E D I T O R I A L
Ciudad Juárez: llover sobre mojado
Tras el asesinato del fotógrafo de El Diario de Juárez Luis Carlos Santiago Orozco, ocurrido el 16 de septiembre, ese medio señaló en un editorial la ausencia en Ciudad Juárez de autoridades formales que procuren justicia y velen por la seguridad pública, y pidió a los cabecillas de la delincuencia organizada –“las autoridades de facto en esta ciudad”– que “expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”.
El texto, tan inusual y descarnado como fundamentado en la dura realidad –dos trabajadores del diario asesinados en dos años, hasta ahora con total impunidad, no es un mero asunto de “percepciones”–, suscitó el disgusto del gobierno federal: el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, emitió un regaño indirecto a la publicación. Dijo que “no cabe de modo alguno, por parte de ningún actor, pactar (o) promover una tregua o negociar con criminales” y recomendó a los periodistas amenazados que recurran a “la adopción de códigos y protocolos para el manejo de información sobre seguridad con base en experiencias internacionales y apego a esquemas de autorregulación de contenidos para evitar la apología del delito”. Por su parte, el subsecretario de Gobernación Felipe Zamora Castro negó que exista un vacío de autoridad o autoridades de facto, lamentó que “la situación a veces orilla a que en algún momento personas que se sienten agraviadas lleguen a pensar distinto”, y aseguró que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas ya se había puesto en contacto con la procuraduría chihuahuense para coadyuvar en las investigaciones.
Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua –en cuyo vehículo fue acribillado el joven fotógrafo–, desmintió ayer mismo las aseveraciones oficiales, criticó la demora de la Procuraduría General de la República (PGR) en atraer el caso del homicidio de Santiago Orozco y destacó que ese retraso dificulta la ubicación y detención de los responsables.
El hecho irrebatible que da contexto al homicidio referido, al reclamo de El Diario de Juárez y a los subsecuentes ataques de la administración calderonista contra ese medio es la escalada de violencia criminal que consume a Ciudad Juárez, fenómeno que se remonta a las postrimerías del salinato, con los primeros feminicidios perpetrados en esa urbe fronteriza, y que ha ido creciendo y generalizándose en forma sostenida sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal haya sido capaz de revertir tal tendencia. Con la militarización de la ciudad, ordenada por la actual administración, la violencia se ha multiplicado y extendido, y el Ejecutivo federal no ha podido o querido poner un alto a la flagrante impunidad con la que operan las organizaciones delictivas.
Por supuesto, los medios y los periodistas juarenses en general, y El Diario de Juárez en particular, no son los únicos afectados; mujeres, hombres, niños y jóvenes mueren diariamente, a un rito de ocho por día en los meses recientes, en la ciudad, y más allá de los homicidios, las extorsiones de la delincuencia se han convertido en un flagelo regular para los empresarios juarenses. Tal escenario no es, por lo demás, exclusivo de esa urbe fronteriza, sino una realidad en extensas regiones del país.
A contrapelo del discurso oficial, de las visitas blindadas del titular del Ejecutivo federal y de los aparatosos despliegues de policías federales y efectivos militares, en Ciudad Juárez el Estado ha dejado de existir en tanto factor de protección a la vida y las garantías individuales y de procuración de justicia. El reclamo de El Diario de Juárez a la autoridad y sus preguntas directas a la delincuencia organizada son, en esa medida, un recurso tan desesperado como legítimo; las reconvenciones gubernamentales al periódico resultan, en cambio, una expresión de desparpajo y de cinismo que se suma, en la lista de agravios, a la ineptitud o a la falta de voluntad para cumplir con la obligación fundamental de proteger la seguridad de los juarenses: son, por así decirlo, llover sobre mojado.
El texto, tan inusual y descarnado como fundamentado en la dura realidad –dos trabajadores del diario asesinados en dos años, hasta ahora con total impunidad, no es un mero asunto de “percepciones”–, suscitó el disgusto del gobierno federal: el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, emitió un regaño indirecto a la publicación. Dijo que “no cabe de modo alguno, por parte de ningún actor, pactar (o) promover una tregua o negociar con criminales” y recomendó a los periodistas amenazados que recurran a “la adopción de códigos y protocolos para el manejo de información sobre seguridad con base en experiencias internacionales y apego a esquemas de autorregulación de contenidos para evitar la apología del delito”. Por su parte, el subsecretario de Gobernación Felipe Zamora Castro negó que exista un vacío de autoridad o autoridades de facto, lamentó que “la situación a veces orilla a que en algún momento personas que se sienten agraviadas lleguen a pensar distinto”, y aseguró que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas ya se había puesto en contacto con la procuraduría chihuahuense para coadyuvar en las investigaciones.
Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua –en cuyo vehículo fue acribillado el joven fotógrafo–, desmintió ayer mismo las aseveraciones oficiales, criticó la demora de la Procuraduría General de la República (PGR) en atraer el caso del homicidio de Santiago Orozco y destacó que ese retraso dificulta la ubicación y detención de los responsables.
El hecho irrebatible que da contexto al homicidio referido, al reclamo de El Diario de Juárez y a los subsecuentes ataques de la administración calderonista contra ese medio es la escalada de violencia criminal que consume a Ciudad Juárez, fenómeno que se remonta a las postrimerías del salinato, con los primeros feminicidios perpetrados en esa urbe fronteriza, y que ha ido creciendo y generalizándose en forma sostenida sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal haya sido capaz de revertir tal tendencia. Con la militarización de la ciudad, ordenada por la actual administración, la violencia se ha multiplicado y extendido, y el Ejecutivo federal no ha podido o querido poner un alto a la flagrante impunidad con la que operan las organizaciones delictivas.
Por supuesto, los medios y los periodistas juarenses en general, y El Diario de Juárez en particular, no son los únicos afectados; mujeres, hombres, niños y jóvenes mueren diariamente, a un rito de ocho por día en los meses recientes, en la ciudad, y más allá de los homicidios, las extorsiones de la delincuencia se han convertido en un flagelo regular para los empresarios juarenses. Tal escenario no es, por lo demás, exclusivo de esa urbe fronteriza, sino una realidad en extensas regiones del país.
A contrapelo del discurso oficial, de las visitas blindadas del titular del Ejecutivo federal y de los aparatosos despliegues de policías federales y efectivos militares, en Ciudad Juárez el Estado ha dejado de existir en tanto factor de protección a la vida y las garantías individuales y de procuración de justicia. El reclamo de El Diario de Juárez a la autoridad y sus preguntas directas a la delincuencia organizada son, en esa medida, un recurso tan desesperado como legítimo; las reconvenciones gubernamentales al periódico resultan, en cambio, una expresión de desparpajo y de cinismo que se suma, en la lista de agravios, a la ineptitud o a la falta de voluntad para cumplir con la obligación fundamental de proteger la seguridad de los juarenses: son, por así decirlo, llover sobre mojado.
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