier Duarte, represivo gobernador de Veracruz, así como los representantes de la burocracia eclesial y las cúpulas de las empresas monopólicas del país, todos estuvieron presentes.
El contraste entre el derroche financiero para el espectáculo mediático del informe y las calles destruidas y casas inundadas de Cuautitlán, Tlalnepantla, Atizapán y otros municipios es un abierto insulto a la inteligencia ciudadana y a cualquier sentido de ética. El contraste entre las cifras maquilladas presentadas por Peña Nieto en materia de seguridad pública y la escandalosa actuación de sus procuradores de justicia en los casos de Paulette y el poeta Bartolomé, así como el aumento de los feminicidios y la violencia en el Estado de México, son otro insulto a la sensibilidad humana. El abismo entre el supuesto “desarrollo” que el gobernador saliente habría llevado al estado y el aumento real de la pobreza y marginación en la entidad es una burla más para los habitantes de la demarcación.
El colofón de todo es que Peña Nieto dejará el poder el jueves 15 de septiembre y seguirá gozando de los recursos públicos. Eruviel Ávila le debe todo a Peña Nieto, y seguramente no dudará en facilitarle al exgobernador “cualquier cosa que se le ofrezca” en su búsqueda de la Presidencia. Asimismo, estudios recientes sobre la utilización del gasto público en el Estado de México, como el de José Guadalupe Luna Hernández, demuestran que durante la gestión de Peña Nieto se “gastaban” cada año decenas de millones de pesos sin que hubiera evidencia alguna de su utilización en obras o servicios públicos. Es decir, existe una especie de hoyo negro en las finanzas públicas del Estado de México, por donde se han fugado grandes cantidades de dinero que muy probablemente serán utilizadas para apuntalar la campaña hacia la Presidencia. Habría que hacer votos para que la ciudadanía no caiga en el engaño y sepa distinguir el perfil del dinosaurio que se esconde atrás del copete. l

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